El Acuerdo de Paz de 2016 y las entidades que lo implementan fueron las “víctimas” colaterales de un decreto que firmó el 30 de diciembre de 2022 el presidente Gustavo Petro y que cambiaba la estructura del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).
Palabras más, palabras menos, ese documento le quitó fuerza a la entidad que hasta ese momento articulaba las tareas de ejecución (la Alta Consejería para la Estabilización) y creó la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz —en cabeza de Gloria Cuartas—, una decisión que hoy sigue influyendo en algunos rezagos que ha tenido la forma en que se ha cumplido ese pacto.
¿Tres jefes?
La llegada del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y las tareas sobre el Acuerdo que el presidente le encargó, volverían a cambiar la estructura de las instituciones implementadoras, especialmente la de Unidad que dirige Cuartas, una entidad que desde el principio ha tenido sombras sobre su trabajo y la pertinencia de la misma, y que además hoy le responde a tres jefes: el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia; y el ministro Cristo.
En diálogo con Colombia+20, Cristo explicó que sí se está pensando en hacer transformaciones institucionales. “Desde el Ministerio del Interior estamos trabajando las reformas institucionales para que el Ministerio asuma la coordinación de todas las agencias, no solamente la Unidad de Implementación, sino la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y el Fondo, para que haya un mini-gabinete de paz liderado y coordinado por el Ministerio del Interior. Aquí necesitamos la articulación con departamento y municipios, eso también lo va a hacer el Ministerio”, explicó.
Sobre si eso sacaría a la Unidad de la sombrilla de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (hoy Consejería Comisionada de Paz), el ministro del Interior dijo que se está trabajando en el nuevo diseño y que estará listo en un par de semanas.
Fuentes cercanas a esa Unidad afirman que Cuartas está de acuerdo con ese cambio, principalmente porque es un secreto a voces la tensión entre asesores cercanos al comisionado Patiño.
Dicen las fuentes que algunos funcionarios de la Unidad sentirían que la interlocución con el presidente Petro está cortada, en parte por Patiño y en parte por Sarabia, y que eso ha empujado la sensación de que su trabajo está relegado.
Un ejemplo de ello es que la entidad ha sido apartada de varias instancias clave como el OCAD-Paz, el Fondo Colombia en Paz y el Sistema Integral de Paz (SIP) y, según las fuentes, la decisión de Cuartas ha sido seguir yendo a las reuniones aun cuando no tenga voto en ellas.
En distintas ocasiones, aseguran, la misma Cuartas ha pedido al Gobierno claridad sobre los roles, pero aún no hay respuesta.
El decreto que lo cambió todo
A primera vista el decreto solo mostraba un reordenamiento de ciertas tareas de distinta índole como la Casa Militar, la secretaría de Comunicaciones y otras entidades, pero uno de sus puntos eliminó la Consejería de Estabilización y Consolidación, que durante el periodo de Iván Duque en la Casa de Nariño fue el encargado de articular entidades para el posconflicto.
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Esa entidad lideraba acciones en la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), OCAD Paz y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y tenía recursos y control sobre muchas acciones que requería la implementación. Además, al ser una consejería, tenía funciones similares a las de un ministerio.
El decreto cambió eso y le asignó esas responsabilidades a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (hoy Consejería Comisionada de Paz), que derivó apenas siete tareas a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en cabeza de Cuartas.
Entre ellas, la de “asesorar” a la Oficina del Alto Comisionado en “la formulación, estructuración y desarrollo de las políticas, programas y proyectos que se requieran”; “coordinar las directrices y líneas de política que permitan la implementación del Acuerdo Final”, pero atendiendo “los lineamientos del Alto Comisionado para la Paz” y “realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final y de su alineación con el Plan de Gobierno”.
En su momento, este diario consultó a varios expertos que afirmaron que eso podrían significar una desventaja para el Acuerdo de Paz, máxime cuando la Consejería Comisionada está encargada también de los seis procesos -entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento- con grupos armados en el marco de la paz total.
Desde que el decreto se dio, varias han sido las alertas que se dieron por este cambio, incluidos pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la ONU y otras contenidas en los informes trimestrales de la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia. También lo advirtió el instituto Kroc, que oficialmente lleva el balance de la implementación del Acuerdo de Paz; y el informe de Antonia Urrejola, experta de la ONU, sobre los obstáculos de ese pacto. Todos esos organismos han coincidido en lo mismo: se necesita una alta consejería dedicada solo a la ejecución.
“Es clave que se cree esta entidad, separada de la institución encargada de las negociaciones de paz”, dijo el informe de Urrejola.
Los amagues de Petro con el retorno a la Alta Consejería
A las peticiones de los informes se ha sumado también el mismo presidente Petro, que ha hecho al menos dos veces el amague de dar marcha atrás y volver a la Consejería.
La primera vez, de hecho, ocurrió el 28 marzo de 2023 —con presencia de la directora Cuartas—, durante el primer viaje que hizo el mandatario a un Espacio Territorial (ETCR) en Mesetas, Meta.
Ese día Petro dijo: “Danilo (Rueda, exalto comisionado de paz), vamos a separar las tareas porque nos estamos colapsando. Hay unas tareas para construir la paz de ahora en adelante con los grupos que aún subsisten, y hay que tener unas tareas para implementar la paz ya hecha. Son dos tareas diferentes, por tanto, habrá que separar funciones. Vamos a poner a una persona encargada en lo segundo, que es la implementación de todo el Acuerdo de Paz con las FARC”, dijo Petro.
Tras esas declaraciones, Cuartas presentó su carta de renuncia, pero tiempo después, en entrevista con este diario, aseguró que no se la aceptó el presidente.
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En medio de ese panorama, durante la primera mitad del 2023, se supo que el Gobierno quería elevar el perfil del cargo y poner una persona de gran peso político. De hecho, el 30 de marzo de ese año se realizó una cumbre de paz convocada por el entonces canciller Álvaro Leyva y a la que invitó al expresidente Juan Manuel Santos y a los negociadores de paz. ¿La principal conclusión de la reunión? Que debía volver la figura de Alta Consejería para implementar el Acuerdo de Paz.
Petro no asistió a ese encuentro y la Alta Consejería, a la que se especulaba podía llegar el mismo Cristo, nunca se concretó.
En los últimos días, tras la llegada de Cristo como Mininterior y su papel de “implementador” regional del Acuerdo, el funcionario tuvo su primer capítulo en este rol, con el primero de 16 viajes que hará el ministro a las zonas PDET.
Cristo quiere trabajar en llave con la Unidad de Implementación para armonizar las funciones sobre la ejecución del Acuerdo de 2016. Por ahora, según se sabe, Cuartas apoyará en lo técnico al ministro y seguirá participando en las actividades que, como esta, pretenden volver a activar no solo la maquinaria de la paz, sino también el tema mismo en la opinión pública.