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Dos décadas pasaron desde que los habitantes de Peñas Coloradas, en Caquetá, se convirtieron -como ellos mismos lo han dicho-, en un pueblo errante por el desplazamiento forzado que dejó un operativo antinarcóticos que realizó el Ejército y que terminó en la ocupación del pueblo. Pero esa situación estaría a punto de cambiar tras una decisión judicial que se dio hace unos días que declaró responsable del hecho a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército.
La operación, que se dio entre el 23 y el 27 de abril de 2004, obligó a cerca de 3.000 personas a salir de este corregimiento de Cartagena del Chairá. Desde ese momento se convirtió un pueblo fantasma y, al mismo tiempo, en la base militar de Fuerza de Tarea Conjunta Omega, específicamente de la Brigada Móvil número 22.
“La arremetida militar se concretó con la instalación de la Brigada Móvil No. 22 de forma permanente en el corregimiento -hasta la fecha- bajo la figura de comodato: Un contrato celebrado por diez años, entre la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la Brigada Móvil No. 22. El comodato fue prorrogado el 31 de diciembre de 2018, desoyendo a los habitantes del pueblo que reclaman sus tierras y poder retornar. La prórroga representa la formalización de la ocupación de predios privados titulados donde está instalada la base militar”, documentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre este caso.
Norbey Caro, uno de los habitantes de Peñas Coloradas y parte de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, recuerda que su sentimiento fue de desesperanza cuando vio llegar los primeros helicópteros.
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“Recuerdo que primero llegaron cuatro aviones (helicópteros) bombardeando los alrededores del pueblo con el cuento de que era un operativo militar porque el pueblo estaba lleno de subversivos. Ahí estábamos todos los campesinos. Pero más duro fue cuando llegaron otros 24 helicópteros descargando hombres del Ejército y la Policía, metiéndole terror psicológico a las comunidades. Es que nos dijeron: ‘no les dé miedo de nosotros, téngales miedo a los que viene detrás que son los señores de la motosierra. Era el apogeo de los paramilitares’. Fueron horas muy críticas. Aguantamos tres días, luego la Junta de Acción Comunal se reunió con los militares y desde ese día nos dijeron: ‘llegamos a quedarnos’. Entonces nos tocó irnos”, dice Caro.
Y agrega: “Salimos del pueblo y dijimos que en 15 días volvíamos, llevamos 20 años y unos meses y no podemos volver. Hoy en día si nosotros queremos ir, así sea a mirar cómo está su terreno, o las ruinas de su casa, nos toca pedir permiso”.
Desde entonces la población de Peñas Coloradas lleva dos décadas buscando retornar a su territorio y completar su proceso de reparación. En 2006 hubo varios fallos de la justicia que daban la razón para el retorno, pero solo a una familia. Tras esas sentencias, ese mismo año la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, realizó una demanda colectiva que reunía a esas 3.000 familias -la mayoría de ellas con títulos de propiedad de sus tierras- y en la que se pedía la responsabilidad por el desplazamiento masivo, daños morales, culturales, sociales y daño al tejido comunitario contra el Ejército, la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la Gobernación del Departamento.
En 2015, la población fue reconocida como sujeto de reparación colectiva por parte de la Unidad de Víctimas. El hecho incluso llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En octubre de 2021 un grupo de víctimas de ese desplazamiento masivo fueron escuchadas por el tribunal de paz para exponer el caso y denunciar varias violaciones a los derechos humanos.
Todo este proceso que ha hecho la población de Peñas Coloradas rindió esta semana su primer fruto. El martes 13 de agosto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, Caquetá, profirió su sentencia en primera instancia en la que declaró que la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército responsable administrativa y extracontractualmente por los prejuicios ocasionados a los demandantes.
En consecuencia, dice la sentencia, deberán pagar 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales para cada uno de los demandantes. En la sentencia figuran 908 personas, aunque queda abierta la posibilidad de que esa suma se haga a personas que se sumen con posteridad. También deben pagar 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes como medida pecuniaria.
“Nosotros vamos a interponer un recurso ahora para que el juzgado extienda el tiempo para que otros demandantes puedan entrar en esa sentencia, porque mucha gente se quedó por fuera, incluido yo, por varias razones: no se enteraron. Hay mucha gente que obviamente quedó dispersa en varios lugares del país, o no les aceptaron los papeles que los acreditaban como víctimas. Vamos a pedirle eso a las autoridades”, dice Caro.
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En medidas restaurativas deberán adelantar los trámites administrativos y presupuestales necesarios para que se asignen recursos al Centro Nacional de Memoria Histórica para elaborar una cartilla pedagógica.
“Esta cartilla deberá dar cuenta de la historia del desplazamiento forzado y del proceso de reconstrucción del tejido social de la vereda de Peñas Coloradas (…) y deberá ser expuesta en el estand del Centro Nacional de Memoria Histórica durante la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Se concede un plazo de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria, para presentar la documentación que acredite su cumplimiento”, dice el fallo.
Además, el comandante del Ejército deberá convocar un acto para ofrecer disculpas públicas, “a nombre del Estado colombiano, por el desplazamiento de sus pobladores que generó responsabilidad del Estado, en virtud del operativo desplegado en la vereda de Peñas Coloradas, reconociendo que no ocurrió en el marco de una confrontación armada con grupos al margen de la ley, sino que fue un acto perpetrado los días 24, 25 y 26 de abril de 2004 como resultado de la incursión militar en el marco de la operación ‘Plan Patriota’”, se especifica.
También se le ordena al Ministerio de Defensa y a la Nación, la construcción de un monumento que rinda homenaje a las víctimas y que sirva como mensaje de no repetición. Deberá estar en un lugar ampliamente visible en la vereda de Peñas Coloradas con este mensaje: “Porque cada historia importa: En memoria de las víctimas de desplazamiento forzado de Peñas Coloradas, quienes en el silencio de la noche mantienen la esperanza viva del regreso a la tierra de la que fueron despojados y que aún luchan por no ser olvidados”.
Así mismo, se ordena remitir el fallo a la Unidad de Restitución de Tierras para priorizar los procesos que se encuentren en trámite para la devolución de los predios.
Zona estratégica para las antiguas FARC
A Peñas Coloradas se llega desde Cartagena del Chairá en lancha por el río Caguán Por esa ubicación, se convirtió en un punto estratégico que conectaba las entradas y salidas de las Farc desde el sur al resto del país.
Esta zona era de gran interés por ser el punto central de conexión entre los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, donde los bloques Sur y Oriental de las Farc, y su columna móvil, Teófilo Forero, tenían dominio.
El corregimiento se fundó a finales de los años 70 con la llegada de familias colonas de Nariño, Valle del Cauca, Huila, Tolima y el mismo Caquetá. Con la llegada de los grupos armados y el momento de mayor bonanza cocalera, Peñas Coloradas se convirtió en el principal centro de acopio y comercialización de cocaína en los años 2000.
Allí también funcionaba uno de los principales centros de acopio y producción de hoja de coca. En estos territorios fue donde más fuerte se desarrolló el Plan Patriota, cuando en el año 2003 se creó la Fuerza de Tarea Conjunta para llevar a cabo detenciones como parte de la política contrainsurgente, y realizar acciones contra el narcotráfico en el país.
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