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A pesar del notable retraso de cuatro horas y la incertidumbre por el silencio de ambas partes, este lunes se realizó el acto de instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de las antiguas FARC, autodenominadas como Estado Mayor Central (EMC). En el evento, que se realiza en Tibú, Norte de Santander, también se anunció el esperado cese al fuego bilateral que se extenderá por tres meses hasta el 15 de enero de 2024.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el retraso del acto tuvo que ver precisamente con el decreto del cese al fuego, pues faltaba la firma del presidente Petro. Por varias horas, la delegación del Gobierno esperó el documento con la rúbrica para desplazarse al club El Barquito de ese municipio.
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El decreto se distancia del acuerdo firmado el 19 de septiembre en la vereda Playa Rica, en Suárez, Cauca, en el que se pactó que el cese al fuego tendría una vigencia de 10 meses. Según el documento, el alto al fuego empezará a las “00:00 horas del 17 de octubre de 2023 hasta las 24:00 horas del 15 de enero de 2024” con posibilidad de prórroga.
El documento también especifica que entre los objetivos del cese está el respeto a la vida de grupos de especial protección, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, promover la participación de la sociedad en el proceso, permitir el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre y crear las “condiciones para el cumplimiento de los acuerdos territoriales”.
Después de un duro tire y afloje, las partes acordaron que el cese al fuego se guiará por un protocolo que “determine las áreas en las que hace presencia el Estado Mayor Central de las FARC-EP las cuales serán objeto de validación del Gobierno Nacional. En todo caso, estas no podrán incluir zonas pobladas o que y áreas que comprometan la seguridad nacional”, dice el documento.
Así mismo, el decreto habla de un “impacto territorial” que, según se explica, se trata de acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz y la justicia social. “Estas acciones se materializarán en acuerdos parciales, cuya ejecución se iniciará en la cuenca del río Micay y posteriormente en otras regiones en donde sesionará la mesa de diálogos”. El Cañón del Micay —que se ha convertido en el botín de guerra para ambas partes—, está en el occidente del Cauca, en la cuenca del río San Juan de Micay, entre los municipios de El Tambo, López de Micay y Argelia. Es un territorio geográficamente complejo, pero estratégico para la disidencias por lo que el Gobierno ha intentado retomar el control.
Aunque desde hace un año la región se enfrenta a la crisis del mercado de la coca, allí se concentra el 75 % de las 25.000 hectáreas de coca sembradas en el Cauca, y los grupos ilegales han logrado construir un andamiaje para esa oferta, que incluye laboratorios de pasta base y clorhidrato de cocaína y una ruta controlada al mar para exportar la droga desde las costas de Guapi y Timbiquí.
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¿Cómo estará conformada la mesa de diálogos?
Según el decreto, en la mesa estarán los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y la disidencia. Además, contará con un comité técnico conformado por delegados de ambas partes, personal del Ministerio de Defensa, y un observador militar y uno policial. Ese comité debe elaborar el protocolo donde se determinan las áreas de presencia de ese grupo armado durante el cese al fuego. De esta manera, se desempatanó la discusión sobre la georreferenciación de las tropas de ese grupo armado.
¿Cómo serán las operaciones de la Fuerza Pública?
De acuerdo con el documento, la suspensión de operaciones militares y ofensivas se realizará sin que ello implique preservar la seguridad del territorio y no se suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales. Además, los integrantes de la Fuerza Pública están obligados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y el ministro de Defensa emitirá los lineamientos para que se cumpla lo dispuesto en el decreto.
Así funcionará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV)
El mecanismo de monitoreo del cese al fuego entre el Gobierno y la disidencia EMC quedó integrado por: delegados de la Oficina del Alto Comisionado, del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública (Militares y Policía) y de este grupo armado. También estarán delegados de la Misión de Verificación de la ONU -sujeto a la decisión del Consejo de Seguridad que debe aprobar ese mandato- y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA. En calidad de acompañantes estará la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.
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El MVMV estará compuesto por tres instancias, una nacional, una regional y una local, que serán las encargadas de verificar el cumplimiento del cese al fuego en los espacios geográficos definidos, informar y prevenir incidentes, recopilar, clasificar y calificar cualquier hecho que pueda considerarse una violación al alto al fuego y sus protocolos. En el decreto se afirma que la instancia nacional se instalará la próxima semana.
Ese mecanismo también debe elaborar informes sobre el cumplimiento del Acuerdo para el respeto a la población civil, la implementación del cese al fuego y el protocolo de reglas y compromisos del cese al fuego y hacer recomendaciones a la mesa de diálogos.
La Policía Nacional, a través de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, cumplirá la función de protección del mecanismo. “Esas medidas de seguridad se definirán a través de un protocolo”, dice el decreto.
Así mismo, habrá una veeduría social, ciudadana y comunitaria, cuyas condiciones también estarán fijadas en el protocolo correspondiente.
Los recursos para la implementación de los compromisos de este decreto saldrán del Fondo de Programas Especiales para la Paz.