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La megaobra del Canal del Dique ya tiene concesionario. Este miércoles, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó el contrato a Sacyr Concesiones Colombia SAS, que ofertó $2.78 billones y será ahora la firma responsable de ejecutar el proyecto de restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.
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En la audiencia de adjudicación del contrato se hizo expresa referencia a las medidas cautelares que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había decretado sobre el área de influencia del proyecto, pues allí se presume habría desaparecidos por el conflicto armado, cuando los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron sus víctimas al canal.
Según información recopilada por la JEP, en la cuenca del Canal del Dique habrían ocurrido entre 6.765 y 9.638 desapariciones, entre 1991 y 2015. El grueso de esas desapariciones ocurrió entre 1995 y 2005, a manos del Bloque Montes de María de las AUC, comandando por Uber Banquez, Juancho Dique.
En el acta de adjudicación, quedaron explícitos los compromisos que ahora asume el concesionario Sacyr Concesiones. En caso de que durante cualquiera de las etapas del proyecto – construcción, operación o mantenimiento – el concesionario identifique o presuma el hallazgo de cadáveres de posibles víctimas del conflicto armado colombiano, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
- Dar aviso a las autoridades correspondientes, al interventor y a la ANI en un plazo no mayor a 24 horas.
- Demarcar la zona y aislar las actividades que se adelanten en el área circundante al hallazgo.
- Suspender las actividades de obra, operación o mantenimiento y abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención hasta que no se hayan realizado los procedimientos respectivos por parte de las autoridades correspondientes.
- Permitir el acceso a las zonas en donde se hallan o presuman la existencia de cadáveres a las diferentes autoridades correspondientes.
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La JEP también había ordenado diseñar e implementar un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, en el acta de adjudicación se afirmó que en cumplimiento de esa orden, “se informa que se adoptarán protocolos que garanticen los derechos de las víctimas de desaparición forzada que serán vinculantes al concesionario”. Para ello, la JEP dio un plazo de cuatro meses que cuentan desde el 21 de octubre, cuando se emitió esa orden. Actualmente, hay una mesa técnica con la finalidad de diseñar e implementar ese protocolo.
“Los megaproyectos, en zonas de alta incidencia de desaparición forzada, tienen una obligación moral como paso para reafirmar los valores de una sociedad: se deben incluir procesos exhaustivos de indagación y búsqueda de posibles víctimas”, dijo el magistrado de la JEP Gustavo Salazar en la última audiencia que esa justicia llevó a cabo sobre el Canal del Dique, en octubre pasado. Para esa jurisdicción, los protocolos ordenados no deben responder a hallazgos fortuitos, sino a un compromiso con la búsqueda de los desaparecidos.