Carlos Pizarro, un magnicidio que sigue en la impunidad después de 30 años

Un mes atrás de ser asesinado, Carlos Pizarro, como comandante del M-19, firmó la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. / Archivo El Espectador

Pero ese día nunca llegó. Carlos Pizarro Leongómez no pudo encontrarse con su hija María José y desde entonces ella conserva esas letras que la impulsan a que un país, acostumbrado a olvidar sus horrores, vuelva a aquel 26 de abril de 1990, cuando el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido como Yerri, se coló en un avión de Avianca para asesinar a su padre. Tan solo mes y medio atrás, Pizarro había firmado la paz con el gobierno de Virgilio Barco.

(Puede interesarle: A 30 años de la firma del acuerdo de paz con el M-19)

“En este tiempo que yo esté lejos, no me olvides. No dejes que yo me muera en tu corazón y para tu vida. Cuando estés triste, cuando te sientas infeliz en tu vida, piensa en todo lo que tienes y nunca en lo que te falta”. Sin embargo, María José Pizarro, hoy congresista de la República, no puede dejar de pensar en todo lo que le falta y sabe que esos soles, que no pueden pintar juntos, solo aparecerán el día que se descubra la verdad. Esa misma que ha buscado durante 30 años y que se le escurre entre las manos por culpa de un Estado incapaz de esclarecer por qué lo asesinaron.

“El caso sigue impune y no avanza como quisiéramos”. La frase de María José se repite en otros magnicidios de líderes políticos que la justicia colombiana no ha aclarado, como los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa o José Antequera. En el proceso de Carlos Pizarro, por ahora, solo hay una condena contra los exjefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño. Y hasta septiembre del año pasado se adelantaba juicio contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, uno de sus escoltas y exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Este último juicio ya cumplía dos años y estaba ad portas de sentencia, pero fue suspendido después de que el exagente, en calidad de tercero civil agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este organismo aceptó estudiar su sometimiento el 14 de enero de 2020. En dicha resolución se ofició a la Procuraduría y al juzgado para detener las actuaciones; a la Unidad de Investigación y Acusación(UIA) para que localice a las víctimas y sus representantes; y al presunto responsable para que entregue una propuesta de cómo será su contribución a la verdad.

El abogado de Gómez solicitó libertad, mas no ha sido resuelta por la magistratura y, teniendo en cuenta que los términos judiciales están suspendidos por la pandemia, la decisión se demora. Mientras la justicia transicional resuelve si es competente, el proceso queda detenido en la ordinaria. Pero Muñoz no es el único involucrado. Según la Fiscalía, también habrían participado otros funcionarios del DAS de mayor jerarquía: Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección; Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de corporaciones públicas, y el exdirector de la entidad, general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez. Todos implicados en otros asesinatos de líderes políticos.

(Lea también: Las posibles omisiones del Estado colombiano por las que el caso Pizarro llegó a la CIDH)

Manuel Antonio González Henríquez optó por el mismo camino de Muñoz. La JEP estudia si su caso tiene relación con el conflicto armado. El exfuncionario deberá enlistar los hechos que podría esclarecer y hasta ahora han quedado en la impunidad. Gómez y González serían aceptados en la justicia transicional si se comprometen a hacer un aporte extraordinario de verdad, que no haya sido escuchado en la justicia ordinaria. Ese camino no es fácil, pues de ser avalados sus programas, pasarían a la Procuraduría y a las víctimas, para revisar si hay acontecimientos novedosos o, al menos, importantes para comprender patrones del conflicto armado.

La JEP asegura que Flavio Trujillo Valenzuela no solicitó su sometimiento. Su proceso continúa en la justicia ordinaria en etapa de instrucción, ni siquiera ha sido acusado. En cuanto a Maza Márquez, según Juan Carlos Niño, abogado de la familia Pizarro y representante de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), su situación sigue en el limbo: “El fiscal que adelantó el caso creía necesario vincularlo, pero no tenía la competencia, pues, por su cargo, debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Se compulsaron copias para que un fiscal delegado asuma el caso. Ahí también hay silencio: eso no se ha movido y no obtenemos respuestas”.

Maza también pidió someterse a la JEP y, en enero de 2020, la Sección de Apelación le dijo que su entrada a la justicia especial dependerá de su compromiso concreto y detallado en el esclarecimiento de los crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica. Ese camino podría ser clave para aclarar otros asesinatos como el de Pizarro.

En ese primer acercamiento, Maza aseguró a la JEP que puede aportar verdad sobre el surgimiento y desarrollo del fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio e identificar a los agentes estatales que habrían facilitado o apoyado la conformación de ese movimiento armado. El general en retiro fue director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, período que coincidió con el homicidio de dirigentes nacionales y regionales como Jaime Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán. Por este último caso, fue condenado por la Corte Suprema a 30 años de prisión.

Mientras los procesos continúan en la JEP, hace pocos días, la familia Pizarro supo que la  Fiscalía decidió cambiar de fiscal y ahora están a la espera de la nueva asignación. María José Pizarro teme que “no se continúe con la misma línea de investigación y que se pierdan los pocos avances del proceso en la justicia ordinaria”.

La línea de la investigación

Aunque Yerri fue reducido por los escoltas de Pizarro y Núñez dio la orden de no asesinarlo, el escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz le disparó varias veces. Lo que ocurrió en la siguiente década se resume en un absoluto silencio: “Podría decir que no se investigó nada, ni siquiera se llamó a Gómez para que explicara lo sucedido”, relata la congresista Pizarro. Solo 12 años después la justicia condenó en ausencia a los exjefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño a 24 años de cárcel. En su libro Mi Confesión, Carlos contó cómo se organizó el asesinato y su testimonio fue respaldado por otros paramilitares que señalaron que el crimen fue planeado y ejecutado de la mano de funcionarios públicos.

En la sentencia no se determinó cómo se planearon los hechos ni las alianzas con los agentes del Estado que permitieron que Yerri permeara los filtros de seguridad del aeropuerto. “Los otros responsables que tuvieron alianzas con grupos criminales aún no han sido condenados. Que hayan sentenciado a los Castaño no esclarece la verdad. ¿Cuál fue la estructura detrás del magnicidio? ¿Qué doctrinas motivaron el hecho? No puede ser que el caso se quede en que un exjefe paramilitar dijo “yo lo maté”, como si hiciera parte de una lista para chulear crímenes. Hay que buscar a los otros implicados. Sin eso no podemos saber si esas estructuras siguen teniendo influencias o delinquiendo en el Estado”, dice el abogado Juan Carlos Niño.

Bajo el mismo argumento de no repetir la historia fue que María José Pizarro, a sus 24 años, decidió vincularse al caso. Las pocas pruebas y pasos dados en la Fiscalía son fruto de sus empujones. Hoy, a sus 42 años, recuerda que en ese interminable derrotero ha tenido que exhumar dos veces el cadáver de su padre: “Me ha tocado hacer de todo. A pesar de las fotos, de las cartas y los testimonios familiares y de amigos, el Estado no me creía. Me tocó hacer pruebas de ADN para ser reconocida como parte civil. Luego estuve enfrente de la segunda exhumación. Tocó casi colar su cuerpo, porque estaba sumergido en un metro y medio de agua. Fue una jornada larguísima y dolorosa, pero era la única forma de que la investigación avanzara”.

Con esto, en 2010, cinco días antes de que se cumplieran 20 años del asesinato, la Comisión Colombiana de Juristas, como representante de las víctimas, logró que el homicidio se declarara crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción. En 2014, con la información y la priorización de los magnicidios en la Fiscalía, se logró vincular a Gómez Muñoz, quien finalmente fue capturado en 2017.

La tesis de la Fiscalía es que Gómez ingresó al esquema de seguridad una semana antes como parte del plan criminal y su papel fue ultimar al sicario para no dejar rastro. La entidad lo cobijó con la Ley 600 en el proceso que se le adelanta por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Muñoz actuó, de acuerdo con la investigación, bajo las órdenes de Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección; Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas, y Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS.

La pesquisa también está basada en cinco testimonios. Uno de ellos fue de Elías Salas Barco, mano derecha de Carlos Castaño, quien aseguró que los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro se planearon en la casa de Montecasino, en El Poblado (Medellín). En el caso de Pizarro, detalló que el sicario fue entrenado para que, después de disparar, soltara el arma y levantara las manos. Actualmente, junto con Ernesto Munarriz Salcedo, trabajador de Avianca, un entrenador de perros que resultó siendo contratista para asuntos de seguridad, están vinculados al caso.

La declaración de Salas Barco fue respaldada Carlos Mario Alzate, conocido como El Arete, hombre cercano a Pablo Escobar. El sicario afirmó que Castaño le comentó cómo participó en los crímenes de Héctor Abad, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Gabriel Jaime Santamaría y Carlos Pizarro. Jhon Jairo Velásquez o Popeye agregó que el grupo que cooperaba con el paramilitarismo dentro del DAS era liderado por Alberto Romero, en ese tiempo jefe de inteligencia y contrainteligencia. También Diego Fernando Murillo o Don Berna, extraditado en Estados Unidos, confirmó que, gracias a sus nexos con el DAS, Castaño asesinó al dirigente de la Unión Patriótica Gabriel Jaime Santamaría en 1989 y ejecutó los homicidios de Héctor Abad, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur.

Para los agentes de la Fiscalía esto no era nuevo. Justo después del magnicidio, Diego Londoño White, exgerente del metro de Medellín, asesinado en 1992, contó que los Castaño tenían una relación estrecha con miembros del DAS. En ese entonces la declaración no tuvo mayor incidencia.

(Lea: La persistencia contra el olvido y la impunidad)

Y estas no son las únicas pruebas. En la investigación se halló la presencia un mismo agente del DAS (Jaime Gómez) en los esquemas de seguridad de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. En el expediente también se han develado otras irregularidades, como la confirmación de los pases a abordar 15 minutos antes de la salida del vuelo, el permiso a los escoltas de portar armas en el avión y la recomendación que le hicieron a Pizarro de sentarse cerca del baño, el lugar de donde salió el sicario.

María José Pizarro advierte que incluso podría haber más datos que involucren a otros funcionarios, el problema es que se han tomado malas decisiones y no se ha podido avanzar en la investigación porque el magnicidio ya no es prioridad. Además, el arma con la que asesinaron a Pizarro fue fundida en 2013 por órdenes de un fiscal ajeno al caso, sin que hasta hoy este hecho tenga implicaciones legales. Asimismo, insiste Pizarro, cuando al ente investigador llegó Néstor Humberto Martínez, “al fiscal encargado lo llenaron de otros procesos de delitos comunes”, solo se asignó un policía judicial para la recolección de testimonios y pruebas, y se presentaron inconvenientes para una diligencia que debía realizarse en España con El Arete, quien iba a contar más detalles.

Cuando Francisco Barbosa tomó posesión como Fiscal, la representante recuerda que el presidente Iván Duque pidió celeridad en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. Si bien está de acuerdo con esta recomendación, le duele que su padre y otros líderes de izquierda asesinados en la misma época no hayan sido nombrados como prioridades: “Se debe avanzar en todos los magnicidios. Me preocupa las declaraciones del presidente Duque, porque dan prioridad a unos crímenes por encima de otros, de acuerdo con la afinidad política. Eso solo demuestra que no hemos tenido igualdad judicial”.

A la espera del juicio

En abril de 2018 comenzó el juicio contra Gómez, el exagente del DAS. “Se presentaron un montón de dilaciones por parte de la defensa, que buscó el vencimiento de términos para obtener la libertad”, relata el abogado Juan Carlos Niño. La defensa del exagente insistió en su inocencia y reiteró que el escolta llegó al esquema de seguridad de Pizarro porque tuvo problemas con el jefe de escoltas del candidato presidencial César Gaviria. Después, dijo, se enfermó porque lo enviaron a custodiar la casa del expresidente Carlos Lleras y le tocó casi a la intemperie. Otros agentes del DAS de la época lo desmintieron y dijeron que no tuvo quebrantos de salud.

Sobre su decisión de asesinar al sicario, Gómez afirmó que Yerri intentaba cargar de nuevo su arma y debía neutralizarlo. Sin embargo, la versión de otros miembros del M-19, que protegían a Pizarro, es otra y agregaron que parece más una creación de su mente. La Fiscalía determinó que fue una ejecución extrajudicial confirmada. Niño dice que la justicia por fin estaba tratando de cumplirle a la familia Pizarro con la sentencia de Gómez, pero el año pasado “todo se quedó quieto con el caso en la JEP”.

Eso sin contar que no creen que el proceso tenga clara relación con el conflicto armado. Niño insiste en que el hecho de que uno de los perpetradores sea un actor (los paramilitares) no significa que exista dicha relación: “Este magnicidio no correspondió al aporte de un esfuerzo general de guerra”. Y en caso de ser aceptado, para el jurista se debe abrir un nuevo macrocaso que reúna los demás magnicidios y asesinatos de líderes de la época.

La Comisión Colombiana de Juristas, en un comunicado, expresó su preocupación por la tardanza en la respuesta de la JEP y un posible vencimiento de términos que favorezca a Gómez: “El alto volumen de casos y los criterios de selección y priorización propios de la JEP hacen dudar que este proceso se acelere, amenazando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y el de la sociedad colombiana a conocer de manera pronta la verdad sobre lo sucedido con uno de los líderes políticos más relevantes de las décadas de los 80 y 90”.

Por el momento, solo les queda alargar, aún más, la espera de 30 años y seguir presionando para que los casos de los demás implicados avancen. En caso de que la JEP rechace el proceso, Niño señala que de inmediato pedirían reactivar el juicio contra Gómez. A pesar de los obstáculos, la familia Pizarro no se detiene y decidió también acudir a instancias internacionales. En noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió estudiar el proceso del exmilitante del M-19.

María José Pizarro está convencida de que verá los soles de la carta de su padre y aunque espera que eso suceda en su tierra, no teme cruzar las fronteras para dignificar su legado y darle sentido a esas palabras que no pudieron leer juntos: “Odia, mi niña, la injusticia y a los injustos, odia el dolor que provocan unos hombres en otros, rebélate contra toda injusticia que veas cometer a tu lado. No importa si sufres un poco por ello, con el tiempo tu estatura se habrá agigantado y te regocijarás con el orgullo en tu propio valor personal, un orgullo sano, dulce y humano”.