Se cumplen 21 años de la bomba al club El Nogal: estos son algunos avances del caso
Bertha Lucía Fríes, representante de las víctimas del atentado que perpetró la extinta guerrilla de las FARC el 7 de febrero de 2003, presentó una carta en la que dicen que siguen esperando verdad y reparación. Además, afirma que es muy poco probable que el caso pueda llevarse a la Corte Penal Internacional. El martes la JEP cita a declarar a Rodrigo Londoño y a ocho ex-Farc por este caso.
En la víspera de la conmemoración de los 21 años del atentado al club El Nogal, en Bogotá, perpetrado el 7 de febrero de 2003, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que llamará a declarar a varios integrantes del antiguo secretariado de las FARC para que por el que es considerado como uno de los mayores ataques urbanos.
Por el ataque con bomba, que dejó 33 muertos y más de 200 heridos, deberán ir a ese tribunal integrantes del antiguo secretariado de las FARC, entre ellos, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez Cabrera y Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada). La cita será el 12 y 13 de agosto para rendir versión voluntaria de aporte a la verdad sobre este hecho, que es parte del macrocaso 10 que lleva la JEP.
Este diario conoció una carta escrita por Bertha Lucía Fríes, representante de las víctimas del atentado, en la que dicen que siguen esperando verdad y reparación. Además, afirma que es muy poco probable que el caso pueda llevarse a la Corte Penal Internacional y hace algunas peticiones y aclaraciones sobre el caso.
Además: En fotos: así fue el atentado al club El Nogal hace 20 años
La lucha de las víctimas por verdad y reparación
De acuerdo con la misiva, Fríes dice que en 2017, apenas cuatro meses después de la firma del Acuerdo de Paz, se hizo uno de los primeros tres encuentros entre víctimas y ex-Farc. En esa reunión se logró que ellos asumieran su responsabilidad.
“En 2018, los ex-Farc nos confirmaron las razones por las cuales pusieron la bomba: ‘Las AUC eran visitantes de nuestro club’. Esa es información que la justicia Ordinaria y la JREP tendrá que investigar. En este evento también tuvimos el honor de contar la presencia del padre Francisco de Roux —entonces presidente de la Comisión de la Verdad—, embajadas de Noruega y de Cuba como países garantes del acuerdo de paz y la JEP”, dice Fríes-
Un año después, la JEP abrió formalmente el caso de investigación por el atentado. “En 2020, las víctimas entregamos en la sede de la JEP nuestro segundo informe en compañía de los reincorporados y algunos desmovilizados de las AUC. Rompiendo el protocolo, nos dimos un abrazo improvisado entre las tres partes. Mancuso en esta oportunidad hizo presencia a través de una carta en la que nos pidió perdón y asumió responsabilidad de lo sucedido en el club”.
En 2022 se decidió que estaría para la sombrilla del macrocaso 10, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC en el marco del conflicto armado colombiano. Un año después, en 2023, cuando se cumplieron 20 años, fueron acreditadas como víctimas ante ese tribunal de justicia transicional. Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha recibido 23 solicitudes de acreditación de víctimas, en los que hay socios y trabajadores del club, que pretenden tener acceso a las audiencias y hacer valer sus peticiones ante los estrados de esta justicia transicional. Ese año, por primera vez, el Estado colombiano estuvo presente en el evento de aniversario.
“Para esta conmemoración enviamos solicitud al presidente Gustavo Petro, a través del viceministro del Interior, de que nos incluyera en el Plan del Desarrollo para contar con una casa cerca del club El Nogal, que sirva como museo del atentado, condonar deudas de víctimas, garantizar servicio de salud eficiente y real para nuestras víctimas, quienes hoy están padeciendo las secuelas de la bomba, y una casa geriátrica”, dice Fríes. Además, en la carta las víctimas piden que cese la discriminación y estigmatización hacia ellas.
En video: Bertha Fríes habla de los 20 años del atentado al club El Nogal
Las preguntas para los magistrados
En la carta, Fríes también hace algunas aclaraciones y peticiones a las autoridades.
El pasado 12 de diciembre, se conoció que el Consejo de Estado absolvió de responsabilidad al Estado por este atentado. Se trató de una decisión sobre una demanda que habían interpuesto algunas víctimas del ataque. En la decisión se absuelve al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El Consejo de Estado argumentó que ninguna de estas entidades públicas había tenido una incidencia directa en los daños que se cometieron ese día.
Previo a este hecho, la Corte Constitucional había dejado sin efectos una sentencia de agosto de 2018 que inicialmente condenaba al Estado. El alto tribunal consideró que dicha decisión no había tenido en cuenta un precedente que hablaba sobre casos de responsabilidad estatal por actos violentos perpetrados por terceros. Por ello, en cumplimiento a este fallo de la Corte, el Consejo de Estado toma esta decisión, además precisó que “no puede condenarse al Estado por su sola existencia”.
Sin embargo, Fríes aclara que esa sentencia es solamente para el caso del demandante Rodrigo Márquez Tejada y otros “y no cubre a otras demandas que aún están en proceso (...) Tenemos que esperar los resultados de otras demandas, queriendo decir con esto que existe la posibilidad de que el Estado puede ser sentenciado como responsable”, dice.
Lea también: Tras 20 años del atentado al club El Nogal, no hay verdad ni reparación
Además, agrega una serie de preguntas a los magistrados que están estudiando las demandas sobre unas personas que, según ella, deberían declarar sobre el tema. “¿Por qué no escuchan a los Ministros de la época, Martha Lucia Ramírez (Ministra de Defensa) y Fernando Londoño, (Ministro del Interior), funcionarios del Estado que realizaban reuniones de Estado en el Club El Nogal? Estos exministros fueron citados a comparecer en varias oportunidades y no asistieron. ¿Por qué no averiguan quién era el alto funcionario del DAS que se encontraba el día del atentado en instalaciones del Club y del que nadie habla? ¿Por qué no escuchan a este importante funcionario del DAS?”.
Y agrega: “Si lo que dicen las ex FARC es cierto, entonces deben escuchar a Mancuso y a comandantes AUC que estaban detrás de la conformación del Bloque Capital, para averiguar si las AUC entraban al club para discutir temas con funcionarios del Estado sobre temas de justicia y paz o temas contrainsurgentes”.
Lea también: “El atentado al club El Nogal fue la mayor equivocación de las Farc”
¿El caso podría llegar a la Corte Penal Internacional?
En la misiva, Fríes también se refiere a la posibilidad de que este atentado sea evaluado por la Corte Penal Internacional (CPI). Según la representante, son escasas esas probabilidades de que eso ocurra en cuanto que ese tribunal “solamente interviene en un Estado cuando este no tiene voluntad o no tiene capacidad para administrar justicia en el país”, explica. Y agrega: “Actualmente, la JEP ha sido reconocida por la CPI como un mecanismo idóneo de justicia para Colombia, por lo que no va a abrir un caso sobre nuestro país mientras esta jurisdicción esté adelantando su labor”.
Además, asegura que la CPI abre casos sobre situaciones de países, no individuales. “La Corte únicamente conoce situaciones donde hayan ocurrido crímenes internacionales, en los que las circunstancias de masividad y gravedad de los hechos suelen involucrar miles o cientos de miles de víctimas”, explica.
En la víspera de la conmemoración de los 21 años del atentado al club El Nogal, en Bogotá, perpetrado el 7 de febrero de 2003, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que llamará a declarar a varios integrantes del antiguo secretariado de las FARC para que por el que es considerado como uno de los mayores ataques urbanos.
Por el ataque con bomba, que dejó 33 muertos y más de 200 heridos, deberán ir a ese tribunal integrantes del antiguo secretariado de las FARC, entre ellos, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez Cabrera y Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada). La cita será el 12 y 13 de agosto para rendir versión voluntaria de aporte a la verdad sobre este hecho, que es parte del macrocaso 10 que lleva la JEP.
Este diario conoció una carta escrita por Bertha Lucía Fríes, representante de las víctimas del atentado, en la que dicen que siguen esperando verdad y reparación. Además, afirma que es muy poco probable que el caso pueda llevarse a la Corte Penal Internacional y hace algunas peticiones y aclaraciones sobre el caso.
Además: En fotos: así fue el atentado al club El Nogal hace 20 años
La lucha de las víctimas por verdad y reparación
De acuerdo con la misiva, Fríes dice que en 2017, apenas cuatro meses después de la firma del Acuerdo de Paz, se hizo uno de los primeros tres encuentros entre víctimas y ex-Farc. En esa reunión se logró que ellos asumieran su responsabilidad.
“En 2018, los ex-Farc nos confirmaron las razones por las cuales pusieron la bomba: ‘Las AUC eran visitantes de nuestro club’. Esa es información que la justicia Ordinaria y la JREP tendrá que investigar. En este evento también tuvimos el honor de contar la presencia del padre Francisco de Roux —entonces presidente de la Comisión de la Verdad—, embajadas de Noruega y de Cuba como países garantes del acuerdo de paz y la JEP”, dice Fríes-
Un año después, la JEP abrió formalmente el caso de investigación por el atentado. “En 2020, las víctimas entregamos en la sede de la JEP nuestro segundo informe en compañía de los reincorporados y algunos desmovilizados de las AUC. Rompiendo el protocolo, nos dimos un abrazo improvisado entre las tres partes. Mancuso en esta oportunidad hizo presencia a través de una carta en la que nos pidió perdón y asumió responsabilidad de lo sucedido en el club”.
En 2022 se decidió que estaría para la sombrilla del macrocaso 10, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC en el marco del conflicto armado colombiano. Un año después, en 2023, cuando se cumplieron 20 años, fueron acreditadas como víctimas ante ese tribunal de justicia transicional. Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha recibido 23 solicitudes de acreditación de víctimas, en los que hay socios y trabajadores del club, que pretenden tener acceso a las audiencias y hacer valer sus peticiones ante los estrados de esta justicia transicional. Ese año, por primera vez, el Estado colombiano estuvo presente en el evento de aniversario.
“Para esta conmemoración enviamos solicitud al presidente Gustavo Petro, a través del viceministro del Interior, de que nos incluyera en el Plan del Desarrollo para contar con una casa cerca del club El Nogal, que sirva como museo del atentado, condonar deudas de víctimas, garantizar servicio de salud eficiente y real para nuestras víctimas, quienes hoy están padeciendo las secuelas de la bomba, y una casa geriátrica”, dice Fríes. Además, en la carta las víctimas piden que cese la discriminación y estigmatización hacia ellas.
En video: Bertha Fríes habla de los 20 años del atentado al club El Nogal
Las preguntas para los magistrados
En la carta, Fríes también hace algunas aclaraciones y peticiones a las autoridades.
El pasado 12 de diciembre, se conoció que el Consejo de Estado absolvió de responsabilidad al Estado por este atentado. Se trató de una decisión sobre una demanda que habían interpuesto algunas víctimas del ataque. En la decisión se absuelve al Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El Consejo de Estado argumentó que ninguna de estas entidades públicas había tenido una incidencia directa en los daños que se cometieron ese día.
Previo a este hecho, la Corte Constitucional había dejado sin efectos una sentencia de agosto de 2018 que inicialmente condenaba al Estado. El alto tribunal consideró que dicha decisión no había tenido en cuenta un precedente que hablaba sobre casos de responsabilidad estatal por actos violentos perpetrados por terceros. Por ello, en cumplimiento a este fallo de la Corte, el Consejo de Estado toma esta decisión, además precisó que “no puede condenarse al Estado por su sola existencia”.
Sin embargo, Fríes aclara que esa sentencia es solamente para el caso del demandante Rodrigo Márquez Tejada y otros “y no cubre a otras demandas que aún están en proceso (...) Tenemos que esperar los resultados de otras demandas, queriendo decir con esto que existe la posibilidad de que el Estado puede ser sentenciado como responsable”, dice.
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Además, agrega una serie de preguntas a los magistrados que están estudiando las demandas sobre unas personas que, según ella, deberían declarar sobre el tema. “¿Por qué no escuchan a los Ministros de la época, Martha Lucia Ramírez (Ministra de Defensa) y Fernando Londoño, (Ministro del Interior), funcionarios del Estado que realizaban reuniones de Estado en el Club El Nogal? Estos exministros fueron citados a comparecer en varias oportunidades y no asistieron. ¿Por qué no averiguan quién era el alto funcionario del DAS que se encontraba el día del atentado en instalaciones del Club y del que nadie habla? ¿Por qué no escuchan a este importante funcionario del DAS?”.
Y agrega: “Si lo que dicen las ex FARC es cierto, entonces deben escuchar a Mancuso y a comandantes AUC que estaban detrás de la conformación del Bloque Capital, para averiguar si las AUC entraban al club para discutir temas con funcionarios del Estado sobre temas de justicia y paz o temas contrainsurgentes”.
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¿El caso podría llegar a la Corte Penal Internacional?
En la misiva, Fríes también se refiere a la posibilidad de que este atentado sea evaluado por la Corte Penal Internacional (CPI). Según la representante, son escasas esas probabilidades de que eso ocurra en cuanto que ese tribunal “solamente interviene en un Estado cuando este no tiene voluntad o no tiene capacidad para administrar justicia en el país”, explica. Y agrega: “Actualmente, la JEP ha sido reconocida por la CPI como un mecanismo idóneo de justicia para Colombia, por lo que no va a abrir un caso sobre nuestro país mientras esta jurisdicción esté adelantando su labor”.
Además, asegura que la CPI abre casos sobre situaciones de países, no individuales. “La Corte únicamente conoce situaciones donde hayan ocurrido crímenes internacionales, en los que las circunstancias de masividad y gravedad de los hechos suelen involucrar miles o cientos de miles de víctimas”, explica.