La experta internacional para los derechos humanos, Antonia Urrejola, presentó el martes su informe final sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, que también incluye las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich.
En noviembre de 2020, este diario reveló en un reportaje que la Fiscalía —por entonces en cabeza de Néstor Humberto Martínez— participó en la entrega de cinco kilogramos de cocaína para involucrar al exjefe guerrillero con narcotráfico y lograr su extradición a EE. UU., un hecho que el exfiscal Martínez niega. Los audios y documentos que reveló Colombia+20 probaban que la Fiscalía no colaboró con la JEP en medio de los intentos de Martínez por desacreditar a la justicia transicional.
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Tal como se indicó en el informe preliminar que la experta publicó en diciembre pasado, se confirma que la Fiscalía sí obstaculizó a la JEP en ese caso, porque Santrich duró un año privado de la libertad sin que se aportaran pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en el delit
Entre los detalles que reveló el informe final de la experta de la ONU sobre esta obstaculización, se dice que la detención de Santrich se dio tras acciones de “investigación e inteligencia del Ejército y de la Fiscalía colombianos, y de la DEA”. Además, explica que para dicha pesquisa el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía autorizó “dos técnicas especiales de investigación: a un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína” y que fue producto de esa operación que se habría revelado información judicial sobre la presunta participación de Santrich en tráfico de estupefacientes.
Urrejola explica en su informe final que, aunque esas dos técnicas estaban contempladas en el marco legal de la cooperación judicial, no lo estaba el uso de un “agente provocador” en el hecho.
En entrevista con Colombia+20, Urrejola dio detalles del informe y dijo que se dio un plazo a la Fiscalía para entregar avances sobre el caso de Santrich.
Empecemos por el tema del caso de Santrich. En su informe ustedes dicen que “se podría haber recurrido a un “agente provocador” ¿Por qué el condicional? ¿Por qué no se afirma completamente que hubo tal figura?
El condicionante es porque yo no tengo pruebas porque esta no es una investigación penal. No era mi función buscar esas pruebas. Pero, basado en las entrevistas, informes, testimonios, etcétera concluimos que sí pudo haber esa figura.
¿Y qué se entiende por agente provocador?
El agente provocador es un mecanismo de inteligencia que se usa en algunos países para, como la palabra lo indica, provocar a una persona determinada a cometer un delito. Es distinto el agente provocador del agente encubierto, que sí lo permite la institucionalidad colombiana.
El agente encubierto es un informante. Es alguien que se hace pasar, por ejemplo, como un narcotraficante y que va informando a la Policía o a la Fiscalía cuándo van a entregar drogas, cosas así, y eso está permitido. En el mismo ejemplo que le pongo, el agente provocador va y arma toda una puesta en escena y pone la droga. Luego invita una persona y le propone el negocio para ver si la persona muerde el anzuelo. Esa persona puede haber estado completamente inocente, haber llegado de buena fe, pero eventualmente lo que le va a determinar su responsabilidad es si le propusieron un negocio que no estaba buscando y estuvo de acuerdo en cometer el delito o no, aún cuando no lo hubiera elaborado.
¿Por qué se aparta del término entrampamiento que se ha usado en el caso de Santrich?
El tema de la obstaculización no necesariamente tiene que ver con el agente provocador, creo que es importante señalar eso. La obstaculización tiene que ver con la demora que hubo en la justicia para entregar las pruebas y hacer que se retrase una decisión. Eso sumado al contexto político del momento, las acusaciones a magistrados de la JEP, la tardanza de la Fiscalía que respondía de manera ambigua. Ahí le doy un dato: hasta noviembre del año pasado, se presentaron 72 solicitudes de extradición respecto de firmantes de paz que han llegado a la JEP. Nunca tuvieron problemas de coordinación con la Fiscalía, pero justo sí con el caso de Santrich. Basado en eso puedo decir que sí se obstaculizó ese proceso. Sobre lo otro, hubo un ambiente hostil y podría haber un agente provocador, como lo dije en el informe.
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Eso de la Fiscalía me llama la atención porque en el recuento usted dice que desde antes de los de Santrich ya se habían publicado informes por parte de esa entidad contra firmantes de paz, ¿había un ambiente hostil político del Gobierno, pero también de la Fiscalía?
Sí, y yo lo señalo porque recibí numerosos testimonios de otros casos que no me correspondía avanzar, pero no fue solo el tema de Santrich. Sí me parece que se fue generando un ambiente hostil hacia el rol de los magistrados y las magistradas de la JEP, hacia el rol de la JEP y también hacia las personas firmantes del acuerdo, porque en el fondo, en la medida que existan todos estos escándalos se aumenta la estigmatización hacia los firmantes, como que se quería menoscabar la confianza en el Acuerdo de Paz.
Y le digo otra cosa, justo cuando la JEP empieza a tomar decisiones, aún sin la información completa de la Fiscalía, ese mismo día la entidad publica el video de Santrich y dice que tienen más pruebas. Para alguien que mira desde afuera y se da cuenta que ha pasado más de un año en este tema y la información aparece cuando el sistema empieza a tomar decisiones sobre Santrich eso es un indicio de obstaculización.
En el punto 46 del informe se dice: “Durante el tiempo de aquella cooperación judicial de la Fiscalía con la DEA, varias personas integrantes de la JEP recibieron solicitudes de personas extranjeras para concretar reuniones, fuera de la oficina”. ¿A quién se refiere con personas extranjeras?
Hay una cosa que no quedó en el informe, pero yo recibí esa misma información también de personas de Comunes y de los ex-FARC. Varios de ellos también señalaron haber recibido llamadas dentro del mismo tiempo para reuniones sin objetivos claros. Había un factor común de varios de los testimonios que yo recibí y era que quienes solicitaban esas reuniones eran personas que hablaban español pero que no tenían acento colombiano. Más no puedo decir
En el punto 48, usted habla de que el Embajador de Estados Unidos en ese momento (Kevin Whitaker) sugirió en medios de comunicación que los hechos relacionados con Santrich habían ocurrido después del Acuerdo de Paz y que por eso se pediría en extradición. ¿Por qué incluyó esta cita?
La citación del embajador de Estados Unidos es primero para explicitar el ambiente que existía en ese momento, para no centrarlo solamente en la Fiscalía o en los actores de Gobierno que claramente hicieron una campaña en contra del acuerdo. Dejo claro que o tengo absolutamente ningún indicio para suponer una doble intencionalidad de parte de lo que señaló el Embajador de Estados Unidos, pero sí creo que hay una falta de sopesar que en ese contexto una declaración de ese embajador -que llevó a que la entonces presidenta de la JEP le contestara a través de una carta pública- no era menor. No hay que ser conocedores, pero todos sabemos que, sobre todo en temas tan complejos no corresponde a un embajador que se pronuncie así. Y otra cosa no es lo mismo que lo haya dicho con todo el respeto a mi país, por ejemplo, el embajador de Chile, al embajador de Estados Unidos.
¿Cree que ese golpe que se le dio al Acuerdo de Paz con el caso Santrich ayudó a que varias personas se apartaran del Acuerdo? ¿Si se hubiera resuelto diferente, habría un resultado diferente?
No tengo una bola de cristal para ver qué hubiese pasado. Si es que la institucionalidad y concretamente la Fiscalía hubiese respondido oportunamente, a lo mejor el resultado habría sido el mismo. Pero la demora que ocurrió, que ya la he señalado más de un año, junto con este contexto, yo sí creo que aceleró esas divisiones internas y probablemente algo que quizás ya estaban pensando muchos de las personas que hoy día están en las disidencias, de salirse del acuerdo, que no había garantías. De alguna manera esto puede haber acelerado esa decisión. Claro que el tema de las disidencias no es solo por eso, no se puede culpar solo al Estado porque quienes retomaron las armas tomaron una decisión, pero firmantes sienten que eso sí les perjudicó a ellos, como que dio la razón de que no había un compromiso del otro lado con el Acuerdo de Paz.
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¿Usted se pudo reunir durante la investigación con el fiscal Néstor Humberto o con el vicefiscal Jaimes? ¿Con alguno de ellos tuvo alguna interlocución?
Con el fiscal Néstor Humberto Martínez tuve una reunión junto con mi equipo. Fue una reunión bastante larga, y la verdad es que él entregó mucha información. Yo ahí no tengo absolutamente nada que decir, él colaboró mucho desde su visión de los hechos y de cómo sucedieron estos hechos y las razones de la demora, pero hubo una reunión donde él colaboró efectivamente.
Colombia está estrenando Fiscal general. ¿Usted ya se puedo reunir con Luz Adriana Camargo?
Sí, muy importante recalcar que el informe dice que por la relevancia del caso de Santrich, la Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año a partir de la publicación de este informe.
Este informe fue entregado al Estado colombiano, porque no es sólo el Gobierno el que lo revisa, sino las distintas instituciones. Respecto de la nueva fiscal, el lunes tuve una conversación. Ella acaba de asumir, pero me pareció importante al menos ponerla en antecedente de este tema. Ella está obviamente al tanto, pero no conoce el informe, pero sí yo le adelanté algunas cosas.
Quisiera preguntarle por el corte de cuentas de este informe. ¿Hasta qué fecha se tomó en cuenta?
El informe nosotros lo terminamos a inicios de enero. Ahí lo cerramos sin perjuicio de que luego este informe se notificó al Estado colombiano, y el Estado nos envió algunas observaciones fácticas.
Se lo pregunto porque usted hace mención al tema de las amnistías -la administrativa y la judicial- que debe dar la JEP y que ja sido uno de los puntos de un reciente choque entre ese tribunal y los miembros del antiguo secretariado de las FARC. ¿Alcanzó a registrar eso?
Efectivamente durante casi todo mi mandato, el tema de la notificación de las amnistías fue un tema para mí muy importante. Vimos algo que me parece grave y era la falta de notificación de alrededor de 8.000 o 9.000 amnistías administrativas. De hecho, mi última visita en diciembre fue precisamente para entrar más en detalle sobre lo que pasaba. Se me explicó, que se estaba trabajando de manera coordinada para avanzar en esas notificaciones, y eso se resolvió ahora en enero. Pero sí, fue un tema bastante central durante gran parte del mandato.
¿El informe ve algún un cuello de botella en la JEP no solamente por el tema de las amnistías, sino por el tema de las sanciones propias?
Estoy consciente de esta carta que mandó el Partido Comunes a la JEP, que toca ambos temas. Un tema para mí es el tema de las amnistías administrativas, donde no es solo la JEP la responsable, sino la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Entiendo que la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) ha tenido un trabajo sobre las notificaciones de esas amnistías administrativas. Ahora, sobre las amnistías judiciales que entrega la JEP nosotros señalamos la preocupación de la lentitud respecto de ese tema, y la necesidad de que se avance con celeridad en el otorgamiento de las mismas.
Al de 31 de diciembre 2023, la JEP había concedido 685 amnistías “de sala” y rechazado 3.741, resolviendo más de 600 al año. Es preocupante que queden al menos 1948 de los 9.879 comparecientes de las antiguas FARC-EP sobre los cuales la JEP debe decidir la concesión de amnistías judiciales. Hacemos un llamado a la JEP porque debe haber no solo seguridad física sino jurídica y en las recomendaciones, se pide informar públicamente en el plazo de un año las acciones para resolver esas amnistías.
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¿Y el tema de las sanciones propias?
Yo creo que hay que ser conscientes de que enderecho comparado, lo que hace esta jurisdicción específica para la paz con este mecanismo de sanciones propias de justicia restaurativa es algo bastante nuevo. Sí creo que es fundamental que la JEP empiece a dictar esas sentencias porque eso es lo que le va a dar mayor fortaleza a su propia labor. Nuestra recomendación es que haga el alistamiento de lo que se necesitará para esas sanciones porque van a empezar a aparecer muchas sentencias y es necesario estar preparado para la implementación.
Sigamos con el tema de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Hubo una inacción del gobierno que estuvo entre 2018 y 2022 en Colombia frente a la ejecución de ese pacto?
No lo digo yo, hay indicadores objetivos, por ejemplo el propio Instituto Kroc, donde se muestra que efectivamente hubo una demora en la implementación de muchos de los capítulos del Acuerdo de Paz. Esa situación también en su momento fue señalada por la propia Misión de Verificación de la ONU. Obvio, eso tiene una implicación política porque se trataba de un Gobierno que pertenecía a un partido que se opuso tenazmente al acuerdo y no estaba dentro de sus prioridades. Creo que mi reconocimiento para esos años es lo que se hizo con los temas de los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial). Creo que más allá de las críticas en la implementación, en eso sí hubo un avance considerable y eso también hay que reconocerlo.
Usted dice en el informe que se debe dar prioridad a la política de desmantelamiento de estructuras armadas, pero al tiempo decía en la rueda de prensa que las negociaciones de paz no podían frenar la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cuál es la recomendación principal para que ambas acciones puedan subsistir?
Se ha señalado en varios informes, incluso en este mismo que presentamos, que no se tomaron las medidas suficientes para el despegue territorial del Estado y eso implicó que los territorios que fueron abandonados por los ex-FARC fueron ocupados por otros grupos armados ilegales. Desde esa perspectiva me parece que no hay una contradicción en establecer un diálogo por la paz con esos otros grupos armados ilegales que están en estos territorios, porque en la medida que se puedan recuperar esos territorios, el Estado va a poder llegar y eso claramente va a significar avanzar tanto en la implementación del Acuerdo de Paz como también en la paz en general
Por otro lado sí creo que tanto la implementación del acuerdo como las negociaciones de la paz total, para ponerle un nombre, requieren de dos instancias distintas porque tienen prioridades distintas.
¿Por eso habla en el informe de la creación de una alta instancia aparte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz?
Sí, exacto.
Usted dice en el informe que hay no se han ejecutado todos los recursos necesarios para la implementación del acuerdo, pero me sorprende porque en varias ocasiones, el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que lo que pasa es que no hay plata. ¿Qué encontró usted en el informe?
Basado en los indicadores e informes que revisamos, creo que ha habido lentitud en la ejecución de los recursos o que no se han utilizado, me refiero en términos de gestión no de corrupción. Aquí hago una mención al tema del OCAD-Paz, que es muy importante que se investigue a fondo ese tema de la apropiación de recursos.
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Hablemos del capítulo étnico que siempre sale entre los más rezagados. ¿No sirvió el cambio que se hizo para que quedara bajo la sombrilla, digamos como una tarea de la Vicepresidencia?
Creo que efectivamente había un rezago muy grande desde antes de eso, pero si uno ve los distintos planes que hay falta una implementación importante. Yo creo que ahí hay que reconocer algunos avances en esa materia, por ejemplo, la propia creación del Ministerio de Igualdad y Equidad que creo que puede cumplir una labor importante en la implementación de estos capítulos. Pero ahí hay que reforzar el trabajo y tal como está establecido.
¿Después de la publicación de este informe el 2 de abril ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, qué sigue? ¿Cuál va a ser el camino después de esto?
Mi mandato es en virtud de una resolución del Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto yo cuando presento el informe es en cumplimiento de esa resolución. Con eso, eventualmente, los propios Estados -porque es un diálogo interactivo- pueden felicitar por el informe, proponer mecanismos de seguimiento y otras acciones. Eso depende mucho de los distintos Estados y eso es lo primero que habrá que ver la próxima semana.
¿Este es un informe vinculante?
Esto no es un informe vinculante para el Estado colombiano cumplir, pero es cierto que algunos países miembros del Consejo de Derechos Humanos y que son más activos en los distintos sistemas de protección, tienden a tomar medidas para cumplir con las distintas observaciones y recomendaciones.
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