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Han pasado cinco días desde que el nombre de Carmenza López, que ya era conocido por algunos sectores de víctimas del conflicto, le dio la vuelta al país. Todo pasó en el evento de lanzamiento de los dos nuevos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Bogotá, el pasado 27 de agosto, cuando ella se negó a recibir el abrazo que Sandra Ramírez, congresista del partido Farc, le ofreció luego de pedirle perdón por la desaparición y asesinato de su esposo en 2008, en la localidad de Sumapaz.
En ese momento su respuesta fue clara y contundente: “Yo creo que ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad”. Todo quedó registrado en un video que han repetido cientos de veces medios de comunicación y portales. Según ella, aunque su reacción ha sido polémica, mucha gente le ha dicho que hizo lo correcto. “La situación con Guillermo (su esposo) fue tan dura, que todavía no puedo creer que me hayan dicho perdón y que me hayan pedido un abrazo. No. Debemos seguir un proceso con toda esta situación, yo estoy en un proceso de paz y sanación”, dice.
Cuando le preguntan por ese episodio, repite al teléfono, una y otra vez, que no le cabe en la cabeza que le hubieran pedido perdón: “Ese fue mi primer encuentro con gente de las Farc, yo nunca había hablado con ellos ni los había tenido de frente. Y todo iba bien hasta que me dijeron perdón. En ese momento yo me puse fría, me puse muy mal porque…¿perdón de qué, si ellos nunca me han dicho la verdad sobre lo que pasó con mi esposo en realidad, entonces de qué me piden perdón?”.
Carmenza López es una mujer delgada, de tez blanca y cabello corto, rubio. Es de estatura baja, aunque dice que su temple y carácter son de una mujer grande. Lleva 12 años buscando la verdad y rememorando lo que ocurrió el 15 de noviembre del 2008 con Guillermo Leal. De ese día, recuerda que salió de su casa hacia la oficina, donde trabajaba como edil de la localidad de Sumapaz (zona rural de Bogotá), pero nunca más regresó. Dejó la mesa servida. Y desde entonces tiene el mismo interrogante: “¿Cómo desapareció si esto es un páramo?”, se cuestiona.
El 20 de diciembre de ese mismo año, después de un mes de incertidumbre y búsqueda, cuenta que llamaron anónimamente al cuñado del hermano de su esposo a decirle dónde había quedado el cadáver de Leal. “Nos dijeron que estaba en una vereda pero yo todavía no creo que eso que me entregaron haya sido él”, asegura.
(Lea también: Sumapaz, una víctima no reconocida de la guerra)
Ella y sus tres hijos salieron un año más tarde para la zona urbana de Bogotá por el temor a las represalias que podían tomar la entonces guerrilla u otros grupos armados ilegales. Y por más de diez años, la casa en la que vivió por casi tres décadas con su familia quedó abandonada. También quedaron abandonados sus sueños de la vida en el campo, los amigos, los vecinos y su trabajo en la alcaldía menor, donde junto a su esposo trabajaban por una Sumapaz más incluyente, con conectividad y mejor acceso a la salud.
En esa finca vive hoy un hermano de su esposo, que por la aparente calma en la zona, decidió habitarla y salvarla del olvido; mientras Carmenza, desde el sur de Bogotá, ha hecho la labor de mamá y papá de Nicolás Camilo (su hijo mayor) y sus gemelos William y Sergio Alejandro: sus “tres goticas”, como les dice de cariño por el parecido que tienen con su padre.
A sus 58 años, cuenta que lleva casi la mitad de su vida trabajando en lo público, al servicio de los más necesitados. Cuando salió desplazada hacia la Bogotá urbana comenzó a trabajar como administrativa en el Concejo, después de participar y ganar el concurso para su cargo. Sin embargo, dice que sobre el 2010 hubo una reestructuración y despidieron a unas 400 personas, entre esas, ella.
Luego, después de varios meses desempleada y con sus hijos de apenas 10 y 15 años de edad, volvió a ser contratada allí pero esta vez como supernumeraria (es decir, por temporadas). Dos años más tarde fue despedida otra vez. “En el Concejo ellos vivieron conmigo toda la situación, se enteraron de todo lo que pasó con mi esposo y me acompañaron, pero me sacaron sin tener en cuenta que yo soy víctima del conflicto y tengo derecho al trabajo”, narra.
Su lucha por los derechos de las víctimas viene desde entonces. Dice que la Ley 1448 (ley de víctimas) “solo beneficia al Gobierno y no a las víctimas”. Está segura de que, de las más de 5.000 personas que viven en la localidad número 20 de la capital, apenas unas 200 están reconocidas ante la Unidad de Víctimas, pese a que al menos la mitad de la población, según ella, ha vivido el conflicto armado: “Lo que pasa es que también hay mucha gente que no sabe que es víctima del conflicto, no saben que lo que vivieron es eso y se va normalizando o dejando pasar”.
Para cambiar en algo esa realidad, desde 2016 trabaja en la Mesa de Víctimas de Sumapaz, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que busca ayudar a las víctimas del conflicto para que sean reconocidas ante las entidades nacionales y ser sujetos de verdad y reparación. En estos tres años también ha logrado ser una de las coordinadoras de la mesa e integra el comité de Derechos Humanos y de justicia transicional. Sueña con que sus voces y sus verdades queden plasmadas en el informe final de la Comisión de la Verdad y acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
(Vea: (Pódcast) Cantar y contar hasta encontrar a los desaparecidos)
En el camino ha tenido varios tropiezos. Carmenza cuenta que, aunque muchos sumapaceños han cumplido con los requisitos para acreditarse como víctimas del conflicto, la mayoría de solicitudes han sido rechazadas sin razón alguna. Han luchado para que todos los habitantes de Sumapaz sean reconocidos como víctima colectiva, pero la respuesta de la Unidad de Víctimas ha sido negativa. “Estoy a la espera de que nos digan por qué nos rechazaron”, expresa con desilusión.
Además de este objetivo, la causa que más defiende, a nivel personal, es otra. Quiere que sus hijos sean profesionales. Tiene en casa a un futuro profesional en comercio exterior, a un entrenador deportivo y a un abogado. Así los visualiza ella, con sus títulos algún día.
Por la pandemia, su situación económica, como la de miles de familias, se ha complicado. Antes, Nicolás, el mayor, trabajaba en lo que le saliera de manera informal. Su primogénito ahorraba dinero para pagarse sus estudios y también para aportar en la casa, pero quedó desempleado desde abril.
Ahora reparte domicilios y hace diligencias en una moto que le presta un amigo, casi siempre los fines de semana. De día, estudia una tecnológica en Comercio exterior en el Sena mientras espera una oportunidad para comenzar sus estudios profesionales en alguna carrera administrativa, que es su pasión. “Él siempre ha trabajado y ahorrado para pagarse sus estudios, pero justo cuando iba entrar a una universidad este año, me puso de codeudora y no me aceptaron porque ya soy codeudora de mi otro hijo Nicolás”, explica Carmenza.
Algo parecido le pasó a Sergio Alejandro, de 20 años, que comenzó a estudiar Entrenamiento Deportivo en un instituto de la ciudad pero no pudo seguir pagando por falta de recursos. Trabajaba como conductor elegido antes de la pandemia con un amigo que le prestaba un vehículo y pasaba noches enteras reuniendo dinero para estudiar. Luego, a comienzos de este año y antes de que la pandemia paralizara el país, se matriculó en una universidad para estudiar una carrera profesional en Dirección Técnica de Fútbol. Por la crisis económica fue despedido de su trabajo y tuvo que cancelar el primer semestre. Por segunda vez, sus sueños profesionales quedaron truncados, afirma su madre al teléfono.
El único que, por ahora, está estudiando una carrera es William, uno de los gemelos. Está en sexto semestre de Derecho y estudia gracias a un crédito que les dio Icetex. Carmenza, repite nuevamente que la Ley de Víctimas “es de papel y no está creada para ayudar a las víctimas”. Lo dice con seguridad porque cuenta que, por ser víctimas del conflicto y tener Sisbén, deberían tener acceso gratis a la educación. Trae a colación el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para Víctimas del Conflicto Armado en Colombia y asegura que su capítulo de “créditos condonables” no se ha hecho realidad en su caso.
“Lo único que yo pido y en lo que quisiera que me ayuden es a tener alguna opción para que mis hijos estudien de manera gratuita, porque para mí es muy difícil responder por tres. Y como uno de ellos ya tiene crédito en Icetex, no me aceptan ser codeudora de los otros dos. Quiero para ellos un trabajo digno, menos peligroso que estar haciendo mandados en las noches de Bogotá”.
De hecho William, su otro hijo de 20 años, también quiere trabajar como domiciliario, y aunque es el único que tiene moto en la casa, no ha podido usarla porque no hay dinero para pagar la revisión técnico mecánica ni para la gasolina.
(Nota relacionada: ‘Nos daremos un abrazo de perdón cuando me digan la verdad’: víctima de las Farc)
Su día a día es más complejo en esta “nueva normalidad”, porque aunque Carmenza trabaja en la Mesa de Víctimas, dice que para pagar el 25% del crédito universitario que tiene con su hijo menor y suplir todos los gastos durante la pandemia, deben elegir comer dos veces al día: “Acá mis hijos saben que tenemos dos platos diarios: o desayunamos y almorzamos bien o almorzamos y comemos…y ellos no pelean cuando solo hay una aguae’panelita, porque eso es lo que hay”. Carmenza hoy está en busca de ayuda: “Si alguien puede emplear a alguno de mis hijos en algo menos peligroso y más estable, estaría muy agradecida siempre”.
Sueña regresar algún día a un Sumapaz distinto, porque solo iba eventualmente (antes de la cuarentena) a la localidad para hablar con la comunidad, escuchar la gente y trabajar con las víctimas. Lucha todos los días para que los colombianos entiendan y se enteren que en Bogotá hay campo, donde se vivieron los peores episodios del conflicto armado.
El nuevo PDET de Sumapaz está en planeación y ella, desde ya, dice que tomará las riendas para luchar por cuatro cosas específicas: conectividad vial y digital para el páramo, mejor atención en salud, más calidad educativa con enfoque territorial y formalización de la vivienda rural. Y desde el comité de justicia transicional pide que se conozca la verdad. “No es que yo no quiera que me pidan perdón, es que yo recibo el perdón cuando me digan primero qué pasó con mi esposo, por qué lo desaparecieron, por qué lo asesinaron, quién dio la orden dónde está el verdadero cuerpo…después de eso acepto el abrazo”.
Tiene claro que la extinta guerrilla de las Farc no es la única que tiene un pendiente con ella. Reclama que su esposo había recibido, por varios meses en 2008, amenazas de muerte que fueron ignoradas por el Estado. “Cuando nosotros denunciamos eso a él le hicieron ese estudio de seguridad y concluyeron que supuestamente era una persona de bajo riesgo. Bajo riesgo. Y vea, lo mataron”. Nunca le quisieron aceptar tener un escolta y por eso ella, desde la zona urbana del Distrito, dice que trabajará por el resto de su vida, hasta que se conozca la verdad: como legado y homenaje a su esposo.
