Así va el Acuerdo de Paz: la apertura democrática está amenazada

Cada asesinato de un líder social o un excombatiente evidencia que la construcción de la democracia en Colombia no se ha terminado y tiene grandes amenazas. Hay antecedentes históricos que dan cuenta de cómo sectores políticos enteros fueron arrasados por los violentos que no estaban dispuestos a ceder poder: desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), pasando por el asesinato de 525 militantes del Partido Comunista, hasta el exterminio de la Unión Patriótica, en el que asesinaron a 4.153 integrantes de esa colectividad, según el propio Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Por eso, el Estado y las Farc dedicaron un punto del Acuerdo de Paz, que firmaron el 24 de noviembre de 2016, a establecer una serie de reformas para propiciar una apertura democrática.

(Lea también: Persecución contra el Partido Comunista llega a la JEP)

Lo implementado y lo que avanza

Una de las deudas históricas del Estado, que el Acuerdo de Paz subsanó, fue la expedición del Estatuto de Oposición. La Constitución que se promulgó en 1991 estipulaba que debían definirse ese conjunto de normas para los partidos y agrupaciones políticas que se declararan de oposición. Sin embargo, tardó 27 años en hacerse realidad.

“El Estatuto de la Oposición se ha venido implementando de una manera muy rigurosa”, resaltó el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Las otras dos personas consultadas para este artículo —Rodrigo Granda, integrante del partido FARC y de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), y Víctor Barrera, quien hizo parte de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo de Paz y ahora está escribiendo un libro sobre el punto 2— también destacaron la promulgación del Estatuto como uno de los compromisos que se ha cumplido.

Avanza la adjudicación de las emisoras comunitarias para organizaciones sociales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Todavía no se ha hecho ninguna adjudicación, pero está próxima a abrirse una etapa de manifestación de interés. Óscar García, subdirector de radiodifusión sonora del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Mario Chamie, asesor en temas de paz de la misma cartera, explicaron: “necesitamos saber dónde están interesados y en cuántas zonas para hacer el análisis de cuántas emisoras podríamos entregar”. Entre los requisitos para acceder a la convocatoria están: ser una comunidad étnica organizada, acreditar que desarrollaron trabajo social en el municipio, entre otros. Ese proceso se iba a surtir en abril, pero debido a la pandemia del COVID-19 se retrasó.

Las deudas

Uno de los aspectos del acuerdo que más retrasos presenta es el que tiene que ver con brindar garantías para el ejercicio de la política, que es más amplio que la participación en contiendas electorales. Para eso, se pactó la creación el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) que buscaba, según el mismo documento, “asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia”.

“Eso no ha arrancado”, aseguró Rodrigo Granda, integrante del partido Farc y del Comité de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), quien también recalcó que 194 excombatientes han sido asesinados después de que dejaron las armas. Además, según Granda, el Gobierno del presidente Iván Duque ha intentado sustituir algunas instancias creadas en el Acuerdo por otras entidades. “Han combinado y sustituido lo aprobado por nosotros en La Habana”, enfatizó. En la misma línea, Barrera precisó: “existe el decreto (que crea el Sisep: 895 de 2017), pero en la práctica no hay absolutamente nada”. “La priorización del plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), como instrumento de política pública, ha desestimado los otros espacios que se habían previsto en el Acuerdo”, agregó el investigador. El PAO es un programa creado por el Gobierno Duque.

Durante 2019, la ONU registró el asesinato de 108 defensores de derechos humanos en Colombia, lo que lo ubica como el país con más homicidios de líderes en América Latina. Además, la situación de seguridad de los excombatientes de las Farc se estaría complicando. Ese partido ha denunciado que en 2020 han sido asesinados 22 firmantes del Acuerdo de Paz. La Fiscalía ha dicho que los homicidios van en aumento. Granda reseñó con preocupación los hechos ocurridos el pasado 13 de abril, cuando el partido FARC denunció que había hombres armados buscando militantes de ese partido en Argelia (Cauca). “En Antioquia, Cauca, Putumayo, Arauca y Norte de Santander la situación es demasiado complicada”, puntualizó.

El consejero para la estabilización, Emilio Archira, defendió el papel del Estado frente a los programas de protección de los excombatientes. “Lo único que no se puede cuestionar es la decisión absolutamente férrea de la administración de proteger a los combatientes y de apoyar a la Fiscalía para que vayamos detrás de los criminales”, dijo, y aseguró que el Gobierno ha tomado una serie de medidas para darles garantías a los exguerrilleros. Al exponerle que, según el ente investigador, los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz han aumentado durante 2020, respondió “y también está incrementándose la efectividad que la misma Fiscalía tiene en identificarlos y apresarlos”.

(Lea también: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020)

Le preguntamos a Archila sobre el estado del Sisep, pero el funcionario —a pesar de integrar la Csivi, que tiene entre sus funciones hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de la implementación del Acuerdo— dijo que debía ser consultado el Ministerio del Interior, cartera que no alcanzó a responder nuestras preguntas que se las hicimos sobre el tiempo, tras esperar que la Consejería respondiera.

Tampoco se han creado las circunscripciones especiales de paz. Se trata de instaurar 16 curules en la Cámara de Representantes para darles participación política a las organizaciones de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

La creación de las circunscripciones especiales debía pasar por el Congreso, donde ha tenido un trámite accidentado. El acto legislativo que las creaba fue votado en la plenaria del Senado, en diciembre de 2016. En un primer momento, se dijo que la iniciativa no obtuvo los votos necesarios para pasar. Sin embargo, la Corte Constitucional estudia una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras y coadyuvada por Juan Carlos Quintero(integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo). Su tesis los 50 votos a favor fueron suficientes para la aprobación del articulado. Archila dijo: “acataremos lo que en ese tribunal se señale”.

Otro punto que no ha salido adelante es la reforma política contenida en el Acuerdo que tenía como fin promover el acceso al sistema político. La iniciativa ha sido presentada dos veces al Congreso, pero fue archivada. “El congresista no quiere reformar las normas de las cuales se beneficia”, enfatizó Barrera.

En el acuerdo quedaron consignados una serie de compromisos frente al manejo de la protesta. La revisión, y posible modificación, de las normas que aplican en escenarios de movilización social, garantías para el respeto a los derechos humanos de los manifestantes y fortalecer la vigilancia de los medios utilizados por las autoridades en las protestas fueron convenidos en el Acuerdo. Barrera señala que el Gobierno de Juan Manuel Santos elaboró un articulado que avanzaba en el tema, pero no fue presentado porque “no tenían espacio legislativo”, entonces se terminó expidiendo una resolución ministerial. Según FARC, hay una deuda del Estado con ese aspecto del Acuerdo: “el trato que se le dio a la protesta social en el paro nacional que inició el 21 de noviembre fue de una brutalidad tremenda por parte del Esmad y de órganos de inteligencia”, ejemplificó Granda. Al preguntarle sobre el tema a Archila, el consejero pidió que se le hicieran las preguntas al Ministerio del Interior.

También se pactaron cambios en el sistema electoral para garantizar una participación más amplia. Entre ellos, estaba hacer una auditoría técnica del censo electoral, hacer campañas masivas de cedulación y crear un tribunal nacional de garantías electorales. El documento también incluye medidas para reforzar el control y la veeduría ciudadana sobre la administración del Estado. Para eso se pactó la creación de un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. Aunque enviamos preguntas para conocer los avances en esos temas a la oficina del consejero Archila, estas no fueron contestadas aduciendo que debían ser formuladas a otras instituciones del Estado.

El balance general

Entre Granda, Barrera y Archila hay grandes diferencias a la hora de hacer un balance general del estado de la implementación de la apertura política. El primero dice que “la situación es deplorable”, el segundo sostiene que “el escenario es bastante desalentador”, mientras que el tercero asegura que “en lo que corresponde a sentirnos satisfechos como colombianos, yo creo que ha sido muy significativo lo que se ha avanzado”.

Barrera señala que ha habido tres grandes obstáculos para la implementación: desinterés de parte del Gobierno y el Congreso, la aplicación de medidas que no han tenido efectos prácticos y “el bloqueo de ciertas fuerzas políticas al ímpetu reformista que tenía el punto dos”. Esa opinión es secundada por Granda, quien aseguró que “falta mucha voluntad política. Hay cosas que no necesitan de normatividad constitucional para que tengan que pasar por el Congreso, sino que pueden ser únicamente cuestiones administrativas y eso no se hace”.

Archila defiende al Ejecutivo: “Hay unos proyectos que le corresponden al Congreso, unos al Gobierno. Nosotros tenemos toda la intención de cumplir”, enfatizó. “El Gobierno no puede venir ahora con la peregrina tesis que ellos hacen todo el esfuerzo, cuando lo que estamos es al frente de una simulación”, replicó Granda. El consejero también dijo que en Colombia ha habido una importante apertura política tras la firma del Acuerdo de Paz. “Si uno compara los avances que ha tenido en términos de participación política el proceso colombiano, respecto de cualquier otro proceso en la historia, es un ejemplo a tener en cuenta en cualquier parte del mundo, el nivel de garantías que tiene la oposición y que tienen los miembros del partido Farc, la apertura que ha tenido la sociedad colombiana con quienes dejaron las armas y ahora están debatiendo las ideas, a mí me parece que es muy significativa”.

El pasado 17 de abril fue asesinado en Urrao(Antioquia)el excombatiente Rigoberto García. Los violentos también acabaron con la vida del líder social Teodomiro Sotelo en Argelia(Cauca). Por eso, sectores de la sociedad civil y los combatientes que hicieron el tránsito a la sociedad civil, bajo la promesa de que tendrían garantías de exponer sus ideas, han demandado que se construya una democracia en la que se proscriba el exterminio de la política.

*Este es el segundo artículo del especial 'Así va el Acuerdo de Paz' que está haciendo Colombia2020. Espere la próxima entrega sobre el Punto 3. Lea la primera entrega

Cada asesinato de un líder social o un excombatiente evidencia que la construcción de la democracia en Colombia no se ha terminado y tiene grandes amenazas. Hay antecedentes históricos que dan cuenta de cómo sectores políticos enteros fueron arrasados por los violentos que no estaban dispuestos a ceder poder: desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), pasando por el asesinato de 525 militantes del Partido Comunista, hasta el exterminio de la Unión Patriótica, en el que asesinaron a 4.153 integrantes de esa colectividad, según el propio Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Por eso, el Estado y las Farc dedicaron un punto del Acuerdo de Paz, que firmaron el 24 de noviembre de 2016, a establecer una serie de reformas para propiciar una apertura democrática.

(Lea también: Persecución contra el Partido Comunista llega a la JEP)

Lo implementado y lo que avanza

Una de las deudas históricas del Estado, que el Acuerdo de Paz subsanó, fue la expedición del Estatuto de Oposición. La Constitución que se promulgó en 1991 estipulaba que debían definirse ese conjunto de normas para los partidos y agrupaciones políticas que se declararan de oposición. Sin embargo, tardó 27 años en hacerse realidad.

“El Estatuto de la Oposición se ha venido implementando de una manera muy rigurosa”, resaltó el consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Las otras dos personas consultadas para este artículo —Rodrigo Granda, integrante del partido FARC y de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), y Víctor Barrera, quien hizo parte de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo de Paz y ahora está escribiendo un libro sobre el punto 2— también destacaron la promulgación del Estatuto como uno de los compromisos que se ha cumplido.

Avanza la adjudicación de las emisoras comunitarias para organizaciones sociales en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Todavía no se ha hecho ninguna adjudicación, pero está próxima a abrirse una etapa de manifestación de interés. Óscar García, subdirector de radiodifusión sonora del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Mario Chamie, asesor en temas de paz de la misma cartera, explicaron: “necesitamos saber dónde están interesados y en cuántas zonas para hacer el análisis de cuántas emisoras podríamos entregar”. Entre los requisitos para acceder a la convocatoria están: ser una comunidad étnica organizada, acreditar que desarrollaron trabajo social en el municipio, entre otros. Ese proceso se iba a surtir en abril, pero debido a la pandemia del COVID-19 se retrasó.

Las deudas

Uno de los aspectos del acuerdo que más retrasos presenta es el que tiene que ver con brindar garantías para el ejercicio de la política, que es más amplio que la participación en contiendas electorales. Para eso, se pactó la creación el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) que buscaba, según el mismo documento, “asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia”.

“Eso no ha arrancado”, aseguró Rodrigo Granda, integrante del partido Farc y del Comité de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), quien también recalcó que 194 excombatientes han sido asesinados después de que dejaron las armas. Además, según Granda, el Gobierno del presidente Iván Duque ha intentado sustituir algunas instancias creadas en el Acuerdo por otras entidades. “Han combinado y sustituido lo aprobado por nosotros en La Habana”, enfatizó. En la misma línea, Barrera precisó: “existe el decreto (que crea el Sisep: 895 de 2017), pero en la práctica no hay absolutamente nada”. “La priorización del plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), como instrumento de política pública, ha desestimado los otros espacios que se habían previsto en el Acuerdo”, agregó el investigador. El PAO es un programa creado por el Gobierno Duque.

Durante 2019, la ONU registró el asesinato de 108 defensores de derechos humanos en Colombia, lo que lo ubica como el país con más homicidios de líderes en América Latina. Además, la situación de seguridad de los excombatientes de las Farc se estaría complicando. Ese partido ha denunciado que en 2020 han sido asesinados 22 firmantes del Acuerdo de Paz. La Fiscalía ha dicho que los homicidios van en aumento. Granda reseñó con preocupación los hechos ocurridos el pasado 13 de abril, cuando el partido FARC denunció que había hombres armados buscando militantes de ese partido en Argelia (Cauca). “En Antioquia, Cauca, Putumayo, Arauca y Norte de Santander la situación es demasiado complicada”, puntualizó.

El consejero para la estabilización, Emilio Archira, defendió el papel del Estado frente a los programas de protección de los excombatientes. “Lo único que no se puede cuestionar es la decisión absolutamente férrea de la administración de proteger a los combatientes y de apoyar a la Fiscalía para que vayamos detrás de los criminales”, dijo, y aseguró que el Gobierno ha tomado una serie de medidas para darles garantías a los exguerrilleros. Al exponerle que, según el ente investigador, los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz han aumentado durante 2020, respondió “y también está incrementándose la efectividad que la misma Fiscalía tiene en identificarlos y apresarlos”.

(Lea también: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020)

Le preguntamos a Archila sobre el estado del Sisep, pero el funcionario —a pesar de integrar la Csivi, que tiene entre sus funciones hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de la implementación del Acuerdo— dijo que debía ser consultado el Ministerio del Interior, cartera que no alcanzó a responder nuestras preguntas que se las hicimos sobre el tiempo, tras esperar que la Consejería respondiera.

Tampoco se han creado las circunscripciones especiales de paz. Se trata de instaurar 16 curules en la Cámara de Representantes para darles participación política a las organizaciones de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

La creación de las circunscripciones especiales debía pasar por el Congreso, donde ha tenido un trámite accidentado. El acto legislativo que las creaba fue votado en la plenaria del Senado, en diciembre de 2016. En un primer momento, se dijo que la iniciativa no obtuvo los votos necesarios para pasar. Sin embargo, la Corte Constitucional estudia una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras y coadyuvada por Juan Carlos Quintero(integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo). Su tesis los 50 votos a favor fueron suficientes para la aprobación del articulado. Archila dijo: “acataremos lo que en ese tribunal se señale”.

Otro punto que no ha salido adelante es la reforma política contenida en el Acuerdo que tenía como fin promover el acceso al sistema político. La iniciativa ha sido presentada dos veces al Congreso, pero fue archivada. “El congresista no quiere reformar las normas de las cuales se beneficia”, enfatizó Barrera.

En el acuerdo quedaron consignados una serie de compromisos frente al manejo de la protesta. La revisión, y posible modificación, de las normas que aplican en escenarios de movilización social, garantías para el respeto a los derechos humanos de los manifestantes y fortalecer la vigilancia de los medios utilizados por las autoridades en las protestas fueron convenidos en el Acuerdo. Barrera señala que el Gobierno de Juan Manuel Santos elaboró un articulado que avanzaba en el tema, pero no fue presentado porque “no tenían espacio legislativo”, entonces se terminó expidiendo una resolución ministerial. Según FARC, hay una deuda del Estado con ese aspecto del Acuerdo: “el trato que se le dio a la protesta social en el paro nacional que inició el 21 de noviembre fue de una brutalidad tremenda por parte del Esmad y de órganos de inteligencia”, ejemplificó Granda. Al preguntarle sobre el tema a Archila, el consejero pidió que se le hicieran las preguntas al Ministerio del Interior.

También se pactaron cambios en el sistema electoral para garantizar una participación más amplia. Entre ellos, estaba hacer una auditoría técnica del censo electoral, hacer campañas masivas de cedulación y crear un tribunal nacional de garantías electorales. El documento también incluye medidas para reforzar el control y la veeduría ciudadana sobre la administración del Estado. Para eso se pactó la creación de un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia. Aunque enviamos preguntas para conocer los avances en esos temas a la oficina del consejero Archila, estas no fueron contestadas aduciendo que debían ser formuladas a otras instituciones del Estado.

El balance general

Entre Granda, Barrera y Archila hay grandes diferencias a la hora de hacer un balance general del estado de la implementación de la apertura política. El primero dice que “la situación es deplorable”, el segundo sostiene que “el escenario es bastante desalentador”, mientras que el tercero asegura que “en lo que corresponde a sentirnos satisfechos como colombianos, yo creo que ha sido muy significativo lo que se ha avanzado”.

Barrera señala que ha habido tres grandes obstáculos para la implementación: desinterés de parte del Gobierno y el Congreso, la aplicación de medidas que no han tenido efectos prácticos y “el bloqueo de ciertas fuerzas políticas al ímpetu reformista que tenía el punto dos”. Esa opinión es secundada por Granda, quien aseguró que “falta mucha voluntad política. Hay cosas que no necesitan de normatividad constitucional para que tengan que pasar por el Congreso, sino que pueden ser únicamente cuestiones administrativas y eso no se hace”.

Archila defiende al Ejecutivo: “Hay unos proyectos que le corresponden al Congreso, unos al Gobierno. Nosotros tenemos toda la intención de cumplir”, enfatizó. “El Gobierno no puede venir ahora con la peregrina tesis que ellos hacen todo el esfuerzo, cuando lo que estamos es al frente de una simulación”, replicó Granda. El consejero también dijo que en Colombia ha habido una importante apertura política tras la firma del Acuerdo de Paz. “Si uno compara los avances que ha tenido en términos de participación política el proceso colombiano, respecto de cualquier otro proceso en la historia, es un ejemplo a tener en cuenta en cualquier parte del mundo, el nivel de garantías que tiene la oposición y que tienen los miembros del partido Farc, la apertura que ha tenido la sociedad colombiana con quienes dejaron las armas y ahora están debatiendo las ideas, a mí me parece que es muy significativa”.

El pasado 17 de abril fue asesinado en Urrao(Antioquia)el excombatiente Rigoberto García. Los violentos también acabaron con la vida del líder social Teodomiro Sotelo en Argelia(Cauca). Por eso, sectores de la sociedad civil y los combatientes que hicieron el tránsito a la sociedad civil, bajo la promesa de que tendrían garantías de exponer sus ideas, han demandado que se construya una democracia en la que se proscriba el exterminio de la política.

*Este es el segundo artículo del especial 'Así va el Acuerdo de Paz' que está haciendo Colombia2020. Espere la próxima entrega sobre el Punto 3. Lea la primera entrega