Cambio en condiciones del PNIS podría dejar a excocaleros sin tierra

Dicen los campesinos que arrancaron sus matas de coca en Guaviare que el programa de sustitución se les convirtió en una “tragedia”. Ellos mismos erradicaron los cultivos ilícitos esperando que el Gobierno les cumpliera las promesas de iniciar un proyecto legal en dos años y medio, pero hoy, más de cuatro años después, les pusieron una nueva condición para cumplirles: que firmen un contrato que podría sacarlos de sus tierras en cualquier momento.

Se trata de Contratos de Derechos de Uso sobre Baldíos Inadjudicables, una herramienta creada en 2018 para que campesinos que históricamente han vivido en zonas protegidas, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (en la que está Guaviare), pudieran hacer uso de la tierra en la que viven de manera legal. El problema es que ese contrato convierte a los campesinos en usuarios de sus tierras (en vez de propietarios) y únicamente por 10 años, lo que significaría que podrían quitarles el título en cualquier momento.

“Prácticamente nos están obligando a firmar, porque si no, no nos van a dar los proyectos productivos de ciclos corto y largo. Pero no vamos a hacerlo porque eso no estaba en el acuerdo de sustitución y porque ya no confiamos en el Gobierno”, resume toda la discusión Luz Helena Hernández, campesina y lideresa de la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda Nueva Primavera, en El Retorno.

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En respuesta a un cuestionario enviado por Colombia+20, el PNIS asegura que aunque el Acuerdo de Paz previó que se atendiera a familias en zonas de reserva, no modificó las leyes ambientales, por lo que “no se les está exigiendo un “nuevo requisito”, ni se les está obligando a firmar”, pero “sí está informado que, como entidad pública, solo se puede atender a las familias ubicadas en Zonas de Reserva Forestal que acepten esa atención y con proyectos que respeten los usos del suelo de esas áreas de importancia ambiental”.

A Luz Elena, como al 80,2 % de los inscritos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Guaviare, ya le entregaron los 12 millones de la asistencia alimentaria y la huerta casera, que debían entregarles el primer año, pero no ha visto nada de los proyectos productivos, que debían iniciar en el segundo año y que en definitiva son la columna vertebral del programa. Inicialmente, la figura de Contratos de Derechos de Uso fue elogiada por algunos abogados y ambientalistas por limitar las actividades de los campesinos y resolver el problema de afectación al medio ambiente sin sacarlos de sus tierras. Pero, tal como lo evidenció Colombia+20 en Tierralta (Córdoba), el único lugar en que se han aplicado este tipo de contratos, estos no fueron debidamente socializados con la comunidad. “Allá, en Tierralta (Córdoba), ya tuvieron problemas y nosotros no queremos que nadie tenga la posibilidad de quitarnos la tierra“, asegura Fidel Rojas, beneficiario del PNIS y presidente de la Asociación de Juntas de Miraflores.

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Tienen razones para desconfiar. Al menos así lo señala Rosa María Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien explica que “este contrato tiene una cláusula que señala que el campesino puede ser sacado de su tierra si incumple con ciertos parámetros sobre las actividades que puede desarrollar, pero también los pueden sacar si se cambia el uso o la naturaleza del suelo, y eso solo lo puede hacer el Estado”. Es decir, si antes de que se cumplan los 10 años del contrato la destinación del suelo cambia, el Estado tiene la potestad de quitarle la tierra al campesino.

“Ya hay ejemplos en los que se advierte cómo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sustrajo terrenos que eran de especial protección para otorgar una licencia de exploración a Ecopetrol. Entonces uno entiende que la gente desconfíe”, asegura Mateus.

En un oficio conocido por Colombia+20, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos pone el próximo 18 de abril como fecha límite para que los beneficiarios del PNIS de Guaviare manifiesten “su aceptación e interés voluntario” en estos contratos. Si no lo hacen, “se entenderá que no aceptan la atención que se está prestando (...) y no serán atendidos” (ver balcón).

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“Los están presionando a firmar, pero hay una incertidumbre total porque los campesinos no pueden suscribir contratos que no entienden”, asevera Carlos Romero, quien no es parte del programa, pero le ha hecho veeduría, como presidente de Asojuntas de San José del Guaviare, desde la Comisión de Planeación Participativa y el Consejo Asesor Territorial, dos instancias de participación que creó el PNIS.

Romero resalta otro motivo por el que desconfían: además de que esta condición no quedó pactada ni en el Acuerdo de Paz, ni en el decreto que creó el PNIS, ni en los acuerdos de sustitución que firmaron en el departamento, los campesinos aseguran que no conocen el documento que van a firmar porque no se ha hecho una socialización efectiva. “Aquí en San José se han limitado a dar dos o tres charlas generales sobre el tema, pero nunca nos hemos sentado a mirar los alcances y detalles de esos contratos”, dice.

La abogada Mateus evidencia esa falta de información, pero también una falta de apertura al diálogo por parte de la institución hacia los campesinos. “Cuando hicimos la lectura con ellos punto por punto nos dimos cuenta de que no lo habían entendido del todo y que tenían razón para estar preocupados. Pero cuando la gente dijo: “No firmo hasta que me expliquen”, en vez de decir: “Vamos a explicarles”, les dicen: “Me firman o me voy para otro lado”. Esa no es una respuesta que honre los acuerdos ni la dignidad campesina”, reclama la abogada.

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Al respecto, sin embargo, el PNIS asegura que sí han hecho pedagogía en los cuatro municipios (San José, El Retorno, Miraflores y Calamar), pero que “se presentó cierta resistencia de los líderes con la figura al inicio de estas sesiones”. “Nos encontramos con que en territorio se negaban a suscribir las actas y circulaban audios desinformando sobre el alcance de los CDU o del Programa”, agregan.

Para Luz Elena Hernández, la lideresa de El Retorno, lo que está generando esta discusión es que los campesinos regresen a la coca. “Las familias llevan cuatro años esperando. Yo tengo hijos grandes e independientes, pero quienes tienen hijos pequeños no los van a dejar aguantando hambre, y lo que han hecho es irse más para adentro, tumbar más selva y volver a sembrar coca para sobrevivir”, cuenta. Rosa Mateus coincide: “En la medida en que un campesino tenga sus necesidades básicas cubiertas se puede despegar de actividades legales e ilegales que son nefastas para el medioambiente. Pero sin eso, el campesino no se va a dejar morir de hambre y tiene unos actores que sí hacen presencia, que sí tienen capacidad instalada y a los que no se ve la misma persecución que contra los campesinos”, explica.

“Nosotros los líderes somos quienes hemos puesto la cara. No podemos seguir confiando y dándoles pie para que nos vuelvan a incumplir”, dice Luz Elena. Mientras tanto, el Cajar interpondrá acciones legales para que la justicia se pronuncie sobre la forma en que debe tramitarse la situación. “Es un llamado a la institucionalidad para que no presione al campesino porque un formato firmado bajo presión tiene unas implicaciones contrarias. Tiene que haber diálogos conjuntos con el campesinado”, concluye Mateus.

Dicen los campesinos que arrancaron sus matas de coca en Guaviare que el programa de sustitución se les convirtió en una “tragedia”. Ellos mismos erradicaron los cultivos ilícitos esperando que el Gobierno les cumpliera las promesas de iniciar un proyecto legal en dos años y medio, pero hoy, más de cuatro años después, les pusieron una nueva condición para cumplirles: que firmen un contrato que podría sacarlos de sus tierras en cualquier momento.

Se trata de Contratos de Derechos de Uso sobre Baldíos Inadjudicables, una herramienta creada en 2018 para que campesinos que históricamente han vivido en zonas protegidas, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia (en la que está Guaviare), pudieran hacer uso de la tierra en la que viven de manera legal. El problema es que ese contrato convierte a los campesinos en usuarios de sus tierras (en vez de propietarios) y únicamente por 10 años, lo que significaría que podrían quitarles el título en cualquier momento.

“Prácticamente nos están obligando a firmar, porque si no, no nos van a dar los proyectos productivos de ciclos corto y largo. Pero no vamos a hacerlo porque eso no estaba en el acuerdo de sustitución y porque ya no confiamos en el Gobierno”, resume toda la discusión Luz Helena Hernández, campesina y lideresa de la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda Nueva Primavera, en El Retorno.

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En respuesta a un cuestionario enviado por Colombia+20, el PNIS asegura que aunque el Acuerdo de Paz previó que se atendiera a familias en zonas de reserva, no modificó las leyes ambientales, por lo que “no se les está exigiendo un “nuevo requisito”, ni se les está obligando a firmar”, pero “sí está informado que, como entidad pública, solo se puede atender a las familias ubicadas en Zonas de Reserva Forestal que acepten esa atención y con proyectos que respeten los usos del suelo de esas áreas de importancia ambiental”.

A Luz Elena, como al 80,2 % de los inscritos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Guaviare, ya le entregaron los 12 millones de la asistencia alimentaria y la huerta casera, que debían entregarles el primer año, pero no ha visto nada de los proyectos productivos, que debían iniciar en el segundo año y que en definitiva son la columna vertebral del programa. Inicialmente, la figura de Contratos de Derechos de Uso fue elogiada por algunos abogados y ambientalistas por limitar las actividades de los campesinos y resolver el problema de afectación al medio ambiente sin sacarlos de sus tierras. Pero, tal como lo evidenció Colombia+20 en Tierralta (Córdoba), el único lugar en que se han aplicado este tipo de contratos, estos no fueron debidamente socializados con la comunidad. “Allá, en Tierralta (Córdoba), ya tuvieron problemas y nosotros no queremos que nadie tenga la posibilidad de quitarnos la tierra“, asegura Fidel Rojas, beneficiario del PNIS y presidente de la Asociación de Juntas de Miraflores.

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Tienen razones para desconfiar. Al menos así lo señala Rosa María Mateus, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), quien explica que “este contrato tiene una cláusula que señala que el campesino puede ser sacado de su tierra si incumple con ciertos parámetros sobre las actividades que puede desarrollar, pero también los pueden sacar si se cambia el uso o la naturaleza del suelo, y eso solo lo puede hacer el Estado”. Es decir, si antes de que se cumplan los 10 años del contrato la destinación del suelo cambia, el Estado tiene la potestad de quitarle la tierra al campesino.

“Ya hay ejemplos en los que se advierte cómo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sustrajo terrenos que eran de especial protección para otorgar una licencia de exploración a Ecopetrol. Entonces uno entiende que la gente desconfíe”, asegura Mateus.

En un oficio conocido por Colombia+20, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos pone el próximo 18 de abril como fecha límite para que los beneficiarios del PNIS de Guaviare manifiesten “su aceptación e interés voluntario” en estos contratos. Si no lo hacen, “se entenderá que no aceptan la atención que se está prestando (...) y no serán atendidos” (ver balcón).

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“Los están presionando a firmar, pero hay una incertidumbre total porque los campesinos no pueden suscribir contratos que no entienden”, asevera Carlos Romero, quien no es parte del programa, pero le ha hecho veeduría, como presidente de Asojuntas de San José del Guaviare, desde la Comisión de Planeación Participativa y el Consejo Asesor Territorial, dos instancias de participación que creó el PNIS.

Romero resalta otro motivo por el que desconfían: además de que esta condición no quedó pactada ni en el Acuerdo de Paz, ni en el decreto que creó el PNIS, ni en los acuerdos de sustitución que firmaron en el departamento, los campesinos aseguran que no conocen el documento que van a firmar porque no se ha hecho una socialización efectiva. “Aquí en San José se han limitado a dar dos o tres charlas generales sobre el tema, pero nunca nos hemos sentado a mirar los alcances y detalles de esos contratos”, dice.

La abogada Mateus evidencia esa falta de información, pero también una falta de apertura al diálogo por parte de la institución hacia los campesinos. “Cuando hicimos la lectura con ellos punto por punto nos dimos cuenta de que no lo habían entendido del todo y que tenían razón para estar preocupados. Pero cuando la gente dijo: “No firmo hasta que me expliquen”, en vez de decir: “Vamos a explicarles”, les dicen: “Me firman o me voy para otro lado”. Esa no es una respuesta que honre los acuerdos ni la dignidad campesina”, reclama la abogada.

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Al respecto, sin embargo, el PNIS asegura que sí han hecho pedagogía en los cuatro municipios (San José, El Retorno, Miraflores y Calamar), pero que “se presentó cierta resistencia de los líderes con la figura al inicio de estas sesiones”. “Nos encontramos con que en territorio se negaban a suscribir las actas y circulaban audios desinformando sobre el alcance de los CDU o del Programa”, agregan.

Para Luz Elena Hernández, la lideresa de El Retorno, lo que está generando esta discusión es que los campesinos regresen a la coca. “Las familias llevan cuatro años esperando. Yo tengo hijos grandes e independientes, pero quienes tienen hijos pequeños no los van a dejar aguantando hambre, y lo que han hecho es irse más para adentro, tumbar más selva y volver a sembrar coca para sobrevivir”, cuenta. Rosa Mateus coincide: “En la medida en que un campesino tenga sus necesidades básicas cubiertas se puede despegar de actividades legales e ilegales que son nefastas para el medioambiente. Pero sin eso, el campesino no se va a dejar morir de hambre y tiene unos actores que sí hacen presencia, que sí tienen capacidad instalada y a los que no se ve la misma persecución que contra los campesinos”, explica.

“Nosotros los líderes somos quienes hemos puesto la cara. No podemos seguir confiando y dándoles pie para que nos vuelvan a incumplir”, dice Luz Elena. Mientras tanto, el Cajar interpondrá acciones legales para que la justicia se pronuncie sobre la forma en que debe tramitarse la situación. “Es un llamado a la institucionalidad para que no presione al campesino porque un formato firmado bajo presión tiene unas implicaciones contrarias. Tiene que haber diálogos conjuntos con el campesinado”, concluye Mateus.