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Este domingo, Camilo González, el jefe negociador del Gobierno en la mesa con la disidencia de FARC, conocida como Estado Mayor Central y que aún está en esos diálogos, rechazó el ataque perpetrado el viernes pasado en la vía que conecta a los municipios de Miranda y Corinto, en el Cauca. La explosión cobró la vida de un menor de edad y, recientemente, Wilmer Zúñiga, alcalde de Miranda, confirmó el fallecimiento de Luis Ovidio Rodríguez Velásquez, de 67 años, quien se movilizaba por la zona al momento de la detonación. La madre del menor sigue en cuidados intensivos.
“El atentado de Miranda es otra muestra del nivel de barbarie al que ha llegado la ofensiva de terror del bloque occidental del llamado Estado Mayor Central. La comunidad caucana, no solamente del norte del departamento, sino también en las otras regiones y a nivel del país, está indignada repudiando estas acciones que solo contribuyen a más dolor y al deterioro de todas las condiciones de vida”, dijo González en referencia al frente Dagoberto Ramos, presunto responsable de ese atentando.
Esa es una de las tres estructuras al mando de Iván Mordisco que actualmente no está en esa mesa de diálogos. Los demás frentes que operan en el Cauca bajo la conducción del Occidental Jacobo Arenas son los más fuertes y con mayor control territorial de esa disidencia. En esa zona del país, así como en Valle del Cauca y Nariño, el Gobierno levantó el pasado 17 de marzo el cese al fuego con esas facciones del EMC tras un atentado contra una comunidad indígena. Pese a ello, el Gobierno sigue en la mesa con frentes de Caquetá, Catatumbo y algunos de Putumayo y Arauca.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidiéndoles que “abanderen una misión urgente por el Cauca, con acciones concretas”.
La violencia en el departamento del Cauca va al alza. En el municipio de Miranda, en los últimos dos meses, ya se han producido tres atentados. El pasado 10 de mayo fue detonado un vehículo en el casco urbano del municipio, cerca a un comando del Ejército, en el barrio El Porvenir.
“Todas las comunidades están exigiendo disminución de violencias, incluso la Guardia Indígena se ha pronunciado exigiendo, como las demás autoridades y organizaciones sociales, el cese de toda violencia, de los atentados contra las personas, del reclutamiento. Sin condiciones de desescalamiento efectivo de violencias, es imposible pensar en diálogos humanitarios o en cualquier tipo de conversación que vaya encaminada a crear mejor ambiente en el departamento del Cauca”, agregó González.
Además: “Abanderen una misión urgente”: mensaje a Petro tras explosión en Miranda, Cauca
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le pidió a Ministerio del Interior convocar Comisión Intersectorial por situación en Cauca. “Reitero mi llamado al ministro del Interior para convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas por los reiterados hechos de violencia en el departamento del Cauca”, afirmó.
Hace una semana, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) envió una carta a Andrés Patiño, comandante del bloque Occidental de esa disidencia, cuya zona principal de operación es Cauca, para que se detuvieran los ataques. En la misiva, las autoridades indígenas del norte de ese departamento hablan del impacto de las acciones violentas perpetradas por la organización insurgente, que han cobrado la vida de cientos de miembros de la comunidad.
“Solo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas, autoridades y comuneros, dejando heridos a decenas más; ha puesto explosivos a 42 personas, sin contar los que han afectado viviendas y caminos vecinales”, se afirma en el documento.
En la carta también se afirmaba que la guerra que se libra en ese departamento dejó hace rato de ser contra el Estado, si no contra todos los procesos organizativos, indígenas, comunales y sociales.
“(El EMC) ha centrado sus acciones para suplantar los esfuerzos del movimiento popular por construir gobiernos alternativos y autónomos en sus territorios. Para reemplazar estos gobiernos propios, ustedes se han dedicado a destruir o intentar destruir —todavía no lo han logrado y estamos seguros de que no lo van a lograr— lo que llevamos construyendo en 50 años de lucha indígena en el departamento del Cauca. Y por lo que sabemos, ustedes vienen haciendo lo mismo en Nariño, en la Costa Pacífica, en Putumayo”, dice el documento.
Desde que el presidente Gustavo Petro ordenó un levantamiento regional del cese al fuego el pasado 17 de marzo en tres departamentos (Cauca, Nariño y Valle), los hechos violentos por parte del EMC se han incrementado en la región, y han incluido ataques contra sedes militares, secuestros como el ocurrido contra tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cauca y un aumento acelerado en el reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes indígenas.
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