La idea de que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 dejó de interesarle a una parte de Colombia podría ser una afirmación ingrata -dados los esfuerzos que se hacen desde distintas entidades-, si no fuera porque la paz no ha llegado ni completa, ni estable, ni duradera a las regiones más azotadas por el conflicto y tampoco se han podido disminuir los rezagos en esas zonas, como lo planteaba ese pacto.
Uno de los hechos más dicientes sobre el tema fue la casi nula presencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los programas de campaña -y luego en los planes del Gobierno- de los alcaldes y gobernadores que fueron elegidos en los comicios del pasado octubre.
Esa alerta llevó al Gobierno, a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), a tener varias reuniones con los mandatarios locales, que ya llevan tres meses en el cargo, para “apretar las tuercas” y capacitarlos en la importancia de los PDET, que ahora deben cumplirse por ley.
“La ART ha adelantado toda una estrategia de incidencia hacia los nuevos mandatarios, tanto locales como departamentales. Nos integramos al esfuerzo del Departamento Nacional de Planezción (DNP) en todo lo que ha sido la formación o capacitación de los nuevos mandatarios territoriales desde el momento del empalme hasta ahora en el proceso de adopción de los Planes de Desarrollo Territoriales 2024-2027”, explicó a Colombia+20 Raúl Delgado, director de la ART.
Para hacer aún más efectiva la ejecución de esos programas que están contenidos en el Acuerdo de Paz de 2016, el Gobierno estipuló por primera vez en una ley, la 2272 de 2022 -también conocida como Ley de Paz Total-, que no solo el Plan Nacional de Desarrollo, sino los Planes de Desarrollo Locales deben tener obligatoriamente un capítulo denominado “Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” o “capítulos de paz”, como lo llama el director Delgado. Además, las entidades territoriales ubicadas en zonas PDET deben priorizar la ejecución de esas iniciativas.
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Por eso, sorprendía que hubiera departamentos y municipios sin ninguna mención de los PDET. De hecho, un informe publicado hace algunas semanas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) afirmaba que tras analizar los programas del Gobierno de los gobernadores en 11 departamentos donde se concentra el 78 % de los municipios más vulnerables del país, la mitad (5) no mencionaban los PDET. “Es crucial que se incluyan en los Planes de Desarrollo los PDET para no retrasar más el desarrollo de las regiones”, decía el informe.
En diciembre pasado, en Cali, la ART tuvo un primer encuentro al que asistieron cerca del 80 % de los mandatarios, tanto municipales como departamentales donde, dice el director Delgado: “Se insistió mucho en que, de acuerdo con la nueva Ley de Paz Total, ahora era de carácter perentorio la inclusión de capítulos de paz en los Planes de Desarrollo Territoriales”.
Después de varias reuniones, que se dieron también a inicios de este año, el primer balance de la ART es muy positivo: de los 170 municipios PDET, solo 27 aún no tienen esa línea estratégica en sus Planes de Desarrollo Locales. Además, de los 19 departamentos que tienen municipios PDET, hasta el momento 14 incluyeron ese capítulo de paz con los PDET.
En el informe de la FIP se hacía mención a que los casos que más preocupaban era Antioquia y Cauca. “El primero porque es el que más municipios PDET (24) y no hace mención a ningún tema relacionado con los PDET. En el caso de Cauca, tiene 20 municipios PDET y solo los anuncia una vez con una escueta afirmación sobre complementar esfuerzos en infraestructura”, dice el informe elaborado por los investigadores Laura Herrera, Emilia Isaza y Felipe Zarama.
En el registro de la FIP el departamento con más menciones a los PDET fue Caquetá que, dice la investigadora Isaza, “se autodenominó como departamento PDET”.
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Delgado afirmó a este diario que al menos en Cauca ya se empezó con ese trabajo. “Tenemos una estrategia con varios momentos. Al iniciar el año nos reunimos con los mandatarios locales y sus equipos de planeación para presentar con más detalle los objetivos y avancea de las iniciativas contempladas en los PATR. Uno de los puntos más importantes fue evaluar el avance de las iniciativas, clasificarlas según responsabilidad por competencia y buscar que las prioritarias queden incluidas en los Planes de Desarrollo, es un ejercicio que se culminará en abril”, explicó Delgado.
Entender los PDET no es tan difícil si se tiene en cuenta que el Acuerdo de La Habana reconoció que había muchos problemas en las regiones, pero no todos eran iguales y, por tanto, se necesitaba un enfoque territorial para resolverlos. Por eso se crearon 16 subregiones que reúnen a 170 municipios que suman al menos seis millones de habitantes, donde se ubicarían los PDET como una oportunidad para transformar, entre comunidades y Estado, esas zonas.
Para saber qué requerían cada uno de esos territorios PDET se hizo un trabajo de consulta con las comunidades -más o menos 12.000 juntas de acción comunal veredales participaron del proceso- para conocer cuáles eran las necesidades prioritarias y convertirlas en iniciativas, y luego en proyectos de la región. El mecanismo para implementar todas esas iniciativas son los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), que deben ser reajustados cada cinco años. Este año también debe haber actualización.
La ART es la que tiene la tarea de implementar los PDET, revisarlos y actualizarlos, con un agravante: el tiempo que le corre en contra porque la ejecución de esos programas debe hacerse, según el Acuerdo de Paz, en 10 años y en 2024 se cumple la mitad del camino, dado que la estrategia de los PDET en realidad se empezó a implementar en 2019.
No hay suficientes recursos
En julio del año pasado, el director Delgado dijo a Colombia+20 que veía con mucha dificultad la ejecución de las iniciativas de los PDET, entre otras cosas por errores en la planeación de los programas, falta de fondos, incumplimientos en obras y denuncias de corrupción, como las del OCAD Paz, un escándalo en el que se señaló a funcionarios del gobierno de Iván Duque que, presuntamente, habrían desviado recursos o pedido coimas en proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz por alrededor de $500.000 millones.
Actualmente hay poco más de 33.000 iniciativas aprobadas en los Planes de Acción y $50 billones designados en el Plan Nacional de Desarrollo (ver gráfico) -30 % más que en el Gobierno anterior, según indica el informe de FIP- “pero el monto no alcanza para cubrir las iniciativas pendientes”.
Delgado afirma que sigue teniendo la misma preocupación sobre los recursos, porque el proceso de diseño de las iniciativas tuvo errores en la parte técnica y de la planeación, dado que nunca hubo un límite en el presupuesto y, debido a la prolongada ausencia del Estado en esas regiones, las comunidades propusieron todo tipo de proyectos e iniciativas.
“Si uno la lee, todas las iniciativas son un listado de las necesidades acumuladas en estos municipios que históricamente han sido los más abandonados, los más excluidos. Las comunidades tuvieron la oportunidad prácticamente de listar todas sus necesidades. Eso se entiende, pero se hizo sin poner un techo presupuestal. No se dijo hasta aquí alcanza la plata, y con algo más complejo, en casi todos los casos para materializar una iniciativa se necesita más de un proyecto”, explica Delgado.
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El director de la ART asegura que el corte de cuentas actual muestra que el 42 % de las iniciativas ya están activas, pero que eso no quiere decir que ya estén implementadas. “Una iniciativa se puede activar con un proyecto terminado que le está sirviendo a la comunidad, que le mejoró su calidad de vida, pero también se activa, por ejemplo, apenas se firma un convenio para comenzar a estructurar un proyecto. Eso así obviamente no incide en la vida de las comunidades”, afirma.
En cuanto a los proyectos, hasta el momento se han aprobado unos 6.000. De esos, más de 3.000 están terminando y un poco más de 2.200 están en ejecución.
“Eso nos lleva a una conclusión. Con las fuentes actuales y en los tiempos establecidos es muy difícil dar cumplimiento a todo, y eso debe llevar a la revisión, ya anunciada, del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz. Pero más allá de eso, creo que ni siquiera basta con ampliar más plazos, hay que buscar otras fuentes, y de fondo, creo que el Estado colombiano debe adoptar una política pública que lleve a la convergencia regional, a la incursión hacia el desarrollo y al bienestar de los municipios”, dice Delgado.
Esto va en concordancia con la promesa del presidente Gustavo Petro, que se ha autonombrado como el “gran coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz”, que ha sido acelerar su implementación, pero con un giro que incluya lo que ha llamado la “territorialización de la paz”. Su objetivo es descentralizar esos esfuerzos y llevarlos a las regiones. Por eso se han adelantado los llamados diálogos regionales vinculantes, las regiones paz -como la que adelanta en Nariño- e incluso podría decirse que las negociaciones de paz -tanto las políticas como las que son con miras al sometimiento- tienen ese enfoque de impacto regional.
“En efecto, el objetivo de la transformación de estos territorios va muy en la línea de lo que ha venido planteando el señor presidente, porque la construcción de la paz debe hacerse en los territorios. Eso implica la transformación territorial y el tránsito de las economías ilegalizadas a economías ilegales. Se deben priorizar todos los proyectos e iniciativas que den mayor impacto para eso. Ese es el objetivo planteado en este ajuste de la actualización de los PDET”, explica.
Los investigadores Herrera, Isaza y Zarama afirman que el balance que se ha hecho sobre los PDET en el gobierno de Petro y la gestión de Delgado en la ART es positiva. “Han logrado tener un lenguaje compartido entre las empresas, la institucionalidad, las autoridades locales y las mismas comunidades. Siempre han permitido como tener un marco común, es decir, incluso hay empresas que han estudiado los PDET y han identificado cómo sus estrategias de sostenibilidad le pueden aportar alguna de estas regiones”, aseguran.
Los mandatarios locales tienen hasta mayo para adoptar los Planes de Desarrollo. Luego, entre julio y septiembre, se hará el acompañamiento técnico. De ahí en adelante, hasta diciembre, deben adoptar toda la ruta de los PDET y protocolizar su revisión.
