Van 163 líderes asesinados: Gobierno busca proyectos para protegerlos

En lo corrido de 2024, 163 líderes y lideresas han sido asesinados en Colombia. A ese número se suma la muerte de al menos 138 defensores de derechos humanos y, (hasta septiembre), la de 79 defensores ambientales, que convirtieron al país en el de mayor cifras de asesinatos de este tipo de liderazgos.

En un esfuerzo por responder a las persistentes vulneraciones de derechos humanos y las brechas protección de los líderes y líderesas de las zonas más afectadas por el conflicto armado, el Ministerio del Interior lanza este martes, justamente el Día de los Derechos Humanos, su convocatoria 2024 del Banco de Proyectos para Comunidades.

La iniciativa, respaldada con un presupuesto de cerca de $39.000 millones, es parte de una estrategia integral que reconoce las limitaciones históricas del modelo de protección estatal basado en medidas “securitizadas”. Escoltas, vehículos blindados y esquemas de vigilancia han demostrado ser insuficientes para garantizar la seguridad en regiones rurales donde el conflicto armado, la violencia y la ausencia estatal son realidades cotidianas.

El programa, creado por la Dirección de Derechos Humanos de ese Ministerio, busca financiar 659 iniciativas enfocadas en la protección y autoprotección de derechos fundamentales, promoviendo la participación de comunidades, organizaciones sociales y entidades territoriales en la construcción de soluciones sostenibles.

Además, busca alinearse con lo previsto en el Decreto 660 de 2018, que nació justamente del Acuerdo de Paz de 2016 y que, según datos de esa Dirección, le había faltado una real implementación. “Cuando llegamos al Gobierno, la principal apuesta del Acuerdo de Paz en protección colectiva era este decreto, pero solo tenía 42 organizaciones beneficiarias a lo largo de más de seis años de implementación”, explicó a Colombia+20 Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En muchas regiones el Estado enfrenta dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades, especialmente en zonas controladas por grupos armados. En este sentido, el banco de proyectos se enmarca dentro de una estrategia integral de “seguridad humana”, que busca transformar los territorios mediante la presencia estatal en educación, infraestructura y desarrollo económico, complementada con los diálogos de paz en curso.

Además: Video: ‘Calarcá’, jefe disidente de FARC, habla de ruptura con ‘Mordisco’ y paz total

“No solamente se trata de proteger a un individuo, sino a toda una comunidad, porque los riesgos no son solamente homicidios, hay riesgos de combates, de confinamientos, desplazamiento y reclutamiento. Las autoridades pueden llegar tarde, y este banco quiere al menos tratar de tener otras medidas de prevención, de fortalecimiento de las organizaciones y de su capacidad de denuncia, así como fortalecer a los liderazgos, porque ellos cumplen un rol importantísimo en la resolución de conflictos”, señaló Castañeda.

Sobre qué tipo de proyectos podrían presentarse, Castañeda indicó que desde refugios comunitarios, alarmas colectivas o programas de formación dirigidos a jóvenes que no solamente busquen proteger físicamente a las comunidades, sino también ofrecer alternativas sostenibles que promuevan la convivencia pacífica.

“Por ejemplo, pensemos en una zona X del país donde hay alta conflictividad y que esté a la orilla del río. En esas zonas normalmente hay refugios comunitarios en los cascos urbanos, porque la mayor parte de la gente puede vivir más en la zona rural. Cuando se presentan combates, la gente va a ese casco urbano y llega a esos refugios que están autoconstruidos, no tienen recursos asignados y muchas veces son los que nos ayudan a brindar alimentación o una cama a las personas que se desplazan. Otro ejemplo puede ser las alarmas, programas deportivos, extracurriculares, culturales”, afirmó.

El presupuesto presentará distribuido en nueve líneas de inversión específicas. Entre estas se destacan iniciativas para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de comunidades LGBTIQ+ y la implementación de planes integrales de prevención en territorios rurales.

“Hay un incremento de afectación a las mujeres lideresas, y con ello hay una afectación fuertísima hacia las comunidades y hacia el rol de las mujeres en las comunidades principalmente rurales. Estamos invitando a las organizaciones de mujeres para que puedan presentar sus iniciativas, a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones de la población LGBTIQ+. Por ejemplo, ellas tienen casas de acogida a mujeres trans o LGBTIQ+, que muchas veces los actores armados las persiguen, o los persiguen por básicamente su orientación y sus preferencias sexuales”, detalló Castañeda.

Adicionalmente, se priorizan las propuestas que provienen de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), identificados como los más afectados por el conflicto armado. También se incluye un enfoque diferencial, que reconoce las necesidades particulares de lideresas, indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Solo se aceptarán proyectos de organizaciones sociales con personería jurídica, esto, según explicó Castañeda, para hacer una mejor trazabilidad de los recursos asignados.

Las organizaciones seleccionadas tendrán un período de uno a tres meses para implementar sus iniciativas, bajo la supervisión del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). El PNUD no solo garantiza la transparencia en la ejecución de los fondos, sino que también proporciona asistencia técnica a las comunidades a través de dos mecanismos: un acuerdo de subvención (es decir, entrega del monto de financiación a medida que se van implementando las medidas para el proyecto) o por compras y adquisiciones directas de equipos, bienes y/o elementos directamente a las organizaciones beneficiarias.

Lea también: ¿Cuáles son las bandas criminales con las que Petro tiene un diálogo de paz en Quibdó?

“Este banco de proyectos es solo para colectivos, organizaciones. Hay una limitante porque la organización debe tener su personería jurídica. Es la forma como nosotros tenemos de confirmar que la organización existe. Hemos hecho un esfuerzo por flexibilizar los documentos que se piden, pero hay unos mínimos legales que no nos podemos saltar, estos son recursos públicos y sagrados a los que debemos hacer una debida trazabilidad y seguimiento”, aseguró.

La convocatoria de este año, que es la tercera que se publica, cierra el 26 de enero. Se puede inscribir en www.mininterior.gov.co/banco-de-proyectos-para-derechos-humanos. Los resultados se publicarán el próximo 31 de marzo.

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com

En lo corrido de 2024, 163 líderes y lideresas han sido asesinados en Colombia. A ese número se suma la muerte de al menos 138 defensores de derechos humanos y, (hasta septiembre), la de 79 defensores ambientales, que convirtieron al país en el de mayor cifras de asesinatos de este tipo de liderazgos.

En un esfuerzo por responder a las persistentes vulneraciones de derechos humanos y las brechas protección de los líderes y líderesas de las zonas más afectadas por el conflicto armado, el Ministerio del Interior lanza este martes, justamente el Día de los Derechos Humanos, su convocatoria 2024 del Banco de Proyectos para Comunidades.

La iniciativa, respaldada con un presupuesto de cerca de $39.000 millones, es parte de una estrategia integral que reconoce las limitaciones históricas del modelo de protección estatal basado en medidas “securitizadas”. Escoltas, vehículos blindados y esquemas de vigilancia han demostrado ser insuficientes para garantizar la seguridad en regiones rurales donde el conflicto armado, la violencia y la ausencia estatal son realidades cotidianas.

El programa, creado por la Dirección de Derechos Humanos de ese Ministerio, busca financiar 659 iniciativas enfocadas en la protección y autoprotección de derechos fundamentales, promoviendo la participación de comunidades, organizaciones sociales y entidades territoriales en la construcción de soluciones sostenibles.

Además, busca alinearse con lo previsto en el Decreto 660 de 2018, que nació justamente del Acuerdo de Paz de 2016 y que, según datos de esa Dirección, le había faltado una real implementación. “Cuando llegamos al Gobierno, la principal apuesta del Acuerdo de Paz en protección colectiva era este decreto, pero solo tenía 42 organizaciones beneficiarias a lo largo de más de seis años de implementación”, explicó a Colombia+20 Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

En muchas regiones el Estado enfrenta dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades, especialmente en zonas controladas por grupos armados. En este sentido, el banco de proyectos se enmarca dentro de una estrategia integral de “seguridad humana”, que busca transformar los territorios mediante la presencia estatal en educación, infraestructura y desarrollo económico, complementada con los diálogos de paz en curso.

Además: Video: ‘Calarcá’, jefe disidente de FARC, habla de ruptura con ‘Mordisco’ y paz total

“No solamente se trata de proteger a un individuo, sino a toda una comunidad, porque los riesgos no son solamente homicidios, hay riesgos de combates, de confinamientos, desplazamiento y reclutamiento. Las autoridades pueden llegar tarde, y este banco quiere al menos tratar de tener otras medidas de prevención, de fortalecimiento de las organizaciones y de su capacidad de denuncia, así como fortalecer a los liderazgos, porque ellos cumplen un rol importantísimo en la resolución de conflictos”, señaló Castañeda.

Sobre qué tipo de proyectos podrían presentarse, Castañeda indicó que desde refugios comunitarios, alarmas colectivas o programas de formación dirigidos a jóvenes que no solamente busquen proteger físicamente a las comunidades, sino también ofrecer alternativas sostenibles que promuevan la convivencia pacífica.

“Por ejemplo, pensemos en una zona X del país donde hay alta conflictividad y que esté a la orilla del río. En esas zonas normalmente hay refugios comunitarios en los cascos urbanos, porque la mayor parte de la gente puede vivir más en la zona rural. Cuando se presentan combates, la gente va a ese casco urbano y llega a esos refugios que están autoconstruidos, no tienen recursos asignados y muchas veces son los que nos ayudan a brindar alimentación o una cama a las personas que se desplazan. Otro ejemplo puede ser las alarmas, programas deportivos, extracurriculares, culturales”, afirmó.

El presupuesto presentará distribuido en nueve líneas de inversión específicas. Entre estas se destacan iniciativas para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de comunidades LGBTIQ+ y la implementación de planes integrales de prevención en territorios rurales.

“Hay un incremento de afectación a las mujeres lideresas, y con ello hay una afectación fuertísima hacia las comunidades y hacia el rol de las mujeres en las comunidades principalmente rurales. Estamos invitando a las organizaciones de mujeres para que puedan presentar sus iniciativas, a las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones de la población LGBTIQ+. Por ejemplo, ellas tienen casas de acogida a mujeres trans o LGBTIQ+, que muchas veces los actores armados las persiguen, o los persiguen por básicamente su orientación y sus preferencias sexuales”, detalló Castañeda.

Adicionalmente, se priorizan las propuestas que provienen de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), identificados como los más afectados por el conflicto armado. También se incluye un enfoque diferencial, que reconoce las necesidades particulares de lideresas, indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Solo se aceptarán proyectos de organizaciones sociales con personería jurídica, esto, según explicó Castañeda, para hacer una mejor trazabilidad de los recursos asignados.

Las organizaciones seleccionadas tendrán un período de uno a tres meses para implementar sus iniciativas, bajo la supervisión del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). El PNUD no solo garantiza la transparencia en la ejecución de los fondos, sino que también proporciona asistencia técnica a las comunidades a través de dos mecanismos: un acuerdo de subvención (es decir, entrega del monto de financiación a medida que se van implementando las medidas para el proyecto) o por compras y adquisiciones directas de equipos, bienes y/o elementos directamente a las organizaciones beneficiarias.

Lea también: ¿Cuáles son las bandas criminales con las que Petro tiene un diálogo de paz en Quibdó?

“Este banco de proyectos es solo para colectivos, organizaciones. Hay una limitante porque la organización debe tener su personería jurídica. Es la forma como nosotros tenemos de confirmar que la organización existe. Hemos hecho un esfuerzo por flexibilizar los documentos que se piden, pero hay unos mínimos legales que no nos podemos saltar, estos son recursos públicos y sagrados a los que debemos hacer una debida trazabilidad y seguimiento”, aseguró.

La convocatoria de este año, que es la tercera que se publica, cierra el 26 de enero. Se puede inscribir en www.mininterior.gov.co/banco-de-proyectos-para-derechos-humanos. Los resultados se publicarán el próximo 31 de marzo.

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com