“Es un alivio necesario”: así reciben en las regiones el cese al fuego bilateral

A partir del pasado 1 de enero, el Eln, las dos disidencias más grandes de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra entraron en un cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional. Un anuncio que llega luego de uno de los años más violentos en la última década en Colombia: 94 masacres, 187 líderes sociales asesinados y los homicidios de 43 excombatientes de las Farc. Este cese al fuego bilateral, que es inédito al incluir a tantos grupos armados, podría revertir la tendencia para 2023.

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Cauca, una esperanza para el departamento más afectado por el conflicto

En el departamento del Cauca, uno de los más azotados por las acciones de los grupos que se acogieron al cese al fuego, el anuncio fue recibido como “un mensaje esperanzador, que se espera contribuya a que las comunidades estén más tranquilas y los liderazgos puedan ejercer el trabajo comunitario”, dijo el líder y consejero indígena Jhoe Sauca, excoordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral para la Paz, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta el cierre del 2022, se han registrado al menos 2.031 hechos de afectación por cuenta del conflicto en Cauca, y solo el año pasado hubo al menos 29 homicidios de líderes sociales y 7 de excombatientes de las Farc.

“El 2022 fue muy duro. Los grupos armados, intentando imponer la gobernabilidad desde las armas, asesinaron gente por expender drogas, por robos, por extorsiones, pero también asesinaron a los lideres y lideresas, los miembros de guardias indígenas. Notamos que se recrudecieron los hostigamientos, atentados contra la Fuerza Pública que afectaron a población civil, hubo muchos casos de reclutamiento forzado de menores, de señalamientos y persecuciones a las autoridades. Esperamos que con el cese al fuego esto se frene”, dijo Sauca.

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De hecho, en la segunda mitad del pasado mes de diciembre se reportaron varios hechos, como el desplazamiento forzado del alcalde de Caldono tras una amenzada del Eln, el secuestro de un expolicía entre los corregimientos de El Palo y Huasano, la detonación de una moto cargada con explosivos en Santander de Quilichao, un hostigamiento a la Policía utilizando a la población civil como escudo en Toribío, y el asesinato del firmante de paz John Velasco.

Según el Mecanismo de Monitoreo, solo en 2022 hubo al menos 465 hechos de violencia, de los cuales 69 habrían sido cometidos por la disidencias de las Farc coordinadas por Iván Mordisco (en las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez), 6 por miembros de la Segunda Marquetalia y 31 por el Eln.

Sierra Nevada, un respiro para la guerra entre paramilitares

Durante el último año, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido escenario de constantes enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las Agc o Clan del Golfo. Los combates han ocasionado el desplazamiento de caseríos y veredas en los corregimientos ubicados en la parte montañosa, hacia la parte plana de la región. Allí está, dice un líder comunal de la zona que pidió reserva de su identidad, lo más valioso de este cese bilateral: detener la confrontación armada entre esas dos estructuras herederas del paramilitarismo.

“Aquí se están peleando la zona ambos grupos: si ese cese se cumple y entre ellos dos también se respetan, eso va a significar tranquilidad para la región”, afirmó el líder.

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Sin embargo, también expresó la que para las comunidades sigue siendo una preocupación constante: las otras actividades ilegales que realizan esos grupos en la zona. “Lo que no sabemos es si va a parar el tema de las vacunas, y más ahora que estamos en cosecha de café, a mucha gente le están pidiendo plata, por kilo de café comprado o vendido; o también cuando hay peleas entre la comunidad, ellos le sacan plata a los que pelean, pero es para ellos; ese es el orden que quieren imponer”, señaló.

“No tenemos tan claro si eso nos va a convenir o no, porque finalmente ellos van a seguir aquí en la zona y van a seguir pidiendo esas vacunas y pidiendo plata por esa seguridad que ellos dicen prestar; al Ejército también lo ve uno aquí en la zona, pero pareciera de cartón, porque uno ve cómo se mueven los grupos por la zona y el Ejército poco y nada hace”, enfatizó.

Por su parte, Lerber Dimas, defensor de Derechos Humanos en la Sierra Nevada, resaltó que en efecto el impacto del cese anunciado se sentirá en dos corredores en la Troncal del Caribe: uno entre Sitionuevo, en límites con Barranquilla, y Mingueo, en La Guajira; y el otro entre la Y de Ciénaga y Chiriguaná.

“Lo vemos como algo muy positivo, en virtud de que ha habido un aumento considerable en los homicidios en los tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena”. Lo dice porque la Plataforma de Defensores de DD.HH., Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal) – a la que él pertenece – registró para el año 2022 un total de 196 homicidios y 500 en todo el departamento del Magdalena.

Según ese monitoreo que hacen desde Phdal, desde el primer anuncio de cese al fuego que hicieron los Conquistadores de la Sierra, el 26 de septiembre pasado, se registró una disminución en los homicidios, que se reafirmó con el segundo anuncio de ese grupo, hecho el 23 de diciembre pasado: “Tuvimos un fin de año tranquilo”, aseguró el defensor de derechos humanos.

Dimas manifestó que una de sus preocupaciones es que no están claras las reglas de juego para el monitoreo o verificación que ya vienen haciendo las organizaciones sociales en el territorio. “Nosotros hemos emitido informes de seguimiento a esos ceses de hostilidades, pero no han tenido resonancia en el Gobierno Nacional. Nunca hemos tenido una reunión con el alto comisionado para la paz, o con las gobernaciones o alcaldías, para apoyar el proceso. Lo hemos hecho nosotros solos y eso ha costado trabajo porque genera amenazas; si ellos dicen “vamos a trabajar con las organizaciones sociales”, pero no las están escuchando pues es un discurso retórico y entonces hagan el proceso de paz ustedes solos con los grupos armados, sin tenernos en cuenta”, lamentó.

Arauca, una pausa entre la guerra del Eln con disidencias de las Farc

Yessid Robles, miembro de la Red departamental de defensores de derechos humanos de Arauca y de la Fundación Observatorio e investigación de derechos humanos y desarrollo (FOIDHD), explicó que “hay mucha expectativa de este anuncio sobre todo porque en nuestro territorio confluyen muchos grupos armados y confrontaciones entre ellos. Eso sí es importante aclarar que hasta ahora las amenazas siguen, la violencia sigue, especialmente contra personas que defienden derechos humanos. Hay una estigmatización muy fuerte y ojalá que este cese se convierte en garantías de visa para los líderes y defensores”.

Sobre qué acciones podrían hacerse para que ese cese bilateral se respete y sea verificable, Robles indica que en cualquier caso se debe involucrar a la sociedad civil. “Las declaraciones del presidente Petro dan mucho optimismo, pero una cosa es lo que él diga y otro lo que se vive en territorio. Se requiere que se delegue una comisión especializada y con poder de decisión y verificación para monitorear si se presentan o no afectaciones a derechos humanos. No pueden seguir poniéndonos como carne de cañón, especialmente en la confrontación que tienen las disidencias con el Eln”, afirma.

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Para Uriel Peña, concejal y exsecretario de gobierno de Arauca es importante que también se conozca si hay diálogo entre las disidencias y el Eln. “Aquí hacen presencia varios grupos, pero son esos dos lo que tienen el mayor conflicto. Si no hay acercamientos entre ellos o si alguno de los dos no respeta el cese, eso no se va a cumplir”.

Para Peña, otra acción que se podría hacer en territorio para que se dé ese cese al fuego es que el Gobierno defina los voceros de paz para el departamento. “Se necesita que se definan esos voceros y hagan todo el trabajo de acercamiento, diálogos y pedagogía con los actores en conflicto, las comunidades y las autoridades locales para conocer los avances en este proceso de la paz total. Además, que generen alertas de prevención para que este esfuerzo por buscar la paz no sea uno más”, dice.

El pasado 27 de diciembre, el frente de Guerra Oriental del Eln liberó al suboficial de la Armada Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien había sido secuestrado el 13 de diciembre. Actualmente Arauca está sin gobernadora tras una orden del Ministerio del Interior de apartar del cargo a Indira Barrios por abandono de puesto.

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Catatumbo, esperanza en una región clave para la paz total

Desde esta región explicaron que ya desde el 7 de agosto pasado se venía viviendo en el Catatumbo un cese al fuego de facto, pues tanto el Eln como la disidencia de las Farc habían anunciado su intención de paz con el Gobierno Petro y disminuido sus acciones armadas. “Pero el hecho de haberse formalizado significa un ejercicio muy importante de compromiso de las partes para dar un alivio humanitario a territorios como este, y para el desarrollo del trabajo comunitario de las organizaciones sociales”, dijo Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

El líder campesino agregó que aún esperan más claridad en cuanto al mecanismo de verificación de ese cese al fuego, sobre todo por “la posibilidad de que esa verificación no solamente tenga un componente internacional y de la Iglesia, sino también un componente social, porque en realidad somos nosotros los que vivimos en el territorio los que verificaremos de primera mano si las partes cumplen”.

Quintero también resaltó que el cese al fuego abre un clima propicio para generar confianza en las “grandes mayorías del país” sobre la apuesta de paz total.

Chocó, un alivio tras la zozobra del paro armado

En este departamento, la noticia también se recibe con esperanza, aunque con expectativas de cómo se hará la verificación. La subregión del río San Juan es una de las que se ha visto más afectadas por la disputa entre el Eln y el Clan del Golfo o Agc. De hecho, a mediados de diciembre se agudizó la zozobra porque el Eln anunció un paro armado indefinido desde el 15 de diciembre, según decían, “por la grave situación humanitaria que se presenta a manos de los paramilitares”.

El paro se levantó cinco días después, pero la incertidumbre continuó. “Por eso el anuncio del presidente lo recibimos con mucha esperanza”, asegura el padre Héctor David Moriel, párroco de Docordó. “Los últimos hechos de que tuve conocimiento fue a la altura de San Miguel de un enfrentamiento durante los días del paro, pero hoy, después de la noticia de Año Nuevo se respira tranquilidad”, añade.

El medio y bajo Atrato, por su parte, ha contado recientemente con mayor presencia por parte de las Agc que han expandido su control territorial, pero hace por lo menos tres meses no se viven hechos violentos. “Llevamos desde octubre sin reportes de actos violentos, principalmente en Riosucio, el Carmen de Atrato y los ríos Curvaradó y Jiguamiandó”, asegura Marcial Gamboa, religioso claretiano.

Gamboa recibió el anuncio del presidente con agradecimiento y pone de presente la necesaria verificación que tendrán que hacer las comunidades. “Esta es una esperanza para poder movilizar el pueblo y para que la gente pueda sentirse parte del proceso. Ahora tenemos que ayudarlo a sostener, que eso sea palabra. ¿Cómo hacer en el marco de cualquier cosa que la gente recuerde que estamos en un cese de por lo menos seis meses?”, añade.

Buenaventura, la esperanza se suma a los avances entre Shotas y Espartanos

Para Buenaventura (Valle del Cauca), la noticia es un alivio que se suma a los avances en la negociación del Gobierno Nacional con las bandas urbanas de Los Shotas y Los Espartanos. Mientras las muertes por esa disputa se han reducido a cero, persisten el confinamiento, el desplazamiento y las muertes derivadas de los otros dos conflictos: el que hay entre las Agc y Eln que viene desde sur del Chocó y Bajo Calima; y el de las disidencias de las Farc del Comando Coordinador de Occidente (aliadas al llamado Estado Mayor Central) contra el Eln y la Segunda Marquetalia.

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Por eso, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo del municipio y acompañante de la paz en la región, asegura que el cese es un respiro para las comunidades. “Había angustia en la gente por los desplazamientos, confinamientos y ataques constantes en la zona rural. Esto es un descanso. Las comunidades van a poder estar tranquilas en los ríos, en el transporte y van a poder ir a sus parcelas a trabajar como siempre lo han hecho. La esperanza es que se mantenga por más de seis meses para que haya condiciones de diálogo y concertación”, señala.

Y añade que a nivel urbano también es una buena noticia: “Estaba el temor de que, si se desmovilizaban los dos grupos de Shotas y Espartanos, podían entrar estos otros grupos armados a pelear el territorio, entonces es un alivio”. Ahora tienen expectativas de que el cese no solo sea entre el Ejército y los grupos sino entre los mismos grupos también.

Sur de Córdoba y Bajo Cauca, esperanza en medio de la disputa

En mayo de 2022 el Clan del Golfo realizó un paro armado que afectó al menos a 11 departamentos y confinó a 74 comunidades. Las acciones se generaron en represalia por la extradición de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, su máximo líder. Córdoba, Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño fueron las regiones más afectadas. Allí, la presencia de ese grupo continúa siendo predominante.

Por ese control territorial, la situación reciente de orden público en el sur de Córdoba ha estado compleja. “Han puesto en jaque a la institucionalidad. Las reglas que se tienen que cumplir aquí son las que imparten ellos. Están vulnerando libertades de la sociedad, han puesto controles para la entrada de las personas a los territorios, están vulnerando la libre locomoción de las comunidades. Se han agudizado hechos como violaciones de niñas y adolescentes. Y ha incrementado el asesinato, en Montelíbano contábamos hasta 3 y 4 víctimas por semana los meses pasados”, describe Arnobi Zapata, coordinador de la Asociacion Campesina del Sur de Cordoba (Acsucor).

Por eso, aunque reciben el anuncio con el optimismo de que el cese de combates desescale la afectación a las comunidades, esperan que sea más que un “cese al fuego de fusiles”. “Falta precisar si van a dejar de perseguir a líderes y organizaciones, de extorsionar, controlar a las comunidades y perseguir al que piensa diferente”, cuestiona.

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En el Bajo Cauca también continúa la zozobra. Allí, además de las Agc hacen presencia el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido como Caparrapos o Caparros, el Eln y las facciones disidentes de las antiguas Farc. Aunque en el último mes no se han reportado alteraciones al orden público, una líder de El Bagre asegura que aún hay desconfianza en la población respecto a los anuncios del Gobierno Petro.  “Estamos esperando que inicien en la práctica los diálogos y que realmente mejore la situación para la comunidad, porque aún no hay diálogo que nos genere confianza”, señaló.