La crisis económica de la Casa de la Memoria de Tumaco por la que nadie responde

Desde su creación en 2013, la Casa de la Memoria de Tumaco (Nariño) ha servido como un espacio de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado de la Costa Pacífica Nariñense, pero también como un lugar de asesoría jurídica de los casos que reposan en la justicia ordinaria y hasta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Fue la primera sede de oficina de la Comisión de la Verdad en esta región. Ha sido un lugar de encuentro de diferentes organizaciones de Derechos Humanos del departamento y de docentes y estudiantes que se reúnen para recibir capacitaciones de cátedra de paz, dictadas por la Diócesis. Todo esto está a punto de desaparecer, por la falta de financiación y las promesas incumplidas del Estado para su sostenimiento.

En contexto: La importancia de la Casa de la Verdad que se abrió en Tumaco

Justo el Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo, José Luis Foncillas, asesor de este espacio en Tumaco, anunció que de no tener recursos gubernamentales para continuar su operación, la Casa de la Memoria tendría que cerrar sus puertas en 2023. Esto a pesar de que la sentencia del 29 de septiembre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, exhortó a la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el Ministerio de Cultura a que contribuyeran “en el mantenimiento, continuidad y de más gastos que genere la Casa Museo, en el entendido de que se trata de una forma de preservar la memoria de las violaciones a derechos humanos para garantizar la no repetición”. Pero nada de eso se ha cumplido.

Esta sentencia de Justicia y Paz se dio en el marco de la investigación de las autoridades al Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia, en especial por los delitos cometidos por el exparamilitar Guillermo Gómez Alzate, el excomandante del Bloque Libertadores del Sur, que operó en esta zona de Nariño. El Registro Único de Víctimas, de la Unidad para las Víctimas estableció que durante 1997 y 2006, tiempo de operación del BCB, hubo un total de 31.364 víctimas en los territorios donde hizo presencia.

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La mayoría de las víctimas del paramilitarismo y de las Farc han llegado a la Casa de la Memoria en busca de un espacio de atención, refugio y guía. Ese es el caso de la señora Bella, a quien un grupo armado le asesinó a dos de sus hijos. Todavía teme nombrar quiénes son sus victimarios, pero cuenta que la Casa de la Memoria ha sido un lugar de encuentro con otras mujeres víctimas con quienes ha podido subsanar el dolor. “Allá nos reunimos varias mamás que perdimos hijos, nos hacemos llamar las amigas del Museo porque siempre ha sido un lugar de encuentro, un lugar al que podemos acudir cuando estamos mal o cuando necesitamos asistencia o apoyo psicológico. Su cierre sería un golpe duro para las víctimas”, dice.

De hecho, la Casa de la Memoria envió un derecho de petición el 19 de abril de este año -todavía sin respuesta- al Ministerio de Cultura en el que piden, de manera reiterada, que atiendan a su solicitud de convocar una reunión para hablar sobre el cumplimiento de la sentencia emitida hace cinco años. En el documento explican que el 2 de agosto de 2019 hubo un primer acercamiento con esta cartera en la que consolidaron el plan de trabajo conjunto. Sin embargo, dicen que después de esa reunión no volvieron a tener contacto. “No volvimos a tener información sobre la implementación de esa ruta. Escribimos cuatro correos en diferentes meses para obtener información sobre los avances, mismos que se anexan con el presente documento, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna”.

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En esa petición explican que el Ministerio les ofreció en diciembre de 2020, sin resolver la implementación del plan de trabajo que quedó pendiente, un proyecto de $10 millones por un lapso de cuatro meses, pero respondieron que ese monto no hacía la diferencia en el cumplimiento de la sentencia y propusieron que esta cartera cubriera los gastos de mantenimiento y personal del Museo, que anualmente ascienden a $150 millones. “Nos respondieron, sin embargo, que solo tenían esa cantidad disponible y que si no la aceptábamos se perdería la oportunidad. Frente a esto, decidimos aceptar los 10 millones de pesos, pero no logramos resolver de ninguna manera la sostenibilidad del museo”. Desde la oficina de prensa del Ministerio de Cultura aseguraron que por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto.

Otra de las entidades exhortadas en el documento de Justicia y Paz es la Gobernación de Nariño, que ha sido la única entidad gubernamental que ha aceptado diálogos y acercamientos con la dirección del Museo. En abril de 2019 le dieron un proyecto para ejecución a este museo, con el fin de seguir apoyando los procesos pedagógicos con docentes y estudiantes en temas como la cátedra de paz. No obstante, Foncillas aseguró que, aunque el proyecto terminó su ejecución el 19 de abril de 2020, la Gobernación todavía no ha desembolsado el 80 % de esos recursos, que corresponderían aproximadamente a $30 millones.

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“Nuestro interés en este momento ni siquiera es recuperar esa plata que es de hace dos años. Ese contrato de la Gobernación ejemplifica es que no están cumpliendo la sentencia. Aunque son los que más han aportado, mucho más que la alcaldía y el Ministerio de Cultura, es un aporte simbólico porque no están cumpliendo con el sostenimiento y la continuidad de los gastos de la Casa de la Memoria. Nos deben unos $30 millones”. Este diario intentó comunicarse con la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño y con la subsecretaria de Paz y Derechos Humanos, pero no entregaron información al respecto. Por su parte, la secretaria de Cultura de Tumaco Rosa Angélica Tenorio, quien negó tener conocimiento de la crisis económica del Museo Casa de la Memoria del municipio, también se negó a dar declaraciones sobre el caso.

Foncillas explica que en esta década de trabajo el Museo se ha sostenido de la ejecución de proyectos de cooperación internacional que llegan a su fin en diciembre de 2022 con entidades como la Agencia de Cooperación Española y el Servicio Civil para la Paz de Alemania, que han financiado algunos procesos pedagógicos para dictar clases sobre memoria del conflicto armado en zonas rurales como la vereda Alto Mira y Frontera, donde todavía operan las disidencias de las Farc. “Allí trabajamos un proyecto que se llama el Comité de Concilio, que es un trabajo muy bonito en el que buscamos que la gente de ese consejo comunitario gestione sus conflictos de forma pacífica y consensuada, formando líderes de esos territorios”. Por ahora, su petición a las tres entidades gubernamentales responsables es que les giren, de forma permanente, $150 millones anuales para el funcionamiento y el pago del salario de dos personas que atiendan al público permanentemente, para que este trabajo deje de ser un voluntariado. Aunque también estudian la posibilidad de que alguna de las entidades asuma directamente el contrato de dos personas para que atiendan el museo. “No nos sirve que nos aprueben proyectos que no van a garantizar nuestra sostenibilidad en el tiempo”, explica.

Sin embargo, la atención al público de la casa siempre ha sido gracias a grupos de jóvenes que hacen voluntariado en este lugar o que cumplen sus horas de labor social del colegio en el Museo, pues nunca han tenido una fuente de financiación para recaudar fondos para los guías permanentes de la casa. “Cada año formamos entre cinco y seis grupos juveniles con reuniones semanales. Luego, estos jóvenes se convierten en voluntarios de la Casa de la Memoria y son los que atienden las jornadas y los grupos que nos visitan”, explica el directivo.

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Uno de estos casos es el de Alexandra Carabalí, de 20 años, estudiante de trabajo social, que cuenta que fue después de hacer sus horas de labor social en la Casa de la Memoria que se enamoró de la que será su profesión. “Yo pude encontrar realmente allí lo que quería hacer con mi vida. Fue un lugar que me permitió encontrar mi sueño y encontrar mi camino laboral. La Casa de la Memoria ha sido importante en la vida de muchos jóvenes de Tumaco, no solo la mía, sino de muchos como yo que han encontrado un proyecto de vida ahí”.

Por su trayectoria, la Casa de la Memoria está inscrita al Sistema de Información de Museos Colombianos (Simco) y han sido galardonados con premios como el Premio Franco-alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño y el premio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a la mejor exposición museográfica de memoria del conflicto armado. A esta última entidad, de hecho, también le hicieron una petición y fue la de destinar el 0.5 % de los recursos que están planeados para la construcción del Museo de Memoria de Bogotá para el funcionamiento de la Casa de la Memoria de Tumaco. Foncillas aseguró que “necesitamos menos del 1 % de lo que se está invirtiendo allá para salvar el patrimonio de la memoria que tenemos en Nariño”.

Desde su creación en 2013, la Casa de la Memoria de Tumaco (Nariño) ha servido como un espacio de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado de la Costa Pacífica Nariñense, pero también como un lugar de asesoría jurídica de los casos que reposan en la justicia ordinaria y hasta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Fue la primera sede de oficina de la Comisión de la Verdad en esta región. Ha sido un lugar de encuentro de diferentes organizaciones de Derechos Humanos del departamento y de docentes y estudiantes que se reúnen para recibir capacitaciones de cátedra de paz, dictadas por la Diócesis. Todo esto está a punto de desaparecer, por la falta de financiación y las promesas incumplidas del Estado para su sostenimiento.

En contexto: La importancia de la Casa de la Verdad que se abrió en Tumaco

Justo el Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo, José Luis Foncillas, asesor de este espacio en Tumaco, anunció que de no tener recursos gubernamentales para continuar su operación, la Casa de la Memoria tendría que cerrar sus puertas en 2023. Esto a pesar de que la sentencia del 29 de septiembre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, exhortó a la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el Ministerio de Cultura a que contribuyeran “en el mantenimiento, continuidad y de más gastos que genere la Casa Museo, en el entendido de que se trata de una forma de preservar la memoria de las violaciones a derechos humanos para garantizar la no repetición”. Pero nada de eso se ha cumplido.

Esta sentencia de Justicia y Paz se dio en el marco de la investigación de las autoridades al Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia, en especial por los delitos cometidos por el exparamilitar Guillermo Gómez Alzate, el excomandante del Bloque Libertadores del Sur, que operó en esta zona de Nariño. El Registro Único de Víctimas, de la Unidad para las Víctimas estableció que durante 1997 y 2006, tiempo de operación del BCB, hubo un total de 31.364 víctimas en los territorios donde hizo presencia.

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La mayoría de las víctimas del paramilitarismo y de las Farc han llegado a la Casa de la Memoria en busca de un espacio de atención, refugio y guía. Ese es el caso de la señora Bella, a quien un grupo armado le asesinó a dos de sus hijos. Todavía teme nombrar quiénes son sus victimarios, pero cuenta que la Casa de la Memoria ha sido un lugar de encuentro con otras mujeres víctimas con quienes ha podido subsanar el dolor. “Allá nos reunimos varias mamás que perdimos hijos, nos hacemos llamar las amigas del Museo porque siempre ha sido un lugar de encuentro, un lugar al que podemos acudir cuando estamos mal o cuando necesitamos asistencia o apoyo psicológico. Su cierre sería un golpe duro para las víctimas”, dice.

De hecho, la Casa de la Memoria envió un derecho de petición el 19 de abril de este año -todavía sin respuesta- al Ministerio de Cultura en el que piden, de manera reiterada, que atiendan a su solicitud de convocar una reunión para hablar sobre el cumplimiento de la sentencia emitida hace cinco años. En el documento explican que el 2 de agosto de 2019 hubo un primer acercamiento con esta cartera en la que consolidaron el plan de trabajo conjunto. Sin embargo, dicen que después de esa reunión no volvieron a tener contacto. “No volvimos a tener información sobre la implementación de esa ruta. Escribimos cuatro correos en diferentes meses para obtener información sobre los avances, mismos que se anexan con el presente documento, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna”.

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En esa petición explican que el Ministerio les ofreció en diciembre de 2020, sin resolver la implementación del plan de trabajo que quedó pendiente, un proyecto de $10 millones por un lapso de cuatro meses, pero respondieron que ese monto no hacía la diferencia en el cumplimiento de la sentencia y propusieron que esta cartera cubriera los gastos de mantenimiento y personal del Museo, que anualmente ascienden a $150 millones. “Nos respondieron, sin embargo, que solo tenían esa cantidad disponible y que si no la aceptábamos se perdería la oportunidad. Frente a esto, decidimos aceptar los 10 millones de pesos, pero no logramos resolver de ninguna manera la sostenibilidad del museo”. Desde la oficina de prensa del Ministerio de Cultura aseguraron que por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto.

Otra de las entidades exhortadas en el documento de Justicia y Paz es la Gobernación de Nariño, que ha sido la única entidad gubernamental que ha aceptado diálogos y acercamientos con la dirección del Museo. En abril de 2019 le dieron un proyecto para ejecución a este museo, con el fin de seguir apoyando los procesos pedagógicos con docentes y estudiantes en temas como la cátedra de paz. No obstante, Foncillas aseguró que, aunque el proyecto terminó su ejecución el 19 de abril de 2020, la Gobernación todavía no ha desembolsado el 80 % de esos recursos, que corresponderían aproximadamente a $30 millones.

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“Nuestro interés en este momento ni siquiera es recuperar esa plata que es de hace dos años. Ese contrato de la Gobernación ejemplifica es que no están cumpliendo la sentencia. Aunque son los que más han aportado, mucho más que la alcaldía y el Ministerio de Cultura, es un aporte simbólico porque no están cumpliendo con el sostenimiento y la continuidad de los gastos de la Casa de la Memoria. Nos deben unos $30 millones”. Este diario intentó comunicarse con la Mesa Departamental de Víctimas de Nariño y con la subsecretaria de Paz y Derechos Humanos, pero no entregaron información al respecto. Por su parte, la secretaria de Cultura de Tumaco Rosa Angélica Tenorio, quien negó tener conocimiento de la crisis económica del Museo Casa de la Memoria del municipio, también se negó a dar declaraciones sobre el caso.

Foncillas explica que en esta década de trabajo el Museo se ha sostenido de la ejecución de proyectos de cooperación internacional que llegan a su fin en diciembre de 2022 con entidades como la Agencia de Cooperación Española y el Servicio Civil para la Paz de Alemania, que han financiado algunos procesos pedagógicos para dictar clases sobre memoria del conflicto armado en zonas rurales como la vereda Alto Mira y Frontera, donde todavía operan las disidencias de las Farc. “Allí trabajamos un proyecto que se llama el Comité de Concilio, que es un trabajo muy bonito en el que buscamos que la gente de ese consejo comunitario gestione sus conflictos de forma pacífica y consensuada, formando líderes de esos territorios”. Por ahora, su petición a las tres entidades gubernamentales responsables es que les giren, de forma permanente, $150 millones anuales para el funcionamiento y el pago del salario de dos personas que atiendan al público permanentemente, para que este trabajo deje de ser un voluntariado. Aunque también estudian la posibilidad de que alguna de las entidades asuma directamente el contrato de dos personas para que atiendan el museo. “No nos sirve que nos aprueben proyectos que no van a garantizar nuestra sostenibilidad en el tiempo”, explica.

Sin embargo, la atención al público de la casa siempre ha sido gracias a grupos de jóvenes que hacen voluntariado en este lugar o que cumplen sus horas de labor social del colegio en el Museo, pues nunca han tenido una fuente de financiación para recaudar fondos para los guías permanentes de la casa. “Cada año formamos entre cinco y seis grupos juveniles con reuniones semanales. Luego, estos jóvenes se convierten en voluntarios de la Casa de la Memoria y son los que atienden las jornadas y los grupos que nos visitan”, explica el directivo.

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Uno de estos casos es el de Alexandra Carabalí, de 20 años, estudiante de trabajo social, que cuenta que fue después de hacer sus horas de labor social en la Casa de la Memoria que se enamoró de la que será su profesión. “Yo pude encontrar realmente allí lo que quería hacer con mi vida. Fue un lugar que me permitió encontrar mi sueño y encontrar mi camino laboral. La Casa de la Memoria ha sido importante en la vida de muchos jóvenes de Tumaco, no solo la mía, sino de muchos como yo que han encontrado un proyecto de vida ahí”.

Por su trayectoria, la Casa de la Memoria está inscrita al Sistema de Información de Museos Colombianos (Simco) y han sido galardonados con premios como el Premio Franco-alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño y el premio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a la mejor exposición museográfica de memoria del conflicto armado. A esta última entidad, de hecho, también le hicieron una petición y fue la de destinar el 0.5 % de los recursos que están planeados para la construcción del Museo de Memoria de Bogotá para el funcionamiento de la Casa de la Memoria de Tumaco. Foncillas aseguró que “necesitamos menos del 1 % de lo que se está invirtiendo allá para salvar el patrimonio de la memoria que tenemos en Nariño”.