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El Gobierno y la disidencia de la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, lograron destrabar este fin de semana desde Tumaco, Nariño, el proceso de paz y anunciaron que el segundo ciclo se realizará la tercera semana de octubre en La Habana (Cuba).
La razón del congelamiento, que duró casi dos meses, era la exigencia que hizo el grupo armado hace unas semanas para que le sean levantadas las órdenes de captura con fines de extradición a Márquez. Esa petición no solo había parado las actividades de la mesa, sino que provocó el retraso en esa segunda ronda que debía haberse dado hace varias semanas.
El anuncio, que se hizo ante unas 5.000 personas que se congregaron en el Coliseo del Pueblo, se dio al término del “Encuentro por la paz y el desarrollo con justicia social del Pacífico nariñense y piedemonte costero”, que se realizó el sábado y domingo en Tumaco, que además reunió a ambas delegaciones con al menos 200 líderes de las comunidades y decenas de organizaciones sociales, campesinas, afros e indígenas.
Además, se anunció que en 15 días se hará una reunión con las comunidades para aterrizar la implementación de las propuestas que llevó la población, que se enfocaron en temas como transformación económica, seguridad, democracia, educación, ambiente y biodiversidad. En el encuentro no se habló de los avances en la georreferenciación, que había sido uno de los acuerdos del primer ciclo de junio en Caracas.
En diálogo con Colombia+20, Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en esa negociación, calificó de exitoso ese encuentro preparatorio y dijo que, aunque la exigencia sobre Márquez persiste, se logró que la mesa siga trabajando.
“Lo central aquí era superar los obstáculos que teníamos para hacer esta reunión y el segundo ciclo de La Habana. Teníamos sobre la mesa la exigencia del levantamiento de la orden de captura de Márquez y no era un reto fácil de superar. Logramos hacer el segundo ciclo sin condicionarse eso. Recalco que eso no significa que no debamos abordar el tema con claridad y prontitud, porque nosotros reconocemos que es muy importante que Iván Márquez tenga las condiciones del caso para poder acompañar a su delegación en las conversaciones (...) La participación de Márquez es prenda de garantía en ese proceso”, afirmó Novoa.
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Previamente, el consejero comisionado, Otty Patiño, también le dijo a este diario que el Gobierno nacional no descarta realizar las gestiones para el levantamiento de las órdenes.
“Lo de la petición de extradición depende de Estados Unidos y la posibilidad de que se libere la orden de captura depende de la Fiscalía y el Gobierno nacional, pero también está relacionado con el uso práctico que se haga de esa petición de extradición. Sabemos que Iván Márquez ha sobrevivido a varios ataques. Una suspensión de orden de captura no le garantiza que el Estado pueda comprometerse con su seguridad y que pueda moverse”, aseguró el consejero.
Estas declaraciones muestran un cambio o, al menos, una bajada de tono, sobre todo porque el pasado 14 de agosto, durante un debate de control político, Patiño dijo que esa petición era una “echada para atrás” en el proceso y que generaba una crisis porque la suspensión de la orden de captura no era posible, pues está pedido para extradición”. Eso sí, en las recientes declaraciones, Patiño insiste en que el tema son las garantías de seguridad para Márquez.
“No sabemos hasta dónde se le pueda amparar plenamente. De tal manera que creo que es algo más simbólico, pero nosotros estaremos dispuestos a tramitar eso una vez que este proceso esté un poquito más adelantado, que haya mucha más seguridad, más tranquilidad. Es decir, lo haremos aun haciendo la salvedad de que esa suspensión de la orden de captura por petición de extradición no surta el efecto de proteger su vida. Hay que ser claro en eso”, afirmó.
Por su parte, Andrés Allende, máximo comandante del Bloque Alfonso Cano y principal cabecilla de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que tiene control en Nariño, le dijo a Colombia+20 que esa disidencia había aceptado seguir adelante con las negociaciones no solo porque el Gobierno se había comprometido a seguir las gestiones para el tema de Márquez, sino porque entienden que se necesita que el proceso de paz avance.
“Iván Márquez es la cabeza visible de la Segunda Marquetalia, es el comandante en jefe; así que sí persistimos en esa petición, pero no estamos aferrados a que si no la suspenden no avanzamos. Esto sobre todo porque el Gobierno nos ha dado una esperanza y es que sigamos trabajando y hagamos otros ciclos, mientras se avanza en lo otro. Lo importante es que estamos haciendo todo el trabajo posible en los territorios, demostrando gestos de paz para que el Gobierno nacional pueda suspender esa orden de captura”, aseguró.
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Durante el evento de ayer en el Coliseo del Pueblo hubo varios pronunciamientos, entre ellos el de Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, quien afirmó que la “paz no tiene reversa en ese territorio”.
Escobar ha sido el principal promotor de los diálogos territoriales. En Nariño se están llevando a cabo dos procesos de paz simultáneos —el de Segunda Marquetalia y el de Comuneros del Sur— que, por ahora, ponen a ese departamento en el centro de la paz total.
Al evento de ayer se sumó el que hubo el jueves, en Samaniego, donde se realizó la firma del primer acuerdo con Comuneros del Sur, frente que se separó del ELN, donde se pactaron cuatro puntos claves, entre ellos que habrá zonas de concentración para el tránsito a la vida civil y la entrega de armas antes de diciembre. Asimismo, el grupo armado, bajo el mando de H. H., estableció sus primeros gestos de voluntad de paz como la suspensión de los secuestros, la suspensión del reclutamiento de menores de edad y del uso de minas antipersonales. El documento que firmaron también señala la implementación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación Eficaz. Y el fin de semana se llevó a cabo el encuentro de Tumaco.
Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de Segunda Marquetalia, invitó a los empresarios, ganaderos y políticos a que se sumen a las negociaciones y a la “apuesta de paz” que se está realizando con ese grupo armado.
“Queremos replicar esto en todo el territorio nacional. La paz es nacional, los cambios son nacionales”, dijo Mendoza en su intervención. Su mensaje no es menor si se tiene en cuenta que esa disidencia ha pedido en varias ocasiones que su mesa tenga carácter nacional y que no sea unida ni sumada con otros procesos, como lo sugirió el consejero comisionado, Otty Patiño, hace unas semanas.
Antes de ello, cientos de personas marcharon casi un kilómetro desde el parque de San Judas como muestra de apoyo a los diálogos que se llevan en la región. Las comunidades se coordinaron para usar camisetas blancas con diferentes frases: “Nariño, territorio de paz”; “Cese bilateral ya” y “Sin límites por la paz”, entre otros mensajes.
“Este pueblo que usted ve aquí hoy le pide, una vez más, al Gobierno y a los armados no solo que se sienten y acuerden, sino que cumplan. Lo que necesitamos es eso, que cumplan con las vías, con parar de reclutar, que cumplan con dejarnos vivir”, dijo a este diario Yazmín Mosquera, una de las marchantes.
Vías terciarias y las otras peticiones de las comunidades
El evento del domingo en el Coliseo del Pueblo de Tumaco estuvo precedido por varias reuniones de ambas delegaciones con al menos 200 líderes sociales. En esos encuentros estuvieron el consejero Patiño; la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller; el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras. Además, los acompañaron los representantes de los países garantes, la Misión de Verificación de la ONU y delegados de la Iglesia católica.
Por parte de la delegación de Segunda Marquetalia hubo varias ausencias; la más importante, la de Giovanny Andrés Rojas (conocido como Araña), jefe de los Comandos de Frontera, disidencia de FARC adscrita a la Segunda Marquetalia que, de acuerdo con información de las autoridades, es la que suma más recursos económicos producto del narcotráfico.
De acuerdo con Allende, la razón de la ausencia de Araña fue la falta de concreción de la fecha de esta reunión, que se cambió varias veces e impidió una mejor coordinación para el traslado de varios miembros de esa delegación.
La reunión del sábado tenía dos objetivos. Por un lado, presentar los resultados del primer ciclo de diálogos, que terminó el 30 de junio en Venezuela, entre los que se destaca la creación de una subcomisión técnica que se encargará de “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” donde esta disidencia hace presencia, y un cese unilateral al fuego.
El otro objetivo era que los pobladores presentaran sus ideas y propuestas de cara a los proyectos de transformación territorial que se quieren hacer en el marco de ese proceso de paz.
Para ello, tanto las delegaciones como los representantes de las comunidades se dividieron en cinco grupos para tratar temas como la transformación económica y social, la seguridad humana y paz territorial; el tercer grupo era sobre democracia y participación, otro más sobre educación y cultura de paz y el último sobre territorio, ambiente y biodiversidad.
Las peticiones de la población en cada uno de ellos versaron sobre temas como vías terciarias, acceso a salud y educación, entrega de tierras y el problema de territorios baldíos para pueblos afros e indígenas. También se habló de la participación en las mesas de diálogo y, por supuesto, de la seguridad en los territorios.
“Vemos con mucha preocupación que se abren mesas de paz con los grupos armados y luego se rompen esos diálogos dejando a la población en medio. El caso del ELN muestra eso. Las comunidades pedimos a gritos que esa mesa siga y, sobre todo, que el cese al fuego se reanude, porque somos nosotros los principales afectados de las confrontaciones”, dijo un líder social en uno de esos grupos de trabajo.
El gobernador Escobar coincidió en que el tema de la construcción de vías e infraestructura es prioridad para las comunidades y para él como autoridad regional.
“Lo que más pide la gente es cómo generar circuitos de integración para el desarrollo de la economía. Esos circuitos son las vías terciarias. Este es un departamento que casi en el 65 % del territorio está desintegrado y es allí donde se hacen posibles la coca y las economías ilegales. La gente está entendiendo que es necesaria la comunicación terrestre, aérea y fluvial, y la complementación de proyectos productivos. Sin duda, también la gente entiende que llevamos muchos años sin tener acueducto ni alcantarillado”, afirmó.
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La Segunda Marquetalia es una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, decidió retomar las armas. Liderada por Márquez, quien fue uno de los principales negociadores del proceso de paz en La Habana, esta facción argumenta que el Estado colombiano incumplió varios compromisos fundamentales del acuerdo, lo que los llevó a romper con el proceso.
El encuentro en Tumaco es significativo no solo por su carácter preparatorio para el segundo ciclo de diálogos, sino también por la participación activa de las comunidades locales.
Este enfoque territorial es uno de los elementos diferenciadores de la política de paz de Petro, que busca que las negociaciones no se limiten a las mesas, sino que incluyan a los territorios más afectados por el conflicto.
Tumaco, en particular, ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia y el narcotráfico, lo que subraya la importancia de su inclusión en el proceso.
La violencia contra líderes sociales, el control del narcotráfico y la minería ilegal son solo algunos de los problemas que las comunidades enfrentan a diario, y que el proceso de paz deberá abordar de manera efectiva si quiere tener un impacto real en la vida de estas personas.
La desconfianza hacia el Estado, alimentada por décadas de abandono y promesas incumplidas, también será un factor a tener en cuenta, ya que muchas comunidades han visto cómo procesos de paz anteriores han fracasado en transformar su realidad.
El evento en Tumaco, en este sentido, será un termómetro para medir la viabilidad de esa apuesta de paz territorial, al tiempo que permitirá a las comunidades evaluar el compromiso tanto del gobierno como de la Segunda Marquetalia con este proceso de paz.
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