Los llamados de urgencia de autoridades indígenas de Cauca a la disidencia de Mordisco

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) le envió una carta a Andrés Patiño, comandante del bloque Occidental de la disidencia conocida como Estado Mayor Central, pidiendo que pare la violencia contra su población.

Foto: AP - Andres Quintero

Las consecuencias más palpables de las múltiples crisis que vive el proceso de paz del Gobierno con el Estado Mayor Central (EMC), considerada la mayor disidencia de las antiguas FARC, las ha sufrido particularmente una zona del país: el Cauca.

Desde que el presidente Gustavo Petro ordenó un levantamiento regional del cese al fuego el pasado 17 de marzo en tres departamentos (Cauca, Nariño y Valle), los hechos violentos por parte del EMC se han incrementado en la región, y han incluido ataques contra sedes militares, secuestros como el ocurrido contra tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cauca y un aumento acelerado en el reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes indígenas.

A eso se suma la división interna del grupo ilegal, que derivó en la salida de la mesa de diálogos de Iván Mordisco y varios frentes del EMC, entre ellos el que opera en Cauca. Esta ruptura ha derivado, en la práctica, en mayores combates con el Ejército, pero además la orden expresa del presidente Petro de una “ofensiva total” que aleja aún más del proceso de paz a los frentes y bloques leales a Mordisco.

Ese escenario llevó a que este fin de semana la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) enviara una carta a Andrés Patiño, comandante del bloque Occidental de esa disidencia, cuya zona principal de operación es Cauca.

En la misiva, las autoridades indígenas del norte de ese departamento hablan del impacto de las acciones violentas perpetradas por la organización insurgente, que han cobrado la vida de cientos de miembros de la comunidad.

“Solo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas, autoridades y comuneros, dejando heridos a decenas más; ha puesto explosivos a 42 personas, sin contar los que han afectado viviendas y caminos vecinales”, se afirma en el documento.

Y agrega: “Se han realizado 214 hostigamientos a bienes civiles como casas y escuelas; ha hecho 225 amenazas individuales a miembros de nuestras comunidades y 112 amenazas indiscriminadas; ha reclutado a 785 menores de edad; han desaparecido forzosamente al menos a 25 personas; y extorsionado casi a todas las comunidades. Hablamos de por lo menos 1.777 acciones contra las comunidades nasa del norte del Cauca”.

Estos datos salen del mecanismo de monitoreo de situación de derechos humanos, una herramienta creada por las comunidades indígenas hace casi 10 años para llevar los registros de los hechos violentos contra sus poblaciones.

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Eduin Capaz, defensor de derechos humanos en Cauca, le dijo a Colombia+20 que el evidente incremento en las cifras durante el último año hace pensar que el actuar de ese grupo armado tiene como objetivo destruir las organizaciones indígenas. “Hay una persecución contra todos los procesos organizativos indígenas de Cauca, y eso se evidencia en los índices de violencia y en el reclutamiento forzado. Además, la actuación de los grupos armados ha sido estigmatizarnos diciendo que somos instrumentalizados”, explicó a este diario.

En la carta también se afirma que la guerra que se libra en ese departamento dejó hace rato de ser contra el Estado, si no contra todos los procesos organizativos, indígenas, comunales y sociales.

“(El EMC) ha centrado sus acciones para suplantar los esfuerzos del movimiento popular por construir gobiernos alternativos y autónomos en sus territorios. Para reemplazar estos gobiernos propios, ustedes se han dedicado a destruir o intentar destruir —todavía no lo han logrado y estamos seguros de que no lo van a lograr— lo que llevamos construyendo en 50 años de lucha indígena en el departamento del Cauca. Y por lo que sabemos, ustedes vienen haciendo lo mismo en Nariño, en la Costa Pacífica, en Putumayo”, dice el documento.

El proceso de paz con Petro

En el documento de nueve páginas, la ACIN cuestiona la voluntad de paz del EMC y pide respuestas respecto a por qué está en un proceso de paz y para qué hacer un cese al fuego que, según dice la Asociación, no se ha respetado.

Las autoridades indígenas afirman que tienen una “débil esperanza” de que los frentes del EMC “puedan salir del pantano en que ha caído por atentar contra el pueblo” y piden detener la “degradación” que “traicionó la lucha revolucionaria”.

Allí hacen referencia a la mayora Carmelina Yule, quien murió en el ataque a Toribío ocurrido el pasado 16 de marzo y que lo que motivó al presidente Petro a levantar el cese al fuego.

“Cuando asesinaron a Carmelina la orden no vino de muchachos sin formación o que no tenían cargo de responsabilidad (…) Así que se trató de una decisión deliberada de atacar a los civiles; ustedes dieron la orden de disparar a mansalva. Y en lugar de sancionar a los responsables, lo que ocurrió a los dos días es que nos siguieron amedrentando y se atrevieron a disparar cuando llegó la mayora en el ataúd”, dice la carta.

En ese sentido, afirman que, aunque alguna vez tuvieron expectativa del proceso de paz que ese grupo inició hace siete meses con el Gobierno, la esperanza duró poco porque los ataques nunca cesaron en ese territorio.

“Esa expectativa duró poco. Nada cambió. Lamentablemente, a cada anuncio le siguió un acto de barbarie; cada vez que se acordó respetar a las comunidades, o no atacar a la población civil, constatamos en nuestros territorios que nada cambiaba. Al contrario, desde la instalación de la mesa y todavía más desde el primer cese al fuego, los ataques al gobierno indígena se han escalado”, se afirma en la misiva.

En efecto, la violencia en el Cauca ha tenido leves momentos de disminución y esto se debería, en otras cosas, a que en ese departamento está en el cañón del Micay, el fortín de Mordisco, pero además que esa es una de las zonas donde más expansión ha tenido ese grupo por cuenta de las rentas ilícitas como la minería ilegal y los cultivos de coca.

Además, las estructuras que operan en ese departamento no son tan proclives a los diálogos como otros frentes del grupo. En la carta también hacen referencia a que el EMC los ha acusado “de manera sistemática” de tener nexos con el ELN.

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En la carta también hacen referencia a que el EMC los ha acusado “de manera sistemática” de tener nexos con el ELN. “Buena parte -si no todos- de los últimos hechos han tratado de justificarlos de esta manera (…) No solo desmentimos esos chismes, sino que además creemos que esta forma de justificar lo injustificable responde al interés de manipular a actores incautos o ignorantes de la realidad territorial que se dejan “informar”, y también a la comunidad para que no cuestionen sus crímenes y empecemos a señalarnos unos con otros”, detallan.

Al finalizar la carta, tanto la ACIN como los resguardos de Toribió, San Francisco y Tacueyó, todos agrupados en el proyecto Nasa, pidieron respuestas a la organización. “En el marco de nuestras facultades constitucionales y como autoridades ancestrales en territorio, esperamos tener respuestas claras. Es importante conocer con detalle los planteamientos y la orientación de su organización”.

De acuerdo con investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que le hacen seguimiento a la situación en terreno, la violencia desatada por el EMC muestra que la apuesta de paz total no funcionó como se esperaba: “Particularmente el bloque Occidental mostró con distintos hechos, como los carros bomba y atentados, que no tenía un diálogo fluido con el resto del EMC, que sí estaba respetando los compromisos en otras regiones del país. Todo esto muestra que, pese a la buena voluntad del Gobierno, no se logró operativizar la paz total en Cauca”.

En cuanto a las salidas a la crisis, el equipo de Pares en Cauca insiste en que es primordial escuchar la voz de las autoridades y procesos organizativos: “El presidente ha dicho que se va a atacar militarmente a los grupos, pero esa ofensiva tiene efectos y riesgos en la población civil. Es clave volver a darles la voz a las comunidades y escuchar sus propuestas a corto, mediano y largo plazo para resolver esta situación”.

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