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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el canciller, Luis Gilberto Murillo, presentaron el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el plan de choque del Gobierno Petro para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.
En esa misma instancia se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU que hace un examen sobre la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC.
De acuerdo con Cristo, tanto el Consejo de Seguridad como los diferentes representantes de la comunidad internacional a quienes se les presentó el plan recibieron “de buena manera” el documento de seis puntos que busca destrabar la lenta implementación del Acuerdo de Paz.
Colombia+20 dio a conocer el borrador de ese documento el pasado 30 de septiembre, cuyo objetivo es dinamizar las dimensiones del acuerdo, abarcando desde la transformación territorial hasta la creación de una nueva gobernanza para la paz.
Los seis puntos incluyen agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Además, priorizar las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, que son en realidad el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En entrevista con Colombia+20, el ministro detalló desde Nueva York algunos de los alcances de este plan, cómo se financiaría y cuál es el impacto que tendría en las regiones.
¿Cómo traduciría este plan de choque para alguien del común, digamos para alguien que vive en algunos de los territorios donde se quiere aplicar esta estrategia para acelerar el Acuerdo de Paz?
Este plan de choque significa que el propósito del Gobierno estos dos años que quedan es concentrarse en cumplir el compromiso que se hizo en el 2016 con esos 7 millones de colombianos que viven en el Catatumbo, en el Pacífico, en el Putumayo, en las zonas PDET. Significa que, a pesar de que han visto que hay mayor presencia del Estado de la que tenían antes, esa presencia sigue siendo insuficiente y que ahora el Estado se va a concentrar en hacer las obras de impacto que van a transformar su comunidad.
También significa que en estos dos años pueden empezar a ver una mejoría de sus condiciones de vida y en que puedan salir de la dependencia a una economía ilícita, a una economía ilícita.
El corazón del plan de choque, aunque tiene seis puntos, son los pactos territoriales. ¿Los pactos territoriales solamente van a ser obras que se prioricen en las regiones o hay algo más que es más allá de las obras?
Los pactos se traducen en consolidar los procesos de participación de la sociedad, de la comunidad en esos proyectos de transformación territorial y así consolidar ese tejido social. También es generar consensos territoriales que además se van a incorporar dentro del acuerdo nacional que ha convocado el gobierno desde las regiones. Además de la aportación de las obras de impacto territorial, que es un punto súper clave, significa también poder consolidar una gobernanza territorial distinta a la que hay hoy, y que se imaginó en el Acuerdo de Paz y que todavía no hemos logrado consolidarla. Esa es una gobernanza de comunidades, alcaldes, gobernadores de la zona y del gobierno nacional para defender esas obras, y significa también garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos que ha sido uno de los problemas de la implementación del Acuerdo hasta ahora.
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Tenemos entendido que va a haber tres paquetes de proyectos en esos pactos territoriales y que se dividen depende de su grado de impacto en las regiones. ¿Es así?
Sí, digamos que hay un paquete de lo que se está recogiendo ahora después de las visitas que hicimos a las 16 zonas PDET. Los primeros son un paquete de proyectos que se han calificado como prioritarios por las comunidades y los alcaldes, y ahora se está haciendo el trabajo de definir cuáles están listos para comenzar a ejecutar, esos van a ser los primeros. Los segundos van a ser los que requieren vigencias futuras en el 2027 y 2028, que la idea es que el Gobierno Nacional alcance a comenzar su ejecución, y ya los terceros es en el largo plazo también, pero no es que sean los únicos verdaderamente transformadores. Todos los son y empiezan desde ya. Solo que esos últimos, pues, pueden tener un impacto mayor como por ejemplo la Universidad del Sur de Córdoba, la Universidad del Sur de Bolívar, la Universidad del Catatumbo, o vías secundarias que conectan toda una zona PDET, como en el Sur de Bolívar también o en el Catatumbo, para poner un ejemplo.
¿Y de dónde van a salir de esos recursos?
Algunos de vigencias futuras pero hay de todo, de varias fuentes. Otros del Presupuesto General de la Nación de estos dos años, también del OCAD-PAZ, que va incluido ahora en el Sistema General de Regalías. Los gobernadores todos están poniendo de su parte los recursos que les corresponde de regalías. Estamos consiguiendo que haya concurrencia a los gobernadores en ese proceso. También l oooperación Internacional, estamos alineando los distintos frentes de cooperación para que se concentren en algunos PDET sobre esas obras. Ahí está USAID, la Unión Europea, con el Fondo Multidonante. También habrá algo del mecanismo de obras por impuestos, que el gobierno va a mantener y a ampliar el cupo de 1 billón de pesos. Hay de todo.
¿Hay un plazo para ejecutar estas obras, o al menos alguna parte de ellas?
Depende de los proyectos. Hay unos que esperamos comenzar la ejecución el año entrante, aun en este gobierno, otros que seguramente quedarán contratados y otros que quedarán en marcha.
Un poco el propósito del gobierno es que los pactos territoriales queden tan consolidados que se vuelvan irreversibles y que el gobierno que llegue, independientemente de cuál sea su orientación política o ideológica, vea que es un mecanismo que funciona, que es eficaz y obviamente mantenga ese mecanismo hasta el final de la implementación.
¿Cómo dialoga esto de los pactos territoriales y las obras del plan de choque con lo que se hace en las mesas de diálogo que se lleva por la paz total? Allí también se están proponiendo obras de transformación social…
Es conversando, está dialogando. Estamos definiendo en qué territorios hay coincidencias. Si se superponen los mapas sobre las zonas PDET y las mesas, quizás son tres o cuatro zonas en los que realmente coinciden. Al final es la misma gente que vive en los territorios y son las mismas obras que llevan viviendo hace 20 o 30 años. Pero le digo algo más, esos pactos territoriales se van a hacer en más de los 170 municipios PDET. Ya tenemos al menos 37 municipios adicionales, unos 10 de Nariño que no estaban dentro de las zonas PDET y tres o cuatro municipios en el Catatumbo. Todo eso se va a incorporar en todos estos pactos territoriales.
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¿Quién se va a encargar de ejecutar estas obras y pactos? ¿Queda en manos de autoridades locales o el Ministerio del Interior hace toda la tarea?
Planeación Nacional va a ser el gran estructurador de los proyectos y ya la ejecución dependerá de cada convenio, no hay una entidad ejecutora única. Concentrar la ejecución en una entidad es la mejor manera de colapsar los pactos. Hay que hacerlo descentralizadamente, territorialmente, mirar las capacidades de ejecución de cada PDET. Allí yo creo que hay que tener flexibilidad en la ejecución.
Con el tema de tierras, en algún momento se habló de una gestión express para la entrega de tierras y esto se ha interpretado como una expropiación express. ¿Realmente qué es lo que se va a hacer con el tema de tierras que es como el gran pendiente del Acuerdo de Paz?
Yo creo que se está avanzando en entrega a tierra y en los proyectos productivos. Aquí básicamente en este plan de choque el Ministerio de Agricultura está metido de fondo. En el tema de agricultura tuvimos la reunión con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con FINAGRO y con el Banco Agrario para mirar todo el tema de cadenas productivas por cada PDET. No se trata de empezar a hacer proyectos productivos dispersos en cada zona, sino definir dos o tres cadenas productivas que va mucho más allá del tema de la reforma agraria y que permitan transformar esas economías de la región.
Ya tuvimos una reunión de todo el equipo de implementación del Acuerdo de Paz del Ministerio del Interior con el Ministerio de Agricultura con Planeación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Digamos que la base del trabajo se ha construido entre ART y Planeación Nacional y se ha incorporado Agricultura y el Ministerio de Transporte, que son dos ministerios que tienen una gran responsabilidad en estos pactos porque las comunidades están priorizando mucho la construcción de vías secundarias y terciarias para la salida de sus proyectos productivos. También se va a vincular el Ministerio de Educación y de Salud fundamentalmente dentro de esos pactos porque en sus presupuestos tienen obviamente destinación de proyectos para esas zonas PDET.
¿Y es cierto que esto va a ir acompañado de un rediseño de la Agencia Nacional de Tierras?
Hasta el momento está sobre el tapete esa discusión pero todavía no hay una definición clara.
El otro tema es cómo dar cierre al PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). Específicamente, ¿qué se haría con el tema de sustitución de cultivos?
Sí, eso se ha venido trabajando con la Dirección de Sustitución de Cultivos. Una primera parte del trabajo tiene que ser cerrar el programa PNIS y con ello me refiero a terminar de cumplir con los compromisos, que, como usted recordará, son transferencias monetarias individuales a cada campesino y a cada familia. Hay unos recursos todavía disponibles para poder terminar de cumplir esos compromisos y a partir de allí y el año entrante comenzar un programa de sustitución de cultivos distinto y colectivo bien sea por veredas, por comunidades con una propuesta y una estrategia diferente. Eso va a ser parte de estos pactos territoriales.
El otro punto del plan de choque es el tema de garantías de seguridad. Las críticas sobre este punto tienen que ver con que se concentra en la prevención de violencia hacia firmantes y líderes sociales, pero no aborda una reincorporación integral, ¿cómo lo ve usted?
Es que el plan de choque no excluye los otros temas. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) sigue trabajando. Estamos concentrados en garantizar los recursos para la ARN el próximo año porque ahí hay un problema serio que estamos trabajando con la directora, pero sin perder de vista que el primer compromiso que debe tener el Estado colombiano es garantizar la vida de los firmantes y no hemos sido capaces de cumplirlo como Estado.
Desde hace dos meses se convocó la Comisión de Garantías, hay unos planos pilotos en el Magdalena Medio y en el norte del Cauca, hay un equipo de Fiscalía, del Ministerio del Interior, de Justicia y de Defensa trabajando también en tomar medidas que sean más eficaces para proteger la vida no solamente de los firmantes, sino de los líderes sociales en los territorios.
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¿Y esto va a tener como un foco en la política de desmantelamiento de organizaciones criminales?
Claro, es clave, es que si no tenemos el compromiso y el trabajo conjunto con la Fiscalía de desmantelamiento de organizaciones criminales, pues, no vamos a ser capaces de garantizar que se cumpla ese compromiso de respeto a la vida. Hay una cosa importante y es que este tema tiene una exigencia que se le está haciendo a las mesas de negociaciones que están abiertas y a los grupos que están sentados en esos diálogos y es que, no pueden de ninguna manera y no es aceptable para el gobierno que estén sentados negociando con el Estado mientras por el otro lado están mandando a amenazar o asesinar firmantes del Acuerdo de Paz.
Hablemos del acuerdo nacional sobre el que ya se conoció los lineamientos y que también está contenido en ese plan de choque. El anuncio de bajarle a los ánimos y recogerse en el Acuerdo de Paz para hacer ese acuerdo nacional pues se diluyó muy fácil con el anuncio del Consejo Nacional Electoral de abrir pliego de cargos a la campaña del presidente Petro… ¿Se acabó el ambiente para eso?
Pues hay que seguir insistiendo. Obviamente que el tema del Consejo Nacional Electoral es un tropiezo en el camino. Yo sigo que hay que seguir insistiendo en el Acuerdo Nacional y dentro del Acuerdo Nacional incorporar los 16 pactos territoriales porque eso es absolutamente clave para construir un acuerdo que llegue desde las bases y sobre todo para comprometer no al gobierno Petro, ni siquiera al Estado colombiano, sino a la sociedad colombiana en la transformación de esos territorios. El discurso de la inversión en los territorios afectados por el conflicto que llevamos muchos haciendo hace 20 o 30 años se debe convertir realmente en una realidad.
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