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Hace ocho años, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos vinculó a los generales Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora a las investigaciones por hechos cometidos por el paramilitarismo en el Magdalena Medio en los años 80. En particular, la pesquisa se orientó a evaluar su eventual responsabilidad en la masacre de La Rochela, en la que perdieron la vida 12 funcionarios de la justicia. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que los dos oficiales nada tuvieron que ver con el caso y ordenó su preclusión.
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Como se sabe, el 18 de enero de 1989, con el propósito de aclarar la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, una comisión de dos jueces, sus respectivos secretarios, dos conductores y seis miembros del CTI se internó en la región de Simacota. El grupo fue abordado por paramilitares que, después de engañarlos, los masacraron en el sitio conocido como La Rochela. No obstante, tres integrantes más de la comisión sobrevivieron y a partir de ellos se orientó el proceso.
Siete meses después de los hechos fue capturado el promotor de la masacre, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir. Aunque inicialmente argumentó que se trataba de una confusión con un comandante de las Farc y que él se encontraba el día de la masacre en su finca, en compañía de sus trabajadores, poco a poco reconoció la verdad. Hasta agosto de 1995, Vladimir insistió en su inocencia, pero ante las evidencias, en esa fecha decidió contar lo sucedido.
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En términos generales, dijo que la orden recibida de sus jefes en el Magdalena Medio era sacar de la región a la guerrilla, contando con el apoyo del Ejército. Aunque señaló a comerciantes, ganaderos y comandantes de batallones como auxiliares, resaltó cinco nombres: los generales Farouk Yanine Díaz, Carlos Julio Gil Colorado, Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora, y el congresista santandereano Tiberio Villarreal.
Desde agosto de 1995 en adelante, Vladimir acudió a la justicia para ampliar sus señalamientos. Por ejemplo, acusó al excongresista César Pérez García de haber buscado a las autodefensas del Magdalena Medio comandadas por Henry Pérez para que le ayudaran a sacar a la Unión Patriótica de Segovia (Antioquia), que había sido su fortín político. Después reveló cómo se había dado una reunión entre paramilitares para decidir qué hacer con la comisión que había llegado a investigarlos.
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En dicha declaración, el jefe paramilitar relató que quién más insistió en que la comisión judicial fuera masacrada fue el congresista Tiberio Villarreal, que además recalcó que había que matar a los jueces y quitarles los expedientes. Según Vladimir, después de sucedidos los hechos lo llamó el general Gil para preguntarle por qué lo habían hecho. Él le explicó que por la insistencia de Villarreal, y el general Yanine comentó después a Henry Pérez que era la “única vuelta buena”.
A pesar del testimonio, y de otras pruebas que lograron determinar la actuación impune de las autodefensas en el Magdalena Medio, apenas en julio de 2008, casi 20 años después de la masacre de La Rochela, un fiscal se interesó por escuchar a los señalados. Solo que entonces los generales Farouk Yanine y Carlos Julio Gil ya habían muerto, el segundo en una acción violenta de la guerrilla.
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De esta manera, después de superar un prolongado laberinto judicial, en 2010, los generales retirados Vacca y Salcedo fueron vinculados al caso. El primero manifestó que el día de la masacre se enteró al comenzar la tarde y se desplazó a Barrancabermeja, desde donde ordenó acciones contra los asesinos. La Procuraduría no aceptó del todo esta versión y, por el contrario, lo señaló de no haber contenido la actividad paramilitar en la región.
Por eso pidió a la Fiscalía acusarlo judicialmente, pues, más allá de establecerse si se entrevistó o no con Henry Pérez o el propio Vladimir, la evaluación de su conducta dejó dudas sobre su proceder para neutralizar al paramilitarismo. En contraste, respecto al exgeneral Salcedo Lora, el Ministerio Público pidió que se le precluyera la investigación, porque ya había dejado la comandancia de la Brigada 14 dos años antes de los hechos.
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Para tomar su decisión, la Fiscalía aportó un largo relato sobre el actuar de las autodefensas en el Magdalena Medio desde los años 80, resaltando que unidades militares como el Batallón Bárbula, en Puerto Boyacá, y el Luciano D’Elhuyar, en San Vicente de Chucurí, fueron claves para su expansión. La secuencia incluyó la alianza entre las autodefensas de Henry Pérez y las de Ramón Isaza, con apoyo de militares, narcotraficantes y servidores públicos.
En su defensa, el general (r) Vacca insistió en que nunca tuvo relaciones con Vladimir y que sus señalamientos no fueron más que mentiras para buscar beneficios. El exoficial aclaró que la comisión atacada en La Rochela no tuvo apoyo del Ejército, porque como la investigación era contra los militares no era prudente que lo supieran. Agregó que no tuvo ninguna relación con Tiberio Villarreal ni con oficiales involucrados con las autodefensas.
A su vez, la defensa del general Salcedo recalcó que estuvo en la región hasta 1987, cuando pasó a Barranquilla. Admitió que conoció a Henry Pérez, pero en calidad de escolta del exrepresentante a la Cámara Pablo Guarín, por lo que siempre estuvo rodeado de notables de Puerto Boyacá. De Vladimir sabía porque fue informante del Ejército, pero negó haber tenido comunicaciones con las autodefensas, antes o después de su misión militar.
En contraste, los representantes de las víctimas insistieron en que el testimonio directo del autor material, los testimonios de oídas de otros partícipes del grupo criminal y los de los tres sobrevivientes de la matanza resaltan la responsabilidad del general Vacca. En cuanto al oficial Salcedo, los apoderados de las víctimas aseguraron que las pruebas eran suficientes para llamarlo a juicio por el hecho ocurrido en enero de 1989.
En una providencia de 76 páginas, sin mayores consideraciones de fondo, una fiscal especializada ordenó la ruptura de la unidad procesal para que las pesquisas continúen adelante, pero en cuanto a los generales Vacca Perilla y Salcedo Lora, ordenó precluir la investigación que se adelantaba en su contra como presuntos coautores de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.