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“Tras casi seis años de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el proceso de reincorporación requiere de una transformación profunda: se necesita cambiar el enfoque de reincorporación temprana a uno de sostenibilidad de la reincorporación”. Esta es una de las principales conclusiones de un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que analiza la política de reincorporación y plantea recomendaciones al Gobierno de Gustavo Petro para que el tránsito de los excombatientes a la vida civil culmine con éxito.
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De acuerdo con los investigadores de la FIP, en los casi seis años que han pasado desde la firma del Acuerdo de Paz la estrategia del Estado se ha enfocado en medidas urgentes, como lograr el desarme, la desmovilización, atender las alertas de seguridad y entregar beneficios de corto plazo, sin concebir este proceso como una contribución al desarrollo humano y la reconciliación.
De cara a los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la implementación plena de lo negociado en La Habana y buscar diálogos con otros grupos en el marco de la ‘paz total’, para la FIP es clave que el proceso de reincorporación vuelva a la agenda.
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Como señala María Lucía Méndez, directora de Construcción de Paz de la fundación, “la experiencia y lecciones aprendidas de lo que han sido los procesos de reintegración y reincorporación en Colombia deben servir para pensarse el camino de la reincorporación de todos los grupos y personas que lleguen a desmovilizarse a través de la política de ‘paz Total’, que hasta ahora ha puesto su atención en cómo hacer las negociaciones, pero poco menos en qué pasará después y cuál será el camino para mantenerlos en la civilidad”.
El análisis de la FIP, titulado “De lo urgente a lo importante: recomendaciones para la sostenibilidad de la reincorporación de excombatientes”, propone siete aspectos claves del proceso de reincorporación en los que se debe tomar medidas.
Reincorporación económica
El primer punto que aborda el informe es la reincorporación económica. Al respecto, la FIP dice que la lógica institucional se ha centrado en la entrega de beneficios económicos que tienen “un carácter transitorio y en el desembolso de proyectos productivos cuya oportunidad de éxito es cuestionable”.
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Hasta ahora, de los casi 13.000 exmiembros de las Farc que se acogieron al acuerdo, se estima que 5.828 participan en iniciativas productivas individuales y otros 3.963, en proyectos colectivos, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU.
Sin embargo, la FIP sostiene que la reincorporación sostenible pasa por la posibilidad de que los excombatientes accedan a oportunidades económicas de manera autónoma y sostenible. “Esto requiere, entre otros, revisar las estrategias de acompañamiento en el mediano y largo plazo de los proyectos ya desembolsados. Así mismo, es necesario armonizar los enfoques colectivo e individual y diseñar estrategias tanto de inclusión laboral como financiera”, se lee en el informe.
Participación política
La segunda dimensión analizada es la política, que, dice el documento, “debe entenderse más allá del partido Comunes”, pues si bien su existencia promueve la profundización del espectro democrático, “es necesario insistir en el involucramiento de los excombatientes en procesos participativos locales y la consolidación de nuevos liderazgos”.
Seguridad
Otra arista es la protección de los excombatientes, uno de los grandes lunares de la reincorporación. Según la ONU, entre noviembre de 2016 (cuando se firmó el acuerdo) y septiembre de 2022, al menos 342 exguerrilleros fueron asesinados.
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Esta crisis de seguridad, asegura la fundación, se explica en que lo que va de la implementación se enfocó en la construcción de un andamiaje institucional que no ha podido implementarse en lo local y focalizó sus estrategias en la primera fase de la reincorporación (la concentración). “Hay que definir, entre otros, una estrategia de seguridad territorial que contemple la dispersión de los excombatientes y las características de la geografía de la reincorporación, pero que tenga una perspectiva de protección hacia las comunidades con consideraciones específicas para los excombatientes”, recomienda el documento.
Reconciliación
Un cuarto eje es lo que la fundación llama una “reincorporación para la reconciliación”. Según explica el informe, la prolongación de la confrontación armada por décadas ha menoscabado los niveles de confianza entre los diversos sectores que están presentes en los territorios y también las dinámicas de convivencia y la posibilidad de generar procesos de acción colectiva y cooperación, esenciales para el desarrollo local.
Al respecto, se propone que la reincorporación se perfile como una apuesta por la reconciliación, para lo cual es necesario “promover, de manera estructural y sostenible, escenarios de integración de los excombatientes con sus entornos”.
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Gobernanza
Otra sugerencia es que exista gobernanza para que el proceso de reincorporación sea integral. Ya hay en el país una estructura que contempla y permite que el diseño de los parámetros de la política de reincorporación sean una tarea conjunta entre el Estado y las antiguas Farc.
“Hoy esta estructura tiene considerables desafíos como, por ejemplo, la escasa articulación entre las instancias de gobernanza nacionales y las territoriales. Por eso, hay que promover procesos de descentralización que prioricen un balance entre lo nacional y lo territorial, generando un funcionamiento más equilibrado y representativo de la estructura”, dice el documento.
Enfoque de género
La sexta dimensión que toca la FIP es la de género. Si bien el análisis reconoce que hay avances en materia de enfoques diferenciales, particularmente en el de género, asegura que aún persisten enormes desafíos para las excombatientes, en especial en procesos de liderazgo, acceso a escenarios de participación y generación de condiciones para la consolidación de oportunidades económicas.
Geografías de la reincorporación
El último punto que toca el informe son las geografías de la reincorporación, que según la fundación se transformaron, lo que demanda una infraestructura institucional acorde con estos cambios. Esto tiene que ver con que en la actualidad más del 70% de los excombatientes viven fuera de los antiguos ETCR, pero el acceso a muchos beneficios y servicios no está acorde con esta realidad. “Por ello, hay que fomentar y acelerar el acceso a vivienda a los firmantes teniendo en cuenta que es uno de los principales generadores de arraigo territorial para aquellos/as que hacen tránsito entre la vida militar y la civil”, recomienda la FIP.