Casa Verde: 30 años del bombardeo que cambió la guerra con las Farc

El operativo había empezado en realidad un mes antes y se dirigió contra el Estado Mayor del Bloque Oriental, conocido como “Embo”. El 9 de noviembre de 1990, las primeras bombas que soltaron los aviones Kfir del Ejército cayeron sobre el sitio conocido como “Hueco Frío”, sobre el río Cafre, en el municipio de Mesetas (Meta), donde estaba la dirigencia del Bloque Oriental, encabezada por Jorge Briceño, el Mono Jojoy. Esa operación militar se conocería después como la primera fase de la Operación Centauro o Colombia, que en su segunda etapa tendría como objetivo principal el campamento de Casa Verde, que albergaba a la máxima instancia de decisión de las Farc: el Secretariado.

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Ese primer bombardeo a “Embo” era la confirmación, para los líderes de la guerrilla, de que el Gobierno colombiano iba cerrando el cerco sobre Casa Verde. Durante los últimos meses de 1990, desde el Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, los generales Luis Eduardo Rocca Michel y Manuel Alberto Murillo, comandantes de las Fuerzas Militares, habían planeado atacar Casa Verde. Cuando le presentaron al expresidente César Gaviria y a su asesor de seguridad, Rafael Pardo, su decisión militar de bombardearlos, le afirmaron que con esta estocada acabarían con el Secretariado.

El nuevo Gobierno dio su espaldarazo, como un mensaje para este grupo armado, que recientemente se había sentado a negociar la paz con los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, justo en esta zona. Los Acuerdos de La Uribe (1984) se fueron a pique y Gaviria consideró oportuno mostrar su mano firme ante una guerrilla que se movía con libertad por esa zona del país.

“Casa Verde era un símbolo, era el santuario de la guerrilla. Nunca había entrado un militar. Era inexplorable. La guerilla ahí se sentía protegida. Era un golpe militar que presentaba claramente la posición del Gobierno sobre futuros y también era una retaliación por el atentado contra Manuel Jaime Guerrero, exministro de Defensa. Era una forma de mostrar su poderío militar”, asegura el periodista William Calderón, quien fue corresponsal del Noticiero de las 7 en el operativo.

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De acuerdo con los reportes militares, los soldados salieron acompañados con toda la artillería militar: dos Kfir, nueve aviones AT-37, dos aviones AC-47 cargados con bombas, además de siete helicópteros artillados UH-60, cinco helicópteros UH-1H y dos BELL 212, y la lista seguía. Hasta ahora, quienes lideraron la Operación, como el general Humberto Correa, insisten en que fue un operativo sin precedentes, ejecutada por 7.000 hombres.

Sin embargo, hoy, sin armas y con la posibilidad de relatar qué sucedió desde su lado, los ex-Farc dicen que en los campamentos de Casa Verde estaban preparados. “Todos los días, a las 5:00 a.m., teníamos que subirnos a las trincheras que habíamos montado en la parte más alta de la cordillera. Si llegaban las 8:00 a.m. y no habían atacado, nos bajábamos otra vez a los campamentos”, afirma desde el espacio de reincorporación de Caldono (Cauca) Marcela González, una exguerrillera de las Farc que para la época del bombardeo a Casa Verde fungía como enfermera del grupo insurgente y sería una de las que atendería a los heridos ese 9 de diciembre. “Que fueron contados”, sostiene, en contravía de la versión reproducida desde las Fuerzas Militares de que en el operativo se habría dado de baja a incluso más de un centenar de guerrilleros.

Su versión, que cuestiona los alcances reales del operativo contra Casa Verde, la comparte también Mauricio Jaramillo, el Médico, para la época encargado de salud en las Farc y quien dos décadas después se convertiría en el último comandante del Bloque Oriental. Según él, la avanzada del Ejército sobre el campamento del Secretariado ya la había advertido a la tropa Manuel Marulanda Vélez, e incluso Jacobo Arenas, máximo ideólogo de las Farc y quien murió justamente en esa zona apenas cuatro meses antes del operativo, el 10 de agosto de 1990.

“Por eso no fue tan determinante eso. Nosotros estábamos preparados, diseminados y distribuidos por el área”, agrega. El Secretariado para la época lo componían Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano y Rodrigo Londoño o Timochenko. Según testimonios de quienes vivieron el bombardeo, en la zona solo permaneció el primero, quien dirigió la resistencia al ataque, mientras que los demás ya se habían replegado más adentro del páramo de Sumapaz, entre Meta y Cundinamarca.

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“Después, cuando hubo forma de revisar periódicos y noticias, las autoridades hablaban de un desmantelamiento total del Secretariado del Estado Mayor del movimiento y de dados de baja una enorme cantidad de guerrilleros. Pero eso no contrastaba con la realidad”, asegura hoy René Hertz, integrante en esa época de la guardia del Secretariado con el rol de las comunicaciones por radio y hoy integrante del Consejo Nacional de Reincorporación. El punto sobre el que principalmente cayeron las bombas ese día fue lo que la guerrillerada conocía como “El Pueblito”, en el cañón del río Duda, en la parte baja del río. Allí era donde permanecía el Secretariado y en donde en los años anteriores los dirigentes de esa guerrilla habían recibido a los delegados del Gobierno para las conversaciones de paz, entre ellos a Jhon Agudelo Ríos de la Comisión de Paz de Belisario Betancur. Tras la embestida del Ejército, la insurgencia inició el repliegue y salieron hacia el río Papamene, que desemboca al río Guayabero, a donde se dirigió el Secretariado. “El 31 de diciembre estábamos nosotros cruzando el Guayabero”, recuerda Mauricio Jaramillo.

La operación fue cuestionada después “incluso por altos mandos militares de la época, quienes no solo criticaron que no se lograran bajas, sino que también evidenciaron los problemas de haber dispersado a la guerrilla”, asegura William Calderón. Era más fácil tenerla ubicada en un punto para detectar sus movimientos y no regada haciendo estragos por todo el país. Aunque era un golpe simbólico, luego se convirtió en una desventaja militar. Un mes después , en retaliación por el bombardeo, unidades del Bloque Oriental lideradas por el Mono Jojoy ejecutaron la toma a la base militar de Girasoles, en la serranía de La Macarena, en enero de 1991.

Aunque para algunos antiguos guerrilleros el plan estratégico de expansión estaba trazado incluso desde la VI Conferencia de ese grupo insurgente, realizada en 1978, y luego afianzado en la VII en 1982, lo sucedido en Casa Verde fue el detonante mayor para llevar a cabo el desdoblamiento de varios frentes en distintas regiones del país. Incluso esa proyección se había concretado en el pleno del Estado Mayor en 1989.

Por un lado, entonces, el Ejército había perdido la oportunidad de acabar con la dirigencia de las Farc, y por el otro la insurgencia veía sepultada la opción de la salida negociada al conflicto, que solo vino a intentar de nuevo una década después con el gobierno de Andrés Pastrana, pero alcanzada 26 años más tarde, cuando esa guerrilla firmó el Acuerdo de Paz con el entonces presidente Santos. Una paz que hoy buena parte de la exguerrilla ve amenazada, como Marcela González, que incluso estuvo en La Habana en la delegación de mujeres que trabajó en el área de género del Acuerdo y que hoy habla desde el Cauca, el departamento con el mayor número de asesinatos de excombatientes, con más de 40 casos, de los 245 homicidios en todo el país.

El operativo había empezado en realidad un mes antes y se dirigió contra el Estado Mayor del Bloque Oriental, conocido como “Embo”. El 9 de noviembre de 1990, las primeras bombas que soltaron los aviones Kfir del Ejército cayeron sobre el sitio conocido como “Hueco Frío”, sobre el río Cafre, en el municipio de Mesetas (Meta), donde estaba la dirigencia del Bloque Oriental, encabezada por Jorge Briceño, el Mono Jojoy. Esa operación militar se conocería después como la primera fase de la Operación Centauro o Colombia, que en su segunda etapa tendría como objetivo principal el campamento de Casa Verde, que albergaba a la máxima instancia de decisión de las Farc: el Secretariado.

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Ese primer bombardeo a “Embo” era la confirmación, para los líderes de la guerrilla, de que el Gobierno colombiano iba cerrando el cerco sobre Casa Verde. Durante los últimos meses de 1990, desde el Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá, los generales Luis Eduardo Rocca Michel y Manuel Alberto Murillo, comandantes de las Fuerzas Militares, habían planeado atacar Casa Verde. Cuando le presentaron al expresidente César Gaviria y a su asesor de seguridad, Rafael Pardo, su decisión militar de bombardearlos, le afirmaron que con esta estocada acabarían con el Secretariado.

El nuevo Gobierno dio su espaldarazo, como un mensaje para este grupo armado, que recientemente se había sentado a negociar la paz con los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, justo en esta zona. Los Acuerdos de La Uribe (1984) se fueron a pique y Gaviria consideró oportuno mostrar su mano firme ante una guerrilla que se movía con libertad por esa zona del país.

“Casa Verde era un símbolo, era el santuario de la guerrilla. Nunca había entrado un militar. Era inexplorable. La guerilla ahí se sentía protegida. Era un golpe militar que presentaba claramente la posición del Gobierno sobre futuros y también era una retaliación por el atentado contra Manuel Jaime Guerrero, exministro de Defensa. Era una forma de mostrar su poderío militar”, asegura el periodista William Calderón, quien fue corresponsal del Noticiero de las 7 en el operativo.

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De acuerdo con los reportes militares, los soldados salieron acompañados con toda la artillería militar: dos Kfir, nueve aviones AT-37, dos aviones AC-47 cargados con bombas, además de siete helicópteros artillados UH-60, cinco helicópteros UH-1H y dos BELL 212, y la lista seguía. Hasta ahora, quienes lideraron la Operación, como el general Humberto Correa, insisten en que fue un operativo sin precedentes, ejecutada por 7.000 hombres.

Sin embargo, hoy, sin armas y con la posibilidad de relatar qué sucedió desde su lado, los ex-Farc dicen que en los campamentos de Casa Verde estaban preparados. “Todos los días, a las 5:00 a.m., teníamos que subirnos a las trincheras que habíamos montado en la parte más alta de la cordillera. Si llegaban las 8:00 a.m. y no habían atacado, nos bajábamos otra vez a los campamentos”, afirma desde el espacio de reincorporación de Caldono (Cauca) Marcela González, una exguerrillera de las Farc que para la época del bombardeo a Casa Verde fungía como enfermera del grupo insurgente y sería una de las que atendería a los heridos ese 9 de diciembre. “Que fueron contados”, sostiene, en contravía de la versión reproducida desde las Fuerzas Militares de que en el operativo se habría dado de baja a incluso más de un centenar de guerrilleros.

Su versión, que cuestiona los alcances reales del operativo contra Casa Verde, la comparte también Mauricio Jaramillo, el Médico, para la época encargado de salud en las Farc y quien dos décadas después se convertiría en el último comandante del Bloque Oriental. Según él, la avanzada del Ejército sobre el campamento del Secretariado ya la había advertido a la tropa Manuel Marulanda Vélez, e incluso Jacobo Arenas, máximo ideólogo de las Farc y quien murió justamente en esa zona apenas cuatro meses antes del operativo, el 10 de agosto de 1990.

“Por eso no fue tan determinante eso. Nosotros estábamos preparados, diseminados y distribuidos por el área”, agrega. El Secretariado para la época lo componían Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano y Rodrigo Londoño o Timochenko. Según testimonios de quienes vivieron el bombardeo, en la zona solo permaneció el primero, quien dirigió la resistencia al ataque, mientras que los demás ya se habían replegado más adentro del páramo de Sumapaz, entre Meta y Cundinamarca.

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“Después, cuando hubo forma de revisar periódicos y noticias, las autoridades hablaban de un desmantelamiento total del Secretariado del Estado Mayor del movimiento y de dados de baja una enorme cantidad de guerrilleros. Pero eso no contrastaba con la realidad”, asegura hoy René Hertz, integrante en esa época de la guardia del Secretariado con el rol de las comunicaciones por radio y hoy integrante del Consejo Nacional de Reincorporación. El punto sobre el que principalmente cayeron las bombas ese día fue lo que la guerrillerada conocía como “El Pueblito”, en el cañón del río Duda, en la parte baja del río. Allí era donde permanecía el Secretariado y en donde en los años anteriores los dirigentes de esa guerrilla habían recibido a los delegados del Gobierno para las conversaciones de paz, entre ellos a Jhon Agudelo Ríos de la Comisión de Paz de Belisario Betancur. Tras la embestida del Ejército, la insurgencia inició el repliegue y salieron hacia el río Papamene, que desemboca al río Guayabero, a donde se dirigió el Secretariado. “El 31 de diciembre estábamos nosotros cruzando el Guayabero”, recuerda Mauricio Jaramillo.

La operación fue cuestionada después “incluso por altos mandos militares de la época, quienes no solo criticaron que no se lograran bajas, sino que también evidenciaron los problemas de haber dispersado a la guerrilla”, asegura William Calderón. Era más fácil tenerla ubicada en un punto para detectar sus movimientos y no regada haciendo estragos por todo el país. Aunque era un golpe simbólico, luego se convirtió en una desventaja militar. Un mes después , en retaliación por el bombardeo, unidades del Bloque Oriental lideradas por el Mono Jojoy ejecutaron la toma a la base militar de Girasoles, en la serranía de La Macarena, en enero de 1991.

Aunque para algunos antiguos guerrilleros el plan estratégico de expansión estaba trazado incluso desde la VI Conferencia de ese grupo insurgente, realizada en 1978, y luego afianzado en la VII en 1982, lo sucedido en Casa Verde fue el detonante mayor para llevar a cabo el desdoblamiento de varios frentes en distintas regiones del país. Incluso esa proyección se había concretado en el pleno del Estado Mayor en 1989.

Por un lado, entonces, el Ejército había perdido la oportunidad de acabar con la dirigencia de las Farc, y por el otro la insurgencia veía sepultada la opción de la salida negociada al conflicto, que solo vino a intentar de nuevo una década después con el gobierno de Andrés Pastrana, pero alcanzada 26 años más tarde, cuando esa guerrilla firmó el Acuerdo de Paz con el entonces presidente Santos. Una paz que hoy buena parte de la exguerrilla ve amenazada, como Marcela González, que incluso estuvo en La Habana en la delegación de mujeres que trabajó en el área de género del Acuerdo y que hoy habla desde el Cauca, el departamento con el mayor número de asesinatos de excombatientes, con más de 40 casos, de los 245 homicidios en todo el país.