La historia de la Fundación Joel Sierra, ganadora del Premio Nacional de DD. HH.
Esta organización con base en Arauca ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trabajo de casi tres décadas en el territorio, donde ha encabezado denuncias y procesos judiciales en favor de las víctimas de los crímenes de Estado.
El abogado Juan Carlos Torregrosa no recuerda el año con precisión, pero pudo ocurrir en 2005 o en 2006, en plena ofensiva del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Un día, cuenta, dos hombres se presentaron en el edificio de las organizaciones sociales de Arauca preguntando por él, y aunque alcanzaron a llegar al segundo piso, sus compañeros les cortaron el paso asegurando que no estaba en la oficina. Esos hombres eran paramilitares y él cree que lo buscaban para matarlo por su labor en la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Lea: Arauca, el bastión del ELN que podría enredar la Paz Total
La Fundación Joel Sierra pronto va a cumplir tres décadas de defensa de los derechos humanos en Arauca y es famosa en la región por llevar algunos de los casos más sonados de masacres, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Por esa labor recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en su versión 2023 en la modalidad de organización acompañante, un galardón que reconoce su gestión de medidas para proteger a los liderazgos sociales y las comunidades que la Fundación acompaña.
Torregrosa, que lleva poco más de veinte años vinculado a la Fundación Joel Sierra, explica que su origen se remonta a la década del setenta, cuando las organizaciones sociales de Arauca como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (Coagrosarare) entendieron durante el paro campesino de 1972 la necesidad de fortalecerse en la defensa de los derechos humanos, luego de fuertes oleadas de persecución, criminalización y represión de las fuerzas del Estado.
“Desde sus inicios el movimiento social en Arauca ha tenido un componente importante en el tema de derechos humanos”, puntualiza Torregrosa explicando que las organizaciones contaban con secretarías de derechos humanos.
Pero no fue sino hasta 1995 que vieron la necesidad de crear una fundación que pudiera dedicarse al acompañamiento de los cuatro sectores sociales que componen las organizaciones de Arauca: el sector campesino-cooperativo, el cívico-comunitario, el juvenil-estudiantil, y el obrero-sindical.
En 1996 obtuvieron legalmente la inscripción de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra ante la Cámara de Comercio del Piedemonte y desde entonces no han parado un sólo día en la defensa y el acompañamiento de las comunidades y organizaciones en el departamento.
Lea también: Estos son los finalistas del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2023
Torregrosa define a la Fundación Joel Sierra como una “organización de base”, pues en ella tienen vocería representantes de todos los sectores mencionados antes, que está dedicada a “un ejercicio fuerte de denuncia a través de todos los mecanismos”, pero sobre todo, dedicada al “acompañamiento a las víctimas”.
Su nombre lo tomaron, como no podía ser de otra manera, de Joel Sierra, un campesino araucano vinculado a esos mismos movimientos sociales y que resultó víctima en 1989 de lo que hoy se conoce como “falsos positivos”.
“Joel Sierra González era un joven campesino de Fortul, con muchas preocupaciones por los derechos humanos, fue desaparecido forzadamente, torturado, asesinado y enterrado en una fosa común junto a otros cuatro campesinos, por el Ejército colombiano, cerca de San José Obrero”, puntualiza Juan Carlos Torregrosa.
La masacre de Santo Domingo: su primera prueba de fuego
Uno de los casos más sonados y difíciles que ha llevado la Fundación es el de la masacre de Santo Domingo, un terrible hecho ocurrido en noviembre de 1998 en el caserío del mismo nombre, cuando aviones de la Fuerza Aérea bombardearon a la población civil matando a 17 personas, entre ellos varios niños, y dejando múltiples heridos y desplazados.
La Fundación Joel Sierra acompañó a las víctimas y sus familiares desde el momento mismo de ocurrencia de los hechos y luego llevó el litigio ante tribunales internacionales junto a otras organizaciones de derechos humanos, logrando una histórica condena en contra del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013.
“El seguimiento del fallo no lo hemos terminado porque el Estado no cumple, tuvimos que presentar una acción de tutela para que el Estado asumiera su responsabilidad de pedir perdón”, asegura Torregrosa, algo que ocurrió en 2014.
“Acompañamos a todas estas víctimas desde ese mismo momento”, recuerda Torregrosa contando que “a partir de la denuncia pública hicimos y la relación con otras organizaciones nacionales, trabajamos un tribunal internacional de opinión en Chicago”.
Pero no fue la única batalla jurídica. Además llevaron casos como el de las masacres de La Cabuya y Puerto Lleras, y múltiples procesos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano y la Policía en Arauca, varios de ellos han llegado a soluciones amistosas con el Estado, que terminó aceptando su responsabilidad.
Entre estos está otro famoso litigio: Bueno Bonet contra Colombia, que también se saldó con la asunción de responsabilidad por parte del Estado colombiano por un episodio de limpieza social en contra de tres jóvenes de Saravena (uno de ellos de apellidos Bueno Bonet), que fueron asesinados por encapuchados en connivencia con miembros de la Policía.
Su trabajo no ha estado al margen de riesgos, amenazas e incluso atentados directos contra la vida de quienes integran la fundación, pues al menos cuatro miembros de la Joel Sierra han sido asesinados en este largo trayecto.
Le puede interesar: Arranca fase decisiva en proceso de paz con el ELN
El primero de ellos fue José Roosvelt Lara, asesinado por paramilitares el 8 de noviembre de 2002. Posteriormente cayó Edward Alexánder Vargas Linares, a quien los paramilitares mataron en las sabanas de Cravo Norte en una masacre junto a otros campesinos. El año siguiente fue asesinado Rito Hernández Porras, el 25 de septiembre de 2003 en Saravena, y es justo por esa fecha que el día municipal de los derechos humanos se conmemora cada 25 de septiembre en la localidad.
El último de todos sus miembros caídos fue apenas hace un año, al mediodía del 19 de enero de 2022 en Tame: José Avelino Pérez Ortiz, asesinado presuntamente por las disidencias de las FARC que lo señalaron de ser supuesto colaborador del ELN, en medio de una guerra entre ambos grupos que aún persiste en Arauca.
Ese mismo día, a las 11 de la noche, las disidencias hicieron explotar un carro bomba contra la sede de la Fundación Joel Sierra en Saravena, que dejó una víctima fatal y la destrucción de viviendas y edificios en varias cuadras a la redonda. Algunas de las secuelas de esta explosión son visibles todavía en el edificio, que no ha podido retomar las labores en todas sus oficinas por causa de los daños, como pudo comprobarlo un equipo periodístico de Colombia+20, que visitó Saravena la semana precedente a la entrega del premio.
Las palabras de Sonia Milena López al recibir el premio
Sonia Milena López, otra integrante de la Fundación Joel Sierra, asistió a la premiación realizada el miércoles 6 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Hasta el último momento no sabía aún que su organización ganaría el reconocimiento en la modalidad de organización acompañante.
Al recibir el premio, López cuestionó fuertemente el paramilitarismo y aseguró que el reconocimiento era para “el heróico pueblo araucano y del Centro Oriente, hombres y mujeres que en un foro en 1994 proyectaron esta fundación, que lleva por nombre un homenaje a un compañero campesino desaparecido y masacrado por las fuerzas estatales. A la memoria de él, pero también de muchos más hombres y mujeres que han caído a lo largo de estos 29 años de lucha, a los que han pasado por las cárceles, a los que están y a los que nos arrebataron violentamente”.
El abogado Juan Carlos Torregrosa no recuerda el año con precisión, pero pudo ocurrir en 2005 o en 2006, en plena ofensiva del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Un día, cuenta, dos hombres se presentaron en el edificio de las organizaciones sociales de Arauca preguntando por él, y aunque alcanzaron a llegar al segundo piso, sus compañeros les cortaron el paso asegurando que no estaba en la oficina. Esos hombres eran paramilitares y él cree que lo buscaban para matarlo por su labor en la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Lea: Arauca, el bastión del ELN que podría enredar la Paz Total
La Fundación Joel Sierra pronto va a cumplir tres décadas de defensa de los derechos humanos en Arauca y es famosa en la región por llevar algunos de los casos más sonados de masacres, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Por esa labor recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en su versión 2023 en la modalidad de organización acompañante, un galardón que reconoce su gestión de medidas para proteger a los liderazgos sociales y las comunidades que la Fundación acompaña.
Torregrosa, que lleva poco más de veinte años vinculado a la Fundación Joel Sierra, explica que su origen se remonta a la década del setenta, cuando las organizaciones sociales de Arauca como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (Coagrosarare) entendieron durante el paro campesino de 1972 la necesidad de fortalecerse en la defensa de los derechos humanos, luego de fuertes oleadas de persecución, criminalización y represión de las fuerzas del Estado.
“Desde sus inicios el movimiento social en Arauca ha tenido un componente importante en el tema de derechos humanos”, puntualiza Torregrosa explicando que las organizaciones contaban con secretarías de derechos humanos.
Pero no fue sino hasta 1995 que vieron la necesidad de crear una fundación que pudiera dedicarse al acompañamiento de los cuatro sectores sociales que componen las organizaciones de Arauca: el sector campesino-cooperativo, el cívico-comunitario, el juvenil-estudiantil, y el obrero-sindical.
En 1996 obtuvieron legalmente la inscripción de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra ante la Cámara de Comercio del Piedemonte y desde entonces no han parado un sólo día en la defensa y el acompañamiento de las comunidades y organizaciones en el departamento.
Lea también: Estos son los finalistas del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2023
Torregrosa define a la Fundación Joel Sierra como una “organización de base”, pues en ella tienen vocería representantes de todos los sectores mencionados antes, que está dedicada a “un ejercicio fuerte de denuncia a través de todos los mecanismos”, pero sobre todo, dedicada al “acompañamiento a las víctimas”.
Su nombre lo tomaron, como no podía ser de otra manera, de Joel Sierra, un campesino araucano vinculado a esos mismos movimientos sociales y que resultó víctima en 1989 de lo que hoy se conoce como “falsos positivos”.
“Joel Sierra González era un joven campesino de Fortul, con muchas preocupaciones por los derechos humanos, fue desaparecido forzadamente, torturado, asesinado y enterrado en una fosa común junto a otros cuatro campesinos, por el Ejército colombiano, cerca de San José Obrero”, puntualiza Juan Carlos Torregrosa.
La masacre de Santo Domingo: su primera prueba de fuego
Uno de los casos más sonados y difíciles que ha llevado la Fundación es el de la masacre de Santo Domingo, un terrible hecho ocurrido en noviembre de 1998 en el caserío del mismo nombre, cuando aviones de la Fuerza Aérea bombardearon a la población civil matando a 17 personas, entre ellos varios niños, y dejando múltiples heridos y desplazados.
La Fundación Joel Sierra acompañó a las víctimas y sus familiares desde el momento mismo de ocurrencia de los hechos y luego llevó el litigio ante tribunales internacionales junto a otras organizaciones de derechos humanos, logrando una histórica condena en contra del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013.
“El seguimiento del fallo no lo hemos terminado porque el Estado no cumple, tuvimos que presentar una acción de tutela para que el Estado asumiera su responsabilidad de pedir perdón”, asegura Torregrosa, algo que ocurrió en 2014.
“Acompañamos a todas estas víctimas desde ese mismo momento”, recuerda Torregrosa contando que “a partir de la denuncia pública hicimos y la relación con otras organizaciones nacionales, trabajamos un tribunal internacional de opinión en Chicago”.
Pero no fue la única batalla jurídica. Además llevaron casos como el de las masacres de La Cabuya y Puerto Lleras, y múltiples procesos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano y la Policía en Arauca, varios de ellos han llegado a soluciones amistosas con el Estado, que terminó aceptando su responsabilidad.
Entre estos está otro famoso litigio: Bueno Bonet contra Colombia, que también se saldó con la asunción de responsabilidad por parte del Estado colombiano por un episodio de limpieza social en contra de tres jóvenes de Saravena (uno de ellos de apellidos Bueno Bonet), que fueron asesinados por encapuchados en connivencia con miembros de la Policía.
Su trabajo no ha estado al margen de riesgos, amenazas e incluso atentados directos contra la vida de quienes integran la fundación, pues al menos cuatro miembros de la Joel Sierra han sido asesinados en este largo trayecto.
Le puede interesar: Arranca fase decisiva en proceso de paz con el ELN
El primero de ellos fue José Roosvelt Lara, asesinado por paramilitares el 8 de noviembre de 2002. Posteriormente cayó Edward Alexánder Vargas Linares, a quien los paramilitares mataron en las sabanas de Cravo Norte en una masacre junto a otros campesinos. El año siguiente fue asesinado Rito Hernández Porras, el 25 de septiembre de 2003 en Saravena, y es justo por esa fecha que el día municipal de los derechos humanos se conmemora cada 25 de septiembre en la localidad.
El último de todos sus miembros caídos fue apenas hace un año, al mediodía del 19 de enero de 2022 en Tame: José Avelino Pérez Ortiz, asesinado presuntamente por las disidencias de las FARC que lo señalaron de ser supuesto colaborador del ELN, en medio de una guerra entre ambos grupos que aún persiste en Arauca.
Ese mismo día, a las 11 de la noche, las disidencias hicieron explotar un carro bomba contra la sede de la Fundación Joel Sierra en Saravena, que dejó una víctima fatal y la destrucción de viviendas y edificios en varias cuadras a la redonda. Algunas de las secuelas de esta explosión son visibles todavía en el edificio, que no ha podido retomar las labores en todas sus oficinas por causa de los daños, como pudo comprobarlo un equipo periodístico de Colombia+20, que visitó Saravena la semana precedente a la entrega del premio.
Las palabras de Sonia Milena López al recibir el premio
Sonia Milena López, otra integrante de la Fundación Joel Sierra, asistió a la premiación realizada el miércoles 6 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Hasta el último momento no sabía aún que su organización ganaría el reconocimiento en la modalidad de organización acompañante.
Al recibir el premio, López cuestionó fuertemente el paramilitarismo y aseguró que el reconocimiento era para “el heróico pueblo araucano y del Centro Oriente, hombres y mujeres que en un foro en 1994 proyectaron esta fundación, que lleva por nombre un homenaje a un compañero campesino desaparecido y masacrado por las fuerzas estatales. A la memoria de él, pero también de muchos más hombres y mujeres que han caído a lo largo de estos 29 años de lucha, a los que han pasado por las cárceles, a los que están y a los que nos arrebataron violentamente”.