Acuerdo de Paz: ONU reporta avances en implementación de reforma rural

“En sus primeros cuatro meses, el Gobierno [de Gustavo Petro] ha dado importantes pasos para detener la violencia y consolidar la paz”. Esta sentencia es de la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, que publicó este viernes 6 de diciembre su informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia, que hace seguimiento a la reincorporación de ex combatientes de las antiguas Farc tras el Acuerdo de Paz.

Son varios los aspectos positivos que el informe resalta. El primero es el hecho de que el Presidente reactivó dos mecanismos claves para la implementación del Acuerdo Final que no habían sesionado periódicamente durante el anterior mandato de Iván Duque: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad CNGS. También destacó el anuncio gubernamental de impulsar la implementación de lo acordado a través de la creación de una nueva unidad en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que está dirigida por Gloria Cuartas.

El secretario general de la ONU ratifica su beneplácito por la reanudación de los diálogos con el Eln, que culminó su primer ciclo el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela, y las conversaciones exploratorias que ha sostenido el alto comisionado para la paz con una docena de grupos armados, que han expresado su interés en participar en los esfuerzos para poner fin a la violencia. Y menciona la aprobación de la ley de orden público que le permite al gobierno adelantar estos contactos, además de establecer zonas de desarme y transición a la legalidad, el nombramiento de comisionados de paz regionales y la posibilidad de implementar acuerdos parciales a medida que avanzan las negociaciones.

“Me complace que la implementación integral del Acuerdo Final esté en el centro de sus esfuerzos. Un claro reflejo de ello son las recientes y audaces acciones del Gobierno para fortalecer la implementación de los puntos del Acuerdo con mayor potencial para transformar positivamente la realidad en regiones que han soportado durante décadas la dureza del conflicto”, dice el Secretario General Antonio Guterres.

Por primera vez en estos informes trimestrales de la Misión de la ONU se saludan los avances del Estado colombiano en la implementación del primer punto de la Acuerdo, la reforma rural integral. “El Gobierno aumentó más de un 62 % los recursos del presupuesto de 2023 para el sector agrícola, con lo que se sitúan en unos 860 millones de dólares. También cabe destacar que el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos firmaron recientemente un acuerdo sin precedentes para la compra de 3 millones de hectáreas que se distribuirán a campesinos sin tierras mediante el Fondo de Tierras previsto en el punto 1 del Acuerdo Final”.

“Me alienta el acercamiento del Gobierno a las poblaciones rurales y el acuerdo al que llegó con la Federación Colombiana de Ganaderos para la compra de tierras destinadas a la reforma rural integral. Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final”, dice en un uno de los acápites el secretario general.

En sus anteriores informes, la Misión de Verificación reportaba el punto 1 del Acuerdo como el que presentaba más rezagos en su implementación. Por eso en este reporte se destacan dos aspectos más: la realización de la primera Convención Nacional Campesina en la que el Presidente Petro reafirmó su compromiso de cerrar la brecha entre la Colombia urbana y la Colombia rural y el hecho de que se hayan añadido al Fondo de Tierras 94.246 hectáreas y se hubieran formalizado 800.600 hectáreas.

En el balance sobre la reincorporación, hay logros importantes, como que el 75% de los reincorporados actualmente se encuentran participando de algún proyecto productivo (un porcentaje que es mayor entre las mujeres con el 84%), o que 3.545 excombatientes participaron y se graduaron con el programa “Arando la educación”.

En contexto: Cómo va la implementación a seis años del Acuerdo de Paz

El informe destaca los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en sus resoluciones que dan forma a las sanciones propias para los condenados en dicha jurisdicción, lo que la ONU considera “una prueba de que se está trabajando de manera decisiva para hacer justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto”.

Además, se resalta que en 2022 se concretó la llegada de los 16 representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, conocidas como “curules de paz”, que fueron un producto del Acuerdo Final y cuyo propósito es darle voz en el Congreso a las regiones más afectadas por la guerra. Incluso menciona que estos congresistas han participado en la redacción de 28 proyectos de ley, en su mayoría relacionados con la implementación del Acuerdo Final y que han trabajado juntos en la bancada de la paz.

Pero el informe recalca que aún hay falencias en cuanto a las garantías de seguridad, pues el acumulado de excombatientes asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 ya asciende a 355. No obstante, las cifras muestran una tendencia decreciente, pues desde 2019, cuando hubo un pico de 78 víctimas, cada año el número decrece. El 2022 fue el segundo año con menos excombatientes asesinados desde la firma de la paz, con 50 víctimas contabilizadas hasta el 25 de diciembre.

Lea también: Las alertas al presidente Petro para acelerar la implementación

Otro punto negativo es la violencia contra líderes sociales, comunidades rurales y defensores de Derechos Humanos, que no cede en el país. De acuerdo con el informe 244 asesinatos fueron cometidos en 2022, de los cuáles la oficina pudo verificar 101. También se registraron al menos 127 masacres y el desplazamiento de 78.154 personas, siendo los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca los más afectados con esta violencia.

“El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito sigue siendo un instrumento importante a esos efectos, pero su potencial todavía no se aprovecha plenamente”, reporta el secretario General de la ONU de manera contundente para señalar que este sigue siendo un punto pendiente. Y llama la atención porque las economías ilícitas siguen siendo una de las principales causas de que persista la violencia en las regiones afectadas por el conflicto y recuerda que el más reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se constataron niveles récord de cultivos de coca, que aumentaron un 43 % en 2021, hasta las 204.000 hectáreas.

Sobre este punto recoge las recomendaciones que han hecho las comunidades acerca de “ajustar el PNIS a los cambiantes contextos en los que se implementa, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la participación de las comunidades para fomentar la confianza y la legitimidad.

En la parte final del informe, el secretario general de la la ONU señala que ha reiterado su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y el Eln a través de su Representante Especial y asegura que “mantendré al Consejo de Seguridad al tanto de los desarrollos relevantes a medida que avancen estas importantes conversaciones”.

Pese a los avances, señala el secretario, “la violencia descrita en el presente informe sigue siendo, sin duda alguna, la mayor amenaza para la consolidación de la paz en Colombia”. “El proceso de paz en Colombia se encuentra en una nueva fase dinámica que merece un firme apoyo internacional”, concluye el informe, “es un honor para las Naciones Unidas seguir trabajando junto a los colombianos y las colombianas en este alentador momento de oportunidades para consolidar la paz”.

“En sus primeros cuatro meses, el Gobierno [de Gustavo Petro] ha dado importantes pasos para detener la violencia y consolidar la paz”. Esta sentencia es de la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, que publicó este viernes 6 de diciembre su informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia, que hace seguimiento a la reincorporación de ex combatientes de las antiguas Farc tras el Acuerdo de Paz.

Son varios los aspectos positivos que el informe resalta. El primero es el hecho de que el Presidente reactivó dos mecanismos claves para la implementación del Acuerdo Final que no habían sesionado periódicamente durante el anterior mandato de Iván Duque: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad CNGS. También destacó el anuncio gubernamental de impulsar la implementación de lo acordado a través de la creación de una nueva unidad en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que está dirigida por Gloria Cuartas.

El secretario general de la ONU ratifica su beneplácito por la reanudación de los diálogos con el Eln, que culminó su primer ciclo el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela, y las conversaciones exploratorias que ha sostenido el alto comisionado para la paz con una docena de grupos armados, que han expresado su interés en participar en los esfuerzos para poner fin a la violencia. Y menciona la aprobación de la ley de orden público que le permite al gobierno adelantar estos contactos, además de establecer zonas de desarme y transición a la legalidad, el nombramiento de comisionados de paz regionales y la posibilidad de implementar acuerdos parciales a medida que avanzan las negociaciones.

“Me complace que la implementación integral del Acuerdo Final esté en el centro de sus esfuerzos. Un claro reflejo de ello son las recientes y audaces acciones del Gobierno para fortalecer la implementación de los puntos del Acuerdo con mayor potencial para transformar positivamente la realidad en regiones que han soportado durante décadas la dureza del conflicto”, dice el Secretario General Antonio Guterres.

Por primera vez en estos informes trimestrales de la Misión de la ONU se saludan los avances del Estado colombiano en la implementación del primer punto de la Acuerdo, la reforma rural integral. “El Gobierno aumentó más de un 62 % los recursos del presupuesto de 2023 para el sector agrícola, con lo que se sitúan en unos 860 millones de dólares. También cabe destacar que el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos firmaron recientemente un acuerdo sin precedentes para la compra de 3 millones de hectáreas que se distribuirán a campesinos sin tierras mediante el Fondo de Tierras previsto en el punto 1 del Acuerdo Final”.

“Me alienta el acercamiento del Gobierno a las poblaciones rurales y el acuerdo al que llegó con la Federación Colombiana de Ganaderos para la compra de tierras destinadas a la reforma rural integral. Es una clara demostración de que todos los sectores de la sociedad colombiana pueden y deben contribuir significativamente a la implementación del Acuerdo Final”, dice en un uno de los acápites el secretario general.

En sus anteriores informes, la Misión de Verificación reportaba el punto 1 del Acuerdo como el que presentaba más rezagos en su implementación. Por eso en este reporte se destacan dos aspectos más: la realización de la primera Convención Nacional Campesina en la que el Presidente Petro reafirmó su compromiso de cerrar la brecha entre la Colombia urbana y la Colombia rural y el hecho de que se hayan añadido al Fondo de Tierras 94.246 hectáreas y se hubieran formalizado 800.600 hectáreas.

En el balance sobre la reincorporación, hay logros importantes, como que el 75% de los reincorporados actualmente se encuentran participando de algún proyecto productivo (un porcentaje que es mayor entre las mujeres con el 84%), o que 3.545 excombatientes participaron y se graduaron con el programa “Arando la educación”.

En contexto: Cómo va la implementación a seis años del Acuerdo de Paz

El informe destaca los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en sus resoluciones que dan forma a las sanciones propias para los condenados en dicha jurisdicción, lo que la ONU considera “una prueba de que se está trabajando de manera decisiva para hacer justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto”.

Además, se resalta que en 2022 se concretó la llegada de los 16 representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, conocidas como “curules de paz”, que fueron un producto del Acuerdo Final y cuyo propósito es darle voz en el Congreso a las regiones más afectadas por la guerra. Incluso menciona que estos congresistas han participado en la redacción de 28 proyectos de ley, en su mayoría relacionados con la implementación del Acuerdo Final y que han trabajado juntos en la bancada de la paz.

Pero el informe recalca que aún hay falencias en cuanto a las garantías de seguridad, pues el acumulado de excombatientes asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 ya asciende a 355. No obstante, las cifras muestran una tendencia decreciente, pues desde 2019, cuando hubo un pico de 78 víctimas, cada año el número decrece. El 2022 fue el segundo año con menos excombatientes asesinados desde la firma de la paz, con 50 víctimas contabilizadas hasta el 25 de diciembre.

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Otro punto negativo es la violencia contra líderes sociales, comunidades rurales y defensores de Derechos Humanos, que no cede en el país. De acuerdo con el informe 244 asesinatos fueron cometidos en 2022, de los cuáles la oficina pudo verificar 101. También se registraron al menos 127 masacres y el desplazamiento de 78.154 personas, siendo los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca los más afectados con esta violencia.

“El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito sigue siendo un instrumento importante a esos efectos, pero su potencial todavía no se aprovecha plenamente”, reporta el secretario General de la ONU de manera contundente para señalar que este sigue siendo un punto pendiente. Y llama la atención porque las economías ilícitas siguen siendo una de las principales causas de que persista la violencia en las regiones afectadas por el conflicto y recuerda que el más reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se constataron niveles récord de cultivos de coca, que aumentaron un 43 % en 2021, hasta las 204.000 hectáreas.

Sobre este punto recoge las recomendaciones que han hecho las comunidades acerca de “ajustar el PNIS a los cambiantes contextos en los que se implementa, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la participación de las comunidades para fomentar la confianza y la legitimidad.

En la parte final del informe, el secretario general de la la ONU señala que ha reiterado su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno y el Eln a través de su Representante Especial y asegura que “mantendré al Consejo de Seguridad al tanto de los desarrollos relevantes a medida que avancen estas importantes conversaciones”.

Pese a los avances, señala el secretario, “la violencia descrita en el presente informe sigue siendo, sin duda alguna, la mayor amenaza para la consolidación de la paz en Colombia”. “El proceso de paz en Colombia se encuentra en una nueva fase dinámica que merece un firme apoyo internacional”, concluye el informe, “es un honor para las Naciones Unidas seguir trabajando junto a los colombianos y las colombianas en este alentador momento de oportunidades para consolidar la paz”.