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Con el objetivo de “reducir a cero” los homicidios en Quibdó, las tres principales bandas criminales en Quibdó, Locos Yam, RPS y Mexicanos, le hicieron un llamado al Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), para que se sumen a una “tregua indefinidad” en el marco del proceso de paz urbana que se adelanta con el Gobierno. La petición también se extendió a las otras estructuras que hacen presencia en el territorio, como Los Z, y los Cabí, que tampoco hacen parte del diálogo con el Ejecutivo.
“Invitan públicamente a las estructuras denominadas Los Z, Cabí y al Ejército Gaitanista de Colombia EGC, a realizar una tregua indefinida que permita llevar a 0 (cero) las muertes violentas en la ciudad de Quibdó y que posibilite hacer acuerdos mínimos para respetar la vida y disminuir la criminalidad en la ciudad”, dice el comunicado firmado por ambas delegaciones en ese diálogo sociojurídico y que se dio tras una reunión el pasado 11 de noviembre en la cárcel Anayanci, Quibdó.
La estrategia “Cero Crimen” se anunció a través de un comunicado en el que además las bandas ratifican su compromiso con el proceso y aseguran que se mantendrán en la mesa para intentar ponerle fin al conflicto. Esa estrategia responde a la decisión que Locos Yam, RPS y Mexicanos habían tomado el pasado 2 de septiembre cuando anunciaron la ruptura del cese a raíz de una incursión del Clan del Golfo en los territorios. “Anunciamos oficialmente el levantamiento al cese al fuego unilateral y comenzaremos a emprender acciones militares para defender nuestros territorios”, indicaron las tres estructuras en ese momento.
El pasado 4 de octubre la crisis en la mesa se agravó cuando las estructuras amenazaron con irse de la mesa por la supuesta connivencia de las autoridades de Policía con el l Clan del Golfo. “Teníamos la esperanza de que con la manifestación pública del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, en la cual dejó claro que el EGC tiene la intención de tomarse el municipio de Quibdó, y con la llegada del nuevo comandante de policía, las cosas iban a cambiar para detener la avanzada del EGC, pero lo que está sucediendo es exactamente lo contrario y desde el cambio de mando, las autoridades solamente han realizado operaciones especiales en nuestros territorios (...) poniendo en evidencia la alianza criminal entre las autoridades y el EGC, venía haciendo el comandante (e) saliente, que era dar resultados positivos con imparcialidad”, decía el texto compartido entonces por las bandas.
El mismo consejero Patiño aseguró en septiembre, en medio un debate de control político, que el Clan del Golfo sí busca apoderarse de Quibdó. “Tenemos la mesa en Quibdó hoy con un problema tenaz (...) el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, la capital de un departamento. No es cosa menor. Están asesinando o apoderándose de los territorios donde operan estos grupos como los Mexicanos. Ellos quieren desalojarlos para apoderarse de ese territorio”, señaló.
A eso se sumó las denuncias sobre un plan feminicida que tendría el Clan del Golfo en Chocó. Colombia+20 publicó un extenso reportaje sobre la alarma que hay por la lista de 27 mujeres amenazadas por ese grupo por ser madres, amigas o pareja de personas presuntamente relacionadas con las bandas criminales. De acuerdo con información en el territorio recogida por Colombia+20, los grupos armados en la zona tienen un plan de inteligencia contra las mujeres. Incluso, fuentes detallaron que las estructuras criminales saben cuántas veces visitan los barrios de los bandos contrarios, a cuántas fiestas asisten a bailar e incluso cuántas veces se han visto con hombres en particular. De esa manera hacen seguimiento a las mujeres y posteriormente son incluidas en las listas de amenazas.
La mesa había dicho a este diario que todos esos temas se iban a discutir con las bandas para ver cómo podrían resolverse. Al parecer, la reunión del 11 de noviembre dio como resultado este anuncio.
Dentro de los compromisos del comunicado dado a conocer este viernes también quedó contemplada la creación de una hoja de ruta conjunta con miras a disminuir los índices de hurtos en la ciudad. “Se reconoce como principal objetivo del Espacio de Conversación Sociojurídico de Quibdó, lograr que la comunidad pueda estar en paz, por lo tanto, manifestamos que aumentaremos los esfuerzos que se requieran para que la ciudad pueda bajar los índices de criminalidad que hoy la agobian”, detallaron.
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Asimismo, en el espacio se hizo un llamado para que la institucionalidad tenga mayor presencia en los barrios y priorice la inversión social. “La ausencia estatal en los sectores más marginados no ayuda a la disminución del conflicto”, se lee.
Por su parte, la delegación del Gobierno se comprometió a intensificar la presencia territorial para impulsar el proceso y generar mayor articulación para lograr un mayor impacto de las acciones de paz en el territorio.
¿En qué va el diálogo en Quibdó?
El espacio de diálogo sociojurídico con bandas en Quibdó, Chocó, cumplió el pasado 18 de agosto, un año desde su instalación y se perfilaba como uno de los procesos más estables, según cercanos al desarrollo de la paz en este territorio.
Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un nuevo compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total.
Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
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Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico. En una reciente entrevista con Colombia+20, el congresista David Racero, delegado en ese espacio de diálogo, dio algunas luces de lo que se espera. Según el representante, el actual marco jurídico es muy exigente para cualquier banda criminal que busque un sometimiento negociado. En ese contexto, “ellos entienden que tienen que pagar cárcel y adelantar un proceso de reparación a las víctimas, están dispuestos, pero en condiciones con garantías”, apuntó Racero.
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