Ad portas de cumplirse un año de la instalación oficial del denominado “espacio socio-jurídico” con las bandas de Chocó, este jueves el Gobierno anunció que se pactó un compromiso.
De acuerdo con el comunicado, las tres estructuras urbanas Mexicanos, Locos Yam y RPS “se comprometen a dejar de extorsionar a los sectores de profesores, personal de la salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores y acarreos de material de construcción”.
Estos sectores, dice el documento, se suman a otros que ya han sido sacados de la lista de extorsión: vendedores ambulantes y mototaxistas. “Estos acuerdos se realizan en el marco del proceso de desmonte a mediano plazo de todas las extorsiones y un primer paso para superar las economías ilícitas”, se explica en el comunicado.
El Gobierno busca complementar esos compromisos con ofertas institucionales para los jóvenes. De acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado, se busca que “cerca de 500 integrantes de estas estructuras armadas (principalmente jóvenes), puedan vincularse a programas que les permitan contar con alternativas de sostenimiento diferentes al conflicto armado”.
Y agrega: “Además, buscamos brindar alternativas económicas, culturales y sociales a los jóvenes integrantes de estas estructuras armadas, quienes han visto en las armas su único sustento”.
En Quibdó también delinquen las bandas que se hacen llamar “Los Zetas” y células urbanas del Clan del Golfo o AGC, estos últimos con los que el Gobierno oficializó esta semana un nuevo tablero de negociación con miras al sometimiento.
Según la Oficina del Consejero Comisionado, entre los acercamientos con estas bandas criminales -diciembre del 2022- y la oficialización del espacio -el 18 de agosto de 2023- se presentó una reducción del 54% de los homicidios en Quibdó. Sin embargo, las extorsiones, restricciones a la movilidad y fronteras invisibles continúan siendo parte de la cotidianidad de la población.
¿Cuáles son los grupos urbanos en Chocó?
Los Mexicanos
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, también conocido como Los Mexicanos, son un grupo de jóvenes chocoanos, entre indígenas y afrocolombianos. A través de un comunicado oficial que se dio a conocer durante la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídica en Quibdó, llegaron a las armas por la falta de oportunidades para salir adelante en la capital del Chocó.
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Es considerada una de las estructuras más grandes de Quibdó, con más de 300 jóvenes que realizan extorsiones y sicariato en los más de 192 barrios de la capital chocoana.
Los voceros de Los Mexicanos que hacen parte de la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro se encuentran en la cárcel de Itagüí y tras la instalación del espacio socio jurídico iniciarán las labores de concertación de agendas de trabajo y roles de los participantes.
Locos Yam
Desde la cárcel de Anayanci de Quibdó, durante la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico con el gobierno de Gustavo Petro, uno de los delegados de Locos Yam manifestó que antes de ser victimarios fueron víctimas y reafirmaron su voluntad de paz para avanzar en este proceso.
Algunos de sus integrantes provienen del Medio Atrato, Bajo Atrato y San Juan, muchos de ellos llegaron a Quibdó a causa de desplazamientos forzados por el conflicto armado interno del país. Al llegar a la capital chocoana, no encontraron oportunidades para salir adelante y según ellos, esto los llevó a ser presa fácil de la delincuencia.
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RPS
La banda criminal RPS responde a jóvenes que provienen del barrio Reposo de Quibdó. Ellos ni Locos Yam participaron presencialmente en el espacio de la instalación por temas de seguridad y para no entorpecer el proceso legal que llevan. También se encuentran en la cárcel de Anayanci de Quibdó.
“Si no nos unimos a tomar las armas, seríamos atacados y disminuidos. Nuestro objetivo es participar en la paz, queremos darnos la oportunidad de tener una vida tranquila, poder disfrutar de la cultura, la familia sin vernos afectados por la delincuencia del Chocó”, resaltó uno de los integrantes.
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La guerra con estas bandas criminales ha llevado a generar desplazamientos internos de barrio a barrio y también fuera de la capital. Según cifras de la ACNUR, 101.536 personas se han desplazado internamente en Chocó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
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