“Gobierno y ELN deben reconstruir la confianza”: Jefe de Misión de ONU en Colombia

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia dio a conocer el miércoles, una semana antes de ser presentado ante el Consejo de Seguridad, el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz que da un visto bueno del plan de choque que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la implementación de ese pacto firmado con las extintas FARC en 2016.

El informe trimestral, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, nuevamente hace un repaso por los avances y retos más sobresalientes en la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y hace especial énfasis en que el reciente plan de choque liderado por el Ministerio del Interior podría agilizar puntos clave de la implementación del Acuerdo e incluso espera que esa iniciativa se logre traducir en “resultados tangibles”.

Con esa premisa, el informe llegará el próximo 15 de octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que también participarán varios miembros del Gobierno Petro. Precisamente, uno de los presentes será el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde que llegó al cargo hace dos meses tiene el trabajo de implementador del Acuerdo. Junto con él, también se espera la presencia del canciller, Luis Gilberto Murillo y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

Colombia+20 habló con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU y representante Especial del Secretario General de la ONU, sobre el informe trimestral, el plan de choque presentado por el Gobierno para acelerar la ejecución del Acuerdo de Paz y el proceso con el ELN.

¿Cuáles son los tres puntos que destacaría del más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU?

Destacaría el enfoque renovado que hay en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, el énfasis e inclusive las medidas que se están por adoptar en cuanto a mayor coordinación, mayor articulación, un plan de choque que se está armando para precisamente acelerar la implementación del Acuerdo. Ese es un punto general, amplio, importante y confiamos que el Consejo de Seguridad lo va a recibir positivamente.

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El segundo punto son los avances que ha habido en el tema de la reforma rural. Por lo que sabemos también es un tema de los que va a contener el plan de choque que dirige el Ministro del Interior. Ha tenido avances importantes, sobre todo pensando en que el área rural, en esta administración, se ha dado más del 80% de los avances en temas de adjudicación de tierras, aunque está muy lejos todavía de las metas del Acuerdo. Ha habido mucho énfasis y avances en ese tema.

Y, por otra parte, los diálogos que están teniendo lugar y que complementan a la implementación de los acuerdos dentro de la política del Gobierno de paz total y los desafíos que enfrentan para consolidar la paz en los territorios.

Este informe y su presentación es el primero tras la visita que tuvo el presidente Gustavo Petro hace tres meses, cuando hizo serie de peticiones, presentó parte del plan de choque, pidió respaldo, entre otros. ¿Qué balance hay de esa visita y qué cambio ve desde entonces?

Lo que habría que destacar primero es que la visita del presidente Petro a Nueva York en julio marcó una diferencia y esa nueva correspondencia entre lo que ya se estaba intentando hacer en la implementación y el mensaje político de focalizar esos esfuerzos. Luego vino el trabajo más específico que se está haciendo en las regiones con el Ministro del Interior, y para seguir formando las bases sobre las cuales se va a acelerar la implementación, sobre todo en temas rurales, en temas PDET, en temas de seguridad. Sí creo hay un mensaje importante que acompaña también a los esfuerzos específicos tanto en territorio como en diferentes aspectos del Acuerdo. Ese es el cambio que ha habido, o digamos, el mensaje político más amplio es el de la priorización para la implementación, independientemente que las iniciativas de diálogo siguen siendo parte de su política más amplia, pero ese es el cambio que se ha experimentado de julio hacia acá.

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A esa cita de julio se llegó con la idea del presidente de que el Acuerdo de Paz podría habilitar al Gobierno para hacer una constituyente, luego del “poder constituyente”. ¿Cree que se ha quitado un poco el fantasma de usar el Acuerdo para esos fines?

Creo que sí se está enfocando más en la implementación como tal, en los esfuerzos de implementación más que otras iniciativas. Si el Gobierno quiere implementarlas o buscarlas, nosotros no tenemos nada que comentar al respecto, nos quedamos en nuestro carril del Acuerdo de paz y los temas de paz en la implementación, pero por lo menos no me parece que haya esa asociación entre una cosa y otra.

Ahora hablemos del plan de choque. Colombia+20 obtuvo un borrador de ese plan que también se les presentó a ustedes la semana pasada con una serie de puntos. ¿Cuál es la valoración que ha hecho la Misión de Verificación, y ustedes como parte de la comunidad internacional sobre este plan?

En principio le dimos la bienvenida y acogimos con beneplácito que hubiera este plan para acelerar la implementación. Finalmente, estamos llegando al cumplimiento del octavo aniversario de la implementación, todavía hacia adelante quedan otros siete años y es importante que se avance lo más posible.

El enfoque del plan, centrado en varias líneas, por ejemplo, en los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), es muy importante, porque finalmente los PDET han reflejado siempre la llegada del Estado al territorio. Esto dentro de la reforma rural, que también es un capítulo, fundamental en la implementación. Finalmente, el tema de garantías seguridad es un tema que nos ha preocupado básicamente durante todo el trayecto de la implementación de los acuerdos. Desafortunadamente, la presencia de otros grupos, las economías ilícitas y una serie de elementos han complicado siempre la situación de seguridad en los territorios, las garantías de seguridad para excombatientes, líderes sociales, defensores, defensoras de Derechos Humanos.

También entendemos que el plan de choque es un documento vivo y en ese sentido, cuando termine el documento final, seguramente se va a ir ajustando a las necesidades que se vayan presentando. En temas de reincorporación tenemos otros retos importantes en materia de vivienda, de sostenibilidad de proyectos, entonces el plan de choque, nos parece muy positivo, pero también la apertura que se tiene para seguir revisando y tener interacción con las contrapartes como el Partido Comunes para seguir nutriendo y poniendo elementos que requieran de una actitud más agresiva en cuanto a la implementación. Es un primer paso dentro de la consideración de la necesidad de acelerar y cumplir.

En el punto 5 del borrador que conocemos del plan de choque, hablan sobre el tema de gobernanza, que básicamente es cómo se dará esa nueva arquitectura para la implementación del Acuerdo de Paz. El cambio más grande es que se oficializa que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es el “gran implementador”. ¿Eso subsana un poco los pedidos que se han hecho, incluso desde el Consejo de Seguridad, desde los otros informes de la misión de la ONU, de que haya una figura de más alto nivel?

Sí, en alguna medida. Primero quiero destacar el trabajo que ya se ha hecho en la Unidad de Implementación a cargo de Gloria Cuartas. Ha sido un trabajo muy bueno, muy dedicado, con muy importantes resultados, y seguramente lo va a seguir siendo. Pero el pedido era tener esa figura de alto nivel que pudiera sobre todo coordinar y articular diferentes instituciones en el alto Gobierno, para que sean parte de la implementación.

Estamos hablando de ministerios, diferentes agencias del gobierno, todos los que participan en esta gran empresa de implementación y también subsana un elemento importante que es la coordinación de articulación de todos los esfuerzos del Gobierno, que todos vayan en ese mismo sentido de manera integral tomando en cuenta las diferentes visiones, mandatos y atribuciones de cada una de las entidades en materia de implementación.

Entonces estamos seguros de que el Consejo de Seguridad le dará la bienvenida a esos ajustes. La decisión que ha tomado el presidente de delegarle al ministro esas funciones creo que son muy importantes y deben ser garantía para que se acelere y se cumpla la aspiración de la implementación integral.

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Cuando el presidente Gustavo Petro fue a la ONU dijo constantemente ante diferentes instancias que no tenía plata para la implementación y, de hecho, pidió ayuda económica para apresurar la ejecución del Acuerdo de Paz 2016. ¿Les preocupa el tema del presupuesto del acuerdo?

Sí, evidentemente sabemos que hay un tema fiscal complejo y también en los recursos que tiene para ejecutar el Gobierno. Eso tiene impacto en las diferentes áreas de trabajo y evidentemente en aquella dedicadas a la paz. Entonces nuestro llamado es a que se trate de priorizar las instituciones que tienen relación con esa implementación e intentar tener menor impacto, ver cómo se pueden conseguir recursos que, seguramente serán complementados por la cooperación internacional, que ha sido muy generosa siempre en cuanto a tratar de apoyar a Colombia en sus diferentes aspectos de implementación. Esperamos que no se tengan retrasos adicionales por la falta de recursos.

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La JEP está en tránsito hacia una nueva presidencia y tiene una serie de retos y fuertes roces con los excombatientes por la lentitud de los procesos y la expedición de sanciones propias. La ONU incluso prestó sus buenos oficios para bajarle un poco el tono a esa confrontación que viene desde febrero y hoy vemos, otra vez, que esa tensión aumenta. ¿Cuál es la posición del informe frente a esto?

Sí, nosotros pusimos a disposición, en el caso de Comunes y de la JEP, nuestros buenos oficios para generar un espacio de diálogo y un espacio de entendimiento que pudiera tramitar algunas de las tensiones que se presentaron y eso lo seguimos haciendo. Seguimos buscando que haya entendimientos, que se entiendan las preocupaciones, que se pueda llegar a conclusiones y a decisiones que puedan aliviar un poco esas tensiones dentro del marco de la autonomía e independencia que la parte judicial de la JEP tiene que tener siempre por su función.

Confiamos en que las sanciones y las sentencias puedan darse lo más pronto posible, también para que el propio país pueda transitar hacia la reconciliación. Es importante también en este marco que el gobierno pueda poner las condiciones necesarias para que cuando estén las sentencias y las sanciones se tengan los elementos para que se cumplan.

Hay que tener mucho en consideración los retos que se han presentado en materia de seguridad jurídica de los excombatientes, que han argumentado tanto en temas de amnistías como en otros aspectos para que se trabaje de la mejor manera en un proceso que ha sido fundamental para el Acuerdo de Paz. Creo que el éxito del Acuerdo en alguna medida también está basado en la capacidad de que la JEP siga avanzando, así como el tema de la reconciliación.

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Hablemos de la otra política importante del gobierno que es la paz total. Ustedes acompañan algunos de los procesos, entre ellos el del ELN que hoy está suspendido. ¿Ven posibilidades de que la mesa se pueda reanudar?

El primer elemento del que hablaría es el tema es el cese al fuego. Durante el año que estuvo vigente, ese alto al fuego fue observado de manera muy amplia. Realmente los incidentes ya verificados fueron menores o muy pocos y con beneficios para la mesa, para la construcción de confianza y también para las comunidades en virtud de que no sufrían que hubiera enfrentamientos entre fuerza pública y grupo armado.

Fue un cese que siempre se ha planteado de carácter progresivo donde se puedan ir viendo nuevas acciones prohibidas para las partes. Si se reanudara, esperamos que cada vez vaya ampliándose más para ser todavía más benéfico para las comunidades que así lo demandan. Tenemos aspiraciones de que se pudiera eventualmente renovar el cese y ojalá ampliar.

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En cuanto a la mesa, hicimos un llamado a las partes para que vuelvan a sentarse en alguna modalidad para tratar los temas que ha generado problemas de confianza entre las partes y que ha derivado en el congelamiento.

Entendemos que se ha perdido confianza, pero hay que buscar las maneras para reconstruirla y que las partes estén seguras de que se les va a cumplir lo que van acordando. También, el Gobierno sigue trabajando precisamente en el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos. La voluntad de paz está ahí, la voluntad de llegar a acuerdos está ahí, la voluntad de cumplir acuerdos está ahí. A veces no son tan rápidos como uno quisiera y esto a veces afecta la confianza en la mesa, pero esperamos que esto pueda superarse y se retomen los diálogos y algunas medidas que pueden ser benéficas como el cese al fuego.

Una de las críticas es que el Mecanismo de Verificación y Monitoreo del cese, del cual la Misión era una de las cuatro partes, no funcionó del todo porque nunca hubo un informe de cara al público. ¿Hubo de pronto un error en eso?

En cuanto al mecanismo y su función, creo que un área que tal vez no se ve tanto y en la que fue muy efectiva el mecanismo, es en el elemento de prevención. Por ejemplo, cuando había algún movimiento de la Fuerza Pública o del ELN que pudiera derivar en algún enfrentamiento. Se evitaron casi más de 60 enfrentamientos entre las partes.

Ahora, ¿cuándo el mecanismo ha funcionado menos? A nivel regional y local, porque el ELN no ha estado representado y eso limitaba más la celeridad, tanto para el elemento preventivo como para el trabajo de monitoreo o cuándo se reporta algún incidente. Luego, cuando surgían algunos problemas, el mecanismo como tal deja de trabajar como venía trabajando y entonces eso afecta también la capacidad de verificar, monitorear como mecanismo.

Ahora, sí hay que decir que, no obstante, el mecanismo tenía esas fallas, pero desde Naciones Unidas en particular seguimos monitoreando cómo se observaba el cese al fuego para reportarlo al Consejo de Seguridad. Ahora, es cierto, de cara al futuro, y esto se ha hablado con muchas partes, incluyendo el Ministro de Defensa, que de haber un cese al fuego bilateral nuevo, sí hay que tener un mecanismo robusto que sirva tanto para el elemento de prevención como para el elemento de verificación y monitoreo. Son lecciones aprendidas.

Una de las peticiones que había hecho el Gobierno era que la Misión de Verificación también integre el mecanismo de verificación en el proceso que siguen con la disidencia comandada por Calarcá Córdoba. Algunos países del Consejo habían dicho que se necesitaba más madurez en ese proceso. ¿Será que ya es momento para que avalen ese mandato y ustedes puedan ejercer esa tarea?

El Consejo de Seguridad siempre ha expresado su voluntad de considerar esa posibilidad de tener un mandato para el cese con los bloques que son parte del Estado Mayor de los Bloques (la disidencia de Calará), y esa voluntad de considerarlo está ahí. Obviamente, al Consejo le corresponde esa evaluación, en este caso con los Estados miembros, sobre cómo se va avanzando y cómo se va reconfigurando. Nosotros participamos en el mecanismo en calidad de observadores y estamos presentes en las discusiones, tenemos elementos como para ver cómo se va respetando el cese y en general en las últimas fechas hemos visto en ese apartado también buenos resultados de manera general.

Lo que es importante es que la madurez no corresponda solamente al cese al fuego, sino que también corresponda al proceso de negociación, que esté claro hacia dónde va, cuáles son sus objetivos, su agenda, en cuanto a si apuntan a una finalización de conflicto, si apuntan hacia qué, porque son elementos que hay que seguir valorando.

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¿Cuál es el papel que ustedes juegan en otros tableros de negociación que están desarrollándose o están por abrirse con el Gobierno Nacional?

Nosotros estamos acompañando, sobre todo o particularmente, los diálogos de carácter político en los cuales Naciones Unidas tiene valor que agregar y cosas que aportar en los diálogos políticos a nivel nacional.

Luego tenemos peticiones cuando quieren que participemos en temas puntuales del proceso como son los ceses. Se mandó la petición al Consejo de Seguridad y dio un mandato para el cese con el ELN. Con el EMB está también sobre la mesa y hay un mensaje de estar dispuestos a considerarlo cuando sea el momento correcto.

En el caso de la Segunda Marquetalia ha habido indicaciones de que se van a tomar medidas de desescalamiento, que todavía tenemos que ver exactamente a qué se refieren y cuál es el papel que quisieran que jugara Naciones Unidas. Eso seguirá también el curso de llegar al Consejo de Seguridad, si fuera el caso, y que dé una decisión si podemos y debemos y agregamos valor en una participación de medidas no de ceses, sino de desescalamiento con un grupo como la Segunda Marquetalia.

Y los otros procesos que son no considerados de acuerdo a la norma ni a la práctica de carácter político, pues ahí en principio no estamos participando.

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