Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los recientes enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 del la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente volvieron a prender las alarmas sobre Catatumbo.
En enero, los combates entre esos grupos armados desataron en esa región la que es considerada la mayor crisis humanitaria del país en décadas, que ya deja cerca de 60 mil desplazados, 16.700 personas confinadas y una centena de muertos.
Este miércoles, un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) muestra cómo las disidencias de las antiguas Farc habrían aprovechado la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y específicamente el cese al fuego para fortalecer su acción y control sobre la población y el territorio.
Colombia+20 habló sobre esta situación con Luis Fernando Niño, consejero de paz y reconciliación de Norte de Santander.
Se cumplieron dos meses de la peor crisis humanitaria que ha vivido el país por los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos con la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). ¿Qué balance hace hasta hoy?
En primer lugar, hay que decir que sí hubo unos preavisos en septiembre y en diciembre de 2024. Hoy, más o menos 65, 67 días del día en que se dio todo tras el asesinato de la familia de Miguel Ángel en la vía Cúcuta-Tibú, el escalamiento del conflicto cada vez es mayor y va mutando de diferentes formas. Uno, porque al principio esto se atendió como una calamidad, unos desplazamientos masivos que llegaron a Ocaña, a Tibú y a Cúcuta. El más reciente boletín del Puesto de Mando Unificado que emite la Secretaría de Seguridad del Departamento y la Gobernación habla de 60 mil desplazados más 18 mil personas confinadas y por encima de los 80 muertos, aunque hay personas mucho más avezadas, que dicen que hubo 200 posibles asesinatos porque hay cadáveres que los dos grupos han dejado en zonas como los costados de las carreteras o en las veredas y otros sus familiares han preferido llevárselos con rumbo desconocido,
Ahora pasamos a una segunda fase que es mucho más preocupante y es la fase en donde se invisibilizó el problema porque ya lleva mucho tiempo y porque ya no hay acciones como una masacre que muestre que el conflicto continúa, ahora se está dando sistemáticamente muertes selectivas como las de la última semana en Ocaña y en Tibú. Finalmente hay otra tragedia y es que sólo estamos en la fase de operación humanitaria, es decir, estamos en la entrega de primeras ayudas, mercados porque al principio de esta tragedia pues nos acompañaron ministros, entidades del Estado, el orden nacional y poco a poco fuimos quedando sólo las alcaldías, los personeros y la Gobernación.
El presidente Gustavo Petro ha estado en cuatro oportunidades en el departamento desde que comenzó la crisis, tres consejos de ministros, cuatro consejos de seguridad presidencial liderado por el presidente, visitas de directores de agencias y demás, pero concretamente digamos no hemos podido avanzar en otra cosa distinta que el tema humanitario. Y termino esta primera parte diciéndoles que la posibilidad de un cese al fuego se ve más lejana porque el enraíce de la guerra está muy fuerte.
Este fin de semana vimos combates en varios municipios como Tibú, específicamente en la vereda Versalles, y en La Gabarra. También circulan audios donde se habla de una retaliación entre ambas estructuras. ¿Por qué está pasando este escalamiento del conflicto?
Bueno, aquí hay dos lecturas muy importantes. Una primera es que hay un grupo que está en negociación con el Gobierno, que es la disidencia de las FARC (Estado Mayor de los Bloques y Frente), donde está el Frente 33. Ellos estaban en baja guardia, si se le puede llamar técnicamente hablando, porque estaban en la mesa de negociación. En esos primeros días, hubo un ELN fuerte que los arrasó en combates y doblegó al Frente 33 (que hace presencia en esa zona y hace parte del EMBF).
Hoy estamos viendo un Frente 33 recibiendo refuerzos del Sur de Bolívar. Lo mismo el ELN, que también está recibiendo hombres de otras estructuras. Ambas estructuras tuvieron dos semanas de no confrontación directa, pero eso fue lo que lleva a que hoy sus ejércitos se estén reforzando para tratar de recuperar territorio. Están tratando de retomar estas zonas a sangre y fuego.
¿Entonces usted confirma que sí hay un reagrupamiento del Frente 33 de las disidencias, y también del ELN en Catatumbo?
Claro, claro. Le doy un agravante. Cuando había negociaciones con ambas estructuras había un cese al fuego y el Ejército perdió posiciones estratégicas. Cuando se rompe el diálogo con el ELN y comienza la confrontación con las FARC, el Ejército tiene que entrar y hay otro actor más. Entonces, hay lugares como el último combate del viernes en Versalles, en donde se ve a un ELN enfrentado con la FARC, pero también un Ejército que tiene que entrar a proteger la población civil. Ahí la guerra se vuelve más compleja, porque cómo el Ejército puede, en el principio de distinción, saber que este grupo sí puede combatir porque están en negociación y a estos no porque hay una ruptura.
En contexto: El resurgimiento del Frente 33 y combates con el ELN alertan una “nueva” guerra en Catatumbo
Además, ambos grupos están violando el Derecho Internacional Humanitario. Hay menores de edad reclutados por los dos grupos. Hay minas antipersonas que están siendo instaladas, hay combates en medio de la población civil, que se han convertido en escudo. E l gobierno estaba planteando un retorno para que comenzara el plan de sustitución de cultivos ilícitos, pero eso es una locura, es una cosa descabellada para nosotros porque no hay condiciones de seguridad mínimas para devolver 50.000 personas al Catatumbo. Eso no se puede hacer.
¿En qué partes específicas ustedes han visto como un recrudecimiento del conflicto?
Depende de la zona de influencia de las dos organizaciones, pero diría que en Convención, Trinidad, Honduras, San Pablo, Hacarí. Esas son zonas de confinamiento. Allí hay un grupo hegemónico. Otra zona son los alrededores de Ocaña, el Carmen, Guamalito, otro grupo allí que esta. La zona de Tibú y El Tarra es donde hay más combates porque el grupo está tratando de mantener el control sí o sí a sangre y fuego.
Hablemos del tema de declaración de conmoción interior porque como usted decía el presidente también hizo una serie de decretos para temas sociales y económicos ayudar al Catatumbo, ¿qué efectos ha tenido esta declaración y esos decretos?
Mire, hubo una reunión el lunes en Bogotá. Los alcaldes del Catatumbo fueron para firmar el inicio de la Mesa Intersectorial, que es la que le va a dar forma a todo ese montón de recursos que va a llegar en el marco del decreto de conmoción interior. Sin embargo, los alcaldes no se sintieron satisfechos porque en esa Mesa Intersectorial tiene voz, pero no tiene voto. Es decir los recursos van a ser destinados desde el Gobierno Nacional a los proyectos que considere pertinente desarrollar en el territorio. La otra razón de la molestia es porque no asistió ningún jefe de delegación, ningún ministro a esta reunión que se esperaba que fuera de alta envergadura. Al otro día, en Cúcuta hubo otro encuentro, pero con la Alta Consejería para las Regiones y lo único que pudimos establecer fue cronograma de trabajo, un tablero de control con cada uno de los Ministerios. Se acordó que en la región debía haber un representante de cada uno de ellos. Hoy no ha llegado ninguno.
¿Ha habido alguna entrega de recursos o la planeación de la entrega de algunos ellos más allá de las ayudas?
No, por ahora solo ha habido ayudas en temas humanitario de parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y de la Unidad de Víctimas. El primer respondiente es el municipio, obviamente aquí hay municipios categoría seis con recursos muy pobres. En ese caso, el segundo respondiente es la Gobernación y cuando se acaban estos recursos para atención humanitaria pasa a la Nación. Cuando se estuvo en el pico de la crisis, el alcalde de Cúcuta decidió mandar a la gente desplazada a hoteles y no albergues porque no había más espacio y esto dejó un hueco fiscal de un tamaño enorme. Ahora hay cuatro albergues y se está pensando en abrir dos más porque no hay un fisco que aguante ese nivel de población recibiendo ayuda humanitaria.
¿El siguiente paso cuál es? ¿Qué es lo que se necesitaría para una crisis de esta envergadura?
Pues mira, aquí hay dos salidas. Que haya un control del territorio por parte de la fuerza pública que garantice la vida y el retorno de las personas. La gente que se ha ido por su cuenta nos dice que las casas están tomadas por los grupos armados, que las escuelas las minaron, que hay minas alrededor de las carreteras, que los caminos están con presencia de los grupos. Las caravanas humanitarias han manifestado, hubo una comisión de verificación hace 20 días que de un punto en adelante no ven Ejército ni Policía, sino el control pleno de las organizaciones que están en confrontación.
Lea también: ¿PNIS 2.0? Las críticas al plan de Petro y Gloria Miranda para sustituir coca
Y la otra sería, ¿cómo van a volver esas familias? No pueden volver a la normalidad. La normalidad es una casa con siembras de coca, una finca sin agua, sin servicios mínimos. Llamamos a la acción integral del Estado. Es que ni siquiera la carretera Cúcuta – Tibú La Gabarra está completamente controlada por el Estado colombiano para por ahí entrar alimentos, construcción de lo que fuera que sea necesario para mejorar la garantía de regreso a las personas que están acá.
Pero, ¿el plan Catatumbo no ayuda a eso? Ese plan, que firmó el presidente hace unas semanas está centrado en seguridad, tema de tierras, sustitución…
Eso es lo que estamos esperando… que arranque. El martes quedamos en un tablero de control y a hoy tenía que estar aquí una persona por cada ministerio. Yo no las he visto el día de hoy, la verdad.
¿Qué opinión tiene de la militarización de la región?
Ese siempre ha sido un tema controversial, porque aquí está muy estigmatizado el tema por lo que sucedió en otras épocas, épocas difíciles también, 2002, 2004, momentos difíciles para el Catatumbo. Muchas de las víctimas que hoy están huyendo salieron de ese desplazamiento también. Lo que pasa es que salieron 20.000 en cinco años, aquí llevamos 55.000 en dos meses, es la diferencia. La militarización por sí sola no va a funcionar porque ese experimento ya lo han hecho aquí otras veces, muchas, diría yo. Esto debe ir acompañado de otras acciones del Estado.
El Gobierno quiere adelantar aquí un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Fue uno de los anuncios del segundo consejo de ministros que fue televisado. ¿Qué opina de ese plan?
El narcotráfico sigue siendo uno de los puntos neurálgicos con los que se está alimentando la guerra, pero la gente ya no confía en los planes de sustitución. Les quedaron mal con la Familia guardabosques, les quedaron mal con Plante y pa’lante, les quedaron mal con PNIS. Ahora el nuevo proceso de sustituciones que se resume en venga, sustituya, devuélvase a la tierra. Vuelvo y repito, no hay la garantía para devolverse a quitar esa coca y comenzar a reclamar el beneficio. Y, además, no hay planes alternativos.
En otras noticias: Zonas de Reserva Campesina: la apuesta clave en mesa de paz con disidencia de Calarcá
¿Cuál es la percepción que desde su cargo se tiene del proceso de paz que lleva el Gobierno con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente?
Lo que no hemos podido entender en la región es: si estamos en esas conversaciones, si hay una negociación de paz, lo que la gente manifiesta es por qué se incrementó el número de hombres. Si una guerrilla o un grupo armado está en una negociación, pues debe mostrar esos avances en temas de paz. Ahora, con el Ejército de Liberación, pues obviamente no hay cese al fuego porque entre ellos no hay ese acuerdo. Volvemos a lo que le decía antes. Todo eso hace muy difícil hacer el principio de distinción en una zona donde hay tantos grupos, en una zona donde el cambio de brazaletes es tan constante y en donde no se está respetando los mínimos humanitarios.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
