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Andrea Ferro evoca hoy, igual que hace 20 años, las sirenas de las ambulancias y el sonido repetido que tienen los boletines de última hora en la televisión. “Fue una zozobra, que me tiemblan las manos de recordarla: sigue siendo dolorosa”, dice.
Su padre era Manuel Antonio Ferro, chef del restaurante del club El Nogal en Bogotá. El 7 de febrero de 2003 su turno acababa temprano, pero Manuel, trabajador incansable, decidió quedarse en el club hasta la noche organizando unas programaciones, fatalidad que le costó la vida.
El 7 de febrero de 2003 las extintas Farc detonaron un carro bomba cargado con 200 kilos de explosivos en los parqueaderos de ese club, en el corazón de Bogotá. El saldo es bien conocido: 36 muertos, 198 heridos y la destrucción del edificio, que se cubrió con una inmensa bandera de Colombia los días siguientes al ataque, como símbolo del repudio al acto terrorista.
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Andrea Ferro cuenta que con las ruinas de ese edificio se le derrumbó el mundo a ella y su familia, pues su padre nunca volvió a casa. Y pide, dos décadas después, que el país y la justicia transicional les den a las víctimas el lugar que se merecen: “Que nos escuchen, que nos reparen, no fue cualquier cosa lo que nos pasó”, señala, “queremos que el presidente Gustavo Petro esté presente con nosotros en el evento de conmemoración, él nos prometió a las víctimas que íbamos a estar en el centro y queremos que esté acompañándonos y escuchándonos”.
Para Aydé Coronado Robayo, quien trabajaba como ascensorista ese viernes a la hora del atentado, el Estado debería tener en cuenta a las víctimas, ya que no han sido reparadas. “Toda la ayuda que he recibido ha sido del club y de la Fundación El Nogal que me ha pagado la universidad de mis tres hijos”, afirma enfundada en su uniforme gris de sastre con el que ahora trabaja en la oficina de Talento Humano de El Nogal. Es una mujer de 48 años, pero ya ha pasado por un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas en su salud física: dolores de cabeza y vértigo, sin contar con la afectación a su salud mental: depresión y ansiedad.
Aydé reconoce que tiene un sinsabor en su corazón. Ella participó en uno de los encuentros con algunos dirigentes de la exguerrilla de las Farc, en 2017, organizados por Bertha Lucía Fríes, quizá la lideresa más visible de las víctimas. El objetivo era que los responsables reconocieran la autoría del atentado -que negaron durante varios años-, pidieran perdón y escucharan a sus víctimas para entender en toda su dimensión el daño que les causaron. “No soy de rencores, le pido a Dios que los perdone, no los perdono porque me afectaron mucho. No vi que fuera un arrepentimiento sincero”, asevera.
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Bertha Lucía admite que aunque avanzaron en cuatro encuentros de reconciliación con sus victimarios, aún falta largo trecho para que otros actores, como el Estado colombiano y las Autodefensas, cuenten su rol en el crimen. “Las víctimas seguimos esperando verdad plena de lo sucedido, seguimos esperando la justicia de la JEP, estamos esperando actos de perdón, estamos esperando reparación y reconocimiento de responsabilidad por acción u omisión de todos los involucrados”, asegura.
Además, formula la misma propuesta de otras víctimas del atentado, que exigen la construcción de un centro de memoria dedicado exclusivamente a este hecho y la condonación de créditos para aliviar las cargas de familias que tuvieron que afrontar años duros de crisis económica tras costear tratamientos de salud.
“Esperamos que las sanciones que imponga la JEP sean sanciones que dignifiquen a las víctimas y den una lección al mundo”, agrega Fríes: “esperamos además que haya celeridad y reparación. Nosotros no hemos tenido reparación de ninguna especie, no solamente es económica y desde ya le hago un planteamiento al presidente Petro: usted ha dicho que defiende el Acuerdo de Paz y que en el centro están las víctimas”.
Julián Gallo, hoy senador del Partido Comunes y quien en las Farc, bajo el nombre de “Carlos Antonio Lozada”, asumió la vocería del secretariado por este atentado, dice que han mirado a los ojos a las víctimas para recibir, en sus palabras, el dolor, la frustración y la vulneración de sus derechos.
“Ha sido duro, pero de alguna manera también muy alentador, porque a pesar de las palabras durísimas que hemos recibido, siempre han llegado la comprensión y, sobre todo, la generosidad de esas personas. Es posible que no crean en nuestro arrepentimiento, lo que podemos hacer es seguir reiterando no solo de palabra, sino con los actos, que nos mantenemos firmes en esa convicción de la no repetición. Nuestra esperanza es que logre anidar ese perdón en el corazón de cada uno de los millones de víctimas que hay en este país”, dijo el hoy senador.
La pregunta que persiste, no solo entre las víctimas, es por qué esa guerrilla decidió poner un carro bomba en un club social de Bogotá, a sabiendas de la terrible afectación sobre civiles inocentes. Al respecto, el senador Gallo dijo que ni él ni la estructura que comandaba -la Red Urbana Antonio Nariño- tuvieron participación en este acto terrorista, pero que puede explicar el contexto en el que se dieron los hechos que tal vez llevaron a la columna móvil Teófilo Forero a tomar esa terrible decisión.
“Se acababa de posesionar el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien desarrolló acciones para el aplastamiento del movimiento insurgente con apoyo y recursos de Estados Unidos. Yo creo que los comandantes vieron la necesidad de trasladar ese conflicto a la ciudad para llamar la atención de una sociedad que veía con indiferencia la guerra que se desarrollaba en el campo. Y seguramente se pensó, de manera equivocada y absurda, colocar ese carro bomba en un club social. Eso no tiene ninguna explicación, ninguna justificación. La guerra es la negación de la humanidad y solamente en ese contexto, se puede entender que se pueda llegar a tomar ese tipo de decisiones sin calcular lo que eso significa”, dijo.
Gallo ha participado en todos los encuentros con las víctimas de este atentado y facilitó el viaje de Bertha Lucía Fríes a la zona vereda de Icononzo donde se adelantaron talleres para la sanación de los dolores producidos no solo por este atentado, sino por el conflicto armado interno con excombatientes de esta guerrilla. “Con eso hemos demostrado que sí es posible construir ese proceso de reconciliación. Sabemos que estas actividades no han cubierto a todas las víctimas, es un grupo bastante grande”, anotó.
Y aunque todavía no lo han llamado a entregar su versión sobre este hecho, dijo estar dispuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz para hacer su aporte no solo por este hecho sino por cientos de acciones que ordenó y ejecutó entre 1984 y 2000, periodo en el que perteneció y dirigió la principal estructura urbana de esa guerrilla en Bogotá.
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En medio de estos reclamos de verdad, de justicia y de reparación, la Jurisdicción Especial para la Paz espera avanzar este año en la investigación del atentado que fue incluido en el macrocaso número 10, que se abrió el 15 de julio del año pasado.
En este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad investigará los crímenes que no están siendo investigados en los otros macrocasos abiertos por la Jurisdicción y priorizó tres criterios: la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad. Uno de esos subcasos se dedicará a investigar hechos cometidos por estructuras urbanas de las Farc. Allí entra el atentado al club El Nogal, que será priorizado en esta fase.
“Si bien las Farc-Ep fueron una guerrilla campesina, originaria de zonas de la expansión agrícola, a partir de su rápido crecimiento en la década de los noventa también incursionó en áreas urbanas, donde perpetró homicidios de civiles bajo modalidad de sicariato, atentados a personas y bienes civiles con explosivos”, dijo la JEP en su momento.
Uno de los retos en esta investigación está en la cantidad de víctimas que esperan que se acrediten, cerca de 15.000, y en el volumen de información a analizar, 306 informes de la sociedad civil, así como los documentos de la Fiscalía sobre crímenes cometidos por las Farc-Ep durante el conflicto armado que cobija graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como homicidios en personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra.
Para adelantar esta investigación, la Sala tuvo que pedir ampliación de la planta de personal para analizar información, cruzar bases de datos y cubrir todos los territorios donde las estructuras urbanas de las Farc afectaron a la población civil.
Faltan varias semanas para que la JEP llame a los excomandantes de esta exguerrilla para que contribuyan a la verdad, pero es innegable que será difícil obtener verdad plena, ya que el hombre señalado de haber ejecutado el atentado está muerto: Hernán Darío Velásquez, “el Paisa”, exfeje de la columna móvil Teófilo Forero, quien se rearmó y murió “en su ley”.
Mientras tanto, hoy se realizan dos actos de conmemoración, uno liderado por Bertha Lucía Fríes, en el que participarán exdirigentes de las Farc y se llevará a cabo a las 2 de la tarde en la Sociedad de Arquitectos de Colombia, y otro en el club El Nogal, que en palabras de su presidente, Rafael Blanco Alviar, pretende conmemorar a todas las víctimas y demostrar que no pudieron derrumbar este lugar emblemático para la dirigencia política y económica del país.
El presidente del Club destacó que tras el atentado, crearon la Fundación El Nogal, por iniciativa de algunos socios, para ayudar a las familias afectadas, sobre todo brindando apoyo educativo a los hijos de las víctimas. “Hoy es una de las fundaciones más importantes que hay en el país, que ha extendido su misión a ayudar a otro tipo de población vulnerable, incluso durante la pandemia”, señaló.