Diálogo con bandas criminales de Medellín: así participará la sociedad civil
Este martes el Gobierno dio a conocer la hoja de ruta que se acordó con esas estructuras del Valle de Aburrá y que incluye la realización de las asambleas y un comité de impulso. También habrá una agenda que incluye la exigibilidad del desmonte de los grupos armados.
Este martes, el proceso que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con las bandas criminales del Valle de Aburrá (subregión que contempla a 10 municipios e incluye a Medellín) dieron a conocer un acuerdo para que la sociedad civil participe en ese espacio sociojurídico que empezó el 2 de junio de 2023.
El documento que se ha denominado como “hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá” define las pautas y procedimientos asociados con las formas acordadas para que la sociedad civil participe en la construcción del proceso de paz urbana que se lleva a cabo en esa zona del país.
De acuerdo con el texto, se establecerán mecanismos para la participación, se realizarán acuerdos para la territorialización de la paz y se concertará la priorización de barrios para la implementación de las estrategias.
“Se promoverá una participación amplia y diversa de los diferentes sectores, poblaciones y organizaciones de los territorios urbanos y rurales de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá en el proceso de Paz Urbana. Se considera prioritaria la participación de víctimas del conflicto armado, las mujeres, los integrantes de comunidades étnicas y la población LGBTIQ+”, dice uno de los apartados de esta hoja de ruta que es considerado uno de los primeros acuerdos de ese proceso de paz urbana.
En el lanzamiento estuvo presente el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, y la congresista Isabel Cristina Zuleta, también delegada del Gobierno en ese proceso con las bandas urbanas del Valle de Aburrá,
“Necesitamos hacerle seguimiento, seguimiento conjunto, riguroso a lo que pase en la mesa, a esos compromisos que se han establecido. ¿Por qué nos tardamos tanto en armar esto? Primero, hemos tenido unos temores que no son infundados, que son reales de lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín por eso ponemos por encima de todo el tema de garantías para la participación de espacios de paz urbana”, dijo Zuleta.
Además: Se aprobó comisión en Senado para acompañar diálogos de paz con bandas urbanas
El problema del marco jurídico
Zuleta también se refirió al gran obstáculo que ha tenido este proceso que también se lleva con las bandas criminales de Chocó y Buenaventura: la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento. En el caso de Valle de Aburrá se contempla un proceso con 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas.
El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder.
Además, indicó que solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
“La preocupación también es sobre la base jurídica, qué sustenta a este proceso, cómo se sustenta y habíamos esperado el pronunciamiento de la ley de Paz Total para dar este paso. Sabemos que esa ley de Paz Total no es suficiente y que mandata al Congreso a que realice un desarrollo normativo para los procesos de sometimiento. Ese mandato lo tiene el Congreso, pero el compromiso que tenemos es hacer las gestiones para impulsarlo que se necesite en materia jurídica, no dejarlo de lado, pero tampoco que sin ello no podamos avanzar en la construcción de paz urbana”, dijo. Zuleta
Las tres instancias de participación
Según lo que quedó estipulado, habrá tres espacios de participación: asambleas por la paz urbana, Espacio Asambleario de la sociedad civil y un Comité de Impulso.
Sobre las asambleas, el documento indica que pueden ser territoriales (cuadras, barrios, veredas, parques, unidades residenciales, comunas, municipios) sectoriales (económicas, políticos, religiosos, académicas, en) o poblacionales (juventudes, mujeres, comunidades étnicas, comunidades rurales, comunidad LGTBIQ+).
Le puede interesar: “Es inexplicable el silencio del Comisionado”: Lindolfo, jefe de banda de Medellín
No habrá límite de creación, pero deben tener un mínimo de 25 personas participantes por encuentro. “Estos escenarios generarán documentos, solicitudes y reflexiones al Comité de Impulso en el marco de un periodo establecido para recoger los aportes de la ciudadanía sobre temas concretos”. En ese espacio no tendrá ninguna incidencia la Delegación de Gobierno.
Los espacios asamblearios estarán integrados por delegados de organizaciones, colectivos y procesos organizativos de la sociedad civil, de carácter territorial, sectorial o poblacional. No más de dos por cada una de esas categorías. “Este espacio será convocado para construir reflexiones colectivas y refrendar acuerdos a los que haya llegado el Comité de Impulso para la Paz Urbana y la Delegación del Gobierno”.
Por último, el comité de impulso estará conformado por delegados del Espacio Asambleario de la sociedad civil para la Paz Urbana y tendrá como objetivo “llegar a acuerdos con la Delegación del Gobierno y para promover la participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana”. No deberá tener más de 15 miembros.
“El Comité de Impulso tendrá encuentros periódicos de conversación y seguimiento al proceso, con la delegación del Gobierno. Estos espacios quedarán establecidos en el plan de trabajo de ambas instancias. Igualmente, tanto el Espacio Asambleario como el Comité de Impulso podrán participar de Audiencias Temáticas y Espacios de Verdad y Reconciliación con el espacio de conversación sociojurídico cuando la delegación del Gobierno Nacional lo establezca”, dice el documento.
Este comité de impulso llevará a cabo encuentros territoriales, poblacionales y sectoriales en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá.
Además: Paz total con bandas criminales: sin marco jurídico, ¿tendrá caducidad su voluntad de paz?
Diálogo social, nuevas economías, verdad y reparación y el desmonte de las Estructuras Armadas Ilegales
Todas estas instancias y discusiones tienen como objetivo la construcción y puesta en marcha de una agenda social para la paz urbana que tendrá cinco ejes articuladores:
- Ética de la Vida y la identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios: Este eje está centrado en la protección de la vida como máxima, Se hará un diagnóstico de las causas de las violencias y habrá estrategias para la no repetición de las formas de violencia urbanas. También se contempla la prevención de la vinculación de menores a las estructuras criminales
- Diálogo social e integral para la equidad territorial. En este punto se concentrarán en la construcción de planes integrales focalizados para territorios afectados por la violencia urbana. La idea es conocer las necesidades generales y estructurales de las comunidades, contribuir al mejoramiento integral de esas poblaciones y hacer una restauración del tejido social.
Entre ellas está:
- Formalización de la propiedad urbana y rural en Medellín y el Valle del Aburra
- Acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía, transporte, salud, educación, justicia.
- Modelo de atención integral para niños, niñas y jóvenes para garantizar sus derechos, para evitar mediante las estrategias necesarias que la juventud llegue a hacer parte de los grupos.
- El diseño, definición e implementación de una arquitectura institucional que permita la articulación e interlocución permanente y efectiva entre las entidades del Gobierno con los territorios y la institucionalidad local.
- Educación para la paz y el fomento y estimulo de una cultura de paz, no-violencia, no estigmatización y reconciliación.
- Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz. “Este eje busca contribuir al derecho a la verdad, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas y los territorios, generando escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento”, dice el documento.
Allí se incluye:
- Escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento.
- La dignificación de las víctimas y el territorio.
- Participación activa de las víctimas en la construcción de la memoria colectiva, promover narrativas que contribuirán a la creación de un futuro arraigado a la no repetición.
- Generación de nuevas economías: Buscar estrategias para superarrr la incidencia de economías ilegales, de manera que sean las economías legales las que provean el sustento de las familias y el desarrollo de los territorios.
- Exigibilidad del desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburra: Este último eje es que tanto el Estado como esos grupos ilegales provean las condiciones necesarias para el tránsito hacia la vida civil de las personas que conforman las estructuras armadas hacia formas que en el marco de la ley les permita proyectar los liderazgos, la identidad, principios y valores comunitarios teniendo como prioridad la ética de la vida.
- Garantías de seguridad para quienes se acojan hacia el tránsito a la vida civil, como condición indispensable para la no repetición y la reconciliación.
Lea también: Gobierno adopta política para desmantelar grupos criminales, deuda del Acuerdo de Paz
Los principios que guirarán la interacción entre los actores de la sociedad civil y el Gobierno se centran en la confianza, el respeto y el reconocimiento de las diversas perspectivas y agendas de paz que existen en la comunidad. La paz se construye sobre la base del diálogo, en el cual cada voz y cada organización tienen un papel válido y reconocido. Para llevar a cabo esta participación, el Gobierno proveerá los recursos necesarios, y se buscará el acompañamiento permanente de la comunidad internacional, garantizando así un proceso inclusivo y de alcance amplio.
La Hoja de Ruta para la Participación, entonces, se convierte en un marco de referencia para la construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. A través de una participación plural y democrática, la sociedad civil contribuye a un proceso que busca establecer una paz duradera y que prioriza la vida y el bienestar.
Este proceso, apoyado tanto por el Gobierno Nacional como por la comunidad internacional, promete sentar las bases de una nueva realidad para una región que ha sufrido los embates de la violencia.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Este martes, el proceso que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con las bandas criminales del Valle de Aburrá (subregión que contempla a 10 municipios e incluye a Medellín) dieron a conocer un acuerdo para que la sociedad civil participe en ese espacio sociojurídico que empezó el 2 de junio de 2023.
El documento que se ha denominado como “hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá” define las pautas y procedimientos asociados con las formas acordadas para que la sociedad civil participe en la construcción del proceso de paz urbana que se lleva a cabo en esa zona del país.
De acuerdo con el texto, se establecerán mecanismos para la participación, se realizarán acuerdos para la territorialización de la paz y se concertará la priorización de barrios para la implementación de las estrategias.
“Se promoverá una participación amplia y diversa de los diferentes sectores, poblaciones y organizaciones de los territorios urbanos y rurales de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá en el proceso de Paz Urbana. Se considera prioritaria la participación de víctimas del conflicto armado, las mujeres, los integrantes de comunidades étnicas y la población LGBTIQ+”, dice uno de los apartados de esta hoja de ruta que es considerado uno de los primeros acuerdos de ese proceso de paz urbana.
En el lanzamiento estuvo presente el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, y la congresista Isabel Cristina Zuleta, también delegada del Gobierno en ese proceso con las bandas urbanas del Valle de Aburrá,
“Necesitamos hacerle seguimiento, seguimiento conjunto, riguroso a lo que pase en la mesa, a esos compromisos que se han establecido. ¿Por qué nos tardamos tanto en armar esto? Primero, hemos tenido unos temores que no son infundados, que son reales de lo que ha sucedido en la ciudad de Medellín por eso ponemos por encima de todo el tema de garantías para la participación de espacios de paz urbana”, dijo Zuleta.
Además: Se aprobó comisión en Senado para acompañar diálogos de paz con bandas urbanas
El problema del marco jurídico
Zuleta también se refirió al gran obstáculo que ha tenido este proceso que también se lleva con las bandas criminales de Chocó y Buenaventura: la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento. En el caso de Valle de Aburrá se contempla un proceso con 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas.
El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder.
Además, indicó que solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
“La preocupación también es sobre la base jurídica, qué sustenta a este proceso, cómo se sustenta y habíamos esperado el pronunciamiento de la ley de Paz Total para dar este paso. Sabemos que esa ley de Paz Total no es suficiente y que mandata al Congreso a que realice un desarrollo normativo para los procesos de sometimiento. Ese mandato lo tiene el Congreso, pero el compromiso que tenemos es hacer las gestiones para impulsarlo que se necesite en materia jurídica, no dejarlo de lado, pero tampoco que sin ello no podamos avanzar en la construcción de paz urbana”, dijo. Zuleta
Las tres instancias de participación
Según lo que quedó estipulado, habrá tres espacios de participación: asambleas por la paz urbana, Espacio Asambleario de la sociedad civil y un Comité de Impulso.
Sobre las asambleas, el documento indica que pueden ser territoriales (cuadras, barrios, veredas, parques, unidades residenciales, comunas, municipios) sectoriales (económicas, políticos, religiosos, académicas, en) o poblacionales (juventudes, mujeres, comunidades étnicas, comunidades rurales, comunidad LGTBIQ+).
Le puede interesar: “Es inexplicable el silencio del Comisionado”: Lindolfo, jefe de banda de Medellín
No habrá límite de creación, pero deben tener un mínimo de 25 personas participantes por encuentro. “Estos escenarios generarán documentos, solicitudes y reflexiones al Comité de Impulso en el marco de un periodo establecido para recoger los aportes de la ciudadanía sobre temas concretos”. En ese espacio no tendrá ninguna incidencia la Delegación de Gobierno.
Los espacios asamblearios estarán integrados por delegados de organizaciones, colectivos y procesos organizativos de la sociedad civil, de carácter territorial, sectorial o poblacional. No más de dos por cada una de esas categorías. “Este espacio será convocado para construir reflexiones colectivas y refrendar acuerdos a los que haya llegado el Comité de Impulso para la Paz Urbana y la Delegación del Gobierno”.
Por último, el comité de impulso estará conformado por delegados del Espacio Asambleario de la sociedad civil para la Paz Urbana y tendrá como objetivo “llegar a acuerdos con la Delegación del Gobierno y para promover la participación de la sociedad civil en el proceso de Paz Urbana”. No deberá tener más de 15 miembros.
“El Comité de Impulso tendrá encuentros periódicos de conversación y seguimiento al proceso, con la delegación del Gobierno. Estos espacios quedarán establecidos en el plan de trabajo de ambas instancias. Igualmente, tanto el Espacio Asambleario como el Comité de Impulso podrán participar de Audiencias Temáticas y Espacios de Verdad y Reconciliación con el espacio de conversación sociojurídico cuando la delegación del Gobierno Nacional lo establezca”, dice el documento.
Este comité de impulso llevará a cabo encuentros territoriales, poblacionales y sectoriales en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá.
Además: Paz total con bandas criminales: sin marco jurídico, ¿tendrá caducidad su voluntad de paz?
Diálogo social, nuevas economías, verdad y reparación y el desmonte de las Estructuras Armadas Ilegales
Todas estas instancias y discusiones tienen como objetivo la construcción y puesta en marcha de una agenda social para la paz urbana que tendrá cinco ejes articuladores:
- Ética de la Vida y la identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios: Este eje está centrado en la protección de la vida como máxima, Se hará un diagnóstico de las causas de las violencias y habrá estrategias para la no repetición de las formas de violencia urbanas. También se contempla la prevención de la vinculación de menores a las estructuras criminales
- Diálogo social e integral para la equidad territorial. En este punto se concentrarán en la construcción de planes integrales focalizados para territorios afectados por la violencia urbana. La idea es conocer las necesidades generales y estructurales de las comunidades, contribuir al mejoramiento integral de esas poblaciones y hacer una restauración del tejido social.
Entre ellas está:
- Formalización de la propiedad urbana y rural en Medellín y el Valle del Aburra
- Acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía, transporte, salud, educación, justicia.
- Modelo de atención integral para niños, niñas y jóvenes para garantizar sus derechos, para evitar mediante las estrategias necesarias que la juventud llegue a hacer parte de los grupos.
- El diseño, definición e implementación de una arquitectura institucional que permita la articulación e interlocución permanente y efectiva entre las entidades del Gobierno con los territorios y la institucionalidad local.
- Educación para la paz y el fomento y estimulo de una cultura de paz, no-violencia, no estigmatización y reconciliación.
- Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz. “Este eje busca contribuir al derecho a la verdad, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas y los territorios, generando escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento”, dice el documento.
Allí se incluye:
- Escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento.
- La dignificación de las víctimas y el territorio.
- Participación activa de las víctimas en la construcción de la memoria colectiva, promover narrativas que contribuirán a la creación de un futuro arraigado a la no repetición.
- Generación de nuevas economías: Buscar estrategias para superarrr la incidencia de economías ilegales, de manera que sean las economías legales las que provean el sustento de las familias y el desarrollo de los territorios.
- Exigibilidad del desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburra: Este último eje es que tanto el Estado como esos grupos ilegales provean las condiciones necesarias para el tránsito hacia la vida civil de las personas que conforman las estructuras armadas hacia formas que en el marco de la ley les permita proyectar los liderazgos, la identidad, principios y valores comunitarios teniendo como prioridad la ética de la vida.
- Garantías de seguridad para quienes se acojan hacia el tránsito a la vida civil, como condición indispensable para la no repetición y la reconciliación.
Lea también: Gobierno adopta política para desmantelar grupos criminales, deuda del Acuerdo de Paz
Los principios que guirarán la interacción entre los actores de la sociedad civil y el Gobierno se centran en la confianza, el respeto y el reconocimiento de las diversas perspectivas y agendas de paz que existen en la comunidad. La paz se construye sobre la base del diálogo, en el cual cada voz y cada organización tienen un papel válido y reconocido. Para llevar a cabo esta participación, el Gobierno proveerá los recursos necesarios, y se buscará el acompañamiento permanente de la comunidad internacional, garantizando así un proceso inclusivo y de alcance amplio.
La Hoja de Ruta para la Participación, entonces, se convierte en un marco de referencia para la construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. A través de una participación plural y democrática, la sociedad civil contribuye a un proceso que busca establecer una paz duradera y que prioriza la vida y el bienestar.
Este proceso, apoyado tanto por el Gobierno Nacional como por la comunidad internacional, promete sentar las bases de una nueva realidad para una región que ha sufrido los embates de la violencia.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com