Así llegaron las Farc a la mesa de negociaciones hace ocho años

Desde los inicios de la década del 2000, las Farc sufrieron el impacto de cuatro variables que cambiarían el curso de la guerra en Colombia e incidirían tarde o temprano en su decisión de iniciar un proceso de paz. En primer lugar, los avances en materia de políticas de seguridad, sobre todo a partir del fortalecimiento de las FF. MM. con el denominado Plan Colombia y luego con las políticas de seguridad implementadas en las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010). En segundo lugar, por la expansión de los grupos paramilitares desde mediados de los noventas y hasta el fin de su desmovilización en 2006. En tercer lugar, el progresivo rechazo a sus acciones y métodos por parte de sectores mayoritarios de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Y, en cuarto lugar, una postura unificada de la comunidad internacional sobre el abandono de la lucha armada.

Tres factores interrelacionados son relevantes respecto a las políticas de seguridad. En primer lugar, por las estrategias de control territorial para reducir la presencia de las Farc en varias regiones del país, incluyendo operaciones ofensivas de la Fuerza Pública y otros programas del Estado, que, junto al fortalecimiento militar y policial, y sumado al aumento de las capacidades de inteligencia (vía Plan Colombia y otros apoyos internacionales), permitieron por primera vez en la historia, que máximos comandantes de la organización, integrantes de su Secretariado, resultaran muertos en el contexto de la confrontación. Luego de 43 años de existencia, las Farc sufrieron la muerte de un primer integrante del Secretariado, «Raúl Reyes», quien murió en 2007 luego de un bombardeo en territorio ecuatoriano. Posteriormente, murió por causas naturales su fundador «Manuel Marulanda» o «Tirofijo». Más adelante fue asesinado por sus propios hombres «Iván Ríos», murió Jorge Briceño, conocido como «Mono Jojoy» en 2010 y, finalmente, en plena fase de intercambios secretos en 2011, murió «Alfonso Cano», que para esa época era el máximo comandante de las Farc.

Esto sin contar los comandantes de frente que en este periodo resultaron muertos por acción de la Fuerza Pública. En segundo lugar, el fortalecimiento de la política de desmovilización individual. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2010, 15.542 integrantes de las Farc habían desertado del grupo y se habían entregado a las autoridades trayendo consigo mucha información y secretos de la organización. Y el último factor, derivado de los dos anteriores, fue el notable conocimiento acumulado sobre el accionar de las Farc gracias a las unidades estatales de inteligencia —la Policía Nacional y las FF. MM.—, a los datos suministrados por los desmovilizados y a la información contenida en computadores que eran incautados en cada operación militar desarrollada. ¿Qué pasaba con los otros actores del conflicto en Colombia? Para ese momento y una vez conocido el proceso de intercambios entre Gobierno y las Farc en 2012, el ELN, evaluaba la posibilidad de desarrollar su propio proceso. Con la presencia de países «garantes» similares (Noruega, Cuba y Venezuela), en el primer semestre de 2011 el Secretariado de las Farc debatía internamente sobre la necesidad de contarle al ELN sobre su proceso, pues veían como inevitable que, por vía de Cuba o Venezuela, se enteraran. En septiembre de 2012, ya con el Acuerdo General firmado por las Farc, dirigencias de ambos grupos se reunieron en Venezuela. «Timoleón Jiménez» representando a las Farc y «Gabino» al ELN, acordaron poner en marcha el proceso para reactivar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), un nuevo esfuerzo de articulación entre ambas guerrillas.

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Esta reunión sirvió también para oficializar un periodo de distensión entre diversas estructuras de ambas guerrillas que desde 2005, y en varias zonas del país, habían estado en confrontación. Sin embargo, y por distintos motivos, el proceso de acercamiento entre el ELN y el Gobierno se retrasó respecto al de las Farc y las posibilidades reales de poder juntar ambos procesos se alejaban. Con el proceso del ELN en marcha y por instrucciones del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la delegación gubernamental para los diálogos exploratorios le propuso a la Delegación del ELN, en esos momentos liderada por su segundo comandante «Antonio García», que viajara a La Habana para conocer los acuerdos parciales alcanzados con las Farc. En la reunión, que se daría finalmente entre finales de junio e inicios de julio de 2014, ambos grupos reconocieron los rumbos distintos que parecían tener sus respectivos procesos de conversaciones con el Gobierno.

Otro factor importante de este contexto era el inicio del proceso de La Habana y los impactos en los grupos de crimen organizado que se habían creado luego de la desmovilización de los paramilitares. En 2013, el denominado «Clan del Golfo» o «Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)» analizaba que la posible D&A (Dejación de Armas y Acreditación) de las Farc era la principal amenaza para su supervivencia, no solo porque la acción militar recaería sobre ellos con mayor fuerza, sino porque de implementarse el acuerdo ya no habría espacio social para su discurso y accionar. De igual modo, excomandantes paramilitares, muchos de ellos recluidos en cárceles, empezaron desde 2013 a enviar misivas a las Farc pidiendo espacio en la agenda con la pretensión de abrir un debate sobre el «neoparamilitarismo».

Por último, con el antecedente de una diplomacia activa de los distintos gobiernos colombianos —iniciado por Andrés Pastrana y seguidos por todos sin excepción—, combinada con el apoyo militar de los Estados Unidos a través de la lucha contra las drogas y la configuración de Ecuador y Venezuela como retaguardias estratégicas para las Farc, se agregaron nuevos ingredientes que motivarían una salida política con las Farc. Desde 2007 y hasta el inicio de la negociación con las Farc en 2012, distintos mandatarios latinoamericanos de izquierda empezaron a reconocer públicamente que «no son tiempos para levantar las armas» y que «el tiempo de los fusiles ya pasó», o a preguntarse «¿Qué futuro tiene una guerrilla que combate un Gobierno democrático, al menos en apariencia, y que no tiene ningún apoyo popular en el siglo XXI?». Adicional a esto, el 20 de octubre de 2011, la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunciaba en España, a través de un comunicado escrito y en video, «el cese definitivo de la actividad armada».

Es bajo este contexto general que las Farc accedieron a iniciar una fase de intercambios secretos (Fase Secreta) que tuvieron lugar entre septiembre de 2010 y febrero de 2012, en cabeza del presidente Santos y su alto asesor para la seguridad nacional, Sergio Jaramillo, quien luego sería designado como alto comisionado para la paz y negociador en La Habana. Este proceso se dio sin cese al fuego. En noviembre de 2011 y en medio de los acercamientos, fue abatido el primer comandante de las Farc, «Alfonso Cano» y tomó el liderazgo Rodrigo Londoño «Timochenko». De igual modo, resultaron muertos varios comandantes de diferentes frentes como consecuencia de la confrontación militar. Según datos oficiales, desde el inicio de la Fase Exploratoria y hasta el cierre de la negociación en 2016, el Estado colombiano desarrolló doscientas sesenta y cuatro operaciones contra las Farc donde resultaron muertos Gobiernos latinoamericanos se pronuncian en contra de la actividad guerrillera trescientos tres guerrilleros de base, seis integrantes del Estado Mayor Central y veintiséis comandantes de frente.

Desde la misma Fase Secreta, y durante la Fase Exploratoria el tema de las armas de las Farc fue un punto central, entendido por el Gobierno como la mejor traducción de su idea del «fin del conflicto». Fue lo que, en su momento el alto comisionado para la paz y arquitecto del proceso por parte del Gobierno, Sergio Jaramillo, denominó la narrativa que le daba un sentido de dirección al proceso de paz y establecía claros límites a la negociación. Con la noción de fin del conflicto el Gobierno buscaba que se estableciera que el proceso, a diferencia de todos los anteriores, debería incluir un punto sobre el desarme. También significaba, en línea con la idea de «fin del conflicto» de las Farc, que no era suficiente la terminación de la confrontación armada sino su no repetición, de la mano de la implementación de todos otros puntos de una eventual agenda de conversaciones. Finalmente, esta narrativa del fin del conflicto fue el argumento principal para aceptar o rechazar una infinidad de temas propuestos por las Farc, en donde solo serían aceptados los que tuvieran relación directa con el conflicto y su no repetición, cuestión que desde luego no fue nada fácil.

Con este marco, ambas delegaciones se encontraron a partir del 23 de febrero de 2012 en La Habana para iniciar una Fase Exploratoria que tenía, entre otros fines, llegar a un Acuerdo Marco que estableciera la agenda de negociación y que permitieran al gobierno identificar la real voluntad de paz de las Farc. Las Farc seleccionaron a seis de sus integrantes, incluyendo a un integrante del Secretariado y dos del Estado Mayor Central, y el Gobierno integró su delegación con seis personas, en cabeza del alto asesor de seguridad nacional y un hermano del presidente Santos. Para ese momento, las Farc contaban con casi nueve mil integrantes en armas y eran la principal amenaza para la seguridad del país. El reto de lograr desarmar a esta organización constituía, sin duda, el mayor elemento de legitimidad para los escépticos del proceso y desde luego para los ciudadanos de a pie.

Las conversaciones iniciaron sin condiciones, pero con un gesto muy valioso de las Farc —la suspensión de los secuestros con fines económicos—, y en abril de ese mismo año, surgió el debate sobre el desarme de las Farc. La postura inicial de las Farc fue la de decir que «[…] sobre este punto no hay ni siquiera que consultar […] estamos aquí sentados porque tenemos armas […] para nosotros es inaceptable, porque para nosotros significa rendición, traición, a nosotros nos queda imposible».

El Gobierno respondió con su idea básica «[…] partimos de la base de que las Farc están dispuestas a transformarse en un partido político sin armas».

Este debate generó la primera y más importante de las crisis de la Fase Exploratoria, las conversaciones se suspendieron por más de tres semanas y es luego de la primera semana de mayo de 2012 que ambas delegaciones reinician los diálogos y acuerdan un texto, «Dejación de armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo con sus intereses» (punto 3 de la Agenda). A esta solución se llegó luego de que los Gobiernos garantes de esta fase (Noruega y Cuba) y el Gobierno de Venezuela ejercieran sus buenos oficios para aproximar a las partes y plantearle a las Farc que sin una redacción sobre este punto el Gobierno no continuaría en la Mesa y el proceso sería impresentable para la sociedad colombiana, «Uno de los momentos más importantes en la discusión sobre este punto se da en la tercera ronda de conversaciones en la Fase Exploratoria, cuando se incluye el concepto de dejación y la secuencia de este proceso, en donde se dice que sería integral y simultáneo y que empezaría tras la firma del Acuerdo Final, lo que definía la estructura de lo que sucedió posteriormente y evitó condicionar la dejación de armas. Y eso, sumado a la regla de hacer política sin armas y a los tiempos electorales, terminaron fijando el curso y los tiempos de este proceso».

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Desde luego, tal como hacía parte de los criterios iniciales, la dejación de armas, concepto que sería acuñado en el Acuerdo General (Agenda de Conversaciones), era un elemento central a la hora de entender y respetar la dignidad de las Farc en la Mesa, pero también de reconocer respeto a su trayectoria militar y política. Por tanto, era un tema complejo de abordar y de mucho cuidado a la hora de establecer los términos del acuerdo. Es decir, para ambas delegaciones era claro, usando las palabras de un facilitador de este proceso, que este «[…] no sería, pues, unas reuniones exploratorias y unos diálogos acerca de cómo las Farc harían dejación de las armas. No, la dejación de las armas sería un asunto de sindéresis política del proceso de negociación del conflicto armado y se produciría después de que se negociara y se firmara un pacto o Acuerdo Final».

De ahí que una primera lección que dejó este proceso estaba relacionada con el uso del lenguaje, sobre todo por ser un tema así de técnico y específico. Encontrar un lenguaje común que recogiera las expectativas y dignidades de las partes fue fundamental, «[…] un primer elemento para los negociadores que vayan a enfrentar este tipo de circunstancias en el futuro, es una técnica muy útil y es la búsqueda de un terreno lingüístico común, una retórica de encuentro, que para este caso eliminaría la controversia entre entregar las armas o no entregarlas y así, se acudió a la expresión de ‘dejación de armas’. Era un punto de encuentro para evitar que, a partir de esa discusión, en el inicio de las conversaciones, se generara un punto de rompimiento de las conversaciones».

Cuando el Acuerdo Marco o Acuerdo General fue conocido por el país y el mundo el 4 de septiembre de 2012, una buena parte de la atención, sobre todo desde la oposición, se centró en reconocer que por primera vez en su historia las Farc aceptaban conversar sobre su desarme como guerrilla. Inclusive el propio jefe de las Farc, Rodrigo Londoño «Timochenko», afirmó, en su primera entrevista luego del Acuerdo General, algo que causó gran impacto sobre todo en los comandantes guerrilleros más resistentes al Acuerdo: «[…] carecería de sentido iniciar un proceso encaminado a conseguir la terminación definitiva del conflicto, sin contemplar la dejación de armas como punto de llegada. Dejación de armas consiste en la abolición del empleo de la fuerza, de la apelación a cualquier tipo de violencias, para la consecución de fines económicos o políticos. Es un verdadero adiós a las armas».

En noviembre de 2012 inició la Fase Pública en cabeza de Humberto de la Calle como jefe negociador del Gobierno, y con «Iván Márquez» como jefe negociador de las Farc. Esta fase iniciaba también sin un cese al fuego entre las partes, hecho que recogía la experiencia de procesos anteriores, pero con una agenda que contemplaba la discusión sobre un Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y sobre Dejación de las armas. Desde la perspectiva del Gobierno, «[…] otro elemento estratégico era que para nosotros el cese al fuego definitivo debía coincidir con la firma del Acuerdo Final, entre otras cosas, porque el acuerdo se regía por el principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Varios sectores de la opinión presionaban para adelantar un cese al fuego, pero para nosotros era claro que, en el fondo, suspender la confrontación podría significar una especie de prolongación indefinida, una especie de institucionalización de la guerra, una especie de armisticio de largo aliento que no estábamos en condiciones de aceptar».

Iniciada esta fase, la narrativa sobre el fin del conflicto fue reiteradamente invocada como argumento tanto por el presidente de la República como por la Delegación de Gobierno colombiano. Sin embargo, es con el inicio de la discusión del punto dos de la agenda (Participación política) que el asunto de la D&A (Dejación de Armas y Acreditación) empezó a aparecer con mayor nitidez. Este punto implicaba, entre otros, las condiciones y garantías para que las Farc se convirtieran en partido político y sus integrantes pudieran hacer política sin armas. Al interior de la Delegación de Gobierno se fortalecía la idea del fin del conflicto: «[…] el fin del conflicto supone que nadie hace uso de las armas para defender sus ideas políticas, y quien hace política no es amenazado por la violencia», repetían constantemente en la Mesa el jefe de la Delegación y el alto comisionado para la paz.

La D&A adquirió importancia cuando, el 1 de agosto de 2013 la Mesa empezó a analizar propuestas de garantías de seguridad, que solo irían a ser abordadas una vez se discutiera el punto tres de la agenda, y que tuvo como protagonistas al general Óscar Naranjo por parte del Gobierno y a «Pablo Catatumbo» por parte de las Farc.

Con la entrada en escena de la discusión sobre D&A, el presidente Santos instruyó al ministro de defensa de ese entonces para que activara una mesa asesora del sector defensa para las conversaciones de paz, presidida por el propio ministro de defensa y compuesta por integrantes de todas las fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía). En julio de este mismo año esta mesa asesora presentó una propuesta sobre D&A a la Delegación de Gobierno que anticipaba la complejidad del debate sobre este tema.

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El 2 de agosto de 2013, «Iván Márquez» presentó un nuevo paquete de propuestas, donde se empezaba a abordar el tema de la D&A como elemento primordial de la futura participación política de los excombatientes.

En este punto lo simbólico empezó a cobrar importancia. Además de conectar la D&A como elemento esencial Se activa una mesa asesora del sector defensa con representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía para hablar de participación política, las Farc respondieron con una propuesta adicional presentada el 5 agosto de 2013, la de crear una Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto armado interno colombiano. Ante la dificultad de acordar un apellido para la noción del conflicto, las Farc proponían que una instancia por fuera de la Mesa debatiera sobre la naturaleza armada, política o social del conflicto al cual este proceso le quería dar fin. Pareciera que sin ese tipo de aclaraciones aún era impensable meterse de lleno a una discusión sobre la D&A. Como lo recuerda la experiencia internacional, «[…] el desarme y la desmovilización de grupos armados es un proceso intensamente político que involucra una serie de compensaciones tácticas e intervenciones simbólicas».

Dos elementos aparecerían en el contexto en clara conexión con la discusión de la D&A. Por un lado, las Farc proponían una discusión sobre la «doctrina de la seguridad nacional» como «obstáculo para alcanzar la paz» en un documento entregado por «Pablo Catatumbo» en octubre de 2013. Por otra parte, hacia finales de ese año se conocieron amenazas e intentos de desaparición contra la familia de la pareja de uno de los comandantes de las Farc, haciendo realidad uno de los miedos que cada combatiente tenía respecto a su futuro fuera de la guerrilla.

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Iniciando el año 2014 las Farc le propusieron al presidente Santos convocar a la Mesa a militares y policías activos para avanzar en la discusión del punto 3. Esta propuesta se tradujo en la creación de una subcomisión que solo se anunció hasta junio. En agosto de ese mismo año, quienes serían los delegados del Gobierno para esa subcomisión, se reunieron en Bogotá con el ministro de defensa y el mando militar y de policía para entender los alcances de su trabajo. De este modo, la Mesa entró de lleno a la discusión de la D&A. Sin embargo, la activación formal de esta subcomisión solo se daría hasta marzo de 2015.

De igual forma, en agosto de 2014 el presidente Santos ordenó crear dentro de la estructura de las FF. MM. el Comando Estratégico de Transición (COET), con el fin de garantizar una correcta preparación y participación de las FF. MM. en el proceso. El presidente designó a uno de los integrantes de la subcomisión técnica para dirigir a este Comando, el general Javier Flórez.

Desde los inicios de la década del 2000, las Farc sufrieron el impacto de cuatro variables que cambiarían el curso de la guerra en Colombia e incidirían tarde o temprano en su decisión de iniciar un proceso de paz. En primer lugar, los avances en materia de políticas de seguridad, sobre todo a partir del fortalecimiento de las FF. MM. con el denominado Plan Colombia y luego con las políticas de seguridad implementadas en las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010). En segundo lugar, por la expansión de los grupos paramilitares desde mediados de los noventas y hasta el fin de su desmovilización en 2006. En tercer lugar, el progresivo rechazo a sus acciones y métodos por parte de sectores mayoritarios de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Y, en cuarto lugar, una postura unificada de la comunidad internacional sobre el abandono de la lucha armada.

Tres factores interrelacionados son relevantes respecto a las políticas de seguridad. En primer lugar, por las estrategias de control territorial para reducir la presencia de las Farc en varias regiones del país, incluyendo operaciones ofensivas de la Fuerza Pública y otros programas del Estado, que, junto al fortalecimiento militar y policial, y sumado al aumento de las capacidades de inteligencia (vía Plan Colombia y otros apoyos internacionales), permitieron por primera vez en la historia, que máximos comandantes de la organización, integrantes de su Secretariado, resultaran muertos en el contexto de la confrontación. Luego de 43 años de existencia, las Farc sufrieron la muerte de un primer integrante del Secretariado, «Raúl Reyes», quien murió en 2007 luego de un bombardeo en territorio ecuatoriano. Posteriormente, murió por causas naturales su fundador «Manuel Marulanda» o «Tirofijo». Más adelante fue asesinado por sus propios hombres «Iván Ríos», murió Jorge Briceño, conocido como «Mono Jojoy» en 2010 y, finalmente, en plena fase de intercambios secretos en 2011, murió «Alfonso Cano», que para esa época era el máximo comandante de las Farc.

Esto sin contar los comandantes de frente que en este periodo resultaron muertos por acción de la Fuerza Pública. En segundo lugar, el fortalecimiento de la política de desmovilización individual. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2010, 15.542 integrantes de las Farc habían desertado del grupo y se habían entregado a las autoridades trayendo consigo mucha información y secretos de la organización. Y el último factor, derivado de los dos anteriores, fue el notable conocimiento acumulado sobre el accionar de las Farc gracias a las unidades estatales de inteligencia —la Policía Nacional y las FF. MM.—, a los datos suministrados por los desmovilizados y a la información contenida en computadores que eran incautados en cada operación militar desarrollada. ¿Qué pasaba con los otros actores del conflicto en Colombia? Para ese momento y una vez conocido el proceso de intercambios entre Gobierno y las Farc en 2012, el ELN, evaluaba la posibilidad de desarrollar su propio proceso. Con la presencia de países «garantes» similares (Noruega, Cuba y Venezuela), en el primer semestre de 2011 el Secretariado de las Farc debatía internamente sobre la necesidad de contarle al ELN sobre su proceso, pues veían como inevitable que, por vía de Cuba o Venezuela, se enteraran. En septiembre de 2012, ya con el Acuerdo General firmado por las Farc, dirigencias de ambos grupos se reunieron en Venezuela. «Timoleón Jiménez» representando a las Farc y «Gabino» al ELN, acordaron poner en marcha el proceso para reactivar la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), un nuevo esfuerzo de articulación entre ambas guerrillas.

También lea: ¿Se abre paso una mesa de negociación entre el gobierno de Duque y el ELN?

Esta reunión sirvió también para oficializar un periodo de distensión entre diversas estructuras de ambas guerrillas que desde 2005, y en varias zonas del país, habían estado en confrontación. Sin embargo, y por distintos motivos, el proceso de acercamiento entre el ELN y el Gobierno se retrasó respecto al de las Farc y las posibilidades reales de poder juntar ambos procesos se alejaban. Con el proceso del ELN en marcha y por instrucciones del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la delegación gubernamental para los diálogos exploratorios le propuso a la Delegación del ELN, en esos momentos liderada por su segundo comandante «Antonio García», que viajara a La Habana para conocer los acuerdos parciales alcanzados con las Farc. En la reunión, que se daría finalmente entre finales de junio e inicios de julio de 2014, ambos grupos reconocieron los rumbos distintos que parecían tener sus respectivos procesos de conversaciones con el Gobierno.

Otro factor importante de este contexto era el inicio del proceso de La Habana y los impactos en los grupos de crimen organizado que se habían creado luego de la desmovilización de los paramilitares. En 2013, el denominado «Clan del Golfo» o «Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)» analizaba que la posible D&A (Dejación de Armas y Acreditación) de las Farc era la principal amenaza para su supervivencia, no solo porque la acción militar recaería sobre ellos con mayor fuerza, sino porque de implementarse el acuerdo ya no habría espacio social para su discurso y accionar. De igual modo, excomandantes paramilitares, muchos de ellos recluidos en cárceles, empezaron desde 2013 a enviar misivas a las Farc pidiendo espacio en la agenda con la pretensión de abrir un debate sobre el «neoparamilitarismo».

Por último, con el antecedente de una diplomacia activa de los distintos gobiernos colombianos —iniciado por Andrés Pastrana y seguidos por todos sin excepción—, combinada con el apoyo militar de los Estados Unidos a través de la lucha contra las drogas y la configuración de Ecuador y Venezuela como retaguardias estratégicas para las Farc, se agregaron nuevos ingredientes que motivarían una salida política con las Farc. Desde 2007 y hasta el inicio de la negociación con las Farc en 2012, distintos mandatarios latinoamericanos de izquierda empezaron a reconocer públicamente que «no son tiempos para levantar las armas» y que «el tiempo de los fusiles ya pasó», o a preguntarse «¿Qué futuro tiene una guerrilla que combate un Gobierno democrático, al menos en apariencia, y que no tiene ningún apoyo popular en el siglo XXI?». Adicional a esto, el 20 de octubre de 2011, la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunciaba en España, a través de un comunicado escrito y en video, «el cese definitivo de la actividad armada».

Es bajo este contexto general que las Farc accedieron a iniciar una fase de intercambios secretos (Fase Secreta) que tuvieron lugar entre septiembre de 2010 y febrero de 2012, en cabeza del presidente Santos y su alto asesor para la seguridad nacional, Sergio Jaramillo, quien luego sería designado como alto comisionado para la paz y negociador en La Habana. Este proceso se dio sin cese al fuego. En noviembre de 2011 y en medio de los acercamientos, fue abatido el primer comandante de las Farc, «Alfonso Cano» y tomó el liderazgo Rodrigo Londoño «Timochenko». De igual modo, resultaron muertos varios comandantes de diferentes frentes como consecuencia de la confrontación militar. Según datos oficiales, desde el inicio de la Fase Exploratoria y hasta el cierre de la negociación en 2016, el Estado colombiano desarrolló doscientas sesenta y cuatro operaciones contra las Farc donde resultaron muertos Gobiernos latinoamericanos se pronuncian en contra de la actividad guerrillera trescientos tres guerrilleros de base, seis integrantes del Estado Mayor Central y veintiséis comandantes de frente.

Desde la misma Fase Secreta, y durante la Fase Exploratoria el tema de las armas de las Farc fue un punto central, entendido por el Gobierno como la mejor traducción de su idea del «fin del conflicto». Fue lo que, en su momento el alto comisionado para la paz y arquitecto del proceso por parte del Gobierno, Sergio Jaramillo, denominó la narrativa que le daba un sentido de dirección al proceso de paz y establecía claros límites a la negociación. Con la noción de fin del conflicto el Gobierno buscaba que se estableciera que el proceso, a diferencia de todos los anteriores, debería incluir un punto sobre el desarme. También significaba, en línea con la idea de «fin del conflicto» de las Farc, que no era suficiente la terminación de la confrontación armada sino su no repetición, de la mano de la implementación de todos otros puntos de una eventual agenda de conversaciones. Finalmente, esta narrativa del fin del conflicto fue el argumento principal para aceptar o rechazar una infinidad de temas propuestos por las Farc, en donde solo serían aceptados los que tuvieran relación directa con el conflicto y su no repetición, cuestión que desde luego no fue nada fácil.

Con este marco, ambas delegaciones se encontraron a partir del 23 de febrero de 2012 en La Habana para iniciar una Fase Exploratoria que tenía, entre otros fines, llegar a un Acuerdo Marco que estableciera la agenda de negociación y que permitieran al gobierno identificar la real voluntad de paz de las Farc. Las Farc seleccionaron a seis de sus integrantes, incluyendo a un integrante del Secretariado y dos del Estado Mayor Central, y el Gobierno integró su delegación con seis personas, en cabeza del alto asesor de seguridad nacional y un hermano del presidente Santos. Para ese momento, las Farc contaban con casi nueve mil integrantes en armas y eran la principal amenaza para la seguridad del país. El reto de lograr desarmar a esta organización constituía, sin duda, el mayor elemento de legitimidad para los escépticos del proceso y desde luego para los ciudadanos de a pie.

Las conversaciones iniciaron sin condiciones, pero con un gesto muy valioso de las Farc —la suspensión de los secuestros con fines económicos—, y en abril de ese mismo año, surgió el debate sobre el desarme de las Farc. La postura inicial de las Farc fue la de decir que «[…] sobre este punto no hay ni siquiera que consultar […] estamos aquí sentados porque tenemos armas […] para nosotros es inaceptable, porque para nosotros significa rendición, traición, a nosotros nos queda imposible».

El Gobierno respondió con su idea básica «[…] partimos de la base de que las Farc están dispuestas a transformarse en un partido político sin armas».

Este debate generó la primera y más importante de las crisis de la Fase Exploratoria, las conversaciones se suspendieron por más de tres semanas y es luego de la primera semana de mayo de 2012 que ambas delegaciones reinician los diálogos y acuerdan un texto, «Dejación de armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil —en lo económico, lo social y lo político—, de acuerdo con sus intereses» (punto 3 de la Agenda). A esta solución se llegó luego de que los Gobiernos garantes de esta fase (Noruega y Cuba) y el Gobierno de Venezuela ejercieran sus buenos oficios para aproximar a las partes y plantearle a las Farc que sin una redacción sobre este punto el Gobierno no continuaría en la Mesa y el proceso sería impresentable para la sociedad colombiana, «Uno de los momentos más importantes en la discusión sobre este punto se da en la tercera ronda de conversaciones en la Fase Exploratoria, cuando se incluye el concepto de dejación y la secuencia de este proceso, en donde se dice que sería integral y simultáneo y que empezaría tras la firma del Acuerdo Final, lo que definía la estructura de lo que sucedió posteriormente y evitó condicionar la dejación de armas. Y eso, sumado a la regla de hacer política sin armas y a los tiempos electorales, terminaron fijando el curso y los tiempos de este proceso».

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Desde luego, tal como hacía parte de los criterios iniciales, la dejación de armas, concepto que sería acuñado en el Acuerdo General (Agenda de Conversaciones), era un elemento central a la hora de entender y respetar la dignidad de las Farc en la Mesa, pero también de reconocer respeto a su trayectoria militar y política. Por tanto, era un tema complejo de abordar y de mucho cuidado a la hora de establecer los términos del acuerdo. Es decir, para ambas delegaciones era claro, usando las palabras de un facilitador de este proceso, que este «[…] no sería, pues, unas reuniones exploratorias y unos diálogos acerca de cómo las Farc harían dejación de las armas. No, la dejación de las armas sería un asunto de sindéresis política del proceso de negociación del conflicto armado y se produciría después de que se negociara y se firmara un pacto o Acuerdo Final».

De ahí que una primera lección que dejó este proceso estaba relacionada con el uso del lenguaje, sobre todo por ser un tema así de técnico y específico. Encontrar un lenguaje común que recogiera las expectativas y dignidades de las partes fue fundamental, «[…] un primer elemento para los negociadores que vayan a enfrentar este tipo de circunstancias en el futuro, es una técnica muy útil y es la búsqueda de un terreno lingüístico común, una retórica de encuentro, que para este caso eliminaría la controversia entre entregar las armas o no entregarlas y así, se acudió a la expresión de ‘dejación de armas’. Era un punto de encuentro para evitar que, a partir de esa discusión, en el inicio de las conversaciones, se generara un punto de rompimiento de las conversaciones».

Cuando el Acuerdo Marco o Acuerdo General fue conocido por el país y el mundo el 4 de septiembre de 2012, una buena parte de la atención, sobre todo desde la oposición, se centró en reconocer que por primera vez en su historia las Farc aceptaban conversar sobre su desarme como guerrilla. Inclusive el propio jefe de las Farc, Rodrigo Londoño «Timochenko», afirmó, en su primera entrevista luego del Acuerdo General, algo que causó gran impacto sobre todo en los comandantes guerrilleros más resistentes al Acuerdo: «[…] carecería de sentido iniciar un proceso encaminado a conseguir la terminación definitiva del conflicto, sin contemplar la dejación de armas como punto de llegada. Dejación de armas consiste en la abolición del empleo de la fuerza, de la apelación a cualquier tipo de violencias, para la consecución de fines económicos o políticos. Es un verdadero adiós a las armas».

En noviembre de 2012 inició la Fase Pública en cabeza de Humberto de la Calle como jefe negociador del Gobierno, y con «Iván Márquez» como jefe negociador de las Farc. Esta fase iniciaba también sin un cese al fuego entre las partes, hecho que recogía la experiencia de procesos anteriores, pero con una agenda que contemplaba la discusión sobre un Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y sobre Dejación de las armas. Desde la perspectiva del Gobierno, «[…] otro elemento estratégico era que para nosotros el cese al fuego definitivo debía coincidir con la firma del Acuerdo Final, entre otras cosas, porque el acuerdo se regía por el principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Varios sectores de la opinión presionaban para adelantar un cese al fuego, pero para nosotros era claro que, en el fondo, suspender la confrontación podría significar una especie de prolongación indefinida, una especie de institucionalización de la guerra, una especie de armisticio de largo aliento que no estábamos en condiciones de aceptar».

Iniciada esta fase, la narrativa sobre el fin del conflicto fue reiteradamente invocada como argumento tanto por el presidente de la República como por la Delegación de Gobierno colombiano. Sin embargo, es con el inicio de la discusión del punto dos de la agenda (Participación política) que el asunto de la D&A (Dejación de Armas y Acreditación) empezó a aparecer con mayor nitidez. Este punto implicaba, entre otros, las condiciones y garantías para que las Farc se convirtieran en partido político y sus integrantes pudieran hacer política sin armas. Al interior de la Delegación de Gobierno se fortalecía la idea del fin del conflicto: «[…] el fin del conflicto supone que nadie hace uso de las armas para defender sus ideas políticas, y quien hace política no es amenazado por la violencia», repetían constantemente en la Mesa el jefe de la Delegación y el alto comisionado para la paz.

La D&A adquirió importancia cuando, el 1 de agosto de 2013 la Mesa empezó a analizar propuestas de garantías de seguridad, que solo irían a ser abordadas una vez se discutiera el punto tres de la agenda, y que tuvo como protagonistas al general Óscar Naranjo por parte del Gobierno y a «Pablo Catatumbo» por parte de las Farc.

Con la entrada en escena de la discusión sobre D&A, el presidente Santos instruyó al ministro de defensa de ese entonces para que activara una mesa asesora del sector defensa para las conversaciones de paz, presidida por el propio ministro de defensa y compuesta por integrantes de todas las fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía). En julio de este mismo año esta mesa asesora presentó una propuesta sobre D&A a la Delegación de Gobierno que anticipaba la complejidad del debate sobre este tema.

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El 2 de agosto de 2013, «Iván Márquez» presentó un nuevo paquete de propuestas, donde se empezaba a abordar el tema de la D&A como elemento primordial de la futura participación política de los excombatientes.

En este punto lo simbólico empezó a cobrar importancia. Además de conectar la D&A como elemento esencial Se activa una mesa asesora del sector defensa con representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía para hablar de participación política, las Farc respondieron con una propuesta adicional presentada el 5 agosto de 2013, la de crear una Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto armado interno colombiano. Ante la dificultad de acordar un apellido para la noción del conflicto, las Farc proponían que una instancia por fuera de la Mesa debatiera sobre la naturaleza armada, política o social del conflicto al cual este proceso le quería dar fin. Pareciera que sin ese tipo de aclaraciones aún era impensable meterse de lleno a una discusión sobre la D&A. Como lo recuerda la experiencia internacional, «[…] el desarme y la desmovilización de grupos armados es un proceso intensamente político que involucra una serie de compensaciones tácticas e intervenciones simbólicas».

Dos elementos aparecerían en el contexto en clara conexión con la discusión de la D&A. Por un lado, las Farc proponían una discusión sobre la «doctrina de la seguridad nacional» como «obstáculo para alcanzar la paz» en un documento entregado por «Pablo Catatumbo» en octubre de 2013. Por otra parte, hacia finales de ese año se conocieron amenazas e intentos de desaparición contra la familia de la pareja de uno de los comandantes de las Farc, haciendo realidad uno de los miedos que cada combatiente tenía respecto a su futuro fuera de la guerrilla.

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Iniciando el año 2014 las Farc le propusieron al presidente Santos convocar a la Mesa a militares y policías activos para avanzar en la discusión del punto 3. Esta propuesta se tradujo en la creación de una subcomisión que solo se anunció hasta junio. En agosto de ese mismo año, quienes serían los delegados del Gobierno para esa subcomisión, se reunieron en Bogotá con el ministro de defensa y el mando militar y de policía para entender los alcances de su trabajo. De este modo, la Mesa entró de lleno a la discusión de la D&A. Sin embargo, la activación formal de esta subcomisión solo se daría hasta marzo de 2015.

De igual forma, en agosto de 2014 el presidente Santos ordenó crear dentro de la estructura de las FF. MM. el Comando Estratégico de Transición (COET), con el fin de garantizar una correcta preparación y participación de las FF. MM. en el proceso. El presidente designó a uno de los integrantes de la subcomisión técnica para dirigir a este Comando, el general Javier Flórez.