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La petición es única y concisa: “las comunidades pedimos que se mantenga el cese al fuego”, clamaron a única voz las 14 delegaciones de organizaciones sociales que viajaron a Bogotá desde diferentes zonas del país como Magdalena Medio, Catatumbo, Huila, Antioquia, Bajo Cauca, Caquetá y Sur de Bolívar para evaluar las condiciones de seguridad en sus territorios.
Ese pedido responde a la premura de que el próximo 15 de octubre se vence el cese al fuego bilateral que pactó el Gobierno hace un año con la disidencia que ahora se autodenomina Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de Calarcá Córdoba, que se mantiene en la mesa de paz. A los líderes también los convocó que este viernes se instaló el sexto ciclo de diálogo bajo la expectativa de la prórroga del cese que se debate entre tres y seis meses de vigencia y que las comunidades reclaman con urgencia en sus territorios.
La demanda de los líderes sociales en esas zonas del país no es gratuita, pues más allá de que terminen los combates entre actores armados, la medida, con sus altos y bajos, se traduce en cantidad de alivios humanitarios y vidas salvadas en sus territorios. De ahí la urgencia para que el cese al fuego siga siendo una realidad.
“El cese al fuego es un alivio para las comunidades que viven en la zozobra. Eso ha salvado muchas vidas tanto de la Fuerza Pública como de miembros de grupos armados y de la comunidad, que siempre es la que está en el medio. Queremos que pongan a las comunidades en el centro”, señaló uno de los líderes a Colombia+20.
Prueba de ello fueron las consecuencias humanitarias en las zonas donde se rompió ese cese al fuego el pasado 17 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro anunció la decisión para Nariño, Cauca y Valle del Cauca tras hechos de violencia contra poblaciones indígenas. Decisión que provocó, en parte, el abandono de las negociaciones de miembros de la fracción de Iván Mordisco en mayo de este año tras una ruptura interna en esa disidencia y que hoy complejiza el proceso de paz.
Para Gloria Quiceno, delegada del Gobierno en la mesa de negociación, “la ruptura de algunos ceses o la no continuación nos ha permitido observar qué pasa en los territorios cuando se reactiva una ofensiva militar. Los resultados son concluyentes: en el caso del EMC, los ceses tuvieron un impacto humanitario positivo. Y cuando se rompió las tasas de afectación a civiles aumentaron considerablemente”.
Según explicó Quiceno a Colombia+20, tras el rompimiento del cese al fuego, el número de afectaciones a la población civil aumentó casi en un 122%. En ese contexto, creció el desplazamiento forzado, las amenazas, los ataques terroristas y el asesinato tanto de líderes sociales como de integrantes de la Fuerza Pública.
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Mientras que en otros territorios del país donde se sostuvo la medida del cese al fuego con esa disidencia, que el próximo 16 de octubre cumple un año desde su instalación, las comunidades reportaron alivios humanitarios. “El año del cese en el territorio fue muy importante. Hubo más autonomía para las organizaciones sociales e incluso para la institucionalidad que pudo entrar a lo profundo de la montaña. Lo que queremos decir es que esto sí sirve. Pero si no vuelve el cese al fuego, entonces van a volar las balas otra vez”, dijo un líder social del noroccidente del país.
Esa misma visión fue compartida por alcaldes y gobernadores en un balance del cese al fuego entre el Gobierno y el EMB en territorios como Catatumbo, una región históricamente afectada por el conflicto. En esa zona del país hacen presencia las disidencias de las FARC, como el Frente 33, y el ELN. “Desde que se estableció la mesa de diálogo con las disidencias y durante el año del cese al fuego podemos decir que hubo avances importantes. Las comunidades volvieron a jugar microfútbol en las noches y también volvieron las festividades en Catatumbo”, señaló Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña. Y agregó que según los indicadores, en los meses de cese al fuego no se registraron muertes violentas y al no haber confrontaciones entre fuerza pública y guerrillas, la sociedad civil no estaba en zozobra.
“Eso demuestra que el camino más adecuado para una región como la nuestra es que se mantengan las mesas de negociación y el cese al fuego” explicó el alcalde.
Por su parte, las comunidades indígenas también recibieron los efectos positivos del cese al fuego en sus territorios. Juan Titira, del Pueblo Barí, en Norte de Santander, le contó a este diario que el cese al fuego les permitió mantener su propia gobernabilidad y construir paz. Además, explicó que lo importante es que esa medida se prorrogue para continuar con la armonía entre pueblos. “Se requiere un cese multilateral para que se respeten a las autoridades indígenas y se mantengan los mínimos humanitarios como tener paz, armonía y buenos vientos”, dijo.
Sin embargo, los líderes expresaron con preocupación el hecho de que en sus territorios confluyen actores armados con cese y otros sin cese al fuego en las mesas de negociación, así como la fuerte avanzada militar que tiene el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según las delegaciones de las comunidades, la presencia de este grupo armado en sus territorios se traduce en aumento de amenazas, desplazamientos y masacres.
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“Si estamos en zonas donde hay otros grupos armados sin cese al fuego, seguimos en conflicto. El llamado es para todos los actores armados. Por eso pedimos que el cese al fuego sea multilateral”, señaló un líder en diálogo con este diario.
En esa misma línea se expresó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien explicó que durante el cese al fuego, en los municipios PDET del territorio no se presentaron asesinatos, pero reconoció que es un cese parcial. “Hay cese con las disidencias, pero no lo hay con el ELN. Por eso, desde el territorio, estamos haciendo un llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que reanuden los diálogos y continúe el cese bilateral. Asimismo, que se continúe con las disidencias de las FARC y ese proceso pueda terminar con éxito”, dijo el gobernador.
Andrey Avendaño, miembro de la delegación de la disidencia de Calarcá, explicó que, aunque el cese al fuego ha sido significativo para las comunidades, reconoce que todavía las confrontaciones con otros grupos armados siguen afectando los territorios, por lo que esperan alcanzar resultados más importantes. “Si bien es cierto que las confrontaciones armadas entre nosotros y la fuerza pública se disminuyeron a un cero por ciento, pues también es entendible que las comunidades aún sufren el flagelo de la guerra con confrontaciones entre nosotros y grupos armados. Es necesario seguir avanzando”, dijo.
Pero a ese cese parcial se le suman otras problemáticas como el aumento de la extorsión. Según cifras del Ministerio de Defensa, en lo que va del año, ese delito aumentó en un 23%, con respecto al mismo periodo del 2023, en territorios como Caquetá y Meta. Y ese es precisamente uno de los principales reclamos del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz. “Estamos de acuerdo con el proceso de paz y puede que las confrontaciones hayan disminuido de una manera importante, pero también sirvió para que las disidencias se fortalecieran económicamente porque ahora el fenómeno más fuerte es la extorsión de los actores armados. Estos grupos no han dejado de extorsionar y ese es el principal flagelo por el cual la gente hoy tiene una desconfianza terrible en este en el proceso, si dejarán de extorsionar tal vez las cosas fueran un poco diferentes”, señaló el mandatario local.
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Por su parte, Avendaño le explicó a este diario que esa es una de las principales solicitudes que han hecho las comunidades, por lo que la apuesta en la mesa de diálogo es plantear que “la economía, o al menos el sustento nuestro, debe hacerse de tal manera que no afecte la dinámica social en los territorios y que no afecte al campesino”, dijo.
Las otras peticiones de las comunidades
Si bien aún se está a la espera del comunicado conjunto y el pronunciamiento oficial de las delegaciones del Gobierno y el EMB, todo en la mesa indicaría que el cese al fuego se va a extender, al parecer, por seis meses más como sucedió en el tercer ciclo. Lo cierto es que, frente a la esperada prórroga, las comunidades expresaron una serie de peticiones y recomendaciones para que esa medida sea mucho más efectiva en sus territorios. Por un lado, los líderes sociales señalaron la necesidad de que el Gobierno y las disidencias sean los que lleven el mensaje a las comunidades a través de una mayor pedagogía. “Necesitamos que nos digan qué es el cese, cómo funciona y cuáles son los avances. Queremos más compromiso de las dos partes porque el pueblo respalda la paz, pero ellos deben comprometerse con el mensaje y las acciones”, dijeron.
De esta manera, las comunidades esperan que su participación en la mesa de diálogo sea mucho más activa, que se implementen campañas pedagógicas de la paz y que se conozcan los avances tangibles en el proceso de negociación.
Por otra parte, las comunidades de firmantes de paz en territorios como Catatumbo, también reconocieron el impacto positivo del cese al fuego, pero recomiendan más claridad en los protocolos y mecanismos de verificación para evitar inconvenientes.
“Hay que volver a generar confianza en las comunidades, eso no es fácil. Tienen que comunicar lo que se está haciendo en la mesa para atraer a sectores que no han querido sumarse a la paz total y que no han visto lo bueno del cese al fuego que incluso ha permitido mantener una buena interlocución entre firmantes y la mesa de la disidencia”, señaló Rubén Zamora, firmante de paz.
Junto con el cese, la mesa también cumple un año durante el cual varias cosas han cambiado, por ejemplo, que ya no están todas las estructuras del inicio, ya no se dialoga con Mordisco y las transformaciones territoriales no incluyen algunas zonas del país. A pesar de eso, en esa mesa se mantiene el compromiso de suspender secuestros extorsivos, el acuerdo de georreferenciación y todo indicaría que el cese al fuego, el gran pedido de las comunidades, se extendería por seis meses.
* Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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