Este miércoles se hicieron oficiales los acuerdos a los que llegó el Gobierno con las estructuras de la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, que siguen en la mesa de diálogos.
Entre lo pactado en la quinta ronda de negociaciones, y tal como lo había anticipado Colombia+20, se encuentra la prórroga del cese al fuego por tres meses -que se dio a conocer el martes- y que incluye la georreferenciación, uno sobre la situación de presos de ese grupo armado, uno más sobre ambiente y transformaciones territoriales, la delineación de lo que será la agenda de diálogos.
Sobre el alto al fuego, la extensión irá hasta el 15 de octubre con los bloques Jorge Suárez Briceño (compuesto de ocho frentes con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare), Magdalena Medio, Gentil Duarte (que cuenta con siete frentes) y el frente Raúl Reyes.
El cese, dice el decreto, tiene entre sus objetivos, respetar la vida y evitar afectaciones a la población civil, desarrollar programas de desminado humanitario, evitar el desplazamiento de comunidades y crear condiciones de seguridad para la implementación de las transformaciones territoriales en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Huila, Norte de Antioquia, nordeste y bajo cauca antioqueño, sur de Bolívar y región del Catatumbo, entre otras.
Transformación territorial y entregar la ubicación de esas estructuras
Según el documento que se oficializó este miércoles, el acuerdo del cese al fuego incluye la georreferenciación, una especie de protocolo en el que la disidencia suministrará las coordenadas de los lugares donde están ubicados y que actualmente ocupan. Dicha información tendría una verificación por parte de las Fuerzas Militares.
Según conoció Colombia+20, ya habrían entregado las coordenadas el bloque Jorge Suárez Briceño y el Comando Conjunto del Sur (Putumayo). Aún estaría pendiente el Bloque Magdalena Medio, que lo entregará posterior a su reunión de mandos durante la semana entrante.
Para la georreferenciación (que ya se implementó también en el proceso con la Segunda Marquetalia), se creó un comité técnico que asesorará y verificará la entrega de esa información.
Ese acuerdo también incluye la puesta en marcha de Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) a nivel local, regional y nacional, cuyo retraso estaría relacionado con problemas logísticos del Gobierno.
Lo otro que se pactó fue la agenda de diálogo, que tendrá diez ejes temáticos: Transformaciones territoriales y acuerdos de aplicación inmediata, tierras y territorio, paz ambiental; asuntos económicos, laborales y sociales; asuntos políticos, corrupción y cultura de paz; derechos de todas las poblaciones vulnerables y de especial protección; modelos de justicia y derechos de las víctimas; conflictos, seguridad y armas; garantías después del acuerdo de paz y por último, marcos normativos y relaciones internacionales.
Aún no hay mayores detalles sobre cómo se desarrollarán esos puntos, pero según conoció este diario, se presentó una propuesta sobre la metodología y el cronograma que se discutirá en el próximo ciclo. Por ejemplo, la agenda se tratará eje por eje y se iniciará con los temas de tierra y transformación territorial.
Participación de la sociedad civil y situación de presos
Entre lo pactado también habría un acuerdo especial que contempla los compromisos alcanzados en los diálogos territoriales, como la identificación de tierras, la titulación y procesos catastrales y planes de reforestación y también la identificación de acciones inmediatas para llevar a cabo esos compromisos.
Por ejemplo, algunas de las acciones inmediatas que se propone, son dos encuentros a finales de agosto en el Meta y San Vicente del Caguán con comunidades campesinas para conocer, entre otras, propuestas y alternativas a la desforestación.
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La Comisión Jurídica Mixta, que evalúa la situación en cárceles de reclusos pertenecientes a esa disidencia, recogió seis acuerdos más con base en las visitas que se han hecho en los centro carcelarios.
Se trata de gestiones para la reubicación y atención a reclusos con enfermedades graves; gestión de programas educativos gratuitos para la población privada de libertad; evaluación y gestión sobre la reubicación de las presos de ese grupo armado que estén en cárceles en Villavicencio, Cúcuta y Bellavista; la revisión del proyecto de ley sobre derecho penitenciario y que la comunidad internacional sea la depositaria de los documentos de la Comisión Jurídica Mixta.
Por último se estableció un cronograma de actividades que incluyen una reunión de la delegación de Gobierno con la nueva ministra de Justicia Ángela María Buitrago; otra de la Comisión Jurídica Mixta con el INPEC y la revisión sobre política criminal y régimen carcelario para la generación de propuestas generales/nacionales.
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