Así falló el Gobierno Duque en su intento de regresar a la aspersión con glifosato

En respuesta al fallo de la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque sostuvo que en el país no se pueden limitar las herramientas contra los cultivos de uso ilícito.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Estamos total y absolutamente listos. Los aviones están funcionando todos; los pilotos inician contratos en el curso de los próximos días y van a entrar a entrenamiento”. Las palabras las dijo el 16 de octubre de 2019 Guillermo Botero, primer ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, en un debate en el Congreso. En sus declaraciones, daba a entender que el regreso de la aspersión aérea con glifosato a Colombia para los cultivos de coca era inminente y una cuestión de semanas. Para esa fecha, ya había anunciado varias veces que el Gobierno estaba próximo a retomar esa fumigación y que era un hecho.

Esa había sido la promesa bandera de Iván Duque en su carrera a la presidencia y durante sus primeros meses en la Casa de Nariño: retomar la aspersión, suspendida en el país en 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud catalogó el glifosato como posiblemente cancerígeno. Sin embargo, para lograrlo, debía surtir una serie de requisitos que impuso la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017.

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El trámite oficial para que regresara esa práctica al país inició exactamente el 30 de diciembre de 2019. Ese día, el Gobierno Duque se movió en dos vías claves: por un lado, publicó el proyecto de decreto que reglamentaba el programa de aspersión, y, por el otro, inició ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el trámite para modificar el plan de manejo ambiental (PMA) del programa de fumigación.

“El hecho de que ellos plantearan la promesa de arrancar en cualquier momento era un desconocimiento de la complejidad de las órdenes que tenían que cumplir para poder hacerlo. En estos tres años, lo que hicieron para cumplir esas órdenes quedó muy mal hecho y eso se lo advertimos desde las organizaciones, las comunidades, y expertos internacionales. El proceso estaba quedando viciado”, sostiene Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas en Dejusticia, una de las entidades que más activamente vigiló el trámite del Gobierno.

Uno de esos vicios, que terminó siendo determinante en la decisión de la Corte Constitucional que se conoció esta semana, fue el de la participación en el proceso de las comunidades de los 104 municipios de los seis núcleos geográficos en donde se pretendía asperjar. En marzo de 2020 entró la pandemia por el Covid-19, cuando estaba pendiente una audiencia pública que varias organizaciones, entre ellas Dejusticia, le pidieron a la ANLA en el trámite del plan de manejo ambiental. Por las condiciones de la pandemia, esa agencia decidió convocar la audiencia de forma virtual.

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“El Gobierno empieza a dar los pasos de forma muy cuidadosa para no contrariar los requerimientos de la Corte, pero se encuentra con la situación de Covid-19. Con una presión grandísima del gobierno Trump y la convicción de que la fumigación era una herramienta contra los cultivos, el Gobierno tenía que empezar a asperjar a toda costa. La única opción que le quedaba realmente era hacer la audiencia virtual. Porque con esa presión ¿un gobierno decir “espero hasta que el covid-19 pase para poder hacerlo”? No creo”, sostiene por su parte Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.

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Inicialmente la audiencia se citó para el 27 de mayo de 2020, pero comunidades campesinas del municipio de Policarpa (Nariño) la tutelaron argumentando que, de forma virtual, no se garantizaba la participación de las comunidades. En primera y segunda instancia un juzgado de Pasto y el Tribunal de Nariño les dieron la razón y la audiencia fue suspendida. Paralelamente, 93 organizaciones sociales, campesinas y étnicas – entre ellas el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) o la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) – presentaron por su parte otra tutela contra esa audiencia.

El tiempo seguía corriendo y el año 2020 se fue tratando de sacar adelante esa audiencia. La ANLA, en respuesta a los fallos, la convocó de nuevo para el primero de septiembre de ese año. Entre tanto, Carlos Holmes Trujillo, segundo ministro de Defensa de este Gobierno, declaraba que el regreso de la aspersión era inminente y que además tendría un efecto positivo sobre las masacres. Lo decía después de las masacres de Samaniego y Llano Verde, que levantaron la indignación en el país. Sin embargo, la audiencia fue de nuevo suspendida pues no cumplía con las garantías de participación.

Por tercera vez, la ANLA convocó la audiencia para el 19 de diciembre de 2020, cuando finalmente se hizo. Y luego de la audiencia, cuando el Gobierno se aprestaba a meter el acelerador al proceso, apareció otro nuevo revés: en enero de 2021, una tutela de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda, logró que el Tribunal Superior de Pasto suspendiera la resolución 001 del Ministerio del Interior que certificaba que en los seis núcleos a asperjar no era necesaria la consulta previa porque no había allí comunidades étnicas.

Entre tanto, otro elemento trascendental se sumó en el plano internacional: el 20 de enero de 2021 Joseph Biden se posesionó como presidente de Estados Unidos. Con él, la presión por volver a asperjar era distinta y tenía más fuerza su posición de respetar el Acuerdo de Paz.

Tras su posesión fueron varios los llamados que se le hicieron al nuevo mandatario para que no apoyara la fumigación con glifosato. Uno de ellos fue el de 150 académicos de Colombia y otros países que le pidieron a Biden rechazar esa práctica contra los cultivos de coca. Otro, el de 25 organizaciones de corte internacional que le dijeron al presidente de Estados Unidos: “apoyar la fumigación con glifosato envía un mensaje de crueldad”.

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A esos llamados se sumó una contundente misiva de siete relatores de las Naciones Unidas al presidente Duque: el de Sustancias Tóxicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el del Derecho a la Alimentación, la del Derecho a la Salud, la de la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En conjunto, le dijeron al mandatario:

“La propuesta del Gobierno de reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato supondría enormes riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, a la vez que no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia. La propuesta también violaría el punto cuarto del Acuerdo Final para la Paz”.

En contra de esa oleada de rechazo a la fumigación con el herbicida, en abril de 2021, con apenas dos días de diferencia, se emitieron dos documentos fundamentales en el trámite. El 12 de abril el Gobierno expidió oficialmente el decreto que reglamentaba el programa de aspersión y luego, el 14, la ANLA aprobó el plan de manejo ambiental de la Policía para iniciar el programa.

Con esas decisiones, parecía despejado el panorama para poner en marcha las avionetas. Sin embargo, poco se sabía públicamente de los otros dos requisitos necesarios para que finalmente el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) sesionara y le diera luz verde al programa: un estudio de riesgos en salud y uno de afectaciones al medio ambiente. Del primero se sabe que el Ministerio de Salud lo encargó a la Universidad de Córdoba, pero ese documento ha recibido poca o nula socialización. Del estudio sobre el medio ambiente públicamente no se ha sabido nada.

Mientras el Gobierno Duque seguía adelante con su cronograma, las tres tutelas que habían presentado las organizaciones campesinas de Policarpa y la de las 93 organizaciones sociales contra el trámite en la ANLA llegaron a la Corte Constitucional y fue por esa revisión por la que se emitió la sentencia T-413 del 29 de noviembre de 2021, que se conoció el pasado miércoles 19 de enero.

En el fallo, la Corte Constitucional tumbó la resolución 001 del Ministerio del Interior que decía que no era necesaria la consulta previa y tumbó también el Plan de Manejo Ambiental que había aprobado la ANLA. En cambio, ordenó que en un año las autoridades adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que tienen presencia en cada uno de los seis núcleos donde se pretende asperjar. Además, a la ANLA le ordenó que en 15 días reprograme las reuniones informativas y la audiencia pública para el trámite del plan de manejo ambiental. Con esos tiempos, se hace prácticamente irrealizable que el Gobierno Duque logre iniciar la aspersión aérea en los menos de siete meses que le quedan de Gobierno.