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Noel Montenegro probó el sabor del hierro y el agua de alberca con la que los soldados del Cantón Norte torturaron hasta el ahogamiento a sus detenidos. Había caído en poder de los militares durante el gobierno de Belisario Betancur, según su relato, en el marco de la persecución que el Ejército desató contra varios dirigentes campesinos después del secuestro y asesinato, en 1982, de Gloria Lara, una reconocida abogada que llegó a ser embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas.
Pero la vida de Noel fue larga. También probó el arte de aserrar maderas finas en las entrañas de la selva y las mañas para encandilar multitudes a grito limpio en cualquier plaza de pueblo. De niño fue cargador y arriero, como dicen unos versos de Nelson Osorio, luego colono y liberal perseguido durante la primera Violencia, la que en los libros de historia aparece con mayúscula inicial. Fue negociante de carbón y tabernero, también burócrata, despreciado por sus antiguos compañeros de lucha que lo acusaban de traidor, y hasta ecologista.
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A finales de 2013, cuando lo conocí, Noel Montenegro ya había alcanzado los 79 años. Tenía unas cejas bien negras y enmarañadas que le hacían juego al apellido, pero controvertían al cabello cubierto de blanco por completo. Noel cojeaba de una pierna, estaba enfermo y siempre portaba en la calle un sombrero marrón de cuero repujado. Quien fuera uno de los fundadores y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y testigo excepcional de su historia, aceptó conversar conmigo para una serie de crónicas que jamás escribí.
Aunque ya no era capaz de precisar con exactitud ciertas fechas, conservaba una memoria prodigiosa que se derramaba sin orden durante horas con un hablar golpeado, tajante, como si en lugar de hilar el discurso de sus recuerdos estuviera despejando la trocha culebrera del pasado y para ello fuera necesario apartar el rastrojo con las palabras. Había recorrido media Colombia organizando paros campesinos y tomas de tierras durante la fallida reforma agraria de Carlos Lleras, en uno de los periodos mas convulsos de la historia reciente del país.
Nos reunimos cinco veces en su casa de la calle quinta con carrera once del barrio Berlín de Pereira, luego nos vimos una última ocasión en su finca. De esas jornadas quedaron casi siete horas de grabación con su versión particular sobre la historia del movimiento campesino en Colombia. Poco tiempo después Noel Montenegro perdió el último pulso con la enfermedad.
“A mí me torturaron en dos ocasiones, de allá me rescató esta gente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”, me contó Noel refiriéndose a la persecución que vivió durante su militancia en el movimiento campesino: “Lo cogían a uno, sobre todo los viernes en la tarde, lo tenían allá uno o dos días sin comer y parado sin poderse acostar, cada rato iban allá a amenazar con un revolver, chuzaban con un cuchillo, que cantara lo que sabía y si no, que ellos tenían métodos para uno hablar, que de todas maneras teníamos que hablar, que contáramos quiénes eran los ideólogos”.
¿Quién mató a Gloria Lara? La persecución a la ANUC
En varias oportunidades durante nuestras charlas Montenegro fue reiterativo con un episodio que ahora la Comisión de la Verdad ha relacionado con la persecución hacia la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y sus dirigentes. Se trata del montaje judicial después del secuestro y asesinato de Gloria Lara que, según sus palabras, le achacaron a los máximos líderes de esa organización ya fragmentada por el “canibalismo interno”.
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Gloria Lara era directora de Acción Comunal y Asuntos Indígenas en el Ministerio del Interior cuando fue secuestrada por un grupo no identificado el 23 de junio de 1982. Dos días después, 33.000 juntas de acción comunal protestaron por el hecho y “más de cien misas se oficiaron” pidiendo su regreso, de acuerdo con la Comisión de la Verdad.
Cinco meses más tarde su cadáver apareció en el norte de Bogotá, el 28 de noviembre de 1982, envuelto en una sábana con las siglas ORP. Inmediatamente el DAS acusó a la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) por aquel crimen, aunque muchas pruebas posteriores apuntaron más bien a una banda de delincuencia común liderada por Iván Darío Murcia, un abogado y ex juez de la república, prófugo de la justicia.
La sábana con las siglas, presuntamente, habría sido un montaje para incriminar a la Organización Revolucionaria del Pueblo, un grupo que siempre repudió la lucha armada y que varias fuentes, incluyendo a Noel, definieron como una especie de comité político que se encargaba de dirigir a la ANUC.
De acuerdo con el testimonio de Montenegro, “se daba en ese entonces una represión muy bárbara contra el movimiento campesino y todos los sectores populares”, situación que se agravó después del asesinato de Gloria Lara. “Nos estaban persiguiendo mucho, sobre todo a la ANUC. Muchos compañeros tuvieron que irse del país: Floirán Rivera y los hijos, Miguel Gamboa, que era ideólogo y capacitador de la ANUC, Emperatriz Santander [...] A todos ellos los torturaron en el Cantón Norte y los hacían confesar lo que ellos quisieran”.
Froilán Rivera era uno de los máximos dirigentes de la ANUC, Gamboa un académico asesor de la organización y miembro del Nuevo Liberalismo, al igual que Emperatriz Santander, diputada de Cundinamarca. Fueron absueltos de los cargos por el secuestro y asesinato de Gloria Lara en 1992, sin embargo tuvieron que exiliarse y no pudieron regresar al país.
Esta versión coincide con la conclusión de la Comisión de la Verdad, que después de entrevistar a 23 implicados entre víctimas y testigos, y revisar con detalle el expediente del caso, esclareció cómo el asesinato de Gloria Lara supuso “una instrumentalización de la justicia y del dominio del Ejército en el aparato estatal, para prefabricar un caso de «falso positivo judicial», que fue utilizado en su momento para crear un ambiente contrario a una salida negociada del conflicto armado y una criminalización de grupos de izquierda y campesinos especialmente”.
Uno de los detectives reconoció durante el proceso que desde antes del secuestro y asesinato ya estaban investigando a la ANUC y perfilando a sus dirigentes. Del mismo modo, el abogado y defensor de derechos humanos Alfredo Vásquez Carrizosa aseguró que las confesiones de los capturados se obtuvieron gracias a la tortura y por ello eran “confesiones cuya exactitud están aún en tela de juicio”. De las torturas hay constancias en el mismo expediente judicial, que es citado varias veces por la Comisión de la Verdad.
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Montenegro recordaba bien cómo se habían producido aquellas confesiones, porque él mismo fue víctima cuando cayó capturado y lo trasladaron al Cantón Norte: “después de que lo quebrantaban allá físicamente de hambre, de sed, de cansancio, lo cogían y habían unas albercas y lo metían amarrado dentro de un tanque… Ahí mismo quedaba la confesión”, contó Montenegro. “Uno pierde el sentido, uno pierde la lógica, sólo piensa en que no lo torturen más a uno. Ya uno no aguanta, lee lo que sea y dice lo que sea”.
Algo similar había declarado Juan Tadeo Espitia durante las diligencias judiciales. Espitia era un simpatizante de la ANUC y primer capturado del caso el 17 de diciembre de 1982, que se refirió así al horror de las torturas: “fui llegando a la conclusión de que tenía que aceptar lo que me estaban imputando”.
Esto es lo que la Comisión de la Verdad en su investigación definió como “atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la investigación”, atrocidades donde tomaron parte el Batallón de Instrucción Militar y el juez de instrucción criminal Luis Eduardo Mariño, lo que provocó “la falta de independencia judicial al inicio del caso”, y además “un silencio e impacto posterior que las víctimas han tenido que vivir sin ningún reconocimiento”.
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La huída
Noel Montenegro recobró la libertad cuando Nirma Zárate, en ese entonces integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se presentó al Cantón Norte pidiendo garantías para él. Según su relato, “tuvimos que despachar un poco de gente para afuera [para el extranjero]”. Noel se vio obligado a escapar de Bogotá y refugiarse con un nombre falso en Suramita, un diminuto poblado de las selvas del Chocó, en aquella época distante dos días a caballo desde San José del Palmar. Allá estuvo por lo menos seis meses, hasta que pudo volver a Pereira por la mediación del ex congresista Juan Guillermo Ángel, en ese entonces alcalde liberal designado, quién ejerció su mandato entre 1982 y 1985. “Ya me trajo acá y ya no me dejaba meter a la cárcel”, recordó Noel.
Juan Guillermo Ángel recordó bien a Montenegro y aceptó haberle ayudado: “le di una oportunidad en la alcaldía [...] Nos ayudó a nosotros en el Partido Liberal”, contó el ex congresista en una corta charla telefónica, añadiendo que “no tenía ni idea de que estaba involucrado en el problema de Gloria Lara, sí tenía idea de que había pertenecido o había sido acusado de algo por la izquierda, pero a mí eso no me importó”.
Montenegro se acogió a la amnistía del presidente Belisario Betancur y no volvió a militar en el movimiento campesino, mucho menos en organizaciones de izquierda. Sus explicaciones fueron simples: “no había sino dos caminos: irse del país o irse para la guerrilla”. En Pereira logró recomponer su vida haciendo política con el Partido Liberal, pero su compañera de esos años huyó a Venezuela embarazada, dejando al hijo mayor con una hermana de Noel.
Una persona de la Comisión que investigó este caso confirmó que Montenegro “hizo parte de la ANUC y del primer núcleo de la Organización Revolucionaria del Pueblo”, pero en la primera división de ese grupo, hacia 1978, ya se había desligado. Esto coincide con la versión del propio Montenegro, quien había sido señalado por sus compañeros de corrupción y malversación de unos fondos de cooperación internacional que recibió la ANUC. Según esta persona, Montenegro no figura en el expediente del caso Gloria Lara, ni fue vinculado a la investigación.
Cuarenta años después de aquella huida, la Comisión de la Verdad le dio la razón a las víctimas del montaje judicial que siguió al asesinato de Gloria Lara. También comprobó la versión de Noel sobre la inocencia de quienes fueran sus antiguos compañeros, aunque su vida larga, turbia y culebrera no le alcanzó lo suficiente para despejar la trocha y llegar a este momento.
