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El Acuerdo de Paz sale herido, pero no débil de la presidencia de Iván Duque. Durante cuatro años, el histórico pacto entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc tuvo que sobrevivir a numerosos ataques desde el Congreso para impedir su implementación, al deterioro en las condiciones de seguridad en el país, a una pandemia, pero sobre todo al notorio frenazo que se le puso durante la administración de Duque.
La ausencia de la agenda de paz en el gobierno saliente fue tan evidente y ruidosa como la del mandatario en la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, justamente uno de los hitos del Acuerdo.
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La insuficiente ejecución de los recursos, la falta de tramitación legislativa de normas claves para la implementación del Acuerdo (al menos el 33 % está pendiente), los evidentes retrasos en la reforma rural integral y en la participación política, son algunos de los hallazgos y las alertas contenidos en el informe de seguimiento “No enreden la paz”, que este martes dio a conocer la bancada por la paz de esta legislatura, liderada por la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus.
Se trata del décimo balance de control político de ese bloque integrado por 18 senadores y representantes de diferentes partidos políticos, y que hace seguimiento a los avances después de la firma del Acuerdo de Paz. También será el último informe que entregan esos representantes de esa legislatura, cuyo periodo terminó el pasado 21 de junio, y que justamente hace énfasis en la gestión de Duque en temas de paz.
Además, el informe multipartidista contiene unas 40 recomendaciones para el próximo cuatrienio para garantizar la implementación. Aquí alhunos hallazgos:
Punto 1 – Reforma Rural Integral
Este el punto más rezagado de todos. La columna vertebral de este punto es la entrega y/o formalización de 3 millones de hectáreas provenientes del Fondo de Tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. También crear un subsidio integral de compra -para garantizar el éxito de la cosecha-, líneas de créditos especiales y la asignación del derecho de uso a esa tierra.
Esta entrega debe hacerse con un enfoque de género y étnico y además priorizando a los 170 municipios más azotados por la guerra que componente el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
De acuerdo con el informe, que a su vez sustenta las cifras en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), desde la implementación del Acuerdo han ingresado al Fondo de Tierras un total de 1.912.868 hectáreas, correspondientes a 17.148 predios. “De este total de hectáreas, 1.686.037,28 (88,1%) fueron ingresadas al Fondo durante el Gobierno del presidente Duque, equivalentes a 13.301 predios”, dice el informe.
Sin embargo, la cifra de tierra efectivamente entregada es mucho menor. Desde la firma del Acuerdo se entregaron 485.348,59 hectáreas en 2.822 títulos y beneficiando a 20.107 familias. De esas 482.139,69 hectáreas (99,3%) fueron entregadas durante el Gobierno Duque, pero eso quiere decir que “sólo el 25,37% de lo que ha ingresado al Fondo de Tierras ha sido efectivamente distribuido desde el inicio de la implementación del Acuerdo”.
Una de las alertas sobre este punto es solo el 33% del total de hectáreas formalizadas beneficiaron a mujeres rurales y que a cada mujer rural beneficiada con adjudicación de tierras se le entregó en promedio 1,73 hectáreas menos que lo entregado a cada hombre. Sobre las comunidades étnicas, “las comunidades negras han sido las más relegadas en materia de acceso y formalización de tierras por un amplio margen”, dice el documento.
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Punto 2 – Participación política
Este punto del Acuerdo establecía mayor participación de nuevas fuerzas políticas en la democracia, especialmente las que habían sido históricamente marginadas. También garantías para la oposición y el mejoramiento del control ciudadano.
De acuerdo con este balance, apenas se ha avanzado en un 38 % en este punto teniendo rezagos en el acceso a los medios de comunicación por parte de organizaciones y partidos declarados en oposición. La ‘jugadita’ más evidente en este caso es el derecho a la réplica. Apenas en marzo de 2019, la oposición del Gobierno Duque usó por primera vez este derecho frente a la alocución presidencial sobre sus objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
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Aunque hubo, otras réplicas más, “el presidente Iván Duque optó por hacer intervenciones a través de canales digitales que no hacen uso del espectro electromagnético” y por tanto los medios de comunicación “no concedieron espacios” a la oposición afirmando que no cabía el derecho a réplica.
El otro tema es que no se han puesto en marcha las reformar propuestas por la Misión Especial Electoral que reforman el régimen electoral -por ejemplo, la paridad o la puesta en marcha de puestos de votación en zonas rurales-, modernizan el sistema de votación y garantizan mayor transparencia en la participación política.
En este punto un avance notorio fue las cinco curules en el Senado y en la Cámara con las que ha contado el partido Comunes, la colectividad política que conformaron miembros de las extintas Farc.
Otro hecho palpable en este punto fue la llegada al Congreso de la Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz o las curules destinadas para las zonas y víctimas más azotadas por el conflicto. El pasado 13 de marzo se realizó la votación que le añade a las Cámara de Representantes 16 nuevos escaños. Pero el proceso no fue nada sencillo: el proyecto fue hundido en el Senado por un voto, y la única vía por las que estas curules de paz revivieron fue tras una tutela que resolvió la Corte Constitucional.
Pese a ello, el informe ‘No enreden la paz’ deja claro que el proceso de elección no estuvo exento de irregularidades, tal como lo dijo Colombia+20 en su momento, como la falta de financiación, el déficit de cedulación, las brechas de género y los clanes políticos que se apoderaron de algunos de esos escaños.
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Punto 3 - Reincorporación
Básicamente es el capítulo dedicado a la dejación de armas por parte de los miembros de la extinta guerrilla de las Farc, cuya base se sustentaba, entre otras cosas, en el proceso de reincorporación desde lo económico, lo político y lo social.
Lo positivo del proceso es que de las 12.820 firmantes de paz se encuentran activos en el proceso de reincorporación, es decir, el 94,1% de los acreditados (13.616). La reincorporación política de esta antigua guerrilla ha estado garantizada por las curules fijas que tienen en el Congreso y cuya última legislatura será esta de 2022-2026.
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En cuanto a la social, el 92,8% (12.636) de los excombatientes acreditados se encuentran afiliados al sistema de salud, 88,1% de las personas, (12.000) cuentan con afiliación a algún régimen pensional, y entre 2019 y 2021 el 54,5% se ha vinculado a formación académica.
Los dos grandes rezagos han sido en lo económico y en las garantías de seguridad. El 36, 3% de los firmantes de paz no cuentan con los proyectos productivos que deben ser financiados por el gobierno y cuyo retraso hace difícil su sostenibilidad económica. Sobre las condiciones de seguridad. Hasta el momento 323 excombatientes han sido asesinados, según Indepaz.
Esa situación llevó a que en enero pasado, la Corte Constitucional declarara el Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva del Acuerdo de Paz en cuanto a las garantías de seguridad a los firmantes.
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Punto 4 – Solución al problema de las drogas
¿Cómo encontrar una salir a los cultivos de uso ilícito y a la producción y venta de drogas ilícitas? Esa es la preguntas que busca resolver este punto del Acuerdo de Paz, que pone el ojo en cómo tener un enfoque distinto según la cadena de producción. Esto porque quienes resultaban más castigados y penalizados eran quienes estaban en la zona más bajas de las pirámides de mando de las bandas dedicadas al narcotráfico.
El énfasis empezó con los cultivos de coca. Con corte a diciembre de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia reportó una reducción en la siembra de coca en el país de un 7 % con casi 143.000 hectáreas activas. Pero, esa reducción no se vio reflejada en la producción potencial que sigue subiendo. El informe afirma que: “el quiebre en la tendencia del aumento de los cultivos no ha venido acompañado de menos cocaína en el mercado nacional e internacional, sino, por el contrario, el rendimiento promedio y la productividad han incrementado de forma sostenida”.
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Una de las estrategias del Acuerdo fue la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En cinco años, ese instrumento vinculó a 99.097 familias con acuerdos individuales para cambiar los cultivos de coca por otros. Se logró erradicar 45.832 hectáreas, con un cumplimiento del 98% y tan solo un 0,8% de resiembra.
Viéndolo así parecería positiva la cifra, pero el informe lanza dos alertas: el 44,6% de las familias aún no tiene proyecto productivo de ciclo corto y el 97,6% no tiene proyecto productivo de ciclo largo. Lo que quiere decir que no se puede garantizar la sostenibilidad de esa sustitución.
La otra bandera roja es que se ha hecho una priorización de estas familias por encima del enfoque macro lo que impide una solución que contenga las necesidades territoriales y las dinámicas del narcotráfico en zonas que son corredores de droga.
“En el 2019 se habían detectado ciertos enclaves productivos que concentraban el 36% del área con coca, ubicados en el Catatumbo (Norte de Santander), Frontera Tumaco (Nariño), El Charco-Olaya Herrera (Nariño), El Naya (Cauca-Valle del Cauca), Valdivia-Tarazá-Cáceres (Antioquia), Argelia-El Tambo (Cauca), y Frontera Putumayo (Putumayo). Para 2020 este porcentaje asciende al 40,5%, y además de las zonas mencionadas”, dice el informe.
Dos de las principales recomendaciones del documento es: Renunciar al uso exclusivo del número de hectáreas de coca como indicador de medición de éxito de las intervenciones en la lucha contra las drogas -además de cambiar el enfoque, una propuesta del presidente electo Gustavo Petro- y retomar el enfoque de salud pública para la atención del consumo de sustancias psicoactivas.
Punto 5 - Víctimas y justicia transicional
Este punto es el llamado corazón del Acuerdo de Paz. La reparación a las víctimas y la aplicación de una justicia que una lo punitivo con lo restaurativo es fundamental para la no repetición del conflicto armado. Para ello se creó el Sistema Integral para la Paz compuesto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). En un encuentro realizado en abril de 2022, la representante Goebertus afirmaba que el rango constitucional que se les dio a las tres entidades en el Acuerdo las blindó de ataques del Gobierno.
Uno de los hitos en este punto ocurrió el pasado 28 de junio cuando la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final para esclarecer lo que ocurrió en más de 50 años de guerra. Los capítulos de ese informe se han ido conociendo durante estas semanas y fueron alimentados por un enorme proceso de escuchan que incluyó más de 28.000 relatos de víctimas, incluida población colombiana exiliada. Duque no estuvo presente en la entrega de ese informe.
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En cuanto a la JEP, los avances más significativos fueron, de acuerdo con el documento, los casos 01 sobre retención ilegal de personas y el 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos. Esa justicia no solo ha hecho imputaciones en ambos casos, sino audiencias públicas de reconocimiento de perdón por parte de miembros del secretariado de las Farc como de exmiembros de la Fuerza Pública.
Las alertas para esta justicia es el rezago en los otros casos que adelanta, y por tanto en las sanciones propias que debería empezar a dictar en los próximos meses, y también la no apertura del macrocaso de violencia sexual, un “fuerte reclamo que han hecho desde hace años las víctimas de violencia sexual y de género por la priorización de un caso que estudie este fenómeno en el marco del conflicto por parte de todos los actores”.
En cuanto a la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la naturaleza de su trabajo ha hecho que sus resultados vayan más lentos. Según el informe, “de las 99.235 del Universo de personas dadas por desaparecidas, se estableció un estado de búsqueda para 4.795 (4,8%). A este ritmo nos tomará 78 años determinar el estado de búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas en el universo provisional de la UBPD”.
