Casa Amazonía, un refugio para la infancia y las mujeres desplazadas en el Putumayo

El año pasado sí se sentía que había llegado el acuerdo de paz en las zonas rurales de Putumayo, dicen en sintonía Sandra Vargas y Valentina González, fundadoras en el 2005 de la Corporación Casa Amazonía. Se podía andar fuera de la casa hasta tarde, no había miedo de viajar a las zonas más alejadas y selváticas del departamento y ya habían bajado los casos de violencia, amenazas y asesinatos. 

Vea también: Disidencias de Farc, señaladas de reclutar a tres menores en Putumayo

Pero desde hace dos meses han vuelto a presentarse casos de desplazamiento forzado dentro del mismo departamento y reclutamiento de menores. El último, según lo señaló este medio, se presentó el pasado jueves 19 de abril cuando la comunidad de la vereda Piñuña Blanco, zona rural de Puerto Asís, alertó sobre la desaparición de tres menores de edad, de 13 y 14 años, que asistían al Centro Educativo Rural Puerto Bello.

De estos mismos casos están al tanto Sandra, Valentina y las demás mujeres que trabajan desde la Corporación Casa Amazonía precisamente en la prevención de reclutamiento de niños y niñas, y en la atención en casos de desplazamiento. Con ese objetivo nació Coca, la sigla de esta iniciativa, con la que evocan el significado medicinal y femenino que tienen los pueblos indígenas de la región de esta planta.

“En el 2005 hubo un paro armado y se estaba llegando a un punto crítico con los desplazamientos forzados. Ahí fue cuando pensamos en hacer algo para atender esta situación, pero nos preguntábamos qué pasaba con las personas que por distintas razones no pudieron salir del territorio del que fueron amenazados o no podían llegar a las cabeceras municipales. Así nos juntamos y decidimos crear Casa Amazonía, pensando en esta idea de casa itinerante, donde se lograran crear espacios de confianza y protección en medio del conflicto armado”, explica Valentina González. 

Son cinco mujeres de base las que trabajan en Coca y cuando salen proyectos financiados por Oxfam, War Child, Children Change o con el ICBF pueden acoger a más mujeres y hombres interesados en ayudar. Han estado en las zonas rurales de los municipios fronterizos, como San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Puerto Asís. Y ahora están trabajando con las comunidades del Puente Internacional, cruce para el Ecuador, y veredas como Puerto Sol, El Afilador y Cristalina y corredor Puerto Vega y Teteyé, donde quedan los resguardos indígenas del pueblo quechua, awá y kofán. 

“Nuestro énfasis de trabajo es con niños, niñas, adolescentes y mujeres campesinas, afros e indígenas en la prevención de violencias, sobre todo violencia sexual y promoción de derechos. La forma es llegando a las comunidades con un relacionamiento previo, puede a través de lideresas o docentes. Con ellos es muy importante porque en todo este tiempo de conflicto casi que la única institución civil del Estado que ha llegado y permanecido a estos lugares son estas escuelas”, agrega Valentina. 

El trabajo con los niños de escuelas rurales se enfoca en talleres para el desarrollo de sus habilidades y confianza en sí mismos, en actividades lúdicas y danzas, y en espacios donde se hagan intercambios de experiencias organizativas con otros jóvenes que han elegido caminos distintos a cultivar coca. De esta forma, quieren prevenir que los niños entren al terreno “tentador” del narcotráfico. 

“Las dinámicas de lo ilegal son muy fuertes y atractivas en términos de dinero rápido y cierto manejo de poder en la zona, pero también les genera muchísimo riesgo”, dice Valentina. “Hay cercanía con los chicos y chicas porque conocen las dinámicas de las rutas, del valor de compra o del procesamiento, y ante una oferta económica como esta, cuando no hay ninguna otra posibilidad ni de estudio o ingresos lícitos se les vuelve tentador y no miden los riesgos a los que se exponen”. 

En esto también está de acuerdo Sandra Vargas. Manifiesta que la gran ausencia del Estado y la falta de oportunidades desemboca en el crecimiento de los cultivos de coca y en jóvenes trabajando en ellos. “Acá todo el mundo habla del microtráfico, pero no se habla de los grandes traficantes. No se está evaluando quienes son esas personas adultas que los están involucrando en esto y los están poniendo en riesgo”. Y agrega que la solución no es el copamiento del territorio a nivel militar sino la presencia del Estado desde lo educativo, cultural, deportivo, económico y social. 

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Con los jóvenes y las mujeres también realizan otro tipo de talleres como círculos de la palabra, para que, por ejemplo, una comunidad indígena pueda conversar sobre situaciones de violencia que afectan a la comunidad a nivel interno y externo y aprendan a reaccionar constructivamente ante esto. También hacen yoga, reiki, danzas de paz y temazcales para ayudar sanar el cuerpo y la mente de estas personas.

“Pensamos en temas de soberanía alimentaria, en que tengan sus propios alimentos y no dependan de solo un producto que al final es un negocio por el que se mata la gente. Con las comunidades indígenas se han hecho capacitaciones y talleres para que cultiven la coca para uso medicinal, pero no es fácil sin apoyo del Estado ni los funcionarios locales”, expresa Valentina. 

Su trabajo se enfoca en proponer y fortalecer estrategias comunitarias en lugares donde hay poca o nula presencia del Estado, para que sean las comunidades salgan adelante de manera resiliente. Sin embargo, Casa Amazonía sí hace un llamado para que este no sea un motivo más de abandono, sino al contrario, que las instituciones lleguen a los territorios a continuar con las iniciativas que tienen las organizaciones. 

El año pasado sí se sentía que había llegado el acuerdo de paz en las zonas rurales de Putumayo, dicen en sintonía Sandra Vargas y Valentina González, fundadoras en el 2005 de la Corporación Casa Amazonía. Se podía andar fuera de la casa hasta tarde, no había miedo de viajar a las zonas más alejadas y selváticas del departamento y ya habían bajado los casos de violencia, amenazas y asesinatos. 

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Pero desde hace dos meses han vuelto a presentarse casos de desplazamiento forzado dentro del mismo departamento y reclutamiento de menores. El último, según lo señaló este medio, se presentó el pasado jueves 19 de abril cuando la comunidad de la vereda Piñuña Blanco, zona rural de Puerto Asís, alertó sobre la desaparición de tres menores de edad, de 13 y 14 años, que asistían al Centro Educativo Rural Puerto Bello.

De estos mismos casos están al tanto Sandra, Valentina y las demás mujeres que trabajan desde la Corporación Casa Amazonía precisamente en la prevención de reclutamiento de niños y niñas, y en la atención en casos de desplazamiento. Con ese objetivo nació Coca, la sigla de esta iniciativa, con la que evocan el significado medicinal y femenino que tienen los pueblos indígenas de la región de esta planta.

“En el 2005 hubo un paro armado y se estaba llegando a un punto crítico con los desplazamientos forzados. Ahí fue cuando pensamos en hacer algo para atender esta situación, pero nos preguntábamos qué pasaba con las personas que por distintas razones no pudieron salir del territorio del que fueron amenazados o no podían llegar a las cabeceras municipales. Así nos juntamos y decidimos crear Casa Amazonía, pensando en esta idea de casa itinerante, donde se lograran crear espacios de confianza y protección en medio del conflicto armado”, explica Valentina González. 

Son cinco mujeres de base las que trabajan en Coca y cuando salen proyectos financiados por Oxfam, War Child, Children Change o con el ICBF pueden acoger a más mujeres y hombres interesados en ayudar. Han estado en las zonas rurales de los municipios fronterizos, como San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Puerto Asís. Y ahora están trabajando con las comunidades del Puente Internacional, cruce para el Ecuador, y veredas como Puerto Sol, El Afilador y Cristalina y corredor Puerto Vega y Teteyé, donde quedan los resguardos indígenas del pueblo quechua, awá y kofán. 

“Nuestro énfasis de trabajo es con niños, niñas, adolescentes y mujeres campesinas, afros e indígenas en la prevención de violencias, sobre todo violencia sexual y promoción de derechos. La forma es llegando a las comunidades con un relacionamiento previo, puede a través de lideresas o docentes. Con ellos es muy importante porque en todo este tiempo de conflicto casi que la única institución civil del Estado que ha llegado y permanecido a estos lugares son estas escuelas”, agrega Valentina. 

El trabajo con los niños de escuelas rurales se enfoca en talleres para el desarrollo de sus habilidades y confianza en sí mismos, en actividades lúdicas y danzas, y en espacios donde se hagan intercambios de experiencias organizativas con otros jóvenes que han elegido caminos distintos a cultivar coca. De esta forma, quieren prevenir que los niños entren al terreno “tentador” del narcotráfico. 

“Las dinámicas de lo ilegal son muy fuertes y atractivas en términos de dinero rápido y cierto manejo de poder en la zona, pero también les genera muchísimo riesgo”, dice Valentina. “Hay cercanía con los chicos y chicas porque conocen las dinámicas de las rutas, del valor de compra o del procesamiento, y ante una oferta económica como esta, cuando no hay ninguna otra posibilidad ni de estudio o ingresos lícitos se les vuelve tentador y no miden los riesgos a los que se exponen”. 

En esto también está de acuerdo Sandra Vargas. Manifiesta que la gran ausencia del Estado y la falta de oportunidades desemboca en el crecimiento de los cultivos de coca y en jóvenes trabajando en ellos. “Acá todo el mundo habla del microtráfico, pero no se habla de los grandes traficantes. No se está evaluando quienes son esas personas adultas que los están involucrando en esto y los están poniendo en riesgo”. Y agrega que la solución no es el copamiento del territorio a nivel militar sino la presencia del Estado desde lo educativo, cultural, deportivo, económico y social. 

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Con los jóvenes y las mujeres también realizan otro tipo de talleres como círculos de la palabra, para que, por ejemplo, una comunidad indígena pueda conversar sobre situaciones de violencia que afectan a la comunidad a nivel interno y externo y aprendan a reaccionar constructivamente ante esto. También hacen yoga, reiki, danzas de paz y temazcales para ayudar sanar el cuerpo y la mente de estas personas.

“Pensamos en temas de soberanía alimentaria, en que tengan sus propios alimentos y no dependan de solo un producto que al final es un negocio por el que se mata la gente. Con las comunidades indígenas se han hecho capacitaciones y talleres para que cultiven la coca para uso medicinal, pero no es fácil sin apoyo del Estado ni los funcionarios locales”, expresa Valentina. 

Su trabajo se enfoca en proponer y fortalecer estrategias comunitarias en lugares donde hay poca o nula presencia del Estado, para que sean las comunidades salgan adelante de manera resiliente. Sin embargo, Casa Amazonía sí hace un llamado para que este no sea un motivo más de abandono, sino al contrario, que las instituciones lleguen a los territorios a continuar con las iniciativas que tienen las organizaciones.