Así va el enfoque de género en el posconflicto
Las mujeres y la comunidad LGBTI expusieron preocupaciones sobre las garantías de sus derechos. Participación política y seguridad, las principales.
Germán Gómez Polo / @TresEnMil
Seguramente se acuerde del llamado enfoque de género del Acuerdo de Paz. Y probablemente, también se acordará del término con el que fue tergiversado por los promotores del No, especialmente por los sectores religiosos encabezados por el exprocurador y hoy precandidato presidencial Alejandro Ordóñez: “la ideología de género”. Un concepto sobre el que giró el debate electoral del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y que acusaba al Acuerdo de Paz de imponer un nuevo modelo de familia. “En los acuerdos de La Habana aparece con infinita intensidad. Ya no será la ideología de género impuesta a nuestros hijos (a través de las cartillas del Ministerio de Educación), sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género sea norma constitucional”, señalaba con vehemencia Ordóñez.
Lea también: ¿Ideología o enfoque de género?
Los analistas electorales sostienen que el discurso de la imposición de modelos de familia, en una sociedad tan creyente como la colombiana, movió una cantidad considerable de votos en favor del No. Al hacer una simple consulta bibliográfica sobre ese concepto se encuentran textos y páginas relacionados con la religión, el catolicismo o el cristianismo. Lo peor es que se tergiversó un concepto que era pieza clave en el Acuerdo porque, lejos de buscar imponer modelos en contra de creencias personales, pretendía que las mujeres y las personas LGBTI tuvieran una atención prioritaria en la implementación. ¿Por qué ? Porque durante el desarrollo de la guerra, quienes sufrieron los peores vejámenes, como es la violencia sexual, fueron las mujeres y las personas con orientación sexual diversa.
El Acuerdo refrendado en el Congreso, de todas formas, mantuvo el enfoque de género y ese fue uno de los aspectos que se ganaron los aplausos de la comunidad internacional. Por eso hoy, un año después de la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de Bogotá, vale la pena evaluar cuánto de ese asunto ha sido respetado e implementado. Dos informes, uno hecho por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, y otros del grupo de trabajo GPaz: Género en la Paz, exponen las principales preocupaciones de las mujeres y la comunidad LGBTI en la materia.
En ese sentido, aunque no se niegan algunos avances, sí hay alerta por la implementación del enfoque de género en puntos específicos del Acuerdo. “La meta de incluir a las mujeres en el Acuerdo Final con las Farc quedó hecha, ahora viene el gran reto de la implementación”, señala el informe de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Se anota que, por ejemplo, en el punto 1 del Acuerdo (Reforma rural integral) hay poco avance en las medidas que incorporan a mujeres y LGBTI en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que falta tramitar la Ley de Tierras, de vital importancia para la mujer porque “la propiedad y los derechos sobre ella han estado marcados por barreras estructurales que las han empobrecido”.
También hay reparos en la implementación de la participación en política, pues se considera que no hubo inclusión de las mujeres en sus diversidades étnicas en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). Tampoco se incorporaron efectivamente los principios de alternancia (listas “cremalleras” conformadas con el modelo hombre-mujer-hombre-mujer) ni universalidad ni se garantiza la inclusión de ellas en las listas para las 16 circunscripciones especiales. De hecho, el pasado 25 de octubre la representante Clara Rojas, del Partido Liberal, abandonó la plenaria de la Cámara cuando se discutía la reforma política porque no hubo, a su juicio, voluntad para garantizar la paridad en la participación de hombres y mujeres. “La mujer no es importante para el Gobierno (…) No es un mensaje bueno para el país y este acuerdo el Gobierno lo está incumpliendo. Hasta aquí cuentan conmigo”, increpó Rojas y se fue.
De acuerdo con el documento de la Cumbre de Mujeres, “han aparecido obstáculos para el desarrollo de los puntos relacionados con el enfoque de género y los derechos de las mujeres, que no han permitido las condiciones para lograr avances sustantivos que representen medidas hacia la reducción de las brechas de desigualdad y que garanticen la implementación de las provisiones incorporadas en el Acuerdo Final”. También se alertó sobre la arremetida contra defensores de derechos humanos, y se llama la atención por el lento avance en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se considera que el fenómeno de los “herederos del paramilitarismo” ha tenido un impacto sobre la vida, los cuerpos y los procesos organizativos de las mujeres.
Por su parte, el informe de GPaz, que implementó matrices cualitativas y cuantitativas, hace un acercamiento en las normas que cursan su trámite en el Congreso a través del mecanismo de fast track y que desarrollaron conceptos como género, LGBTI, mujer/mujeres, familia, diversidad, sexismo, discriminación, enfoque diferencial, equidad, igualdad, violencia sexual y acceso carnal violento. En total se analizaron 83 normas y se concluyó que, en cuanto al punto 1 del Acuerdo (Política de desarrollo agrario integral), la incorporación del enfoque de género es del 30 %; en el punto 2 (Participación en política) y en el 4 (Drogas ilícitas), la inclusión es del 100 %; en el punto 3 (Fin del conflicto), del 16,3 %; en el punto 5 (Víctimas), del 57,1 %, y en el punto 6 (Implementación, verificación y refrendación), del 9 %. El temor es que el agite electoral y los interese políticos se conviertan en la espada de Damocles para uno de los aspectos fundamentales y uno de los mayores logros del acuerdo de La Habana: atender con especial urgencia a las mujeres y las comunidades excluidas.
Lea también: El enfoque de género en la Justicia Especial para La Paz
Seguramente se acuerde del llamado enfoque de género del Acuerdo de Paz. Y probablemente, también se acordará del término con el que fue tergiversado por los promotores del No, especialmente por los sectores religiosos encabezados por el exprocurador y hoy precandidato presidencial Alejandro Ordóñez: “la ideología de género”. Un concepto sobre el que giró el debate electoral del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y que acusaba al Acuerdo de Paz de imponer un nuevo modelo de familia. “En los acuerdos de La Habana aparece con infinita intensidad. Ya no será la ideología de género impuesta a nuestros hijos (a través de las cartillas del Ministerio de Educación), sino que estará en la Constitución. El Gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género sea norma constitucional”, señalaba con vehemencia Ordóñez.
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Los analistas electorales sostienen que el discurso de la imposición de modelos de familia, en una sociedad tan creyente como la colombiana, movió una cantidad considerable de votos en favor del No. Al hacer una simple consulta bibliográfica sobre ese concepto se encuentran textos y páginas relacionados con la religión, el catolicismo o el cristianismo. Lo peor es que se tergiversó un concepto que era pieza clave en el Acuerdo porque, lejos de buscar imponer modelos en contra de creencias personales, pretendía que las mujeres y las personas LGBTI tuvieran una atención prioritaria en la implementación. ¿Por qué ? Porque durante el desarrollo de la guerra, quienes sufrieron los peores vejámenes, como es la violencia sexual, fueron las mujeres y las personas con orientación sexual diversa.
El Acuerdo refrendado en el Congreso, de todas formas, mantuvo el enfoque de género y ese fue uno de los aspectos que se ganaron los aplausos de la comunidad internacional. Por eso hoy, un año después de la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de Bogotá, vale la pena evaluar cuánto de ese asunto ha sido respetado e implementado. Dos informes, uno hecho por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, y otros del grupo de trabajo GPaz: Género en la Paz, exponen las principales preocupaciones de las mujeres y la comunidad LGBTI en la materia.
En ese sentido, aunque no se niegan algunos avances, sí hay alerta por la implementación del enfoque de género en puntos específicos del Acuerdo. “La meta de incluir a las mujeres en el Acuerdo Final con las Farc quedó hecha, ahora viene el gran reto de la implementación”, señala el informe de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Se anota que, por ejemplo, en el punto 1 del Acuerdo (Reforma rural integral) hay poco avance en las medidas que incorporan a mujeres y LGBTI en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que falta tramitar la Ley de Tierras, de vital importancia para la mujer porque “la propiedad y los derechos sobre ella han estado marcados por barreras estructurales que las han empobrecido”.
También hay reparos en la implementación de la participación en política, pues se considera que no hubo inclusión de las mujeres en sus diversidades étnicas en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi). Tampoco se incorporaron efectivamente los principios de alternancia (listas “cremalleras” conformadas con el modelo hombre-mujer-hombre-mujer) ni universalidad ni se garantiza la inclusión de ellas en las listas para las 16 circunscripciones especiales. De hecho, el pasado 25 de octubre la representante Clara Rojas, del Partido Liberal, abandonó la plenaria de la Cámara cuando se discutía la reforma política porque no hubo, a su juicio, voluntad para garantizar la paridad en la participación de hombres y mujeres. “La mujer no es importante para el Gobierno (…) No es un mensaje bueno para el país y este acuerdo el Gobierno lo está incumpliendo. Hasta aquí cuentan conmigo”, increpó Rojas y se fue.
De acuerdo con el documento de la Cumbre de Mujeres, “han aparecido obstáculos para el desarrollo de los puntos relacionados con el enfoque de género y los derechos de las mujeres, que no han permitido las condiciones para lograr avances sustantivos que representen medidas hacia la reducción de las brechas de desigualdad y que garanticen la implementación de las provisiones incorporadas en el Acuerdo Final”. También se alertó sobre la arremetida contra defensores de derechos humanos, y se llama la atención por el lento avance en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se considera que el fenómeno de los “herederos del paramilitarismo” ha tenido un impacto sobre la vida, los cuerpos y los procesos organizativos de las mujeres.
Por su parte, el informe de GPaz, que implementó matrices cualitativas y cuantitativas, hace un acercamiento en las normas que cursan su trámite en el Congreso a través del mecanismo de fast track y que desarrollaron conceptos como género, LGBTI, mujer/mujeres, familia, diversidad, sexismo, discriminación, enfoque diferencial, equidad, igualdad, violencia sexual y acceso carnal violento. En total se analizaron 83 normas y se concluyó que, en cuanto al punto 1 del Acuerdo (Política de desarrollo agrario integral), la incorporación del enfoque de género es del 30 %; en el punto 2 (Participación en política) y en el 4 (Drogas ilícitas), la inclusión es del 100 %; en el punto 3 (Fin del conflicto), del 16,3 %; en el punto 5 (Víctimas), del 57,1 %, y en el punto 6 (Implementación, verificación y refrendación), del 9 %. El temor es que el agite electoral y los interese políticos se conviertan en la espada de Damocles para uno de los aspectos fundamentales y uno de los mayores logros del acuerdo de La Habana: atender con especial urgencia a las mujeres y las comunidades excluidas.
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