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Es preciso franquear varios filtros de la guardia y otras tantas puertas con barrotes azules antes de entrar al salón de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde se llevan a cabo las reuniones entre los delegados del Gobierno y los voceros de las bandas y estructuras armadas del Valle de Aburrá, quienes instalaron desde el 2 de junio una mesa de diálogos.
Entre las estructuras presentes se cuentan poderosas confederaciones criminales como la Oficina de Envigado, también bandas independientes como El Mesa y Los Pachelly. Se estima que estas estructuras tienen injerencia sobre más de 300 “combos” de barrio y otras organizaciones ilegales por todo el Valle de Aburrá, incluso, en otros municipios de Antioquia.
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La rutina de la cárcel es tan frenética como tediosa al mismo tiempo. Las rejas pintadas con un gris y azul triste, como si los muros quisieran vestirse con el uniforme del INPEC, se abren o cierran a cada momento cuando los prisioneros de alto perfil -que acá son casi todos- van y vuelven para conversar con sus abogados en un pequeño patio con cinco mesas de plástico. Cada cual carga su café en termos, para soportar esas charlas sobre imputaciones y recursos de casación, que pueden prolongarse la jornada completa.
Colombia+20 consiguió entrar a la cárcel de Itagüí el viernes 11 de agosto, el mismo día que se llevó a cabo la primera sesión formal de diálogo del espacio socio jurídico, con presencia de los delegados del Gobierno y las estructuras criminales. La reunión, que empezó pasadas las 10 de la mañana, se desarrolló a puerta cerrada hasta la tarde.
Dos voceros de las estructuras aceptaron dar una entrevista a este diario con la condición de que sus intervenciones no fueran consignadas a título personal, sino como la postura general de la mesa, que ha iniciado los debates sobre la estrategia jurídica que permita sacar adelante el proceso. ¿El gran reto? Mientras el Gobierno busca que los diálogos lleven a un sometimiento de las bandas, esas estructuras le apuntan a una justicia restaurativa.
Ambos coincidieron en que se ha construido amplia confianza con el Gobierno Nacional y califican este momento como de “madurez” con respecto a procesos y acercamientos que existieron durante gobiernos anteriores que resultaron fallidos.
¿Listos para el sometimiento?
En este punto los voceros fueron claros: No creen que una ley de sometimiento sea la estrategia más adecuada para desarmar las estructuras y conseguir que se acojan a la justicia. “No estamos con la ley de sometimiento, tenemos claro que necesitamos una ley diferente, con justicia restaurativa, donde nos encontremos en un punto víctimas y victimarios”, aseguró uno de ellos, agregando: “La gente tiene que entender que no sólo es el castigo, el señalamiento, la represión, esa no es la solución”.
Aseguraron que, con el hundimiento del proyecto de ley de sometimiento en el Congreso, desde la cárcel están dispuestos a hacer sus aportes para la construcción de una nueva ley que incluya en el centro a las víctimas de la violencia.
“Es una forma de retribuir el mal que se ha hecho desde las organizaciones en las comunidades. No es mirar sólo lo jurídico, sino lo social, entender y ser empáticos con lo que las víctimas sufrieron, entender que nunca quisimos causar ese dolor”, puntualizó otro vocero.
A una pregunta sobre la posibilidad de conservar un porcentaje pequeño de los bienes conseguidos durante su actividad ilegal después de una negociación, como se contemplaba en el borrador de la ley que no pasó en el Congreso, respondieron: “El tema económico no es lo más importante. Lo que queremos es luchar y resarcir un poco ese daño que hicimos a las comunidades: llevar trabajo social, oportunidades a los jóvenes, como la educación”.
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También desmintieron los supuestos ofrecimientos de beneficios o garantías de no extradición. “Queremos hacerle saber a las personas que la historia que han vendido de que este proceso se formó para que salieran grandes excapos de la cárcel, es mentira. El 80% de quienes hacemos parte de este espacio socio jurídico estamos próximos a salir en libertad, ya hemos pagado muchísimo tiempo de nuestras condenas. Esperamos salir en libertad y seguir trabajando con el proceso”, dicen.
Aseguran que sí esta mesa de paz es exitosa podría replicarse con estructuras criminales de otras zonas del país como la Costa Atlántica o el Valle del Cauca, que están atentas a su desarrollo, y aunque reconocen que los mínimos son que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, son insistentes en que el proceso no es “para delatar a nadie”, ni para meter en líos jurídicos a quienes quieran sumarse.
¿Qué podría ofrecerle entonces el Gobierno a quienes siguen en la calle y aun integran las estructuras criminales? Sobre este punto los voceros fueron precisos: “En el momento no hay un marco jurídico, sería hablar de algo ambiguo, no hay algo claro. Para poder ofrecerle algo a los muchachos de la calle tiene que haber un marco jurídico [aprobado]”.
¿Todas las estructuras armadas apoyan los esfuerzos de paz en Medellín?
El hecho de que en la instalación de la mesa el 2 de junio no hubiera presencia de voceros reconocidos y antiguos miembros de bandas como Los Triana, que mantienen fuerte control sobre la comuna nororiental, y Los Mondongueros, cuyos barrios de influencia están en Castilla y la comuna 5, despertó dudas acerca de si todas las bandas del Valle de Aburrá estaban representadas en la mesa.
Tanto Los Triana como Los Mondongueros son bandas independientes de la llamada Oficina de Envigado, aunque han llegado a acuerdos para evitar confrontaciones. Ambos voceros reiteraron lo que ha asegurado el Gobierno Nacional, que el 90% de las estructuras armadas del Valle de Aburrá tienen voz en la mesa y que el hecho de que no haya un miembro reconocido de estas dos bandas no significa que no tengan contactos con ellas. Los únicos que no tienen vocería en la cárcel de Itagüí son los combos del barrio La Sierra que, de acuerdo con los voceros, obedecen a órdenes del Clan del Golfo.
“Somos voceros de esas estructuras que manejan toda la ciudad, somos las personas que son escuchadas por esas comunidades, por esas estructuras, por esos muchachos que hacen parte de las estructuras armadas”, dijeron, “estamos nosotros y está también la voluntad del Gobierno, esto es un proceso macro, nunca antes visto en temas de paz urbana”.
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Las rejas azules se ven más tristes mientras cae la tarde, pronto van a cerrarse de nuevo y es preciso abandonar la cárcel. Ya con la grabadora apagada, antes de despedirse, varios reclaman que quisieran contar su historia personal, sus vidas ocultas detrás de la violencia, la zozobra y las persecuciones, historias que sólo se conocen por titulares sensacionalistas y expedientes judiciales repletos de folios y tipos penales.
“Cuando decimos que queremos contar la historia desde nuestro punto de vista es porque de alguna forma hemos sido víctimas, hemos sido parte de la violencia circulante que existía en esta ciudad”, reitera uno de ellos. “Queremos hacer las cosas bien, somos personas, merecemos una segunda oportunidad y queremos aprovecharla”.
Romper el ciclo de la criminalidad
Los voceros insistieron en algo que integrantes activos de las bandas señalaron a este mismo diario entre mayo y junio de este año, después de varios recorridos por las comunas de Medellín: urge una intervención decidida y contundente del Estado que resuelva las necesidades de las comunidades afectadas por la violencia. “Queremos llevar proyectos sociales, inversión social, queremos trabajar por ellos y para ellos, de la mano del Gobierno buscamos llevar oportunidades a los barrios”.
Según aseguran, hasta este momento la discusión se ha centrado en cómo “llevar inversión, educación y trabajo social a los barrios”, algo que permitiría abordar más adelante otro asunto complejo de la agenda, cómo lograr la transición de las rentas ilegales que estas estructuras controlan hacia una economía legal.
Hay un diagnóstico aprendido desde hace décadas en estas tierras, cuando ocurrieron los primeros relevos generacionales en las nacientes bandas criminales de Medellín a finales de los años 80, y es que cualquier esfuerzo de paz debe romper el ciclo de la criminalidad o de, lo contrario, se va a repetir la historia.
“¿Cómo romper el ciclo de la criminalidad en Antioquia, en Medellín y el Valle de Aburrá? ¿Cómo llegamos a los jóvenes para que mañana no empiecen ese ciclo? Queremos que busquen un mejor futuro y un proyecto de vida diferente a este”, dijo uno de los voceros, quien es cercano a la línea mayoritaria de la Oficina de Envigado.
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Por ello, sostienen que debe haber una transformación no solo social, sino cultural en los barrios de Medellín: “Cambiar el paradigma de que tener una moto es fácil, el paradigma de a quién idealizan, con quién se proyectan, cuál es su modelo a seguir. Nosotros no podemos seguir siendo ese modelo a seguir”.
“No todo ha sido fácil, no todo ha sido bonito, como ellos pueden pensar”, dijo uno de los voceros más jóvenes, quien agregó que la violencia es un camino difícil: “Implica sufrimiento, pérdida de familiares y amigos, estar lejos de las familias, no ver crecer a sus hijos. Hay una parte de la historia que es muy difícil y no es la que se cuenta normalmente”, afirmó.
Además, proponen desde ya foros pedagógicos o espacios en los que puedan ir a contar esa otra parte de su relato y servir como referentes para prevenir la violencia.
La mayoría de voceros que integran la mesa son el ejemplo vivo de ello. Muchos ingresaron a las bandas después que la violencia tocara primero a su puerta, como contaron en entrevista a este diario miembros de la banda Los Pachelly. Otros provienen de familias martirizadas en guerras y venganzas de la década del 80 y 90, como Sebastián Murillo “Lindolfo”, cuyo padre fue secuestrado y asesinado por órdenes de Pablo Escobar cuando él era muy pequeño. Algunos quedaron inmersos en reciclajes de la guerra tras la desmovilización de los paramilitares, como Freyner Ramírez “Carlos Pesebre” o Edilberto Oliveros “Mundo Malo”, quien fue miliciano y luego miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Por el abandono del Estado en muchas comunidades se crearon estas estructuras. En muchas comunidades venimos solucionando problemas, llevando el agua potable, organizando vías, todo esto que lo tenía que hacer el Estado”, aseguró uno de los voceros más jóvenes.
Además, insistió en que los problemas son arraigo histórico. “Eso marca una cultura en Medellín, la comunidad y la gente se acostumbró a que nosotros solucionábamos los problemas que la institucionalidad no solucionaba, si se veía la Policía llegaba era a atacar a los jóvenes, a tirarlos al piso, a mirar qué tenían, a meterlos en un problema, a llevarlos a la cárcel, pero no se preocupaban por solucionar la problemática (...) La gente se fue acostumbrando a que sus problemas más fácil iban y se los contaban al que llevaba el barrio, al que lo manejaba”, dijo.
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Critican, además, la versión oficial que los muestra ante la opinión pública como unos monstruos culpables de todos los problemas de la ciudad. “Si usted mira la historia del conflicto urbano en Medellín, en los años 80 llegó un congresista a intervenir en las comunas, para combatir a los trapos rojos, a las milicias. Ese congresista, al que todos endiosaban, resultó ser Pablo Escobar, era “el bueno”, que no resultó siendo tan bueno”, cuenta uno de los voceros que siendo un niño fue testigo de este proceso.
“Después llega el Estado con los Pepes’ [Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo criminal apoyado por la DEA y la Policía]”, aquello, según él, es la muestra de cómo otros intereses “han utilizado desde años atrás a los jóvenes de nuestras comunidades, no es algo sólo de ahora” apuntó.
