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A medida que crece la violencia en Chocó, la crisis en la paz urbana en ese departamento se agudiza. Así lo deja ver un reciente comunicado, en el que las tres bandas en diálogo con el Gobierno: RPS, Locos Yam y Los Mexicanos, anunciaron que se levantan de la mesa, a pesar de la voluntad para quedarse en este proceso que es parte de los diálogos de paz urbana que se adelantan con estructuras criminales. Los otros dos son en Buenaventura y Valle de Aburrá.
“Por salvaguardar el derecho a la vida de nuestros militantes y porque lo único que nos sostenía en la mesa de diálogos era nuestra voluntad de cambio, hemos tomado la decisión de informarle a nuestros voceros designados en el ECSJ (espacio sociojurídico) del municipio de Quibdó, que a partir de la fecha NOS LEVANTAMOS oficialmente del mismo”, se lee en un comunicado con fecha del pasado 27 de septiembre y firmado por las tres estructuras en el territorio.
En el texto, también denuncian -sin aportar pruebas- que están siendo perseguidos por las autoridades y que tiene conocimiento de que hay connivencia de estas con el Clan del Golfo. “De nada sirve que ellos estén en la cárcel Anayancy hablando de construir paz, mientras en las calles estamos siendo perseguidos y ultimados sin consideración alguna por parte de las autoridades locales, de quienes tenemos pleno conocimiento que establecieron como plazo máximo el mes diciembre para entregarle el dominio territorial del municipio de Quibdó al EGC (Ejército Gaitanista de Colombia, como se autodenomina el Clan del Golfo).”
La crisis en esa mesa urbana se comenzó a gestar desde el pasado 2 de septiembre, luego de que las tres bandas criminales anunciaran la suspensión del cese al fuego como parte del diálogo con miras al sometimiento que llevan con el Gobierno.
Cabe aclarar que esos grupos armados decidieron sostener la tregua entre ellos, pero reactivar la ofensiva contra el Clan del Golfo a raíz de su avanzada en el departamento. “Anunciamos oficialmente el levantamiento al cese al fuego unilateral y comenzaremos a emprender acciones militares para defender nuestros territorios”, se lee en el comunicado que emitieron las bandas en su momento.
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Según el reciente comunicado, las autoridades de policía no han detenido la avanzada del Clan del Golfo. “Teníamos la esperanza de que con la manifestación pública del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, en la cual dejó claro que el EGC tiene la intención de tomarse el municipio de Quibdó, y con la llegada del nuevo comandante de policía, las cosas iban a cambiar para detener la avanzada del EGC, pero lo que está sucediendo es exactamente lo contrario y desde el cambio de mando, las autoridades solamente han realizado operaciones especiales en nuestros territorios (...) poniendo en evidencia la alianza criminal entre las autoridades y el EGC, venía haciendo el comandante (e) saliente, que era dar resultados positivos con imparcialidad”, dice el texto.
Ese mismo reclamo habían hecho en el anterior comunicado en el que alertaron sobre el avance del Clan del Golfo. En ese texto decían que las autoridades como la “Fiscalía, Policía, Sijin, Ejército, Gaula”, se habían “dedicado a perseguir a esos tres grupos” y que, en cambio, permitían que otros “operaran con total libertad en los territorios”.
El consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, aseguró hace unas semanas en medio un debate de control político que el Clan del Golfo busca apoderarse de Quibdó. “Tenemos la mesa en Quibdó hoy con un problema tenaz (...) el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, la capital de un departamento. No es cosa menor. Están asesinando o apoderándose de los territorios donde operan estos grupos como los Mexicanos. Ellos quieren desalojarlos para apoderarse de ese territorio”, señaló Patiño.
El Clan del Golfo se pronunció para rechazar la acusación del comisionado y dijo que está cayendo en el “juego de los enemigos de la paz” que “difunden rumores falsos con el fin de desacreditar a una de las partes”.
Las tres bandas sostienen que esa avanzada del Clan del Golfo con apoyo de las autoridades. “De nada sirve que ellos (los voceros) estén en la cárcel hablando de construir paz, mientras en las calles estamos siendo perseguidos y ultimados (...) Le decimos al Gobierno Nacional que cuando estén en condiciones de que a través de su línea de mando militar hacer que las autoridades locales del municipio de Quibdó realicen su labor de manera imparcial, nos avisen. Vamos a estar firmes con la voluntad de construir paz, pero no a cualquier precio”, dice el comunicado.
A eso se suma las denuncias sobre un plan feminicida que tendría el Clan del Golfo en Chocó. Colombia+20 publicó hace unos días un extenso reportaje sobre la alarma que hay por la lista de 27 mujeres amenazadas por ese grupo por ser madres, amigas o pareja de personas presuntamente relacionadas con las bandas criminales.
De acuerdo con información en el territorio recogida por Colombia+20, los grupos armados en la zona tienen un plan de inteligencia contra las mujeres. Incluso, fuentes detallaron que las estructuras criminales saben cuántas veces visitan los barrios de los bandos contrarios, a cuántas fiestas asisten a bailar e incluso cuántas veces se han visto con hombres en particular. De esa manera hacen seguimiento a las mujeres y posteriormente son incluidas en las listas de amenazas.
Desde la delegación del Gobierno en ese espacio de diálogo señalaron que, por ahora, el espacio de conversación con las bandas no se ha levantado ni suspendido formalmente, pero que sí se está analizando lo que dice el comunicado y cuáles son los pasos a seguir.
El otro tema del que supo este diario es que la delegación de Gobierno se redujo. En agosto de 2022 se nombró a 10 delegados, de los cuales solo quedan el representante a la Cámara, David Racero, quien es el jefe coordinador; Luiz Evelis Andrade, exsenador y líder indígena, y Pedro Baracutao García, excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC y actual representante a la Cámara por el partido Comunes.
¿En qué va ese diálogo?
El espacio de diálogo sociojurídico con bandas en Quibdó, Chocó, cumplió el pasado 18 de agosto, un año desde su instalación y se perfilaba como uno de los procesos más estables, según cercanos al desarrollo de la paz en este territorio.
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Dentro de los avances más recientes del proceso, el Gobierno pactó un nuevo compromiso con las estructuras urbanas para suspender la extorsión a varios sectores, en el marco de la paz total.
Ese acuerdo se firmó el pasado 8 de agosto y en el documento quedó contemplado que “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”. Asimismo, el compromiso explica que “estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”.
Uno de los grandes obstáculos que ha tenido el proceso de paz con las bandas en Chocó es que todavía no existe un instrumento legal que le entregue una vía clara al espacio sociojurídico.
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