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La implementación del Acuerdo de Paz con las Farc recibió este domingo uno de los principales espaldarazos, con acciones concretas, desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
El propio jefe de Estado encabezó el relanzamiento de dos instancias cruciales en ese proceso de verificación: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), una suerte de termómetro de la puesta en marcha de lo pactado en 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc; y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que tiene como objetivo el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes y líderes.
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Tras ese relanzamiento, Petro instaló la primera sesión de la CNGS y ordenó que los miembros de la esa comisión se reúnan una vez al mes –como estaba establecido desde la creación de la instancia–, para suplir los retrasos que se acumularon durante el gobierno de Iván Duque.
Durante esa administración la comisión apenas sesionó en siete oportunidades. Esos rezagos le costaron al mandatario saliente varios llamados de atención de la comunidad internacional y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que dictó un ultimátum –cuyo plazo se vence en los próximos días– para que la CNGS presentara la política de desmantelamiento.
“A través del gobierno, el Estado tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado”, dijo el presidente Petro durante el evento, que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, donde también se llevó a cabo la jornada #NoMatarás, una iniciativa de la sociedad civil en el día de la No Violencia.
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La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la preside el jefe de Estado y en ella están también el alto comisionado para la Paz, los ministros de Defensa, de Justicia y del Interior, los altos mandos militares, el fiscal general de la Nación, la procuradora general de la Nación, el defensor del Pueblo y ocho comisionados civiles que representan a los grupos étnicos, a las organizaciones y plataformas de mujeres y de derechos humanos, además de dos expertos.
Uno de ellos es Camilo González Posso, quien asistió a ese primer encuentro y detalló que ante esa instancia “el presidente señaló la urgencia de que funcionara la Comisión con reuniones regulares para formular la política y para atender los temas que hay en zonas del país con respecto a la protección a comunidades y líderes”, dijo.
Por su parte, el senador del partido Comunes Julián Gallo aseguró que con estas medidas esperan poder tener “el pulso diario de lo que está sucediendo en materia de implementación en todos los aspectos del Acuerdo”, además de contar con “recomendaciones muy precisas respecto a la situación que se presenta en cada uno de los territorios que tienen sus propias dinámicas de violencia”.
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Las expectativas ahora están puestas en que el trabajo de estas comisiones sirva para mejorar la situación humanitaria en el país.
“No haber convocado a la CSIVI o darle un puesto inferior dentro del desarrollo de los acuerdos significó desperdiciar un instrumento que pone en alerta a los funcionarios del Estado y a la sociedad sobre aquellos puntos que se van rezagando. El Acuerdo se fue deprimiendo en puntos esenciales que, por ejemplo, aumentaron el riesgo para la vida de los excombatientes o firmantes de paz, líderes sociales o que tenían que ver con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, líderes de restitución de tierras y todos aquellos conectados a temas del acuerdo”, dijo en entrevista con Colombia+20 Alfonso Prada, ministro del Interior.
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La apuesta por “revivir” la CSIVI y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no solo respondería a la urgencia por avanzar en el acuerdo y dar soluciones a la crisis humanitaria que se vive en varias regiones por la continuidad del conflicto. También tendría detrás la intención de mostrarles a los grupos ilegales que han manifestado intenciones de sumarse al proyecto de Paz Total que el Gobierno actual está comprometido con el proceso.
Medidas urgentes han funcionado
El panorama de violencia contra los actores involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz con el que se encontró el Gobierno actual es de suma gravedad.
De acuerdo con las cifras de Indepaz, desde la firma del Acuerdo en 2016 han sido asesinados 1.361 líderes sociales y 340 excombatientes de las Farc. De las muertes de líderes, 131 han ocurrido en lo que va de 2022, mientras que sobre los firmantes de paz, este año se han producido 34 asesinatos.
Para responder a esta crisis, el Gobierno Petro diseñó un plan de choque y emergencia para la protección de la vida, con 49 medidas para implementar prioritariamente en los 65 municipios más afectados por la ola de violencia.
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“Al día de hoy, reportamos instalados 44 de los 65 puestos de mando unificado y comenzamos a sentir cambios en el territorio de la mano de la presencia del Estado y del Gobierno Nacional. Llevamos apenas un mes, pero en septiembre se pudo ver una reducción en los asesinatos de firmantes de paz, líderes sociales y masacres”, dice el ministro Prada.
Frente a esta reducción, que sería de alrededor del 40 %, Petro llamó a no cantar victoria. “El presidente señaló que, no obstante que se han evidenciado disminuciones en algunos indicadores en el mes de septiembre, eso no se puede tomar como una situación estable, porque hay muchos que son contradictorios y pueden cambiar, pero que de todas maneras el ambiente que se está creando de distensión puede ayudar a que no escalen las cifras de violencia”, contó González Posso.
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De acuerdo con el ministro Alfonso Prada, la apuesta del Gobierno para alcanzar la Paz Total es complementaria con la puesta en marcha a cabalidad de lo acordado en La Habana. “El compromiso con la implementación de los acuerdos es pleno, por eso arrancamos con el punto uno como una meta que queremos conseguir pronto, que es la reforma rural integral, la adquisición de tierras, el fondeo económico para la adquisición de esos predios y poder armar la entrega en territorio para contribuir a la paz del país”, dijo Prada.