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El próximo 31 de agosto se cumplirán 20 años del asesinato de 16 personas de la comunidad wiwa en El Limón, un corregimiento de Riohacha en La Guajira. Los responsables fueron miembros del Bloque Norte de las Auc que, según el más reciente informe de la Dirección de Acuerdos para la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), perpetró 456 masacres, 123 más de las admitidas en las audiencias de Justicia y Paz. El informe también da cuenta, entre otras cosas, de la forma como los paramilitares se aliaron con la Fuerza Pública y empresarios para despojar a campesinos de sus tierras y cómo usaron la violencia sexual como forma de castigo y de poder sobre las comunidades.
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La masacre en El Limón “afectó la tierra porque quedó sin el calor humano ¡quedó sola y triste sin mi canto, sin la bulla que yo le hacía!”, relató uno de los sobrevivientes de esta arremetida paramilitar, que según esta investigación, contó con la colaboración de miembros del Batallón de Cartagena del Ejército. De esa frase nació el nombre del informe, La tierra se quedó sin su canto, que, en dos tomos de más de 400 páginas, explica de manera detallada la forma como actuó este grupo en cuatro departamentos del norte del país desde la década de los 60, con las estructuras paramilitares que le precedieron, hasta el 2006, cuando se desmovilizó bajo la comandancia de Rodrigo Tovar alias Jorge 40.
El Bloque Norte, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fue uno de los más grandes de esta estructura paramilitar. Agrupó 13 frentes que actuaron en 96 municipios de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y Norte de Santander como se ve en la siguiente gráfica:
“Personas entrevistadas en el informe cuentan que, para moverse en estos lugares, particularmente zonas rurales, se necesitaba un carné, emitido por las mismas Acmg. Si la gente no lo tenía, eran retenidos por horas hasta que algún miembro de la estructura autorizara su salida, u ordenara su asesinato”.
Informe CNMH
Poder del Bloque Norte y disputas entre grupos paramilitares
Además del Bloque Norte, el informe investigó la forma de operar de otras dos estructuras paramilitares en esa región: El frente Resistencia Tayrona o las Autodefensas Campesinas de Magdalena y La Guajira (Acmg) -que tras una guerra con las Auc terminó integrándose a ellas- y las Autodefensas del Sur del Magdalena Isla de San Fernando o los Cheperos. Según el coordinador del informe, Lukas Rodríguez, el despliegue y poder de estos grupos fue tan grande en estos departamentos debido en parte a que la presencia de la guerrilla no era tan fuerte. Tan solo después de la Séptima Conferencia, en 1982, las Farc entraron a la Sierra Nevada, interesadas en expandir su control territorial y aprovechando el declive de la bonanza marimbera.
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Además, la época más próspera de esa bonanza, entre los años 60 y 80, permitió a los jefes de las estructuras que luego se convertirían en el Bloque Norte adquirir mucho dinero y poder en la región. Hernán Giraldo, el comandante de las Acmg, oriundo de Caldas, llegó a la región a trabajar recolectando café en el sur del departamento del Magdalena, pero terminó construyendo un emporio de tráfico de drogas y, posteriormente, una estructura paramilitar que “defendía” a los comerciantes de delincuentes y de la guerrilla.
El investigador Lukas Rodríguez también cuenta cómo estos grupos llegaron a cooptar todas las estructuras sociales y de poder en la región: “controlaban los colegios, profesores, suplementos de hospitales, circulación en las carreteras, cobraban impuestos”. Entre los 80 y los 90, cuando Hernán Giraldo controlaba la mayor parte del territorio de La Guajira y la Sierra, personas entrevistadas en el informe cuentan que, para moverse en estos lugares, particularmente zonas rurales, se necesitaba un carné, emitido por las mismas Acmg. Si la gente no lo tenía, eran retenidos por horas hasta que algún miembro de la estructura autorizara su salida, u ordenara su asesinato.
Era tal el poder que había logrado tener Giraldo que, cuando los hermanos Castaño, jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá empezaron su proyecto de unificación de las estructuras paramilitares en todo el territorio nacional, Giraldo prefirió mantenerse al margen pues las Acmg eran autosuficientes en términos de hombres, armamento, dinero y control social. Según relata el informe, algunas acciones de uno de los socios de Giraldo, Jairo Muso sabotearon planes que los Castaño tenían para las Auc en las nacientes negociaciones con el entonces presidente Álvaro Uribe y ordenaron a Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, hacerle la guerra a las Acmg. Esta fue una de las épocas más sangrientas para la región. Al final, Jorge 40 superó a Giraldo militarmente y este último se terminó sometiendo a que su organización fuera parte del Bloque Norte.
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“Es bien conocido que Hernán Giraldo abusaba sexualmente de niñas de entre 12 y 15 años que exigía como pago ante entregas de ganado y otros tipos de ayudas a los campesinos de la región”.
Informe CNMH
Masacres, despojo, desapariciones y violencia sexual
Uno de los datos más reveladores del informe tiene que ver con el número de masacres cometidas por el Bloque Norte. En audiencias de Justicia y Paz, los declarantes admitieron ser responsables de 333 masacres. Sin embargo, en el trabajo investigativo de la DAV se encontró que el Bloque norte habría perpetrado 456 masacres en la región.
“Detrás de las masacres había una estrategia paramilitar muy clara: se asesinaba, se producía un desplazamiento para luego apropiarse las tierras: masacre, desplazamiento y despojo, así funcionaba”, cuenta Rodríguez. Además, en medio de estas arremetidas, los paramilitares terminaban, en ocasiones, arrasando corregimientos enteros, llevando bulldozers para destruir las casas y quemando los escombros.
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En la masacre de El Limón, por ejemplo, un sobreviviente relata que: “Quemaron el colegio, le metieron… sería… yo no sé, gasolina y prendieron todo eso… lo echaron a perder, el comedor que había, todo eso lo echaron a perder”. Los habitantes de este corregimiento no pudieron regresar nunca a este lugar, ahora viven desplazados en Riohacha. El Estado pidió perdón a esta comunidad en 2018 por la responsabilidad que tuvo el Ejército en la masacre en la que también desaparecieron personas, como relató otro sobreviviente al periódico El Heraldo tras la visita del ministro de Justicia, Enrique Gil, para el acto oficial de perdón.
La desaparición forzada también hizo parte del modus operandi del grupo. De hecho, los departamentos de Cesar y Magdalena tienen las cifras más altas de desaparición forzada según el Registro Único de Víctimas. El pico de desapariciones se alcanzó entre 2001 y 2002 y varios jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, han reconocido su responsabilidad por hechos de desaparición en estos departamentos.
Otra de las formas de control que usaron los paramilitares fue la violencia sexual. Es bien conocido que Hernán Giraldo abusaba sexualmente de niñas de entre 12 y 15 años que exigía como pago ante entregas de ganado y otros tipos de ayudas a los campesinos de la región. Incluso se ha denunciado que estando recluido en las cárceles de La Ceja e Itagüí (Antioquia), y La Modelo de Barranquilla (Atlántico), Giraldo hacía entrar niñas para abusar de ellas en el centro penitenciario.
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Sin embargo, Lukas Rodríguez afirma que quizás el sonado caso de Giraldo ha opacado la dimensión de este hecho, que fue cometido no solo por él, sino por varios integrantes de diferentes rangos en la región. La organización Ágora que agrupa a víctimas de violencias basadas en género en el Caribe afirma que esta es una de las regiones con más casos de violencia sexual en el país, pero que el subregistro sigue siendo muy alto por el miedo que tienen las mujeres a denunciar estos hechos y el estigma que la cultura impone sobre las víctimas.
Falsos positivos, relaciones con unidades militares y parapolítica
‘La tierra se quedó sin su canto’ también relata la relación cercana entre el Bloque Norte y unidades militares en el Caribe. El Batallón de Artillería N. 2 La Popa, Batallón de Infantería Mecanizado N.° 5 Gr. José María Córdova, Batallón de Alta montaña N. 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón, Grupo de Caballería Mecanizada N.° 2 Coronel Juan José Rondón y Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena apoyaron a los paramilitares en su incursión en la región con operaciones conjuntas, provisión de armamento e incluso pagos de nóminas a altos mandos militares. Algunos de los mandos implicados, según las versiones de las personas entrevistadas son el general Iván Ramírez y al coronel Lino Arias.
Además, los paramilitares contaban con información de inteligencia que proporciona el DAS y la Policía, que usaron para perfilar y luego victimizar a personas pertenecientes a organizaciones sindicales y a estudiantes y profesores de la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Magdalena y la Universidad del Atlántico. La Universidad Popular del Cesar, y la Universidad del Atlántico, de hecho, fueron declarados sujeto de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas por la persecución y los asesinatos de los que fueron víctimas profesores, estudiantes y otros miembros de estas comunidades universitarias.
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Herencia de nuevos grupos paramilitares
Tras su desmovilización, Jorge 40 admitió que conocía que varios de sus hombres desconfiaban del proceso de desarme y habían optado por no hacer parte de Justicia y Paz. Así, se lee en el informe: “en la región Caribe se ha registrado el accionar de varios grupos posdesmovilización como Los Rastrojos, Los Paisas, Los Urabeños, Los Nevados, la Banda de los 40, la Banda de La Alta Guajira (grupo no desmovilizado de alias Pablo que hacía parte del Frente Contrainsurgencia Wayúu) y Las Águilas Negras”.
A pesar de que el alcance temporal de la investigación terminaba con la desmovilización del Bloque Norte en 2006, Lukas Rodríguez dice que no es errado pensar que el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son una estructura residual del Bloque Norte y que su forma de operar puede ser muy similar. De hecho, algunos de los grupos posdesmovilización del Bloque Norte ahora se reconocen como parte de las Agc o el Clan del Golfo, que siguen teniendo gran control territorial en la misma zona de influencia de las Auc, como se demostró en el más reciente paro armado que impuso esta organización como protesta por la extradición de quién fue su jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Además, en la Sierra Nevada, se han vuelto a vivir olas de violencia por la disputa territorial entre grupos paramilitares: precisamente las Agc, se están enfrentando a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y en medio de los combates ha quedado la población civil. En abril de este año, 200 familias, más de 600 personas se desplazaron a Ciénaga desde corregimientos en la parte baja de la Sierra. Esto revive la memoria de los enfrentamientos entre los hombres de Hernán Giraldo y Jorge 40 a finales de los 90.
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Entrega del libro, socialización y articulación con el Sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición
Para el director técnico de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, Carlos Mario López, reparar a las víctimas es la labor central de la Dirección. Los testimonios de personas que pertenecieron a las estructuras paramilitares se recogen por medio de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Por eso, en 2022 empezaron a socializar este informe en Valledupar, para presentarlo a víctimas y organizaciones sociales y tendrán otras presentaciones en las ciudades principales de la región.
También, a final de este año la DAV tiene planeado presentar 10 informes más sobre la naturaleza del fenómeno paramilitar en Colombia antes que termine su mandato, estipulado en la Ley 1424 de 2010. En el Caribe están trabajando en una investigación sobre el Bloque Héroes de los Montes de María que ejercía control en el Sur de Bolívar y Sucre.
Lukas Rodríguez dice que una de las características del informe es que logra individualizar las acciones de los 13 frentes que hicieron parte del Bloque Norte, lo cual será útil para la justicia transicional pues “logrará acotar las acciones de los posibles responsables en el tiempo en que ocurrieron determinados hechos”. Los resultados de estos informes contribuyen al trabajo de la Comisión de la verdad, la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción especial para la paz, instituciones creadas por el Acuerdo de Paz con las Farc. El objetivo de esta articulación es que “se conozca la verdad sobre el paramilitarismo y se honre el derecho de reparación a las víctimas de forma integral”, dice López.
El informe completo tiene dos tomos que puede consultar aquí y aquí.