Estos serán los cambios en la política de drogas y cultivos ilícitos en 2023
Las hojas de ruta para la sustitución gradual de la coca de pequeños cultivadores y la erradicación forzada de las siembras industriales deberán definirse durante los primeros seis meses de este año. Además, se espera un avance en la regulación del cannabis para uso adulto y el desarrollo de más encuentros cocaleros para escuchar las propuestas de las comunidades.
La última cifra del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) despertó las alarmas y críticas de quienes han cuestionado la política contra las drogas: en 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado desde 2001, un 43 % más que el año anterior. Con ello, el 2021 cerró con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el 2020.
Por eso, el año que empieza será clave para que el gobierno de Gustavo Petro dé inicio a los cambios anunciados durante su campaña en materia de política de drogas, en la que prometió reorientar el paradigma actual hacia uno más humano. Las promesas van desde “recuperar el tiempo perdido” en lo firmado en el Acuerdo de paz con las Farc, en este caso con la sustitución de cultivos de uso ilícito, hasta el impulso de “la regulación de las plantas y sus usos derivados”.
En ese proceso será fundamental el trabajo del Ministerio de Justicia y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuyas cabezas han reiterado en distintos escenarios su compromiso con llevarlo a buen término. De hecho, en su primera rendición de cuentas, el ministro de Justicia Néstor Osuna aseguró que la estrategia será: “darles oxígeno a los pequeños eslabones de la cadena (campesinos y consumidores) y asfixiar a los traficantes, lavadores de activos y mafias del narcotráfico”.
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En ese sentido, aseguró que el oxígeno para los campesinos consistirá, por ejemplo, en asignación de títulos de propiedad, dado que “el 80 % de los cultivadores que hoja de coca no son propietarios de la tierra que están cultivando” y ofrecerles un tratamiento penal diferenciado, tal y como quedó pactado en La Habana con las antiguas Farc. Sobre esto último, en febrero, se espera que se reagende en la Comisión Primera del Senado la votación del proyecto de ley del Partido Comunes con el que se garantizaría este tipo de tratamiento penal para pequeños cultivadores de coca. La votación estaba planeada para la segunda semana de diciembre, pero no hubo quórum.
De las promesas del acuerdo, el mayor reclamo de los cultivadores ha sido el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esa herramienta, creada para que los campesinos con coca cambiarán las matas por proyectos productivos legales, estaba planeada a 29 meses, pero cinco años después no han culminado ni el 3 % de las familias inscritas. Como primer alivio a ese reclamo, a mediados de diciembre, en el Encuentro Cocalero del Catatumbo, Petro aceptó la propuesta de los campesinos de mantener el cultivo de coca mientras los proyectos productivos empiezan a dar frutos.
Por eso, según le dijo a este diario el director del programa Felipe Tascón, la Dirección de Sustitución definirá en enero la hoja de ruta para aplicar los cambios anunciados por el presidente Petro en la estrategia para cambiar la coca por proyectos agroindustriales. En esta se espera que se defina cómo se resolverán los incumplimientos a las más de 80 mil familias cultivadoras inscritas que no han finalizado el programa, cómo se podrán inscribir los demás campesinos interesados en sustituir y cómo se desarrollará la sustitución gradual.
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Según el Ministerio de Justicia, ese protocolo deberá materializarse en una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Además, durante los primeros meses de 2023, continuarán dichos encuentros cocaleros convocados por el Gobierno Petro para escuchar los reclamos y las propuestas de los campesinos cultivadores. El próximo se realizará en enero en Putumayo.
Otro de los puntos de mayor discusión es la erradicación forzada, que, según Felipe Tascón, director de Sustitución, se mantendrá solo para los cultivos industriales. Por eso, en el primer semestre de 2023, el Ministerio de Justicia establecerá el protocolo para aplicar esa estrategia y caracterizar dichas siembras.
En los primeros seis meses del año, esa cartera también espera lograr la regulación del cannabis de uso adulto y de la hoja de coca, por hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, e iniciar pilotos sobre usos alternativos de esta última. Además, participará en la Comisión de Estupefacientes de Viena en marzo.
La última cifra del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) despertó las alarmas y críticas de quienes han cuestionado la política contra las drogas: en 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado desde 2001, un 43 % más que el año anterior. Con ello, el 2021 cerró con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el 2020.
Por eso, el año que empieza será clave para que el gobierno de Gustavo Petro dé inicio a los cambios anunciados durante su campaña en materia de política de drogas, en la que prometió reorientar el paradigma actual hacia uno más humano. Las promesas van desde “recuperar el tiempo perdido” en lo firmado en el Acuerdo de paz con las Farc, en este caso con la sustitución de cultivos de uso ilícito, hasta el impulso de “la regulación de las plantas y sus usos derivados”.
En ese proceso será fundamental el trabajo del Ministerio de Justicia y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuyas cabezas han reiterado en distintos escenarios su compromiso con llevarlo a buen término. De hecho, en su primera rendición de cuentas, el ministro de Justicia Néstor Osuna aseguró que la estrategia será: “darles oxígeno a los pequeños eslabones de la cadena (campesinos y consumidores) y asfixiar a los traficantes, lavadores de activos y mafias del narcotráfico”.
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En ese sentido, aseguró que el oxígeno para los campesinos consistirá, por ejemplo, en asignación de títulos de propiedad, dado que “el 80 % de los cultivadores que hoja de coca no son propietarios de la tierra que están cultivando” y ofrecerles un tratamiento penal diferenciado, tal y como quedó pactado en La Habana con las antiguas Farc. Sobre esto último, en febrero, se espera que se reagende en la Comisión Primera del Senado la votación del proyecto de ley del Partido Comunes con el que se garantizaría este tipo de tratamiento penal para pequeños cultivadores de coca. La votación estaba planeada para la segunda semana de diciembre, pero no hubo quórum.
De las promesas del acuerdo, el mayor reclamo de los cultivadores ha sido el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esa herramienta, creada para que los campesinos con coca cambiarán las matas por proyectos productivos legales, estaba planeada a 29 meses, pero cinco años después no han culminado ni el 3 % de las familias inscritas. Como primer alivio a ese reclamo, a mediados de diciembre, en el Encuentro Cocalero del Catatumbo, Petro aceptó la propuesta de los campesinos de mantener el cultivo de coca mientras los proyectos productivos empiezan a dar frutos.
Por eso, según le dijo a este diario el director del programa Felipe Tascón, la Dirección de Sustitución definirá en enero la hoja de ruta para aplicar los cambios anunciados por el presidente Petro en la estrategia para cambiar la coca por proyectos agroindustriales. En esta se espera que se defina cómo se resolverán los incumplimientos a las más de 80 mil familias cultivadoras inscritas que no han finalizado el programa, cómo se podrán inscribir los demás campesinos interesados en sustituir y cómo se desarrollará la sustitución gradual.
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Según el Ministerio de Justicia, ese protocolo deberá materializarse en una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Además, durante los primeros meses de 2023, continuarán dichos encuentros cocaleros convocados por el Gobierno Petro para escuchar los reclamos y las propuestas de los campesinos cultivadores. El próximo se realizará en enero en Putumayo.
Otro de los puntos de mayor discusión es la erradicación forzada, que, según Felipe Tascón, director de Sustitución, se mantendrá solo para los cultivos industriales. Por eso, en el primer semestre de 2023, el Ministerio de Justicia establecerá el protocolo para aplicar esa estrategia y caracterizar dichas siembras.
En los primeros seis meses del año, esa cartera también espera lograr la regulación del cannabis de uso adulto y de la hoja de coca, por hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, e iniciar pilotos sobre usos alternativos de esta última. Además, participará en la Comisión de Estupefacientes de Viena en marzo.