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Luis David Rincón habla a la sombra de un árbol que refresca los 38 grados de temperatura que hacen arder Campo Dos, un corregimiento de Tibú, en el Catatumbo. A pocos metros, en un polideportivo, están reunidos los cocaleros de la región tratando de definir su hoja de ruta y sus propuestas para el gobierno de Gustavo Petro sobre la solución al tema de los cultivos de coca y el programa de sustitución voluntaria previsto en el Acuerdo Final. Rincón sí que puede hablar con propiedad porque fue uno de los primeros campesinos del Catatumbo que creyó en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y se inscribió en marzo de 2017, cuando la iniciativa llegó por primera vez a las veredas de Caño Indio, en este mismo municipio.
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En ese momento, Rincón era el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese núcleo veredal y firmó, junto a unas 200 familias de Caño Indio, la inscripción al programa, que se convirtió en uno de los pilotos de la sustitución de coca en el país. “Firmamos el acuerdo el 17 de marzo de 2017 y hasta hoy, después del pago de los $12 millones y la huerta para sostenimiento alimentario, no nos llegó nada más”, explica este líder, que también hace parte de la guardia campesina del Catatumbo.
De las 200 familias que se inscribieron al programa en Caño Indio se pasó a 2.986 en todo Tibú y en Sardinata, otro municipio de la región. La situación en casi la totalidad de esas familias es la misma que la de Rincón, como se ve en la infografía que acompaña esta nota. La promesa era dejar los cultivos de coca y hacer el tránsito a la economía legal, pero, con su atropellada implementación, las condiciones para las familias que se acogieron son peores hoy. Una situación que ha llevado en realidad al aumento de los cultivos de coca aun en zonas donde el programa de sustitución debía haber hecho efecto.
Según el más reciente monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Catatumbo es la segunda región de Colombia con más área sembrada de cultivos de coca y aporta el 21 % al total nacional, con 42.576 hectáreas. Tibú, el municipio desde el que habla Luis David Rincón, es el que más coca tiene en todo el país: 22.000 hectáreas.
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Rincón recuerda que en mayo de 2017 ya habían arrancado todos los cultivos de coca en las veredas de Caño Indio. “Nosotros decíamos ‘es un hecho’; pero habíamos hablado de sustitución y lo que terminamos haciendo fue una erradicación: las arrancamos de una y nos quedamos esperando”. Luego de los 12 pagos mensuales y la huerta, inició con un proyecto de ganadería que se terminó hundiendo por falta de continuidad y apoyo. Entonces, el hambre tocó a sus puertas.
“Es como cuando lo tiran a la calle y dicen ‘mire usted qué hace’”, recuerda con impotencia. Cuenta que hubo familias que dejaron de mandar a sus hijos a la escuela porque no tenían para darles de comer. “Hasta hubo hogares que se acabaron por esa crisis”, dice. En ese momento, le tocó echarse una fumigadora al hombro y comenzar a raspar la hoja de coca. “Estábamos en la casa quietos, pidiendo comida entre las familias, si no trabajábamos no comíamos; entonces qué me tocó, hacer lo que nunca había hecho y salir a raspar, pero nos decían que si nos veían nos metían presos porque eso no se podía si uno pertenecía al PNIS, pero es que tenía que mantener a mi familia, ni siquiera tenía para darles de comer a mis hijos. Esa es la realidad que nos dejó el PNIS en Caño Indio”.
Ramón Cáceres también creyó en el programa. Recostado sobre un arco de fútbol contiguo al polideportivo donde se hizo el encuentro cocalero la última semana de octubre cuenta que se convirtió en una víctima de un efecto silencioso que causó el PNIS: el desplazamiento de muchas familias. “Yo era amediero, tenía cuatro hectáreas arrendadas donde tenía mis cultivos de coca, le pagaba al dueño de la finca $2.000 por arroba de hoja recolectada. Todas las cuatro hectáreas las arranqué”.
A los “amedieros” como él —es decir, a quienes sembraban coca en tierra arrendada— se les dijo que se les habilitaría tierra donde ejecutar el proyecto productivo que escogieran. En su caso, se inclinó por un proyecto porcícola. Le dijeron que construyera una cochera para los cerdos, y ahí se quedó esperando. El proyecto nunca llegó. Tuvo que salir de la zona a probar suerte en otros municipios de la región y hoy vive en El Tarra, trabajando al día en los cultivos de palma y cortando corozo por $35.000 diarios. Como él, fueron decenas las familias que tuvieron que salir de Caño Indio después de haber arrancado la coca y quedarse sin sustento.
Pero él está dispuesto a volver a intentarlo. Y más porque a la coca le carga cierto resentimiento, pues le arrebató a su hermano, asesinado en medio de las disputas entre los grupos guerrilleros que están en la zona y regulan el tema de la coca (disidencias de las Farc y el Eln). Es padre de dos hijos y espera darles un mejor futuro que el que le tocó. Cree que la palma de aceite —que en los últimos años se ha ido extendiendo en el Catatumbo— puede ser una alternativa real para salir de esa economía.
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Precisamente ese encuentro cocalero que se hizo el 28 y el 29 de octubre en Campo Dos fue convocado por organizaciones campesinas para trazar la hoja de ruta y concertar con un amplio número de pobladores de la región las alternativas que le plantearán al Gobierno Petro. A la cita acudieron más de 1.200 campesinos, que fueron escuchados por congresistas de la República y por Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Amenazas y señalamientos
Elizabeth Pabón es la representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y también entró a hacer parte del programa en Caño Indio. Ella integró todo un equipo de campesinos que en 2017 empezaron la titánica labor, vereda a vereda, de convencer a los campesinos de que creyeran y se sumaran al programa de sustitución.
“Para nosotros como organización campesina es preocupante porque nos echamos al hombro el programa, el Gobierno Nacional no cumplió y toda la carga la llevamos nosotros porque fuimos los que pusimos la cara frente a las comunidades. Si hubieran cumplido, hoy en Caño Indio no habría coca”, afirma la lideresa.
Cuando empezaron los reclamos por el incumplimiento, su situación de seguridad se agravó: fue intimidada por hombres desconocidos que merodeaban por su vivienda e incluso al muchacho que le manejaba la moto de arriba para abajo le sugirieron no andar más con ella, pues quizá por “darle” a ella lo terminaban afectando a él también. En virtud de esas amenazas y señalamientos, a la lideresa le tuvieron que asignar un esquema de protección que la acompaña hasta hoy.
Además, ella y su organización terminaron asumiendo la responsabilidad ante la comunidad. Algunos campesinos afirman que ya no confían en Ascamcat ni en la Coccam —organización que impulsó el programa a escala nacional—. Por eso, Pabón reconoce que, aunque tiene confianza en que el programa retome el rumbo en el gobierno Petro, no volvería a comprometerse a impulsarlo ni a convencer a los campesinos de que ingresen. El costo ha sido demasiado elevado como para asumirlo de nuevo.
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Retomar el rumbo del PNIS
La condición que se les impuso a los campesinos para ingresar al programa de sustitución era inamovible: arrancar todas las matas de coca y luego sí acceder a los beneficios. Hoy nadie confía en esa premisa, como lo reiteraron de forma unánime los campesinos que acudieron a la cita. La única manera en que volverían a creer en algún programa de sustitución es que se aplique de forma gradual. Así lo explica Luis David Rincón. “La ruta que yo he mirado es: nosotros nos vamos a mantener con la coca mientras el otro proyecto empieza a dar; ejemplo, si yo me meto con un proyecto de palma, cuando la palma empiece a dar nosotros empezamos a quitar la coca. Eso sí es sustitución, la voluntad la tuvimos y la tenemos”, explica.
Eduardo Díaz Uribe, exdirector del PNIS, fue uno de los artífices del programa original y uno de los que llegó hasta veredas y corregimientos del país —acompañado de representantes de las antiguas Farc— a convencer a los campesinos de que se acogieran. Cree que el programa se puede enderezar si se cumple, al menos, con cuatro premisas.
Como la confianza entre el Estado y los campesinos quedó rota, lo primero sería revivir las instancias de participación y diálogo que traía el programa, en las que tenían asiento las comunidades y organizaciones campesinas. “Esas instancias nunca fueron puestas seriamente en marcha por el gobierno Duque; fueron desmanteladas”, sostiene. Eran originalmente espacios desde el ámbito nacional hasta el local en que se discutía el rumbo del programa y se tomaban decisiones. Allí, plantea él, podría por ejemplo discutirse el tema de la gradualidad, que será la nueva línea roja de los campesinos.
En segundo lugar, plantea que se le debe dar toda la importancia al tema de tierras, por ejemplo, en el caso referenciado más arriba de Ramón Cáceres, que sembraba en predios ajenos y después terminó desplazado. “Mucha de la gente que siembra no es propietaria o tiene una relación precaria con el predio. Para que la gente sustituya tiene que afincarse, echar raíces; mientras eso no ocurra, mientras no cerremos la frontera agrícola y la gente no tenga resuelto el tema de la tierra, los campesinos sin tierra van a seguir buscando dónde sembrar; los que caminan no son los cultivos ilícitos, son los campesinos sin tierra”.
En el tercer punto plantea que evidentemente habría que traer los costos y valores a precios actuales (no a los que se pactaron hace cinco años), y reconoce que el proceso completo puede tardar más de los dos años y medio que diseñaron en su momento. Pero, como cuarto punto, agrega un elemento que poco ha sido discutido: las compras públicas de alimentos a campesinos. “En vez de sembrar cacao y salir a buscar a quién se le vende, el Acuerdo de Paz estableció como una salida las compras públicas: todos los programas institucionales, como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), o los del ICBF, los hospitales, las guarniciones militares, Ecopetrol, etc., podrían hacer compras públicas a campesinos, que el Estado les compre. Eso son varios billones de pesos al año”.
Por eso, para recomponer la confianza entre el Estado y los campesinos cocaleros fue muy mala señal lo que ocurrió en el pasado encuentro cocalero en Campo Dos. Justo en el área donde la comunidad estaba reunida, desde helicópteros de la Fuerza Aérea arrojaron centenares de volantes contra los cultivadores de coca: “CampesiNO diga NO a los cultivos ilícitos, al daño ambiental, al tráfico ilícito de drogas. Denuncie el narcotráfico”. Y paralelamente, mientras los campesinos iban hacia el encuentro cocalero, los militares llegaban a erradicarles por la fuerza sus matas de coca. Falta trecho para recomponer la relación.
*Periodista de la Emisora de Paz de Convención