Cancelan orden de desalojo a Casa de la Memoria de las víctimas en Antioquia
La lideresa social y víctima del conflicto, Pastora Mira, advirtió hace unos días que el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) del municipio de San Carlos sería desalojado por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Entidad canceló la diligencia.
Silvia Corredor Rodríguez
Este jueves, la Sociedad de Activo Especiales (SAE) anunció en un comunicado que cancelaba la orden de desalojo contra la sede del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), que sirve de apoyo a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos, en el oriente de Antioquia.
“La SAE ha decidio cancelar la diligencia considerando que se analizará por parte de esta entidad el estado del proceso de comercialización que se viene adelantando sobre dicho inmueble”, dice el documento.
La denuncia sobre esa orden había sido dada a conocer hace unos días por Pastora Mira, víctima del conflicto y lideresa social de San Carlos. De acuerdo con el documento entregado por Mira, la SAE afirmaba que debían hacer la entrega “voluntaria del inmueble a más tardar el 26 de enero de 2022″ y que en caso que no realizará tal entrega “el 31 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., la SAE S.A.S realizará las acciones tendientes a la recuperación del inmueble”. La SAE administra bienes en proceso de extinción de dominio.
El CARE funciona como un museo comunitario de la memoria de las víctimas de ese municipio antioqueño. Colombia+20 ha seguido de cerca el proceso de reconciliación que lleva este lugar. Desde finales de la década de los noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se tomaron el caso urbano y utilizaron como centro de operaciones el Hotel Punchiná, el mejor del municipio. Desde allí no solo se decidía a quién asesinarían, sino que también fue un centro de tortura y desaparición de muchos de sus habitantes en manos de paramilitares del Bloque Metro, comandado por alias ‘Doble Cero’ de las Auc. Incluso, se habla de decenas de personas desaparecidas.
En 2008, cuando las Auc se fueron de San Carlos, las víctimas en cabeza de Pastora Mira decidieron entrar al viejo hotel y transformarlo. La historia fue relatada por Colombia+20 en este pódcast.
Le puede interesar: Verdad y participación: las peticiones de Pastora Mira
Tras un arduo trabajo, la Casa de la Memoria de San Carlos o CARE entró a ser parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, donde es reconocida como un lugar de memoria testimonial y “que ha sido utilizado para la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de este territorio y para desarrollar lo que nosotros llamamos una memoria transformadora, que ayude a la transformación social y el acompañamiento emocional de las personas”, afirmó Adriel Ruíz, coordinador de la Red.
¿Por qué iban a desalojar?
Según Mira, en 2021 el CARE envió un derecho de petición a la Secretaría de la Gobernación de Antioquia, a la SAE y a la Unidad de Víctimas para solicitar el nombramiento como depositarios provisionales del predio y así, continuar con sus labores de memoria.
Sin embargo, la respuesta que recibieron de la SAE fue que no era posible acceder a ello “debido a que esta Sociedad no tiene dentro de sus competencias la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto”. En el caso de la Unidad de Víctimas, la respuesta fue que no era posible la entrega del predio por la vía de la reparación a la víctimas.
En el CARE continuaron sus labores hasta que a inicios de 2022 recibieron la notificación de desalojo. Hace unos días enviaron un nuevo derecho de petición a esta institución, a la Alcaldía de San Carlos y a la Unidad de Víctimas para frenar el desalojo y recibir una respuesta ante el caso. Sin embargo, el tiempo corre en contra de esta casa porque el proceso de desalojo está establecido para el 31 de enero y la respuesta al derecho de petición va a tardar más allá de esa fecha.
“No atenten con la mejor herencia que le podemos dejar a los jóvenes, la más segura que tenemos que es la memoria. La memoria es la grieta por la que sale la verdad, elemento necesario para recuperar la confianza y reconstruir nuestro país”, afirmó Pastora Mira.
Además: El fin del dolor para 23 familias
Varias organizaciones hicieron llamados para que el desalojo no se diera como la Red Colombiana de Lugares de Memoria, que a través de un comunicado manifestó: “la orden de desalojo que enfrenta el CARE hace visible la necesidad de no continuar con políticas negacionistas que buscan limpiarle el pasado a los espacios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y por el contrario, de generar una política de memoria en Colombia que garantice el derecho a la memoria de los pueblos”.
A su vez, la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente resalt+o que la Casa Museo Comunitario de la Memoria de las Víctimas de San Carlos “se ha convertido en el epicentro de la reparación y de la memoria de las víctimas. Perderlo significa volver a empezar después de muchos años de trabajo, de trabajar con las uñas porque no se ha contado con recursos de la institucionalidad, es un trabajo que viene haciendo la población”.
“Lo que tiene que hacer el Estado en su deber de garantizar la memoria es proteger el bien y desde ahí, garantizar que ese grupo de personas dirigido por Pastora Mira del CARE puedan seguir desarrollando las acciones de memoria que son un bien público y patrimonial porque así podemos hablar de construcción de paz”, manifestó por su parte, la Red Colombiana de Lugares de Memoria, de la que hace parte el CARE.
La Red incluso ha pensado en invitar al Sistema Integral para la Paz para que, por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitan medidas cautelares para proteger este lugar. De acuerdo con Pastora, deben existir restos de familiares enterrados allí.
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La Comisión de la Verdad también se pronunció a través de un comunicado en el que exhortan “a la SAE a suspender la orden de desalojo. A las entidades del Ministerio Público, al Gobierno Nacional, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, a los gobiernos Departamental y Municipal, a encontrar salidas para preservar y fortalecer este espacio para el municipio de San Carlos como un ejemplo para el país de lo que significa el deber de memoria del Estado”.
En un comunicado de prensa anterior, la Sociedad de Activos Especiales había dicho que “el inmueble tiene una ocupación irregular” y que no hay un contrato de arrendamiento ni autorización de uso por parte de la SAE.
San Carlos fue uno de los municipios más afectados por el conflicto y perdió casi el 50% de su población por el desplazamiento.
Este jueves, la Sociedad de Activo Especiales (SAE) anunció en un comunicado que cancelaba la orden de desalojo contra la sede del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), que sirve de apoyo a las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos, en el oriente de Antioquia.
“La SAE ha decidio cancelar la diligencia considerando que se analizará por parte de esta entidad el estado del proceso de comercialización que se viene adelantando sobre dicho inmueble”, dice el documento.
La denuncia sobre esa orden había sido dada a conocer hace unos días por Pastora Mira, víctima del conflicto y lideresa social de San Carlos. De acuerdo con el documento entregado por Mira, la SAE afirmaba que debían hacer la entrega “voluntaria del inmueble a más tardar el 26 de enero de 2022″ y que en caso que no realizará tal entrega “el 31 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., la SAE S.A.S realizará las acciones tendientes a la recuperación del inmueble”. La SAE administra bienes en proceso de extinción de dominio.
El CARE funciona como un museo comunitario de la memoria de las víctimas de ese municipio antioqueño. Colombia+20 ha seguido de cerca el proceso de reconciliación que lleva este lugar. Desde finales de la década de los noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se tomaron el caso urbano y utilizaron como centro de operaciones el Hotel Punchiná, el mejor del municipio. Desde allí no solo se decidía a quién asesinarían, sino que también fue un centro de tortura y desaparición de muchos de sus habitantes en manos de paramilitares del Bloque Metro, comandado por alias ‘Doble Cero’ de las Auc. Incluso, se habla de decenas de personas desaparecidas.
En 2008, cuando las Auc se fueron de San Carlos, las víctimas en cabeza de Pastora Mira decidieron entrar al viejo hotel y transformarlo. La historia fue relatada por Colombia+20 en este pódcast.
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Tras un arduo trabajo, la Casa de la Memoria de San Carlos o CARE entró a ser parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, donde es reconocida como un lugar de memoria testimonial y “que ha sido utilizado para la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de este territorio y para desarrollar lo que nosotros llamamos una memoria transformadora, que ayude a la transformación social y el acompañamiento emocional de las personas”, afirmó Adriel Ruíz, coordinador de la Red.
¿Por qué iban a desalojar?
Según Mira, en 2021 el CARE envió un derecho de petición a la Secretaría de la Gobernación de Antioquia, a la SAE y a la Unidad de Víctimas para solicitar el nombramiento como depositarios provisionales del predio y así, continuar con sus labores de memoria.
Sin embargo, la respuesta que recibieron de la SAE fue que no era posible acceder a ello “debido a que esta Sociedad no tiene dentro de sus competencias la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto”. En el caso de la Unidad de Víctimas, la respuesta fue que no era posible la entrega del predio por la vía de la reparación a la víctimas.
En el CARE continuaron sus labores hasta que a inicios de 2022 recibieron la notificación de desalojo. Hace unos días enviaron un nuevo derecho de petición a esta institución, a la Alcaldía de San Carlos y a la Unidad de Víctimas para frenar el desalojo y recibir una respuesta ante el caso. Sin embargo, el tiempo corre en contra de esta casa porque el proceso de desalojo está establecido para el 31 de enero y la respuesta al derecho de petición va a tardar más allá de esa fecha.
“No atenten con la mejor herencia que le podemos dejar a los jóvenes, la más segura que tenemos que es la memoria. La memoria es la grieta por la que sale la verdad, elemento necesario para recuperar la confianza y reconstruir nuestro país”, afirmó Pastora Mira.
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Varias organizaciones hicieron llamados para que el desalojo no se diera como la Red Colombiana de Lugares de Memoria, que a través de un comunicado manifestó: “la orden de desalojo que enfrenta el CARE hace visible la necesidad de no continuar con políticas negacionistas que buscan limpiarle el pasado a los espacios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y por el contrario, de generar una política de memoria en Colombia que garantice el derecho a la memoria de los pueblos”.
A su vez, la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente resalt+o que la Casa Museo Comunitario de la Memoria de las Víctimas de San Carlos “se ha convertido en el epicentro de la reparación y de la memoria de las víctimas. Perderlo significa volver a empezar después de muchos años de trabajo, de trabajar con las uñas porque no se ha contado con recursos de la institucionalidad, es un trabajo que viene haciendo la población”.
“Lo que tiene que hacer el Estado en su deber de garantizar la memoria es proteger el bien y desde ahí, garantizar que ese grupo de personas dirigido por Pastora Mira del CARE puedan seguir desarrollando las acciones de memoria que son un bien público y patrimonial porque así podemos hablar de construcción de paz”, manifestó por su parte, la Red Colombiana de Lugares de Memoria, de la que hace parte el CARE.
La Red incluso ha pensado en invitar al Sistema Integral para la Paz para que, por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitan medidas cautelares para proteger este lugar. De acuerdo con Pastora, deben existir restos de familiares enterrados allí.
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La Comisión de la Verdad también se pronunció a través de un comunicado en el que exhortan “a la SAE a suspender la orden de desalojo. A las entidades del Ministerio Público, al Gobierno Nacional, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de Paz, a los gobiernos Departamental y Municipal, a encontrar salidas para preservar y fortalecer este espacio para el municipio de San Carlos como un ejemplo para el país de lo que significa el deber de memoria del Estado”.
En un comunicado de prensa anterior, la Sociedad de Activos Especiales había dicho que “el inmueble tiene una ocupación irregular” y que no hay un contrato de arrendamiento ni autorización de uso por parte de la SAE.
San Carlos fue uno de los municipios más afectados por el conflicto y perdió casi el 50% de su población por el desplazamiento.