El hombre que tiene a cuestas el proceso de paz con mayores probabilidades de salir adelante en Colombia podría pasar desapercibido. Viste un jean claro, camisa de flores y una chaqueta deportiva azul que trajo desde Noruega, el país donde pasó un exilio de 24 años. Carlos Erazo se acomoda sin ningún afán en la silla de un salón de reuniones del Hotel Tequendama, apoya el codo derecho sobre la mesa de madera y sonríe cuando se le pregunta cómo van los diálogos con el Frente Comuneros del Sur, una estructura del ELN que nació en Nariño en 1992 y que en mayo de este año se separó de esa guerrilla para empezar una negociación por aparte con el Gobierno de Gustavo Petro.
“Yo creo que este proceso no tiene marcha atrás. Ellos se dieron cuenta de que la lucha armada es obsoleta”, dice Erazo, que conserva intacto su acento valluno.
El negociador llegó al país en febrero de este año, tras recibir una llamada del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, a quien conoció durante su paso por la guerrilla del M-19. En sus años en armas, Erazo también compartió con el hoy presidente Gustavo Petro. Tras más de dos décadas fuera del país, dice que se encontró con una Colombia donde el conflicto aún persiste, pero hay posibilidades de construir paz.
De hecho, esta semana llegaron a Bogotá funcionarios de la Gobernación de Nariño y algunas alcaldías municipales, líderes sociales, representantes del Gobierno y del Frente Comuneros del Sur, para llevar a cabo la segunda sesión de la Instancia de Co-construcción de paz Territorial, como se le llama por ahora a este proceso. En el marco de ese encuentro, que propició reuniones con las cabezas de varias entidades del Estado, Carlos Erazo conversó con Colombia+20.
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Se ha dicho que el proceso con el frente Comuneros del Sur es de los pocos que podría llegar a un punto definitivo antes del fin del Gobierno Petro. ¿Qué estrategia están siguiendo?
En primer lugar, este proceso de paz del Gobierno que venimos adelantando en Nariño con el frente Comuneros del Sur es eminentemente territorial. Es decir, este proceso tiene protagonistas que son del territorio y me estoy refiriendo, no solamente a miembros de ese frente, sino a las comunidades que están allí en el territorio, a las autoridades locales, los alcaldes, al gobernador y su equipo de gobierno. Todas estas conversaciones, que se han ido adelantando desde el año pasado, han sido en el territorio con las mismas comunidades.
Los problemas sobre la discusión son locales y territoriales como las economías ilegales, el problema del cultivo de la coca y la explotación ilegal del oro. Estamos buscando garantizar salidas porque la paz no es simplemente el desarme del actor armado, la paz es ante todo la transformación del territorio, es decir, que signifique el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.
¿En qué se ha avanzado durante estos meses de diálogos?
Este es un proceso que tiene como tres grandes ejes el de desescalamiento de las violencias, la transformación territorial y el tránsito del grupo armado a la vida ciudadana plena y su conversión en un movimiento político y social de carácter territorial. Todo esto enmarcado en el proceso de paz territorial en Nariño.
Simultáneamente, se ha venido adelantando un proceso de lo que hemos llamado desescalamiento de las violencia, que comenzó ya desde hace cuatro meses. Tenemos un protocolo de desminado humanitario que fue concertado con el frente Comuneros y que hoy tiene un visto jurídico legal por parte del Gobierno Nacional y por parte de las fuerzas del Ministerio de Defensa. Este proceso ya tiene definido un operador civil que va a dirigir operativamente todo este proceso de desminado humanitario y es Humanity & Inclusion, de Bélgica, quien ha venido trabajando de años atrás aquí en Colombia.
Además, se ha venido teniendo un proceso para el retorno. A raíz del conflicto por la disputa territorial, a finales del año pasado se generó un desplazamiento de miles de personas hacia Samaniego y ahora se está en un proceso de regreso hacia sus casas.
Este proceso no es simplemente llegar, es saber en qué condiciones se llega y no solo en cuanto a dignidad, sino también en cuanto a condiciones materiales.
También está la disposición del frente Comuneros del Sur para que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida (UBPD) comience a hacer presencia en la zona y comience a hacer su trabajo. En el territorio hay fosas comunes, hay restos de personas en las montañas resultado de todos los combates, pero hay disposición del frente para que las autoridades y los agentes del Gobierno Nacional y departamental y las organizaciones de víctimas entre a cumplir con su labor.
Por último, está la decisión de dar un tratamiento a los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto, es decir, el tema del reclutamiento forzado.
Comuneros del Sur combatió de la mano del ELN durante 32 años y se separó para iniciar este proceso. ¿Cómo funciona ese grupo en el territorio?
Esencialmente, el frente Comuneros del Sur en un 90% son personas de los mismos resguardos. Son indígenas, personas afro, que incluso tienen sus familias en el mismo territorio. Es decir, aquí no estamos hablando de un actor armado externo al territorio, son parte de las mismas comunidades. Ahí está la explicación del por qué de esa decisión tomada por el frente Comuneros de comenzar con el Gobierno este proceso de paz territorial. Era y es una exigencia de las mismas comunidades.
Por otro lado, el frente Comuneros del Sur ha manifestado públicamente su apoyo a la política de paz total que está liderando el presidente Gustavo Petro y porque también se identifican con el liderazgo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en los diálogos territoriales por la paz. Esto responde al sentir de las mismas comunidades y esto hace que para Comuneros este proceso que se ha iniciado sea irreversible.
Hay una duda y una preocupación en términos de seguridad. ¿Cómo garantizar que no llegue otro actor armado al territorio?
Uno de los grandes desafíos que tiene este proceso es la co-construcción, que significa la corresponsabilidad que existe, no solo del Gobierno Nacional -que tiene la mayor responsabilidad-, sino también del departamentos y de los gobiernos locales. Este proceso no tiene un libreto definido, sino que lo estamos creando, construyendo porque buscamos resolver problemas que existen en el momento. Me está preguntando cómo garantizar que una vez frente Comuneros del Sur se haya desarmado, llegue otro actor al territorio, pues, precisamente, uno de los grupos de trabajo es sobre seguridad territorial. Eso significa no solamente la seguridad de los de los futuros excombatientes, sino un programa con todo el territorio. Este proceso abarca a 10 municipios de Nariño, teniendo como centro a Samaniego, Santacruz de Guachavés y La Llanada. ¿Cómo garantizar que la violencia no se recicle en un futuro cercano? Ese es uno de los grandes desafíos que estamos buscando darle respuesta, pero no es simplemente con la Fuerza Pública, con el Ejército o con la Policía, sino también con la población. Hay una decisión del frente Comuneros y de las mismas comunidades de construir conjuntamente ese nuevo modelo de seguridad territorial.
¿Se ha adelantado algo en cuanto al tema jurídico con los miembros del Frente Comuneros del Sur?
Esa es otra de las dificultades. El actual sistema jurídico que cobija este proceso es demasiado pobre. Es decir, hay una dificultad, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por eso, tenemos un equipo de abogados que está haciendo una exploración de lo que hay actualmente en la legislación colombiana, y está yendo al territorio para explorar y conocer de cerca los procesos de justicia indígena, los métodos, la forma de resolución de conflictos al interior de las mismas comunidades. Se trata de partir de la realidad en el territorio y no simplemente de la realidad jurídica que existe, sino de diseñar alternativas que nos garanticen la seguridad jurídica de los futuros excombatientes.
Y en términos de reincorporación, ¿existe alguna propuesta?
Sí, ya existe el grupo, que se llama Grupo de reincorporación a la vida ciudadana plena. Ya se tuvo la primera reunión con la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller, en donde se presentaron los programas que se vienen adelantando con los firmantes de paz de las FARC, algunos de los programas realmente promisorios, muy interesantes, no simplemente sobre el tema económico, sino sobre educación y capacitación. Ya hay un plan. La directora Miller va a ir a Betania para realizar un taller con el resto de la comandancia del frente Comuneros del Sur y con el conjunto de combatientes que están dispersos en varias partes de todo ese territorio para socializarles esta experiencia.
Uno de los temas complejos que vemos hoy es que a los firmantes de paz los violentan sus antiguos compañeros en la guerra. Tras separarse de la guerrilla y empezar un proceso aparte, ¿el frente ha recibido algún tipo de amenaza del ELN?
Los comuneros públicamente han recibido los señalamientos que ha hecho Antonio García (máximo jefe del ELN) de que Gabriel Yepes Mejía (conocido como “HH”), comandante de Comuneros del Sur, es un miembro de Inteligencia Militar. Esas son puras palabras que no tienen ningún sustento ni seriedad. El frente Comuneros tiene en el departamento de Nariño más de 32 años de existencia.
Gabriel ha vivido en Nariño aproximadamente 12 años. Yo he conocido líderes de comuneros que han vivido desde cuando se fundó ese frente allá. Nadie va a pasar la vida entera haciendo un trabajo de infiltración. Esto es algo que requiere compromiso y requiere convicciones políticas y es lo que hay ahora. Lo que pasa es que llegaron a un límite, la guerra no tiene sentido y ellos están convencidos de eso. La decisión que ellos tomaron de separarse del Ejército de Liberación Nacional para iniciar este proceso fue una decisión tomada en Asamblea General, una decisión democrática. Por eso ahora ellos son el frente Comuneros del Sur y ya no son Ejército de Liberación Nacional.
¿Qué esperan ustedes de esta instancia de co- construcción que se está realizando en Bogotá?
En esta segunda sesión (que se llevó a cabo entre el jueves 15 y el viernes 16 de agosto) queremos presentarle al país a los grupos que van a hacer posible que este proceso de paz abarque el conjunto del conflicto que hay en la región. Este proceso implica soluciones al proceso de transición de Comuneros de la vía armada a una ciudadanía plena, el diseño de alternativas jurídicas, un proceso de reincorporación a la vida civil, la aplicación de la justicia restaurativa, las garantías de seguridad, no solo para Comuneros, sino para las comunidades del territorio. Ese es un nuevo modelo de seguridad que implica también la inutilización de los instrumentos de guerra.
Este proceso de paz tiene otro eje que es el de las transformaciones en el territorio. Esto quiere decir que se mejoren las vías, no simplemente las secundarias, sino las terciarias también; que se mejoren las escuelas y se construyan nuevas; que los puestos de salud tengan dotación; que haya ambulancias; que haya comunicación digital en las mismas comunidades. Es decir, que se sienta que comenzó un proceso no solamente de conversaciones y concertación con el actor armado, sino también de intervención del Estado en sus distintos niveles para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
¿Qué funcionarios y entidades participan en esta sesión?
Están los 10 alcaldes de esos municipios y el equipo de la Gobernación de Nariño. También estarán representantes y delegados del Ministerio de Cultura, Ministerio de Minas y de Educación. Estamos buscando el concurso del Gobierno Nacional, aunque este proceso se hace allá.
Los avances con Comuneros del Sur contrastan con las crisis en los otros tableros de negociación de la paz total. ¿Cómo se puede replicar este modelo en esta apuesta de territorializar la paz?
Yo creo que esta experiencia que estamos viviendo en Nariño en este proceso de diálogo y concertación con el frente Comuneros del Sur es muy propia y responde mucho a la realidad que existe en el territorio. Yo no podría decir que esto se pudiera replicar textualmente en otros territorios del país donde hay otros actores y los problemas son otros.
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En Nariño estamos poniendo en tensión y en funcionamiento todas las fuerzas vivas que hay en el territorio para resolver el problema de la violencia y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Por eso tenemos tres instancias: desescalamiento de la violencia, transformación territorial, y el tránsito del grupo armado a la vida ciudadana. Esos tres ejes integrados en un solo propósito nos van a garantizar el cumplimiento de una ruta diferente hacia la paz acorde a las condiciones concretas del territorio. Hay que tener en cuenta que hay otros actores armados y que este proceso no es para todo el departamento de Nariño, sino que estamos hablando de un conjunto de 10 municipios. El Gobierno viene adelantando un diálogo con la Segunda Marquetalia y eso nos garantiza que exista respeto a este proceso.
La garantía de que este proceso —que es a corto, mediano y largo plazo— llegue a feliz término es que las mismas comunidades, la ciudadanía y la fuerza pública respalden y trabajen para que no llegue otro actor armado. Esto tampoco quiere decir que llegue la finalización del conflicto porque van a seguir existiendo.
Eso, en parte, por la presencia de economías ilícitas en la zona…
El problema de la economía ilegal existe en la región y no lo vamos a resolver de la noche a la mañana porque son procesos de mediano y largo plazo.
Cuando hablamos de sustitución de cultivos ilícitos son temas gruesos de transformación que implica no solamente créditos, sino una nueva forma de pensar y de trabajar por parte de las mismas comunidades. Las economías ilícitas no simplemente las realizan los actores armados, sino las mismas comunidades, porque es su forma de supervivencia.
Usted volvió a Colombia después de 24 años, ¿Cómo ve las perspectivas de paz en este momento?
Si uno ve el panorama nacional del conflicto en las distintas regiones del país, si uno ve las mesas con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, podría uno ser pesimista. No es fácil, no ha habido manifestaciones claras de poner fin al conflicto por parte de los actores armados que están en esas mesas. Pero si uno ve el proceso naciente que hay en Nariño con el frente Comuneros del Sur, hay esperanza.
Cuando me vine de Noruega el pasado mes de febrero, respondiendo una llamada del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, que me manifestó que fuera parte de su equipo y que me fuera a Nariño a trabajar este proceso con Comuneros, la verdad que vine inicialmente con mucha expectativa sin conocer realmente mucho, pero una vez participe en las primeras conversaciones con los líderes de frente Comuneros del Sur y conocí al gobernador Escobar, el liderazgo y el compromiso que él tiene en transformar el territorio y en apostarle a esos diálogos que conduzcan las soluciones concertadas, para mí fue esperanzador. No es fácil, no ha sido fácil, pero yo me he ido llenando de certezas de que este proceso no es posible que tenga retorno porque ya como públicamente lo han manifestado los miembros de Comuneros del Sur, para ellos la lucha armada es obsoleta. Para ellos la opción de pasar a la vida ciudadana y de convertirse en un partido, en un movimiento político territorial.
Escucharlos, ver el arraigo que ellos tienen con las comunidades, a mí me ha llenado cada vez más de certezas, de esperanza, de que estamos caminando por tierra firme. No es fácil. El Estado es lento, funciona en las regiones de manera desarticulada y entonces no es sencillo dar cumplimiento a lo que se vaya concertando, pero precisamente estamos en esa pedagogía y en ese aprendizaje.
¿Cree que al término del gobierno Petro, en 2026, vamos a tener finalizado el proceso con Comuneros del Sur?
Realmente estoy convencido de que en un corto tiempo, hablando de los tiempos políticos de este Gobierno, tendremos un proceso de paz en una etapa de implementación, aunque la implementación se está haciendo en este momento simultáneamente.
