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La serie de hechos de violencia y ataques con explosivos del lunes, perpetrados por disidentes de las FARC en Cauca y Valle, elevaron hasta el punto más alto la crisis que venía creciendo desde marzo entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque desde octubre de 2023 se instaló un proceso de paz entre el EMC y el Ejecutivo, en los dos últimos meses algunas estructuras del grupo disidente se dividieron, tras el levantamiento regional del cese al fuego ordenado por el mandatario en Cauca, Nariño y Valle. De esa forma, unos bloques continuaron en la mesa de diálogos y otros se levantaron, entre ellos el Bloque Occidental, responsable de los eventos terroristas que en los últimos cuatro días sembraron zozobra en municipios como Miranda, Morales y Suárez (Cauca), y Jamundí (Valle).
Tras la división del EMC, la estrategia del Gobierno fue seguir adelante con quienes se quedaron en la mesa de conversaciones (los bloques del oriente del país, el Catatumbo y Magdalena Medio).
La dificultad de negociar con un grupo dividido
Los recientes hechos de violencia despertaron una serie de interrogantes sobre la continuidad del proceso de paz con este grupo y respecto al futuro con las estructuras del Cauca, contra las que el jefe de Estado reiteró el lunes la orden de desplegar una “ofensiva total”.
“La situación de esta semana muestra que aunque para el Gobierno parecía posible negociar con una parte del EMC y con otra no, políticamente eso es insostenible. Es muy difícil explicarle a la ciudadanía que el 50 % de un grupo está en una mesa y el otro 50 % se dedica a hacer una demostraciones de fuerza y con afectaciones tan graves”, asegura Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En ese mismo sentido, el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, plantea que el gobierno debe replantearse el proceso de paz con este grupo ilegal: “En el imaginario colectivo está la idea de que el EMC es una organización homogénea, pero nunca lo fue y hoy vemos los efectos de mostrarla como tal. Así, el proceso es insostenible y el Gobierno debería aclarar cómo va a continuar, y si bien eso puede bajar ciertas expectativas, también ayuda a evitar muchos desgastes”.
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Los caminos posibles
Para el profesor Jorge Restrepo, quien dirige el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la actual coyuntura con este grupo disidente pone de presente dos escenarios: la ofensiva que propone Petro (que debe tener una estrategia ajustada al funcionamiento de estas estructuras) y una posible continuidad de los diálogos con los frentes que mantienen su voluntad de paz, pero reconociendo sus diferencias.
“Lo primero que hay que hacer es dejar de llamarlos EMC, porque eso no existe, era una ficción que trató de concretar el anterior alto comisionado de Paz para poder gestionar acuerdos, pero se trata de grupos disímiles, con alianzas inestables de conveniencia y de momento, y por eso era casi imposible unificarlos en una sola mesa de diálogos”, dice Restrepo.
En el caso de continuar conversando con quienes siguen en la mesa, el tema de fondo es identificar qué es lo que se va a negociar, pues algunos de los comandantes que se mantienen firmes han esbozado posturas difíciles en temas como comparecencia a la justicia (incluso si es transicional) y dejación de armas.
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Para el investigador Preciado, el hecho de dialogar con un menor número de estructuras debería implicar ajustes en la negociación: “Lo que se ha planteado en la agenda con el EMC es, de por sí, muy grandilocuente. Si se va a seguir, el Gobierno debería acotar la agenda evaluando el tamaño y dimensión del proceso”.
En cuanto al escenario de una ofensiva militar contra los grupos que se queden por fuera del proceso de paz, el profesor Restrepo insiste en la necesidad de plantear estrategias que tengan como centro la protección de la población civil y el desmantelamiento de las estructuras.
“El gobierno no puede responder con una política contrainsurgente, porque esos grupos no son de ese tipo. No son grupos mayores, sino menores, desperdigados, inestables, no centralizados, así que necesitamos un dispositivo de seguridad que debe tener carácter militar pero no contrainsurgente, y un dispositivo de policía judicial que logre desmantelarlos. La pregunta es si ya los tiene listos la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía, así como el Ejército”, apunta Restrepo.
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La vieja duda sobre la unidad de mando del EMC
Desde hace más de un año y medio, cuando se empezó a hablar de la apuesta de paz total, se plantearon cuestionamientos a la unidad de mando del autodenominado Estado Mayor Central. De hecho, como contó Colombia+20 en este artículo, había serias dudas sobre la homogeneidad y jerarquía de esta disidencia de las FARC. Por eso, en parte, no sorprende el escenario actual de divisiones y tensiones internas.
Preciado apunta a que los incentivos de la apuesta de paz del Gobierno llevaron a que varios grupos liderados por antiguos combatientes de las FARC empezaran ese proyecto de unificación que sería el EMC, pero la fragmentación nunca dejó de existir: “La paz total los unió y, así mismo, la paz total los separó”.
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La división en el EMC fue tal que sus caras más visibles, ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, quienes por varios meses se vieron como el primero y segundo al mando, hicieron rancho aparte. Calarcá, quien comanda el Bloque Oriental, se mantuvo en la mesa de diálogos junto a Andrey Avendaño, antiguo jefe negociador del EMC y líder de las estructuras del Catatumbo y Magdalena Medio.
Mordisco, en cambio, se apartó de la negociación de paz, y recibió el apoyo del Bloque Occidental, que opera en Cauca, Nariño y Valle), el Bloque Central Isaías Pardo (Quindío, Huila, Tolima y Valle) y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez.
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Se espera que en los próximos días el Gobierno de Gustavo Petro defina cuál será el paso a seguir con estos grupos armados. Aunque desde algunos sectores se ha reclamado que se suspendan las negociaciones e incluso el cese al fuego en su totalidad, en los territorios controlados por estas estructuras se teme que la salida militar aumente las afectaciones a la sociedad civil, como ha ocurrido en el pasado.
Este panorama también deberá incluir cuál será el destino con la negociación con el ELN que atraviesa una profunda crisis por los diálogos paralelos que el Gobierno está llevando a cabo con una estructura disidente del ELN: el Frente Comuneros del Sur, que opera en Nariño. Desde el lunes las delegaciones volvieron a encontrarse en Caracas para una reunión extraordinaria que pretendía, entre otras cosas, presentar a la mesa los documentos que el Comité Nacional de la Participación de la sociedad civil construyó tras nueve meses de encuentros con organizaciones sociales de todo el país y firmar el primer acuerdo de participación.
Sin embargo, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, dijo el lunes en la noche a través de un comunicado que el Gobierno no avanzará en acuerdos con ELN hasta que no abandone secuestros.
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