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El Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el pasado sábado el acuerdo sobre primer punto de la agenda de negociación: la participación de la sociedad civil en ese proceso de paz.
Se trata no solo de uno de los avances más significativos desde el inicio formal de los diálogos de paz hace 18 meses, sino también del mayor logro en más de 30 años de intentos de negociación de varios Gobiernos con este grupo guerrillero.
El documento de 10 páginas que se firmó en Caracas provino de todo un proceso que llevó a cabo el Comité Nacional de Participación, que se instaló el pasado 2 de agosto. Esa ruta contempló 78 encuentros que reunieron un total de 8.465 personas, de 3.132 organizaciones sociales de los 30 sectores de la sociedad.
El texto se divide en nueve puntos, y plantea cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura.
Aunque se han generado polémicas alrededor de algunos temas clave, la delegación de Gobierno ha sido enfática que se necesitan adelantar otras fases.
El plan nacional de participación y las etapas que vienen
El senador Iván Cepeda, miembro de la delegación de Gobierno en el diálogo con el ELN afirmó que por ahora el país tiene un “modelo conceptual” de las propuestas. Lo que sigue, de acuerdo con Cepeda, es la operativización que se hará en cuatro fases.
“La primera fase es de alistamiento en la que habrá una conclusión del diseño de la participación, que todavía requiere una labor de difusión y pedagogía muy intensa para que se pueda hacer una amplía convocatoria a varios sectores de cara a la segunda fase”, explica.
En la segunda fase comienza, explica Cepeda, el desarrollo simultáneo de los puntos 2 y 3 de la agenda de diálogos que se acordó en el segundo ciclo en México el 10 de marzo de 2023. El punto dos se llama democracia para la paz y tiene cinco subpuntos:
- Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.
- Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional.
- Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.
- Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.
- Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.
“Este punto del proceso es esencialmente de diagnóstico con todos los ejes temáticos. ¿Para qué? Para ahí sí elaborar el Plan Nacional de Transformación. Aclaro que no para ello vamos a volver a realizar la tarea de visitar una gran cantidad de regiones o de realizar eventos. Ya hay muchos diagnósticos hechos que provienen de la academia, de las agencias del Estado, del propio movimiento social, de los gremios, de las centrales de trabajadores, etc.”, detalla Cepeda.
Todo esto, agrega, se une en un equipo técnico que va a realizar una labor de síntesis de todos esos diagnósticos y se den las propuestas pertinentes.
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En la tercera fase se entra a definir cuáles son las transformaciones que se necesitan y que es justamente el punto 3 de la agenda de diálogos. Ese punto incluye las ideas elaboradas por la sociedad, su sustento en ese diagnóstico y la propuesta final. De acuerdo con lo pactado en la agenda, también puede contener políticas públicas para superar la pobreza y la exclusión, planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, planes y programas que superen el conflicto agrario histórico, relativos al ordenamiento ambiental y territorial y todo esto “armonizado con los planes nacionales de desarrollo”.
Según Cepeda, “el plan nacional de transformaciones tendrá varias clases de transformaciones, unas territoriales, otras sectoriales, unas propuestas de carácter estructural, otras propuestas más de carácter puntual e inmediato. Depende de esa clasificación se define cuál va a ser el proceso para adoptarlas”, asegura.
El senador también explicó que es ahí donde se determina, dependiendo de cada propuesta, si hay necesidad de que pase por el Congreso “para que se discuta en forma de ley y se apruebe”.
“También puede ser que se necesiten unas reformas constitucionales o si, por el contrario, habrá casos en los basta con que haya un decreto presidencial porque se trata de cambios que se pueden hacer utilizando herramientas ejecutivas para implementar esas transformaciones”, afirma.
La última parte del proceso es que todo esto pasará por una especie de retroalimentación y verificación.
“Si todo sale como queremos, en un año ya habremos podido concluir el 50 % de la agenda, es decir, los primeros tres puntos. Eso significa que podemos desarrollar también en ese año paralelamente otros puntos, esa es la discusión que vamos a hacer”, explicó Cepeda.
Todo este proceso también está consignado en los acuerdos que dieron a conocer las delegaciones el 15 de julio de 2023, donde se especifica los cronogramas y actividades de cara a ese plan nacional de participación.
El fantasma de la constituyente
El otro tema que se ha movido en los últimos días, tras la firma del primer punto de la agenda de negociaciones con el ELN sobre la participación de la sociedad, es que ese documento podría volverse también otra forma de tramitar la constituyente, una idea que viene planteado el presidente Gustavo Petro.
Sobre ese tema, Cepeda indicó que es solo “una especulación”. “Ni el ELN ni el Gobierno han planteado algo semejante en la mesa. Lo que hemos dicho es que el propósito es que lleguemos ojalá al final de este proceso a un gran acuerdo nacional”, dice Cepeda.
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Pero a renglón seguido explica que ese gran acuerdo debe pasar por el Congreso. “Ese gran acuerdo no significa una constituyente, significa que nos pongamos de acuerdo con los grandes sectores del país, sociales, populares políticos y económicos sobre esas transformaciones (…) Si usted tiene un acuerdo con los partidos políticos cualquier iniciativa que se someta al Congreso se aprobará rápida y eficazmente”, detalló.
El otro punto que preocupa del documento que se firmó es el denominado como “espacios y mecanismos para la participación”. De acuerdo con el texto, “el proceso de participación de la sociedad se articulará a través de lo temático, sectorial, territorial, poblacional y diferencial”.
Y sigue: “Los mecanismos para la participación tienen que ver con las diversas herramientas para estimular y desarrollar la construcción de transformaciones. Son de tipo institucional, tales como consejos de paz, concejos y asambleas. Y de carácter ciudadano, como cabildos, veedurías, asambleas populares, entre otros. Igualmente, se busca incorporar instrumentos de innovación pública y social, nuevas tecnologías de la información y comunicación”.
El hecho de vincular a este tipo de organizaciones también fue visto como un tipo de antesala para la idea de constituyente.
Sobre eso, el senador Cepeda es enfático: “El alcance de esos mecanismos de participación solo se circunscribe a las fases 2 y 3 que mencioné. Es decir, a través de ese tipo de instancias se pueden elaborar las propuestas que al final en la mesa de diálogo terminen convirtiéndose en un acuerdo”, afirmó.
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¿Qué dice el acuerdo firmado?
Aunque en el documento final no se especifica cómo se abordaran esos temas, el borrador que se conoció unos días antes daba algunas pistas. En el tema político contempla nueve iniciativas, entre ellas, la creación de una “democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano”, una reforma a la doctrina de seguridad y a la actuación de la Fuerza Pública, una reforma electoral, transformaciones del sistema de justicia y el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo, de los clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico.
En cuanto al modelo económico, este punto ha generado controversia desde que fue incluido en la agenda de los diálogos durante el segundo ciclo en marzo de 2023. En ese documento, que fue firmado en México, se dijo que se examinaría el modelo económico. En su momento, eso representó un cambio radical frente a lo que fueron las negociaciones con las antiguas FARC en La Habana, en las que para el Estado colombiano esa fue una línea roja: no negociar el modelo económico.
Ese punto también incluye otros puntos que han movido la discusión, como una revisión de la propiedad, uso y tenencia de la tierra y del modelo extractivista y la transición energética en todas las escalas. Ambas propuestas están alineadas con apuestas del presidente y con las demandas globales para disminuir el impacto del cambio climático
En cuanto al tema ambiental, hay temas que generan más consenso como la necesidad de frenar la contaminación ambiental y la urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para garantizar la protección de ambiental y que reconoce a los líderes y defensores ambientales y su necesidad de seguridad.
