Las amenazas a líderes ambientales que protestan contra la minería en Santander

Se completan 20 días de protestas contra la licencia ambiental que dio la Corporación Autónoma Regional de Santander a la empresa francesa Colcco.

Foto: Tomada del twitter de @ComiteSanturban

Se completan 20 días de protestas en zona rural de Barrancabermeja por la entrega de una licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la minera francesa Colcco para explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurí.

Durante las últimas dos semanas las noticias han girado en torno a las consecuencias económicas que han generado estos bloqueos, pero poco se ha hablado sobre los riesgos, amenazas e intimidaciones que vienen enfrentando desde el 13 de enero, algunos líderes y lideresas ambientales que impulsan esta movilización social.

El primer nombre que se lee en los cuatro panfletos intimadatorios -firmados por las Agc- es el de Oneida Suárez, de 39 años. “Damos 72 horas para desalojar el territorio a quienes se cen al desarrollo económico de la región”, se lee en las amenazas, en donde se mencionan a otros 19 líderes y lideresas ambientales reconocidos en la región. “Exterminio es la misión”, dice el panfleto.

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Oneida integra el movimiento social Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo, un colectivo que, como su nombre lo dice, se opone a las actividades de hidrocarburos en este territorio. Es una de las mujeres que más conoce el contexto social y ambiental la zona y ha sido una de las protestantes contra la minera Colcco, como también lo fue en 2019 contra Ecopetrol, con la llegada de la empresa a su territorio.

Según ella, la problemática radica en las inconsistencias que tiene la licencia que le otorgaron a la multinacional. “Nosotros tenemos un río que se llama Cascajales, que es como el río de nuestros amores. La mina que le concesionaron a Colcco, por la que estamos luchando, no tiene permiso de concesión ni captación de aguas para actividad minera. Es decir, la empresa, de entrar en operaciones, va a dañar nuestro río porque no hay otra fuente hídrica potente de donde ellos puedan sacar el agua para su funcionamiento. Nuestra vida depende de ese río”, explica.

La defensa de ese afluente llevó a que más de 2.000 personas se organizaran para levantar bloqueos en dos zonas: en la vía Oponcito - Yarima (Barrancabermeja) y en el corregimiento kilómetro 23, en San Vicente de Chucurí. Aunque los bloqueos fueron levantados parcialmente el pasado 27 de enero y la comunidad entró en asamblea permanente con cierres viales temporales, la situación de seguridad para los manifestantes se ha recrudecido a medida que pasan los días.

La petición que han hecho las comunidades es que se indague sobre las inconsistencias que tiene la licencia minera que le otorgaron a la empresa y se revoque. De hecho, la secretaría de Ambiente departamental emitió un comunicado el pasado 23 de enero se pronunció pidiendo a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y al Ministerio de Ambiente pidiendo que la licencia sea derogada. “La petición se realiza teniendo en cuenta que la información suministrada por el Minambiente contiene todos los argumentos necesarios para avanzar en dicho proceso”. Hasta el momento, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la CAS se han pronunciado al respecto.

Líderes y lideresas fueron declarados ‘objetivo militar’

Los panfletos firmados por las Agc (o Clan del Golfo) fueron emitidos el 13, 15, 19 y el 25 de enero. El 26 de enero también se difundió a través de redes sociales un video en el que hombres armados -que se identifican como miembros de las Agc-, reiteran las amenazas contra los líderes ambientales que se mantienen en pie en la movilización. “Se declara objetivo militar a las personas que permanecen en la movilización, ya que hemos evidenciado que solo buscan seguir generando caos y zozobra”.

Frente a estas amenazas, el abogado Santiago Gamboa, de la Corporación Compromiso, y quien acompaña a las comunidades, asegura que estos ataques contra líderes y lideresas ambientales, así como organizaciones de defensa del territorio, ponen en vilo la voluntad de paz que han manifestado las Agc (Clan del Golfo) de sentarse en una mesa de negociación con el gobierno Petro para entrar a la “Paz Total”.

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Las Agc son uno de los cuatro grupos armados con los que se estableció un acuerdo de cese al fuego bilateral desde el 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de junio del mismo año. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter en 31 de diciembre pasado, cuando advirtió que los grupos con los que se había pactado ese acuerdo fueron el Clan del Golfo (Agc), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El Eln también entró en ese anuncio, pero el Gobierno tuvo que reversar su inclusión luego de que la guerrilla dijera que era un tema a discutirse en la mesa de negociación.

Por eso, la petición de los líderes sobre respetar el cese al fuego no es menor. “Estamos en un tránsito en el que se habla de que este grupo armado quiere una salida a través del diálogo político, pero están amenazando líderes ambientales, además en medio de un anuncio de cese al fuego. Queremos que el gobierno se pronuncie sobre esos hechos”, dijo el abogado Gamboa.

El 27 de enero pasado, mientras Oneida accedía a una entrevista con este diario, recibió una nueva amenaza a través de su Whatsapp en la que le advierten: “Lo mejor es quedarse calladita y dejar de estar metiéndose con nosotros, de lo contrario, bala con usted”. El mensaje aparece firmado por las Agc – Clan del Golfo Estructura Luis Alfonso Echavarría.

Para la defensora ambiental, tampoco es casualidad que su nombre sea el primero que nombran en los cuatro panfletos, en los que también han sido mencionados defensores de derechos humanos como Amilkar Monsalve, Luis Corena, Mauricio Meza, Cristian Garzón, Isabel Rey, Carlos Moreno, Jorge Olivero, Miguel Rodríguez, María José Hernández, Edwin Romero, Isnardo Vega, Mauricio Gómez, Camilo Ochoa, Álvaro Santamaría, Samir, Fernando Pacheco, Johana Díaz, Edward Gómez y Zaid. “Para mí eso tiene un peso y un significado psicológico el hecho de que mi nombre sea el primero en aparecer. Hay algo muy triste pero que es real: uno normaliza las amenazas”, dice la lideresa.

El abogado que acompaña la protesta señala que “lo que más preocupa es que en todos los panfletos dicen que no quieren ver a ninguno de los defensores de derechos humanos acompañando las jornadas de protesta. Y que, además, les dan 72 horas para abandonar esa movilización”. Ese plazo se cumplió el 18 de enero pasado, día en el que también comenzaron a recrudecerse unas intimidaciones como seguimientos, señalamientos y persecuciones.

Un líder, que pidió protección de su identidad, aseguró que ese día fue seguido hasta su vivienda cuando salió de la movilización y un vehículo sin placas se parqueó a las afueras por varios minutos. “Luego vi que empezaron a apuntar con un láser hacia el interior de mi casa. Lo único que hice fue quedarme muy quieto y esperar que se fueran”, dice.

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Otra lideresa que apareció mencionada en el panfleto también denunció que el pasado 25 de enero, cuando se movilizaba en un moto hacia el casco urbano de El Carmen de Chucurí fue seguida por alrededor de 25 minutos por un hombre en motocicleta. “Sabíamos que venía siguiéndonos porque, aunque paramos, la moto en varios momentos, el carro también paraba detrás de nosotros”.

Cristian Garzón, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Yarima e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, dice que desde que su nombre apareció en el panfleto firmado por las Agc, no ha recibido acciones concretas e inmediatas para disminuir el riesgo de seguridad. “La policía puso a disposición una moto para quienes tenemos que movilizarnos en la protesta, pero más allá de eso, no tenemos otra garantía de seguridad”.

La intimidación más reciente ocurrió en la noche del 27 de enero, cuando el mismo grupo armado emitió un nuevo panfleto en el que declaran objetivo militar a los representantes y directores de ocho organizaciones sociales que también acompañan las jornadas de protesta: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Desplazados asentados en Barrancabermeja, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos regional Santander, el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilches, la Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos Sociales y Empresariales de Colombia, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo y la Asociación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible para las Regiones.

En la mañana de este sábado 28 de enero, aparecieron graffitis con las siglas ‘Agc’ en las fachadas de varias viviendas en el barrio Gaitán del municipio de Sabana de Torres, así como un grafiti en la entrada de Indulácteos, la pasteurizadora de leche de la región.

Luisa Acuña, también de la Corporación Compromiso, contó que en el municipio de Barrancabermeja también han aparecido más de 15 carteles con las siglas de las “Agc”, lo que ha complejizado la situación y la participación de la comunidad a la movilización.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo presencia en el lugar cuando se hicieron públicas las denuncias por las amenazas a través de los panfletos firmados por las Agc. Colombia+20 consultó a esta institución, que confirmó que la oficina de enlace del distrito de Barrancabermeja brindó atención a ocho líderes que accedieron a hablar con ellos sobre las intimidaciones. “Se realizó oferta institucional, entrega del formulario de solicitud individual de protección y requisitos para acceder al programa de protección de la UNP”.

Sin embargo, lideresas como Oneida aseguran que no es suficiente la presencia de la UNP si no se concretan acciones para la protección inmediata de los manifestantes. “A mí me han amenazado en tres momentos de mi vida: en 2019, en 2022 y ahora. En las tres ocasiones he buscado a la Unidad Nacional de Protección. La primera vez me respondieron que yo tenía un nivel de riesgo normal al de cualquier persona, y por la amenaza de febrero del año pasado, ni siquiera han emitido la evaluación de riesgo”.

Luisa Acuña, de la Corporación Compromiso, le confirmó a este diario que algunos de los líderes y lideresas que participaban activamente como voceros de la protesta y que aparecieron en los panfletos han decidido apartarse de la movilización por condiciones de seguridad. Sin embargo, asegura que continúan apoyando la protesta a través de redes sociales y asegura que la mayoría de los 20 mencionados en las amenazas siguen en la zona de la manifestación.