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Este miércoles, las instancias de nivel nacional e internacional que acompañan los acercamientos de paz entre el Gobierno Nacional y la disidencia de la FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC) condenaron el asesinato de cuatro jóvenes indígenas del pueblo Muina-Murui, del Putumayo, hecho que fue confirmado el pasado 17 de mayo y cuyo autor fue el frente Carolina Ramírez, brazo armado del EMC. Se trata de uno de los detonantes principales de la ruptura del cese al fuego bilateral que estaba establecido con esta disidencia desde el pasado 1 de enero.
A través de un comunicado, los organismos pidieron respeto por la vida, insistiendo en que luego de esta situación “urge que se apliquen las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y que se respeten los derechos humanos. También es un imperativo mantener en el centro de este proceso de paz la protección de las comunidades, la voz de las víctimas y la búsqueda de la no repetición, especialmente para los pueblos étnicos”.
En contexto: Disidencia de las FARC reconoce que asesinó a niños indígenas en Putumayo
Piden afianzar el cese al fuego
Aun así, para los firmantes del documento es imperativo que esta acción armada no acabe con las intenciones de negociar la paz entre las partes, sugiriendo que se debe reconocer a este momento como “una oportunidad para tomar acciones que permitan afianzar el cese al fuego en beneficio de la población en los territorios, fortalecer el funcionamiento de su Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, incluyendo las garantías para su presencia en el territorio para verificar hechos, y establecer la mesa de diálogo”.
El comunicado fue firmado por la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), la delegación de la Unión Europea en Colombia, y las embajadas de Irlanda y Noruega. Estos organismos aseguraron que seguirán brindando su apoyo para facilitar las vías que reduzcan la violencia en los territorios, dando a entender que las vías de diálogo son la única salida para acabar con tanta barbarie.
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Los asesinatos que detonaron la crisis
El documento llega tan solo un par de días después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) aseguró que esta matanza es un atentado a la paz y una violación evidente al Derecho Internacional Humanitario.
“Desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo. La población colombiana no tolera más sangre derramada”, agregó esta oficina del gobierno que encabeza los diálogos de paz con este y otros grupos armados.
El asesinato de estos jóvenes detonó la suspensión del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y esta facción guerrillera. El pasado 21 de mayo no dejó de sorprender la respuesta del EMC que contrario a reconocer este crimen y calificarlo como una situación irremediable, manifestaron en un comunicado que la decisión del presidente Gustavo Petro de acabar con el pacto de no agresión que ya se tenía, podría desencadenar más violencia.
“El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, agregaron.
Para Petro, lo sucedido con los jóvenes indígenas de Putumayo en el sur de Caquetá fue un “hecho atroz”.
El jefe de Estado comentó que no había justificación alguna para cometer ese crimen, pero que en la mesa de diálogos que no pierde vigencia se discutirá a la mayor brevedad posible cuáles pueden ser las rutas para “un fortalecimiento del cese de hostilidades” que tenga un alcance territorial en el sur de Colombia, haciendo referencia a la ola de violencia que se ha evidenciado allí en las últimas semanas.
Lea el comunicado completo:
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Hasta la fecha, las investigaciones por la muerte de estos jóvenes siguen en cabeza de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organismos que en los últimos tres días han enviado delegaciones hasta la comunidad Guaquira (asentamiento originario de las víctimas, en el municipio de Puerto Leguízamo) y hasta las zonas fronterizas con el departamento de Caquetá, a la altura del municipio de Solano, donde se habría perpetrado la acción violenta de la guerrilla.