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Las comunidades campesinas de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare están bajo amenaza de la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC).
Este grupo ilegal, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, se apartó del proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro hace cinco meses, luego de una división interna. Esta semana, el EMC publicó un comunicado en el que advierte su decisión de “retomar” el control de las regiones del Pato Balsillas, San Vicente del Caguán, los Llanos del Yari y la Serranía de La Macarena y le dan un ultimátum a los habitantes.
“Esto implica una dura confrontación, por lo cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada. Sería muy doloroso para nosotros que en esta retoma de nuestras históricas áreas murieran habitantes de las regiones mencionadas por el solo hecho de no acatar las orientaciones”, dice el documento difundido por la disidencia de Mordisco.
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El S.O.S de las organizaciones: “Necesitamos que el Gobierno tome medidas”
Líderes sociales de estas regiones aseguraron que las amenazas no son nuevas, sino que hacen parte de un proceso de expansión del EMC que viene hace más de dos años, con presiones a las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones que hacen incidencia en los territorios.
Nosotros no tenemos acercamiento con la agenda del grupo armado, lo tuvimos con la Consejería de Paz del Gobierno, para evitar justamente lo que está pasando
“Hay temor porque no habíamos tenido señalamientos en un comunicado donde se hablara de organizaciones con nombre propio, de procesos de defensa como las guardias campesinas. Sentimos que es una nueva forma de retaliación y esto genera miedo. No se sabe en este rio revuelto quién va a ser el ganador, pero los perdedores sí vamos a ser la comunidades étnicas y campesinas”, le dijo a Colombia+20 un delegado del Proceso La Coordillera, que reúne a organizaciones campesinas de Caquetá.
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El vocero, que pidió mantener su nombre en reserva, agregó: “Estamos en una encrucijada y necesitamos que el Gobierno Nacional tome medidas de forma urgente”.
Además, el Observatorio Amazónico de Derechos Humanos denunció que actualmente los grupos ilegales que buscan reorganizar el control territorial en la región han puesto en riesgo la vida de los líderes comunitarios, “quienes se encuentran perseguidos, hostigados y desplazados, y han sido acusados de colaborar o trabajar en conjunto con algunas de las estructuras armadas presentes en la zona, como el EMC de Calarcá, el EMC de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia”.
EMC, de división interna a guerra de facciones
El comunicado de la facción de Iván Mordisco se da luego de un pronunciamiento, conocido el 21 de agosto, en el que se declaró el inicio de la confrontación contra las estructuras del antiguo EMC comandadas por Calarcá Córdoba, que se mantiene en una negociación con el Gobierno.
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Vale la pena recordar que Mordisco y Calarcá trabajaban de la mano y eran los principales comandantes del EMC.
Sin embargo, en marzo, luego de un ataque de esta disidencia contra una comunidad indígena en Cauca, el presidente Petro ordenó suspender el cese al fuego en tres departamentos del suroriente del país, decisión que generó tensiones entre los jefes disidentes, que llevaron a que Calarcá y los frentes de la Orinoquía, el Catatumbo, Magdalena Medio, Arauca y Antioquia siguieran en la mesa.
Mientras tanto, las estructuras del Cauca y la Amazonia, junto a Mordisco, se apartaron de los diálogos.
En los recientes comunicados de esas últimas estructuras, tildan a la facción de Calarcá de “fraccionalista” y califican su continuidad en los diálogos de paz como un “asalto a la mesa de conversaciones”.
De ahí que Mordisco ponga como blanco de ataque a las comunidades y organizaciones, a las que acusa de estar “prestando apoyo y sirviendo de informantes” a las unidades al mando de Calarcá.
Plataformas campesinas piden que grupos armados no instrumentalicen su actuar y propuestas
Según el vocero de las organizaciones campesinas consultado por Colombia+20, las recientes amenazas son una muestra del irrespeto de los grupos disidentes a su autonomía.
“Hemos propuesto una iniciativa de cuidado y gobernanza que se llama Ecosistema de Paz. Se busca que en la cordillera se puedan adelantar diálogos y las comunidades puedan presentarle a gobierno y los actores armados no solo inquietudes, sino agendas con propuestas de soluciones. Nosotros no tenemos acercamiento con la agenda del grupo armado, lo tuvimos con la Consejería de Paz del Gobierno, para evitar justamente lo que está pasando: que el actor armado esté imponiendo desde su lógica de control y violencia, invisibilizando a las comunidades”, dijo el delegado del Proceso La Cordillera.
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Para los líderes es clave que “no se instale la idea de que la agenda de las organizaciones fue consensuada con el grupo”, porque eso genera estigmatización y eleva su riesgo.
“Acá denunciamos que con la llegada del EMC al territorio se han visto desarticulados los procesos de territorialidad y gobernanza campesina, y eso nos parece preocupante. Pedimos que nuestra voz sea escuchada con autonomía, que quede claro lo que solicitamos sin malinterpretaciones ni imposiciones, y que el Gobierno nos escuche y tenga en cuenta nuestras propuestas”, dijo el vocero.